El caso de Solsiret Rodriguez es uno de los más emblemáticos de nuestro país. Una joven desaparecida el 23 de agosto del 2016, su cuerpo fue encontrado en el 2020, tras un proceso de investigación con serias deficiencias y barreras profundizadas debido a la permanencia de estereotipos de género.
A Sol no la buscaron inmediatamente porque asumieron “que había ido a divertirse”, “que se había cansado de criar a sus hijos”, “que estaba de fiesta”. A Sol no la encontraron, durante años, porque no se la consideró una “víctima real”. Se le sancionó a ella y a sus familiares por supuestos comportamientos que, para una moralidad patriarcal, eran “reprochables”.
A pesar de la inacción estatal, si este caso ha logrado algo de “justicia” es gracias a los siguientes factores:
- La tenacidad de la madre y el padre de Sol, quienes con una entereza admirable no cesaron en su búsqueda y en la exigencia de justicia, a pesar del dolor y la tortura que esto significó para ellos.
- La perseverancia de activistas feministas y sus organizaciones, quienes han visibilizado constantemente el caso y realizado acciones públicas a lo largo de los años, exigiendo que ella sea encontrada y una adecuada sanción del crimen. Solsiret, se convirtió en emblema de las mujeres desaparecidas; su caso ha contribuido a posicionar la problemática y visibilizar el incumplimiento de la debida diligencia estricta que debería tener el Estado frente a la desaparición de mujeres.
- A la defensa legal feminista del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, institución que asumió el caso exigiendo una adecuada actuación de la Fiscalía para su búsqueda y emprendiendo el difícil camino para acceder a la justicia. También ha sido la institución a cargo de dar contención psicológica a sus familiares.
Sobre el litigio feminista: las abogadas de la institución exigieron que este caso sea considerado un feminicidio, perpetrado por un agresor hombre y una mujer. Se planteó que este crimen no puede ser solo definido por el sexo de quien mata, sino por el contexto de desigualdad y los móviles de la agresión, anclados en los mandatos de género.
El viernes 3 de junio el Juzgado Penal Colegiado del Callao sentenció a los agresores de Solsiret, Kevin Villanueva fue condenado a 30 años por el delito de feminicidio y Andrea Aguirre a 28 años por homicidio calificado, cuando la sanción debió ser por el mismo delito Así mismo, la ex pareja de Solsiret y su madre, fueron condenados a más de 3 años por encubrimiento del crimen.
Si bien se ha logrado una sentencia condenatoria, se ha perdido la oportunidad de sancionar a ambos agresores por el delito de feminicidio y sentar un precedente importante en materia de acceso a la justicia para las mujeres.
Lamentablemente la sentencia de quienes encubrieron el feminicidio, Brian Villanueva y Yolanda Castillo, no corresponde a la gravedad del delito, realizado con especial ferocidad.
El pasado viernes la señora Charito, madre de Sol, conoció la sentencia frente al Palacio de Justicia agarrada de la foto de su hija y rodeada de diversas activistas. Cuando escuchó el fallo respiró profundo y de la mano de las mujeres que la han acompañado todo este tiempo le habló a Sol y le dijo “Te cumplí”. Aunque persiste la sensación de que “la justicia que tarda no es justicia” y que esta es una “justicia a medias”, se ha dado un paso importante sobre el cual no se deben permitir retrocesos.
