Luego del fracasado golpe de estado que Castillo y su banda pretendieron imponer el 7 de diciembre de 2022, se produjeron algunos fenómenos sociales y políticos interesantes.
Esa misma tarde del golpe, 101 congresistas votaron por la vacancia del golpista y 8 días después, el 15 de diciembre, 93 congresistas aprobaron una reforma constitucional para adelantar las elecciones a abril de 2024, dando tiempo a la discusión de algunas reformas políticas y electorales con la intención de mejorar la representación y las relaciones entre el Legislativo con el Ejecutivo principalmente.
Ya en ese corto plazo, donde empezaban las protestas con violencia inusitada, se sentía un menor compromiso de los congresistas originarios de Perú Libre (los 37 esparcidos en diferentes bancadas con el objetivo de tener mayor participación en comisiones) que más bien comenzaron a desligarse de Dina Boluarte tildándola de ilegítima. Estos congresistas con actitudes matonescas en pleno Congreso, apoyaron las protestas subversivas pidiendo la renuncia de Boluarte, la absurda reposición de Castillo, la famosa Asamblea Constituyente y el adelanto inmediato (en 4 meses) de elecciones generales.
Es que se quedaron sin la vaca lechera. Ya no estaban en el gobierno y su proyecto totalitario quedaba en suspenso.
La tregua navideña, que avisaba nuevas protestas a partir del 4 de enero, solo sirvió para que los extremistas se organizaran mejor y regresaran recargados de odio y violencia, con la consecuencia de más compatriotas muertos, incluso un policía bárbaramente quemado vivo.
En paralelo, el Congreso con los tiempos que Dios manda, y a raíz de una revelación casi divina que iluminó a Nano Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, elevó al pleno una reconsideración del ya aprobado proyecto de adelanto de elecciones, trayéndose abajo lo logrado y volviendo a fojas cero esta iniciativa.
Hasta ahora no se ponen de acuerdo en un nuevo proyecto de adelanto, difícilmente se llegue nuevamente a 87 votos, quizá al mínimo de 66 para que la ciudadanía en referéndum, apruebe o no, el famoso adelanto.
Entre tanto, Dina Boluarte se asienta en Palacio de Gobierno, las protestas son mejor controladas por la policía, las fuerzas armadas empiezan a liberar las carreteras y aeropuertos, quedando solamente Puno como enclave insurgente pero que poco a poco, con mucho trabajo social y firmeza, va viendo la luz al final del túnel.
Los pedidos de renuncia de la presidenta ya caen en saco roto, hasta caprichosos parecen. Dina no va a renunciar salvo algo extraordinario, como por ejemplo, que estos últimos comentarios del gobierno de los Estados Unidos y la ONU sobre excesos de violencia por parte del Estado sean tan contundentes, que pierda el apoyo de estos aliados y ahí sí, no le quedaría otra que dar pase a una sucesión constitucional.
Pero dentro de todo lo grave que ha sucedido, 17 meses de anomia con delincuentes y filo terroristas en el gobierno, protestas violentas de esos mismos que se dieron cuenta que perdían el poder y con el lamentable saldo de más de 60 compatriotas muertos, ha empezado la contrarrevolución.
La contrarrevolución empezó el 7 de diciembre de 2022 cuando todas, absolutamente todas las instituciones del país se pusieron de pie y no avalaron la ignominia del golpe de Castillo y sus secuaces.
Ahora tenemos que estar alertas y hacer frente al virulento ataque que la izquierda radical, bien organizada por cierto, realiza en centro de estudios, medios de comunicación, organizaciones sociales, con argumentos completamente subversivos.
Un ejemplo de esto es el llamado a quemar la constitución proferido por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, nada menos que en San Marcos, acompañado por el exguerrillero Héctor Béjar y por el infame ex Premier Aníbal Torres (aquel del “correrán ríos de sangre…”).
La contrarrevolución debe continuar, idealmente con un liderazgo colegiado del bloque democrático, unidos con una estrategia de comunicación clara y agresiva, y apoyando a nuestras instituciones, que si bien están lejos de la perfección y son muchas veces cuestionadas, son nuestro único bastión en defensa del estado de derecho y la posibilidad de seguir construyendo nuestra nación en paz para la búsqueda de mayor bienestar para los que más lo necesitan.
