[OPINIÓN] Domingo de Junio. Siete de la mañana. Cielo despejado, sol, mar tranquilo. Miles de personas bajan a la Costa Verde para hacer deporte, ir a la playa o simplemente usar la vía más rápida para cruzar Lima de sur a norte o de norte a sur.
Y entonces te encuentras con el caos y aparecen los imbéciles.
No son corredores ni tampoco son ciclistas. Los hay, y tienen todo el derecho del mundo de hacer deporte. Los imbéciles son quienes desde algún escritorio municipal o policial —cómodos, invisibles, sin rendir cuentas a nadie— autorizan convertir una vía expresa en pista atlética exclusiva para unos cuantos. Casi siempre sin aviso previo. Sin letrero. Sin comunicado. Los autos se acumulan, los conductores no entienden qué pasa, y los policías encogen los hombros.
Atrapados están los miles que usan la Costa Verde como lo que es: una arteria vial. Los que van de Chorrillos a Miraflores, de Barranco a San Isidro, los que no tienen otra ruta más rápida a lo largo del litoral. También los que trabajan allí: mozos, cocineros, instructores de surf, trabajadores de clubes, pescadores artesanales que ese día encuentran el acceso bloqueado por conos y uniformes. Para ellos no es una molestia. Es un día de trabajo perdido. Y los deportistas habituales —los que corren solos, a diario, sin pertenecer a ninguna federación— también se quedan afuera. Miles. No cientos: miles.
Desde el 1 de enero de 2026, esto ha ocurrido doce veces. Dos veces por mes. Siempre en fin de semana. Siempre cuando más gente necesita la vía. Doce veces con la misma impunidad de la primera.
La Constitución es clara: el artículo 2, inciso 11, garantiza el libre tránsito salvo restricciones expresamente previstas por ley, debidamente justificadas y proporcionales. ¿Quién evaluó la proporcionalidad de cerrar la Costa Verde doce veces en seis meses? ¿Qué funcionario? ¿Con qué firma al pie?
¿Y dónde están los clubes, los concesionarios, los restaurantes, los pescadores? ¿Dónde las acciones de amparo, las denuncias, los recursos legales? Tan responsable es quien firma la autorización como quien observa el abuso y calla.
En resumen: un grupo de imbéciles cierra una vía pública sin criterio, sin aviso y sin consecuencias. Perjudican a miles de usuarios, trabajadores, familias y negocios que tienen derechos perfectamente reconocidos por la Constitución. Los primeros responsables son quienes firman las autorizaciones. Los segundos —y no menos culpables— son quienes pudiendo actuar no hacen absolutamente nada: los dirigentes de clubes, los concesionarios, los gremios de pescadores, los empresarios afectados. Su silencio es también una forma de complicidad.
La Costa Verde es una vía pública. No la cancha privada de nadie.
Nota del autor: Pido disculpas por el uso de la palabra «imbéciles». La mantengo porque es la única que describe con precisión a quienes, teniendo responsabilidad sobre una vía pública, actúan como si no existiera nadie más.
