Liz Melendez

Voces contra la castración química

El gobierno debe escuchar las voces especializadas, y, si existe una preocupación auténtica por enfrentar el problema, garantizar la implementación de medidas para la erradicación de todas las formas de violencia sexual, sin populismos.

Hace pocos días el Consejo de Ministros acordó promover una propuesta legislativa para implementar la “castración química” en agresores sexuales. Con esta decisión, las máximas autoridades de nuestro país han provocado un retroceso de más de 40 años en la comprensión que tiene el Estado sobre la violencia de género. Al impulsar esta medida, el gobierno pierde la oportunidad de priorizar políticas para fortalecer la prevención, mejorar la atención a víctimas y luchar contra la impunidad. 

En este escenario, diversas organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos han manifestado su preocupación públicamente, instando al gobierno a tomar medidas serias, eficaces y reflexivas que permitan combatir el problema desde su raíz. Ayer 112 organizaciones y 365 defensoras/es de derechos han publicado un comunicado en donde instan al Estado asumir su responsabilidad con la erradicación de la violencia sexual, y,  al Ministerio de la Mujer a dejar clara su posición en este contexto. 

A continuación, me tomo la libertad de difundir el comunicado mencionado, con demandas claras de más de un centenar de organizaciones especializadas.

Exigimos prevención, no populismos.

“Las organizaciones feministas, colectivas, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos expresamos nuestro repudio a los agresores y exigimos se les sancione con las máximas penas establecidas, así como demandamos atención integral a las víctimas, y manifestamos nuestra preocupación por la aprobación, desde el Ejecutivo, de la castración química como propuesta legislativa enviada al Congreso para hacer frente a la violencia sexual. Por ello decimos: 

1. Desde hace más de cuarenta años hemos colocado en la agenda pública la problemática de la violencia sexual. Estudios e investigaciones han demostrado que un ataque sexual no es perpetrado por monstruos ni provocado por una libido irrefrenable, a la que hay que contener mediante hormonas, sino por el deseo de ejercer poder y humillar a quien se considera inferior y subordinado. 

2. Reclamamos inversión en salud mental, en políticas públicas para transversalizar el enfoque de género y coordinar esfuerzos con la comunidad no con el fin de castigar sino de prevenir, pues la evidencia internacional demuestra que la castración como castigo ante la violencia sexual tiene muy poco poder disuasivo. Prevenir el maltrato y la humillación cotidiana es una forma de evitar perpetradores y víctimas a futuro.

 3. Demandamos atención integral a las víctimas en servicios de salud y justicia especializada a través de procesos rápidos no revictimizantes, publicidad del registro de agresores, presupuesto para implementar la estrategia nacional de prevención de la violencia de género y el involucramiento del MINEDU, a través de la implementación efectiva de la educación con enfoque de género y Educación Sexual Integral (ESI). Todo ello, constituyen obligaciones internacionales que el Estado ha suscrito, así como políticas nacionales vigentes, que se contravienen cuando se prefiere adoptar medidas populistas y oportunistas, aprovechando la indignación ciudadana. Rechazamos esta instrumentalización de los derechos de las mujeres y niñas.

 4. Exigimos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ente rector en materia de violencia de género, se pronuncie y asuma el liderazgo que le corresponde en cumplimiento de la Ley 30364 y del Decreto Legislativo 1368. En ese marco, exhortamos al Ejecutivo que desista de su propuesta por carecer de enfoque de género, ser ineficaz, costosa y marcar un retroceso en la comprensión que tiene el Estado del problema, de acuerdo con sus normas y políticas vigentes.

 5. Exhortamos al Congreso a no aprobar esta propuesta legislativa, exigir rendición de cuentas sobre la implementación de las políticas públicas vigentes y priorizar normas orientadas a la prevención, la atención y reparación de las víctimas, así como aquellas que se orienten a luchar contra la impunidad de todas las formas de violencia sexual que afectan a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país.”

El gobierno debe escuchar las voces especializadas, y,  si existe una preocupación auténtica por enfrentar el problema, garantizar la implementación de medidas para la erradicación de todas las formas de violencia sexual, sin populismos.  

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