La última semana el gobierno de Pedro Castillo estuvo contra las cuerdas. El paro de los transportistas de carga y las movilizaciones de los agricultores lo jaquearon. Reclamaban por el alza de los combustibles, fertilizantes y alimentos. Por primera vez, enfrentaba protestas de tal envergadura y su epicentro se situó en Huancayo (región de Junín), supuesto bastión de Perú Libre. El desconcierto fue tal que el presidente no tuvo mejor idea que afirmar que los paros y los bloqueos en las carreteras eran pagadas por algunos “dirigentes y cabecillas”, echando así más leña al fuego.
La sensación de desgobierno se hacía patente. Las manifestaciones continuaron y trataron de ser contenidas mediante la acción de las fuerzas policiales. En esa situación, se produjo la muerte de cuatro ciudadanos en Huancayo. El gobierno restó importancia a lo ocurrido. En tanto, se continuaba con la designación de funcionarios sin mayor experiencia y conocimiento del sector.
El martes 5 fue un día inusual. Desde tempranas horas de la mañana, rumores de saqueos fueron diligentemente difundidos en redes sociales. Al igual que fotografías, a manera de “evidencias”, de los disturbios e incendios que estarían ocurriendo en diferentes puntos de Lima. En algunos sectores de la capital, la sensación de zozobra caló que algunos comercios cerraron como medida preventiva. Casi a medianoche, el presidente Castillo anunció toque de queda en la capital. No pocos limeños se enteraron al día siguiente de tal medida. Para muchos especialistas, la misma fue inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales. En horas de la tarde, se produjo una movilización que convocó a más ciudadanos que todas las marchas pro vacancia juntas organizadas, principalmente, por Renovación Popular y Fuerza Popular.
La composición de la movilización fue variopinta. Sectores medios, principalmente, y de otros niveles socioeconómicos. Es interesante notar que las consignas coreadas y escritas en pancartas exigían la renuncia de Castillo y “que se vayan todos”. Estas posturas se condicen con los resultados de una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). De los encuestados, un 50% estaba a favor de que el Congreso vaque al presidente Castillo y, de ese porcentaje, el 80% que haya elecciones generales, es decir, elecciones para elegir tanto al presidente como a los congresistas. Este último porcentaje expresa la percepción ciudadana que tanto el presidente como los congresistas no se quieren ir y que harán todo lo posible para mantenerse en sus cargos. Es probable que después de lo sucedido, en Lima y el resto del país, el nivel de desaprobación del presidente Castillo y del Congreso aumenten con lo cual el “que se vayan todos” gane más audiencia.
Esta alternativa sí es posible implementarla. Supone una amplia movilización y convergencia de ciudadanos que apuestan por contrarrestar las tropelías cometidas por el gobierno, de su incapacidad para gestionar y de su conducción errática. Además de la movilización ciudadana es necesario “pacto político con impacto sobre el Congreso que aglutine un mínimo de 66 votos y una llamada a referéndum para cambiarlo todo” como sostiene Rosa María Palacios. En ese sentido “esa movilización ciudadana es lo que más se necesita si se trata de recuperar la democracia” sentencia Carlos Reyna. No es de extrañar que desde perspectivas de análisis distintas se concluya que ese es el camino por el cual hay que transitar. Consenso en el diagnóstico hay pero ¿quién o quiénes podrían tener la legitimidad para liderar estar movilización ciudadana y los cambios imprescindibles para terminar con estos ciclos de crisis política y fortalecer la democracia?
