[OPINIÓN] Las sociedades democráticas no se sostienen únicamente sobre el principio de la voluntad mayoritaria. Descansan, sobre todo, en un conjunto de derechos fundamentales que ningún gobierno ni ninguna causa, por noble que parezca, deberían vulnerar. Esa fue precisamente la gran contribución del liberalismo político desde el siglo XVIII: comprender que la libertad del individuo constituye un límite frente al poder, cualquiera que sea su origen.
Durante las últimas décadas, sin embargo, ha comenzado a consolidarse una corriente cultural y política —discutiblemente denominada woke— que, en nombre de la reparación de injusticias históricas, parece cuestionar algunos de esos principios universales. El problema no reside en denunciar el racismo, el sexismo o cualquier otra forma de discriminación, objetivos plenamente compatibles con la democracia liberal y sus finalidades. La dificultad aparece cuando la identidad colectiva comienza a sustituir al individuo como sujeto principal de los derechos.
La libertad de expresión
Ninguna democracia puede sobrevivir si el disenso deja de ser legítimo. Desde John Stuart Mill sabemos que incluso una opinión equivocada cumple con alguna función social determinada porque obliga a quienes supuestamente sostienen una verdad a justificarla permanentemente. Allí donde el debate desaparece, también termina debilitándose la propia libertad y asoman diversas modalidades de totalitarismo.
Por ello resulta preocupante la creciente tendencia de algunos sectores del activismo identitario a sustituir la confrontación de ideas por mecanismos de conculcación y cancelación pública. Conferencias suspendidas, profesores expulsados de las universidades, escritores censurados o ciudadanos sometidos a campañas de linchamiento digital constituyen fenómenos que ocupan y preocupan a la discusión política contemporánea. El problema no es únicamente la sanción social; es, sobre todo, el miedo que termina produciendo en quienes prefieren callar antes que exponerse a semejantes consecuencias.
Paradójicamente, un movimiento nacido para ampliar derechos corre así el riesgo de restringir el más importante de todos: el de circular y expresar nuestras ideas con absoluta libertad.
La igualdad ante la ley
El liberalismo político reemplazó los privilegios del Antiguo Régimen por un principio revolucionario: todos los ciudadanos poseen exactamente la misma dignidad jurídica. El Estado no pregunta por la raza, el sexo, la religión o el origen social al momento de reconocer derechos o no debería hacerlo. Precisamente porque todos somos diferentes, la ley debe tratarnos como iguales.
Una parte del pensamiento identitario contemporáneo propone, sin embargo, comprender la realidad a partir de comunidades diferenciadas por su condición racial, sexual o cultural. En ese marco, las personas dejan de ser consideradas como individuos únicos para convertirse en representantes de grupos históricamente oprimidos u opresores. La consecuencia es un desplazamiento del universalismo hacia una lógica de derechos diferenciados según la identidad a la que supuestamente se pertenece.
La igualdad deja entonces de constituir el punto de partida de la convivencia democrática para transformarse en una meta administrada políticamente mediante categorías colectivas. Y allí comienza a diluirse uno de los pilares fundamentales en el que se sostiene el liberalismo político.
Al respecto, queremos sostener que nuestras afirmación no se contradicen con la aplicación de políticas públicas destinadas a favorecer a las poblaciones más vulnerables, y, precisamente bajo el principio de la igualdad ante la ley, nivelar su situación con el resto de la comunidad. Tampoco supone una igualación chata y homogénea. El Estado debe promover las diferentes manifestaciones culturales y protegerlas mientras no se muestren en abierta colisión con los derechos fundamentales
La responsabilidad individual
Uno de los mayores avances del constitucionalismo moderno consistió en establecer que cada persona responde únicamente por sus propios actos. La culpa dejó de transmitirse por la sangre, por la religión o por la pertenencia a una comunidad determinada.
