La denuncia de Panorama, que señala que luego de una reunión entre el presidente Castillo, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, la ubicua lobista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, éste obtuvo un jugoso contrato de 74 millones de dólares para proveer de biodiesel a la petrolera estatal, es grave.
Ya no parece que estemos siendo testigos de reuniones accidentales o de casualidades fortuitas, sino de un patrón de conducta presidencial, que atenta contra las buenas prácticas administrativas y tiende un manto de sospecha de corrupción que involucra, sin duda, a su propia persona.
Castillo no parece entender que es ilícito y poco ético reunirse previamente con proveedores del Estado que están postulando y compitiendo con otros -que no tienen la suerte de reunirse con él en Palacio- por obtener determinados contratos. No está bien, es incorrecto, es pasible de sospecha de corrupción.
Ya la Contraloría General de la República anunció que iniciará una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación, más aún cuando, según la denuncia, fueron cambiadas a último momento dos condiciones de la misma para favorecer al ganador (práctica corrupta habitual en este tipo de procesos).
Si el presidente Castillo cree que el cargo le otorga impunidad se equivoca de cabo a rabo. No se trata, pues, de que lo que aparentemente hacía en el pasaje Sarratea ahora lo haga en Palacio y asunto arreglado, sino de que no practique lo que aparentemente está haciendo, que es tráfico de influencias y corrupción de funcionarios. Sin empacho ni rubor. Aparentemente, sin consciencia plena (quisiéramos creer).
El fallido proceso de vacancia debería haber tenido el efecto virtuoso de hacerle entender al Primer Mandatario de que ese tipo de conductas son inapropiadas y punibles (la reunión que denuncia Panorama ocurrió el 18 de octubre y la votación por la vacancia fue la primera semana de diciembre), porque si no es así y siguen apareciendo denuncias de este tipo, ya estaríamos ante un caso temprano de corrupción palaciega cuyo único correctivo es la vacancia presidencial, en vista de que el Presidente no es pasible de acción penal mientras dure en el cargo. A ese juego está jugando irresponsablemente el personaje que precariamente ocupa el sillón palaciego.
