Importante, muy importante, el reciente pronunciamiento de diversos gremios empresariales exigiendo ponerle fin al descalabro gubernativo que tanto daño le está produciendo no solo a la economía sino al tejido social del país en su conjunto.
Algunos empresarios están convencidos, lamentablemente, de que es mejor no hacer nada porque, dicen, en Venezuela, por confrontar les pasaron la aplanadora encima. Olvidan estos empresarios que Chávez tenía petróleo para gastar en populismo a raudales, 80% o más de aprobación y las fuerzas armadas y policiales controladas a su servicio.
La situación del Perú es muy distinta. Castillo es un gobernante precario, incompetente, con una altísima desaprobación, que ha cooptado algunas porciones militares y policiales, pero no ejerce sobre ambas el control total que había logrado el chavismo.
Es un gobierno débil, en cuidados intensivos, que al menor ventarrón puede desplomarse. Si aparece un documento comprometedor de corrupción o se produce, a consecuencia de ello, un relativo grado de convulsión social, lo más probable es que Castillo caiga. Y es por eso que ha decidido huir hacia adelante guiado por un cerronismo cada vez más delirante y confrontacional.
No se ve otra salida al entrampamiento crítico en el que nos encontramos. Difícilmente provendrá del Congreso una solución si antes la calle no se activa. Y es por eso, de paso, importante que el empresariado (que suma a millones de compatriotas), sume a esta buena reacción orgánica, una capacidad de coordinar esfuerzos con otras fuerzas sociales y civiles que también ven con extrema preocupación lo que está pasando en el país.
Es clara la narrativa política del régimen cooptado por el cerronismo: la culpa de toda la crisis es del Congreso, de la prensa y de los empresarios. Si estos últimos, por ello, no convocan más fuerzas a su alrededor, su gesta solo servirá para retroalimentar la narrativa populista y demagógica del gobierno en su contra (“ya ven, allí están los capitalistas monopólicos y oligopólicos que no quieren bajar sus precios y a los que les importa un comino el bolsillo popular”, escucharemos, seguramente, en las próximas horas).
Castillo no puede quedarse hasta el 2026. Eso es claro. Dada la inacción del Congreso, son las fuerzas sociales y cívicas las llamadas a activarse y movilizarse para generar paulatinamente un estado social que sirva de empujón final para que el presidente renuncie o el Congreso se anime a sacarlo. No podemos ser testigos pusilánimes de la destrucción del país y en esa perspectiva hay que saludar el despercudimiento empresarial.
