Pie Derecho

Si la izquierda congresal no se sumase a los afanes autoritarios de la derecha parlamentaria, ésta no podría obtener los votos suficientes como cometer sus tropelías. ¿Por qué la izquierda en el Parlamento comete el suicidio político de prestarse al juego de la derecha?

Hay una inquina interna en la izquierda peruana entre los sectores históricos tradicionales y clásicos, frente a lo que ellos llaman la “izquierda caviar”, usando la misma terminología de la derecha. En ese afán, ven con placer la defenestración de cuadros técnicos importantes de la Defensoría del Pueblo, la batalla interna que va ganando la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la que también se viene librando en el Poder Judicial, ya consiguieron cooptar el Tribunal Constitucional, y ahora avanzan tras la Junta Nacional de Justicia, y los organismos electorales.

Bajo el propósito de derrotar a los “caviares” no se detienen en mientes de sumarse a la agenda particular de la derecha, se mimetizan con ella, y se suman al desprestigio enorme y abrumador del poder Legislativo, abonando en contra suya, que, de otra manera, tendrían la mesa servida el 2026, donde no van a pelear contra la “izquierda caviar” sino contra la derecha con la que hoy se alían, el acceso al poder.

No se entiende este “odio jarocho” de la izquierda tradicional hacia la que, en verdad, es la izquierda moderna, liberal, actualizada. Hay desprecios internos que dejan honda huella y la izquierda clásica resiente el copamiento de diversas instituciones del Estado por parte de la “caviarada” sin que hayan compartido la torta presupuestal alcanzada, pero ni aún eso justifica que hoy se alíen con la derecha más rancia con el objetivo de hacer una política de tierra arrasada con los “caviares” poniendo en lugar suyo a impresentables como el actual Defensor del Pueblo.

Ni siquiera parece existir detrás el propósito de controlar instituciones para hacerlo a su vez con el país democrático (son palabras políticas mayores que escapan a las seseras de los actores involucrados en la trama), sino simplemente cobrarse revancha de un sector de la propia izquierda del que abominan. Haría bien, sin embargo, esta izquierda “clásica” en sentarse a pensar si en ese propósito no le están sirviendo la mesa a sus verdaderos enemigos, que hoy solo los ven como un bolsón de votos en el Congreso y nunca les darán cabida real en las cuotas de poder que están conquistando.

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Defensor del Pueblo, izquierda caviar, JNJ, Patricia Benavides

Hemos sido críticos de la Junta Nacional de Justicia en algunas de sus decisiones, en particular en su protección a la exfiscal suprema Zoraida Avalos, pero ni aún ese yerro tremendo puede justificar la salvajada institucional que se pretende perpetrar en el Congreso, al buscar, sumariamente, la remoción de la JNJ en base a argumentos baladíes y que no disimulan los afanes autoritarios de un poder del Estado desatado y sin control.

Porque no estamos ante una vigilancia selectiva, como eventualmente correspondería, sino ante un manotazo que lo que busca es que el Congreso, en base a la mayoría hechiza que ha obtenido, y que ha descubierto el inmenso poder que administra, vaya poco a poco capturando todas las instituciones a su alcance. Lo intenta ahora con la JNJ, lo hará después con los organismos electorales y sabe dios qué otras caerán en sus garras posteriormente.

El Congreso tiene la potestad de sancionar a los integrantes de otros poderes del Estado (puede hasta vacar al Presidente), pero tiene que administrar ese poder con mesura y tino democráticos, sin avasallamientos ni excesos (como, dicho sea de paso, el que se iba a cometer al querer vacar a Pedro Pablo Kuczynski, y que, a la postre, desencadenó su renuncia, o como el que se cometió, también, al vacar al impresentable, pero legítimo mandatario Martín Vizcarra).

Zoraida Ávalos estuvo bien inhabilitada. ¿Cometió una ligereza la JNJ al salir en su defensa? Sí. ¿Pero es eso razón suficiente para que el Congreso remueva a todos sus integrantes? Es claramente un exceso institucional que pone en entredicho la justa separación de entidades democráticas y pondría al Perú al filo de ser una democracia fallida.

En un Estado democrático y en sus instituciones principales deben coexistir distintas líneas de pensamiento y admitirse, inclusive, su disputa. Emprender una razzia, aprovechando el poder alcanzado en el Legislativo (con la sorprendente complicidad de bancadas de izquierda), constituye un abuso sobre el que la ciudadanía debe estar alerta. Hay ocasiones en que la vigilancia ciudadana debe activarse. Esta es una de ellas.

 

 

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Cuando uno recibe encima una responsabilidad que excede sus propias capacidades, debe tener la hidalguía de admitirlo y dar un paso al costado. Es el caso de Dina Boluarte, exprimera vicepresidenta de Pedro Castillo, quien, ante la salida abrupta del poder del exmandatario chotano, tomó las riendas del Estado, al principio con mucha expectativa, pero paulatinamente con terrible decepción por su orfandad e inoperancia.

Boluarte vive pendiente de su propia supervivencia y por eso es una mandataria rehén del Congreso, poder del Estado que, sin responsabilidad política alguna, hace lo que le viene en gana, inclusive cambia ministros, y desde Palacio no hacen nada para confrontarlo. Es una “presidenta cogoteada”, como bien la ha definido la parlamentaria Flor Pablo.

