Daniel Parodi - Sudaca.Pe

Vacas y vacancias

“En unas eventuales elecciones generales de 2023 asistiríamos a una versión peruana de El mito del eterno retorno, y elegiríamos más de lo mismo, a no ser que la iniciativa de Francisco Sagasti, la de recaudar firmar para una iniciativa de Reforma Constitucional, devenga en un potente y entusiasta movimiento cívico y ciudadano, que nos recuerde noviembre de 2020, y desde el cual se reúnan las fuerzas que aún ven en el Perú una auténtica Utopía Republicana, que aspira al desarrollo de la nación en su conjunto”.

La vacancia está en boca de todo el mundo, no sólo se pide la del presidente, sino la del Congreso en pleno: los méritos presidenciales son indiscutibles a pesar de que siempre he creído que los periodos presidenciales están hechos para terminarse. A su turno el Congreso, al tumbarse la Sunedu y el enfoque de género de la enseñanza escolar, añade razones al grito “que se vayan todos” que resuena cada vez con más fuerza a nivel nacional. 

No voy a tratar de las formas constitucionales y legales para lograr la convocatoria a nuevas elecciones generales, prefiero pensar en el día siguiente. En un supuesto día de 2023 en que el diario El Peruano publique la reforma constitucional que adelanta elecciones generales para un nuevo y completo periodo, porque completo debería ser, es decir de cinco años, ¿o es que pensamos pasarnos la vida de parche en parche? El Perú necesita volver a gobernarse urgentemente y es para ahora, no para 2026.

El problema es que, por media culpa del fujimorismo, y la otra mitad de la izquierda que gobernó y no gobernó los últimos 22 años, hoy no tenemos clase política, ni partidos de verdad. Pero hablemos de los partidos políticos y de la responsabilidad del fujimorismo. Alberto Fujimori, desde el autogolpe del 5 de abril de 1992 se tomó muy en serio lo de cancelar los partidos políticos y lo logró. Al volver la democracia en 2000, lo hizo sin partidos. Todos, tradicionales o cascarones/vientres de alquiler, procedieron como estos últimos y, tras ser gobierno desaparecieron, o casi, de la escena electoral. Le pasó a Perú Posible sin Toledo, casi le pasó al APRA en 2011, sin Alan García, donde obtuvo apenas 4 congresistas, le pasó a la olla de Ollanta en 2016 y a los ppkausas en 2021.

¿Quiénes reemplazaron a los partidos? Las redes clientelares, máxime desde la aprobación de la ley de regionalización de Alejandro Toledo 2002. ¡24 gobiernos regionales! Uno por departamento y con recursos propios, los que aumentaron exponencialmente cuando en 2010 se les transfirieron los recursos de Cofopri. A ojos extraños, estas medidas parecen no solo racionales, sino justas, implican la realización de un sueño harto esperado por las provincias del Perú: la descentralización. 

Sin embargo, sin partidos políticos de dimensión nacional ofreciendo cuadros técnicos para administrar los flamantes gobiernos regionales -que además nunca debieron ser 24, sino agrupar los departamentos en 7 u 8 regiones a base de criterios, geográficos, productivos etc., lo que se produjo, fue la feudalización del país y una vuelta, sin máquina del tiempo, a las formas políticas del siglo XIX. Permítanme explicarme. Carmen Mc Evoy, en su Pax Castillista explica que la cultura política peruana se formó en tiempos de Ramón Castilla, quien logró pacificar las redes clientelares que reunían a cientos o talvez miles de peruanos alrededor de un potentado local, hacendado, misti, prefecto, senador, bandolero, o todo a la vez con la finalidad de obtener sus favores. El susodicho, a su turno, utilizaba para su propio beneficio el cargo público y repartía las prebendas entre sus paniaguados. 

Al aprobarse la ley de regionalización de 2002, y al no existir partidos políticos que dotasen de institucionalidad a los gobiernos regionales (en la medida de lo posible pues tampoco pretendo idealizar a los partidos), las versiones posmodernas de esos potentados locales ocuparon las presidencias regionales con las mismas intenciones que sus antepasados del siglo XIX y así lo hicieron. El problema es que la clase política se recluta de allí, incluido el presidente y los congresistas, a quienes animan similares propósitos que sus antepasados. Excepciones las hay, evidentemente, que nadie se ofenda, pero póngase Ud. a contar quién es quién en el Congreso actual, en los gobiernos regionales, provinciales y distritales, y saque sus conclusiones.

Hablaba de la izquierda. El 5 de abril de 1992 Fujimori clausuró el sistema de partidos políticos más potente de la historia republicana del Perú, uno que se inauguró el día que se instaló la Asamblea Constituyente de 1978. Desde entonces, hasta el 5 de abril de 1992, y a pesar de todos los problemas que son materia de otra nota, tuvimos derecha, centro derecha, centro izquierda y varios partidos de izquierda marxista: había partidos políticos para todos los gustos. Sin embargo, la recuperación de la democracia en 2000 significó una gran oportunidad para rehacer esa partidocracia golpeada, o construir una nueva sobre sus bases y la izquierda estuvo a la vanguardia, obtuvo posiciones de privilegio, ministerios, la dirección de la CVR desde el gobierno de Valentín Paniagua pero nunca surgió de su seno un proyecto de partido o de frente de izquierda democrática e institucionalista que hoy necesitaríamos a gritos para enfrentar a los extremismos, de izquierda y de derecha que nos están sitiando, de allí mi reiterada crítica. 

Por supuesto que la izquierda no es la única vela en el entierro de la partidocracia peruana, el APRA sucumbió sumida en el caudillismo, mientras que a Acción Popular le han sentado muy bien las renovadas formas del neoclientelismo patrimonial que remite a la vieja política del siglo XIX. El triste gobierno de Manuel Merino es prueba patente de ello. 

En suma, en unas eventuales elecciones generales de 2023 la mayoría de las ofertas políticas se reclutarían, precisamente, de esos potentados provinciales que se mueven bajo las formas del clientelismo patrimonial, y que entienden el acceso al poder como la posibilidad del enriquecimiento ilícito y del fortalecimiento de sus redes locales. Por cierto, grandes grupos de poder en Lima, concilian con dichos intereses y defienden los suyos que poco o nada tiene que hacer con el bien común. 

Quienes no aparecen, ni a lo lejos, ni de cerca, son las opciones institucionales que puedan hacerles frente a todo el enorme espectro político peruano que combina clientelismo, patrimonialismo con extremismos de izquierda y de derecha. Así las cosas, en 2023 asistiríamos a una versión peruana de El mito del eterno retorno, y elegiríamos más de lo mismo, a no ser que la iniciativa de Francisco Sagasti, la de recaudar firmar para una iniciativa de reforma constitucional, devenga en un potente y entusiasta movimiento cívico y ciudadano, que nos recuerde noviembre de 2020, y desde el cual se reúnan las fuerzas que aún ven en el Perú una auténtica Utopía Republicana, que aspira al desarrollo de la nación en su conjunto.

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Elecciones, Gobierno, Pedro Castillo

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