Sin embargo, algunas versiones radicales de la teoría poscolonial introducen la idea de una responsabilidad histórica ligada a la identidad. El hombre blanco occidental aparece descrito como beneficiario necesario de una estructura de dominación cuyos efectos debería reconocer y expiar, con independencia de cuál haya sido su conducta personal, su situación particular, así como su riqueza o pobreza personal o familiar. Del mismo modo, determinados discursos feministas radicales tienden a interpretar la relación entre hombres y mujeres desde categorías colectivas de permanente opresión. Como si no existiese nada más, como si no hubiese también armonía y colaboración entre hombres y mujeres. ¿se trata de la guerra de los sexos?
El problema consiste en que la responsabilidad deja de ser individual para convertirse en hereditaria. Desde una perspectiva liberal, semejante desplazamiento resulta profundamente incompatible con el Estado de derecho, el constitucionalismo y la democracia. Reiteramos nuestras convicciones, no podemos, ni queremos negar las diferentes formas de discriminación y violencia que padecen las mujeres, principalmente en el tercer mundo. Pero el problema lo soluciona la política pública que protege y al proteger genera la igualdad. Ninguna política del odio y la confrontación ha resuelto jamás alguna problemática social.
La libertad académica y la memoria histórica
Las universidades existen para discutir ideas, no para conculcarlas. Del mismo modo, la historia sirve para comprender el pasado antes que para juzgarlo con parámetros morales del presente. ¡Qué gravísimo error!
En los últimos años hemos asistido al derribo de monumentos dedicados a personajes como Thomas Jefferson, cuestionado por haber sido propietario de esclavos, pese a haber contribuido decisivamente a formular los principios fundamentales del constitucionalismo moderno. Nadie pretende ocultar esa contradicción; forma parte de la historia. Lo discutible es convertirla en motivo suficiente para borrar su memoria pública. Aristóteles justificó la esclavitud en ciertos casos específicos, ¿será el próximo en ser suprimido por un ministerio de la historia tan jacobino como el que nos presentara George Orwell en su celebre 1984?
Una democracia madura no necesita héroes impecables. Necesita ciudadanos capaces de comprender que el pasado fue siempre más complejo que nuestras convicciones presentes. La manipulación contemporánea del pasado, que también atañe a las derechas contemporáneas, le hace un flaco favor a la memoria del pasado que se merece nuestra civilización.
La universalidad de los derechos humanos
La idea más poderosa del liberalismo político consiste probablemente en afirmar que todos los seres humanos poseen los mismos derechos simplemente por haber nacido tales. Esa universalidad explica la extraordinaria fuerza moral alcanzada por la Declaración Universal de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948.
Las corrientes identitarias más radicales pretender invertir este razonamiento. El centro deja de ser el individuo para situarse en la comunidad de pertenencia: la etnia, el sexo, la orientación sexual o la historia colonial. Poco a poco, el ciudadano universal es reemplazado por un mosaico de grupos que reclaman derechos diferenciados según su experiencia histórica particular. Al respecto una advertencia, la última corriente que se dedicó a diferenciar a las personas en virtud de su origen étnico fue el régimen nazi y ya sabemos como terminó dicha aventura demencial.
Además, cuanto más se fortalece esa visión fragmentada de la sociedad, más difícil resultará construir consensos democráticos. Allí donde cada grupo posee una verdad distinta y derechos concebidos desde identidades irreconciliables, el espacio común sobre el cual descansa la ciudadanía comienza inevitablemente a reducirse y a precipitarse en un espiral descendiente y conflictivo.
Conclusión
Sería injusto afirmar que todo el movimiento denominado woke constituye una amenaza para la democracia. Muchas de sus reivindicaciones —la lucha contra el racismo, la discriminación o la violencia contra las mujeres— responden a problemas reales que las sociedades democráticas deben enfrentar. El error aparece cuando esos objetivos legítimos terminan justificando la relativización de principios que hicieron posible la expansión de los derechos civiles durante los últimos dos siglos.
La democracia liberal nunca prometió eliminar todas las desigualdades existentes. Prometió algo distinto y quizá más difícil: garantizar que personas profundamente diferentes pudieran convivir bajo las mismas reglas, con los mismos derechos y con absoluta igualdad ante la ley . Cuando el individuo deja de ser el sujeto principal de esos derechos y es sustituido por la identidad colectiva, la democracia comienza a resquebrajarse pues abdica del principal pilar en el que se sostiene: su vocación universalista.
