La polarización política en la que nos ha sumido la pandemia, nuestro pasado cercano y la reacción electoral propia de la segunda vuelta parece haber sacado a la luz que buena parte de nuestra sociedad está regida por una despectiva y egoísta actitud que busca controlar todo lo distinto que le conviene tener sometido: el idioma que no habla, el cuerpo ajeno, la mano de obra civil y rural.
El discurso de Pedro Castillo parece concretizar el anhelo del resto de nuestra sociedad, (aquella que no tiene casi nada de buena parte) que está decidida a alterar ese orden, a transformarlo, así sea mediante una vieja y moderada ilusión planificadora y estatista. Sin embargo, no basta el simple hecho que plantee cambiar las cosas, sino que resucita un recuerdo: el intento ni capitalista ni comunista del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de 1968, que quiso hacer del Estado un medio ya no al servicio de la oligarquía peruana, sino uno de liberación y desarrollo de cerca de la mitad de peruanas y peruanos sometidos a niveles de vida denigrantes. Y que para ello, tuvo que tomar Palacio de Gobierno, cerrar el Congreso de la República y legislar por decreto durante seis años.
En este marco, dos aspectos son capitales para comprender el temor implicado en ese recuerdo: uno, que el ensayo de que el Estado se hiciera cargo de los medios de producción derivó en el enorme crecimiento de la deuda externa y en el también desafiante crecimiento de una burocracia corrupta e ineficaz en las empresas estatales, y dos, que las hijas, los hijos de aquella población que hablaba otro idioma, que vive y trabaja en las zonas del país “a la espalda” de Lima, que sufrió el terrorismo de Sendero y del Estado, pues gracias a la escuela y la democracia, tiene este año por primera vez una opción institucional para ponerle un freno a ese sistema de sometimiento reflejado con absoluta claridad en el impacto del virus en las familias que apenas si pueden acceder a la mascarilla y que han visto mermado su acceso a la educación.
El riesgo principal de este temor es que al tener que defender un orden injusto sólo puede reaccionar de manera autoritaria y amenazante. Y aquí el discurso de Keiko Fujimori y la reapropiación de los medios de comunicación y publicidad masiva son el hito de una imposición violenta en tanto nos limita el acceso a la información necesaria justamente para poder disipar el miedo, alimentado por paneles y campañas disfrazadas de patriotismo. En este caso, el recuerdo asociado a la dictadura de Alberto Fujimori (1992-2000) es el de tantos actos escalofriantes que nos remiten no a un temor económico sino a uno más básico de supervivencia, ese que surge cuando los cuerpos de miles de mujeres sufren la intervención quirúrgica forzada para esterilizarlas y truncar sus vidas, cuando la persecución y la desaparición de quienes denunciaban las atrocidades del gobierno era cosa de todos los días, y cuando la muerte y desaparición indiscriminada provenía también del Estado durante la guerra contra Sendero.
Es muy difícil que Perú, en un marco democrático, pueda ser como Venezuela. No sólo porque se necesitaría de un respaldo militar hoy inconcebible en nuestro país, sino porque nuestra economía no depende de un solo producto de exportación, que, por cierto, es la razón de fondo de la crisis que el país caribeño vive actualmente. Pero es muy sencillo, con camiseta de fútbol, reactivar una mafia de corrupción y un sistema amenazante de muerte y desaparición. Los indicios surgen en la impávida negación de las esterilizaciones forzadas al punto de haber intervenido y falseado la información sobre Giulia Tamayo en Wikipedia, son indiscutibles en las amenazas y despidos a periodistas, en el control de la información en casi todos los medios. Pero como se cantó en las calles el año 2000, con la marcha de este sábado quedará en claro que para la mitad y más de peruanas y peruanos, aquí y allá, el miedo se acabó.
19 de mayo de 2021
