[OPINIÓN] El pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso merece ser discutido con responsabilidad y sentido de realidad. Nadie puede negar que el Perú enfrenta urgencias que requieren respuestas rápidas, particularmente frente al avance de la delincuencia y la amenaza del Fenómeno El Niño. Sin embargo, el proyecto presentado por el Gobierno solicita facultades durante 120 días y comprende nada menos que 66 puntos, distribuidos en materias de lo más diversas que van mucho más allá de aquellas emergencias.
El problema no es solamente la cantidad, sino la dispersión del pedido y el grado de generalidad con que están formuladas algunas de las facultades solicitadas. Por ejemplo, cuando se propone “reformar, simplificar y optimizar” los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas, cabe preguntarse qué se quiere cambiar exactamente, en qué sentido y con qué límites. Una delegación legislativa no debería obligar al Congreso a adivinar qué pretende hacer el Ejecutivo. Al respecto, el artículo 104 de la Constitución exige que la facultad sea otorgada sobre materias específicas, y esa especificidad debe permitir conocer razonablemente cuál será el contenido de la legislación que se pretende aprobar.
Por eso, considero que debemos evitar dos posiciones que resultan igualmente equivocadas: negar al Ejecutivo toda posibilidad de legislar con rapidez o, al contrario, entregarle una autorización excesivamente amplia. Las facultades legislativas son una herramienta constitucional válida, pero, debido a que permiten que el Ejecutivo legisle temporalmente sobre materias que corresponden al Congreso, deben ser excepcionales, precisas y muy bien delimitadas.
En ese sentido, me parece razonable reformular y acotar el pedido de facultades a las cuestiones que hoy demandan una respuesta urgente y sobre las cuales existe un amplio consenso nacional: seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención frente al Fenómeno El Niño. En estos ámbitos sí resulta posible identificar problemas concretos que requieren decisiones oportunas y, al mismo tiempo, establecer límites claros para la actuación del Ejecutivo.
El Perú necesita que sus instituciones funcionen y que sus poderes del Estado colaboren entre sí, no que compitan y se enfrenten permanentemente. El Ejecutivo tiene la obligación de gobernar y responder ante las urgencias nacionales: el Congreso tiene el deber de legislar, representar y fiscalizar. No hay razón para que estas responsabilidades sean incompatibles. Debemos otorgar facultades pero hacerlo de manera precisa y acotada para responder a las necesidades más urgentes y dramáticas que hoy afectan a los peruanos, principalmente a los más vulnerables.
Imagen: Ica, durante el fenómeno El Niño de 1998. (Foto GEC Archivo Histórico)
