En una reciente entrevista, el presidente Pedro Castillo declaró que “para llegar a la presidencia de la República no fui preparado, a mí nadie me entrenó”. Su sinceridad provocó críticas furibundas entre sus detractores que lo calificaron de ignorante e incapaz para gobernar. Lo dicho, por el contrario, revela la precaria situación de los partidos políticos realmente existentes en el país.
Como se sabe, Vladimir Cerrón Palomino invitó al entonces dirigente sindical magisterial para que postulara, junto a él, en la plancha presidencial de Perú Libre sin mayor aspiración que pasar la valla electoral. Antes de afiliarse a Perú Libre en el 2020, Castillo había militado 12 años en Perú Posible y fue su candidato a una alcaldía distrital en las elecciones municipales del 2002. Todo partido político que se precie de tal, forma y capacita a sus afiliados para competir en la arena electoral y, de ganar, para el ejercicio del cargo al cual fue electo.
Históricamente, han sido pocos los partidos políticos que no solo han formado y capacitado a sus militantes sino también que, gracias a su desarrollo y fortaleza institucional, facilitaron que hicieran carrera en sus organizaciones como el Partido Aprista Peruano, Partido Comunista Peruano, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular. De los cuales, solo Acción Popular mantiene hoy su inscripción vigente. En mayor o menor medida, cada uno poseía una particular ideología, un programa, consignas, valores, principios y una forma de organizarse en el territorio. Todo lo cual confería a sus militantes identidad y un sentido de pertenencia a sus respectivas comunidades políticas. Usualmente, cada partido elegía a sus candidatos para cargos de elección popular entre sus militantes más destacados. Los cuales resultaban electos regidores, alcaldes distritales o provinciales, presidentes de la República o congresistas. Ganaban y acumulaban experiencia en diferentes niveles de gobierno y en el legislativo. Una memoria institucional que se socializaba entre su militancia. Sin embargo, esta situación cambiaría radicalmente en los 90s con el reinado de la “antipolítica”.
Como bien analizó Carlos Iván Degregori, desde el 1990 al 2000, una de las columnas vertebrales del régimen fujimorista fue la anti política. El discurso gubernamental de aquel entonces asoció a la política como confrontación y a los partidos políticos como férreos opositores al “cambio” y receló de cualquier institución democrática buscando instaurar una política autoritaria y tecnocrática. Esto último asociado a que “los políticos” no saben cómo enfrentar y resolver los problemas del país y, en tanto, “los tecnócratas”, sí. Es más, aquella búsqueda del “bien común” y de cómo lograrlo respondió en buena cuenta a la voluntad e intereses del entonces presidente y sus tecnócratas. Aquella denostada “vieja política” fue reemplazada por una “nueva” cuyas señas de identidad no fueron otras que la ausencia de la ética, el abuso y la prepotencia, la arbitrariedad y la amenaza contra políticos, jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, entre otros. Esa manera de entender y hacer política fue asumida por no pocos ciudadanos. ¿Debate público, disensos, consensos entre comunidades políticas? No, no fue la tónica. Y así se fue gestando y consolidando en los ciudadanos un rechazo creciente a la política en general.
Este fue uno de los factores, entre otros más, que contribuyeron a la crisis de los partidos políticos en el país. Lo que vino después han sido organizaciones políticas cuyo objetivo principal ha sido ganar las elecciones cueste lo que cueste. Han devenido en meras “máquinas electorales” que se alquilan o venden al mejor postor para tentar la presidencia de la República o una curul en el parlamento. En la selección de sus candidatos al Congreso o a la presidencia de la República, ya no interesa la carrera partidaria de sus militantes mucho menos sus capacidades. El dueño o dueños del partido determinan quién postula y quién no, a quién invitan y a quién no. Pensar en una visión de país, en el bien común, un programa o en el personal más idóneo en caso de que ganaran la elección es irrelevante. Lo que importa son los réditos inmediatos de hacer uso de su “franquicia”. Y, si no pierden la inscripción, su presencia y quehacer político partidario se reduce a la mínima expresión e ingresan a una especie de letargo hasta el siguiente proceso electoral.
