Los conflictos sociales, no son sino manifestaciones de los conflictos estructurales que afectan a una sociedad (modelo de desarrollo excluyente, carencia de servicios básicos en educación, salud etc.). El alto índice de pobreza multidimensional que exhibe nuestro país y que aqueja al 39.8% de peruanos, así como la enorme desigualdad económica existente (el 1% de nuestra población percibe el 30% del total de ingresos), que nos ubica en un vergonzante cuarto lugar a nivel mundial, son la inevitable consecuencia de tener un Estado incapaz de brindar a nuestra comunidad nacional, un sentido de unidad, coherencia y justicia, la que, como bien señalaba el Profesor John Rawls, de la Universidad de Harvard, debe ser “la primera virtud de las instituciones”.
Los conflictos sociales, generalmente invisibilizados por las élites, pueden convertirse en protestas colectivas, cuyo desencadenante, no se relaciona necesariamente con el conflicto estructural de fondo. Este ha sido el caso de las actuales protestas, que estallaron con motivo del fallido autogolpe de Pedro Castillo, quien pretendió torpemente disolver el Congreso y someter al Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. No debe perderse de vista, sin embargo, el hecho que, hasta el 40% de nuestros compatriotas del interior del país, apoyaron tal medida inconstitucional (IPSOS), lo que lleva a reflexionar seriamente sobre la pobre estima que nuestras instituciones generan en las regiones, y a su deslegitimación como las encargadas de velar, al menos en teoría, por sus derechos sociales, económicos y políticos. Marisa Glave acierta al afirmar que las manifestaciones a las que asistimos, no responden únicamente a una coyuntura política, sino a los “años de convivencia desigual violenta”, es decir a conflictos estructurales que requieren un cambio, un cambio que muchos consideramos debería traducirse en la elaboración de una nueva Constitución, en la que los conflictos estructurales se reviertan en favor del bien común.
¿Hasta qué punto el actual contexto político favorece, o no, la resolución de las protestas en curso y de los conflictos sociales que hay detrás de ellas?
Sin la existencia de verdaderos partidos políticos y liderazgos de envergadura, capaces de expresar y canalizar apropiadamente las demandas sociales, con un parlamento cuya aprobación es de solo un dígito, producto de su insensibilidad, inoperancia y de su obsesión por perdurar, y con un gobierno incapaz de generar espacios de diálogo y negociación, apostando únicamente a la represión violenta y al agotamiento de la protesta por inanición, estamos asistiendo a lo que el sociólogo y economista español, Manuel Castells, describe como el “colapso gradual de un modelo de representación y gobernanza”. Nuestras frágiles instituciones democráticas han sido copadas y conducidas al colapso moral y funcional por una tanda de incapaces y granujas, que el investigador francocanadiense, Alain Deneault, califica de “Mediocracia”, no en el sentido de un gobierno de las clases medias, sino en el de un sistema en que los políticos “se organizarán para rascarse la espalda, se asegurarán de devolverse los favores e irán cimentando el poder de un clan que seguirá creciendo, ya que enseguida darán con la manera de atraer a sus semejantes. (En el que) lo que de verdad importa, no es evitar la estupidez, sino adornarla con la apariencia del poder.” ¿No resulta esto harto conocido? Para nuestra desgracia nacional, la felizmente breve mediocracia castillista, ha sido reemplazada por la mediocracia ultraderechista parlamentaria que sustenta al actual gobierno. Esa mediocracia de “demócratas precarios”, agregando el término creado por Eduardo Dargent, para referirse a la derecha que, cuando ve amenazados sus intereses y privilegios, por las demandas populares, apela a las fuerzas armadas para tomar el control y restablecer el orden. Para esa derecha, en palabras del congresista Jorge Montoya, “estamos en una guerra, (pues) el comunismo quiere tomar el poder.” No en una guerra cultural contra la izquierda, como la propugnada por el argentino Agustín Laje, referente imprescindible de la caverna, ni de corte ideológico, como la propuesta recientemente por la galardonada periodista de Willax, Claudia Toro, sino, tal y como lo ha hecho notar el historiador José Luis Rénique, emparentada a la “Doctrina de Seguridad Nacional”, de los años de la Guerra Fría, que calificaba como enemigo, no solo a los movimientos revolucionarios comunistas, sino, citando al especialista en genocidios Daniel Feierstein, a “todo movimiento populista, religioso o indígena que tuviera como objetivo una transformación igualitaria del orden social”.
En un país como el nuestro, que ha sufrido la violencia senderista y sus secuelas, resulta absolutamente indispensable definir, con la mayor claridad posible, cuál es la naturaleza del enemigo comunista al que la ultraderecha se siente en el deber de combatir, “subidos en el caballo de la lucha y con la Constitución en la mano” como proclama el mencionado Almirante (r), pues es imposible aceptar en democracia, los patéticos argumentos que vienen siendo esgrimidos, para calificar las protestas sociales, tanto las violentas como las que no lo son, como acciones terroristas, en las que, por tanto, es posible justificar las decenas de muertes civiles ocurridas, como “hechos lamentables”, pero inevitables en una confrontación armada.
La violencia se encuentra, casi invariablemente, presente en los conflictos sociales que ocurren en el mundo, sea por la acción directa de grupos minoritarios, con agendas particulares, o como una reacción a la represión coercitiva ejercida por las fuerzas estatales del orden. Para lo primero, como bien han señalado Rosa María Palacios y César Hildebrandt entre otros, se deben aplicar las medidas establecidas en el Código Penal, y para lo segundo, tener muy presente, que, salvo situaciones muy precisas, la policía debe utilizar medios de intervención no letales, dirigidos preferentemente a producir una agresión a los sentidos y no a la integridad física de los manifestantes.
Las protestas sociales, no solamente deben ser permitidas y toleradas, en tanto que contrapoderes de la sociedad, sino valoradas como oportunidades de generar, mediante la negociación y el consenso, reformas de contenido social. Como ha sido dicho: “El primer derecho de un ciudadano bajo un sistema democrático, es el derecho a tener un Estado que garantice los derechos de la ciudadanía” (Leguizamón), como el derecho a la protesta, sin que por ello se le califique como terrorista comunista sin pruebas válidas, y se ejerza sobre ella o él, una violencia estatal injustificada, propia de gobiernos dictatoriales.
*Fotografía perteneciente a un tercero
