Con la detención de Andrés Hurtado, Chibolín, su puesta a derecho, y su probable acogimiento a la colaboración eficaz, nos enteraremos una vez más de lo podrido que está el sistema institucional destinado justamente a combatir a la corrupción (policía, fiscales y jueces).
El caso Cuellos Blancos quedará corto si es verdad todo lo que se supone que se movía detrás de un operador mafioso camuflado bajo el disfraz de un animador de televisión dedicado a obras de bien social.
Y una vez más, tendremos que ponernos a revisar en detalle la urgencia de reformar un sistema corrupto desde la entraña, que amaña colaboraciones eficaces, disfraza resoluciones, persigue a adversarios políticos o mediáticos, abusa de su poder cuando le viene en gana, falsea documentos de intervención policial, manipula sentencias y demás.
Tendrá que ser una reforma bien diseñada, por supuesto, no el mamarracho parchado que ahora están perpetrando en el Congreso, pero de que debe hacerse no cabe duda alguna, lo que implica hacerlo desde la cabeza -la Junta Nacional de Justicia- hasta el juez o fiscal ubicado en la escala más baja.
Es verdad que se ha intentado muchas veces hacerlo, desde adentro y desde afuera, y todas han fracasado, pero ello, lejos de diluir la urgencia de hacerlo, acrecienta su perentoriedad. No es posible que vivamos en una democracia con un Estado de Derecho mediatizado, con policías corruptos, fiscales y jueces venales sin mayor preparación jurídica, pero con un poder gigantesco.
Hay muchos temas por exigir a los candidatos a la presidencia el 2026, desde la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la lucha anticorrupción, pero dentro de esta última juega un rol crucial la reforma radical del sistema de justicia vigente. La supervivencia democrática futura depende de ello. El statu quo ya no da para más y lo ha probado hasta la saciedad con los desmadres judiciales que hemos apreciado en los últimos años.