Lo peor, sin embargo, no es la precariedad política de Boluarte y hasta podría ser explicable que haga lo indecible para sobrevivir en el poder. El problema mayor es que no está capacitada para gobernar y como resultado de ello, sufrimos un gobierno inerte, sin perspectiva de reformas, ni reacciones rápidas y eficaces ante problemas solucionables.

La inflación no es achacable a este régimen. Empezó por las políticas económicas globales seguidas frente a la pandemia y continuó con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. El planeta entero está en inflación y el Perú no podría ser indemne a ello.

Pero la recesión, la falta de buena inversión pública y el desplome de la inversión privada, que explican la caída del PBI y de la confianza empresarial, sí son responsabilidad de este gobierno, quien no hace nada para resolver ese y otros problemas acuciantes (como el de la inseguridad ciudadana).

Si antes era deseable, hoy es imperativo que Boluarte renuncie y se proceda a un adelanto de elecciones. ¿Que la izquierda está mejor parada que la derecha? Bueno, es responsabilidad de la derecha y de su sostén empresarial, guiados por la indolencia y la torpeza, y eso no va a mejorar de acá al 2026. Al contrario, va a ir para peor.

Si mañana fueran las elecciones, podría pasar un candidato de la centroderecha a la segunda vuelta. Al paso que vamos, el 2026 van a ser dos candidatos de izquierda los que lo hagan.

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caída del PBI, Dina Boluarte, Inflación, presidenta cogoteada

La historia es corta: el nuevo oficialismo, conformado, como bien ha señalado el congresista Carlos Anderson, por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Libre (más los del Bloque Magisterial para la ocasión) se tiró abajo la meritocracia en la carrera pública magisterial. La ministra de Educación, como correspondía, salió a criticar la norma. A renglón seguido, la presidenta Boluarte saca a la ministra y se somete a los dictámenes y mandatos del Congreso.

No satisfecha con ello efectúa una poda ministerial y se lleva de encuentro a varios ministros, algunos de los cuales, como la de Agricultura, tenía listo para aplicar un plan de emergencia del agro (¿habrá sido el frívolo detonante las poco felices declaraciones de la ministra sobre el limón?). No le interesa a Boluarte reforma alguna, solo contentar a las huestes mayoritarias del Congreso y en particular la voluntad de Keiko Fujimori, que, por vaya razones a saberse, la había puesto en la mira a la titular de Agricultura.

Lo cierto es que las reformas al tacho. No va a surgir ninguna de la actual clase política. Debemos ser los ciudadanos los que presionemos por ellas. Y en ese papel deberían jugar un papel importante los empresarios, quienes andan adormilados con que Boluarte signifique una “estabilidad mediocre”, pero estabilidad al cabo, y se cierran a la justificada crítica a su inoperancia pavorosa.

Hay sinfín de reformas institucionales y de sectores productivos que duermen el sueño de los justos, mientras el país se desangra en medio de la crisis económica y política. Se debieron haber hecho hace lustros. Este gobierno de tres años hubiera sido ocasión propicia para emprender algunas si hubiera alguna conciencia de su urgencia, pero, por lo visto, a ningún agente crítico le interesa retomar esas banderas.

Tendremos que ser los ciudadanos por las reformas, los que saquemos al país del marasmo en el que se encuentra, con un Congreso y un Ejecutivo indolentes y encerrados en su burbuja de confort irresponsable y políticamente punible.

Lo cierto es que tres años así no aguanta el país. Se vienen, además, desafíos importantes, como el fenómeno del Niño, y la falta de respuesta va a reactivar el polvorín social que es, parece, lo único a lo que le temen los empresarios y los hace reaccionar. Bueno, pues, estén advertidos: por su complicidad con la parálisis reformista eso es lo que se viene y con fuerza inusitada.

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Ministra de Educación, oficialismo, reforma política

El Congreso debería negarle las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en materia de seguridad. Son un mamarracho de normas inconducentes, apuradamente llamadas “Plan Boluarte”, que no van a resolver el terrible problema de seguridad que afrontamos -el peor de nuestra historia republicana- el que, el gobierno, sin necesidad de normas especiales, podría y debería enfrentar.

¿Va a ser servir una ley para resolver el inamovible problema del VRAEM, donde han muerto ya centenares de soldados y policías sin que se avance un metro en la expulsión de los narcosenderistas? ¿Va a detener al Tren de Aragua, banda venezolana que avanza imparable extorsionando desde pequeños comerciantes hasta microbuseros, sin que la policía mueva un dedo para contenerlos? ¿Necesita acaso una norma para ello? ¿Va a refrenar al Comando Vermelho, mafia del narcotráfico brasileña que ya se apoderó de enormes territorios para su causa delictiva? ¿Por qué necesitaría un paquete de normas para facilitar que la policía actúe?

¿El paquete de facultades va a refrenar la inmensa corrupción que reina en los institutos policiales y en las fuerzas armadas? ¿Va a mejorar la formación de mayor cantidad de efectivos policiales, hoy escasos y con subformación? Por supuesto que no. No sirven para nada las normas cuya facultad legislativa se ha solicitado.

Lo que se necesita, por el contrario, es un Congreso que le pare los machos a un Ejecutivo inoperante y mediocre, que no ata ni desata, y no hace absolutamente ninguna reforma importante. Vemos en el titular de Gestión de hoy que hay 38 proyectos mineros sin fecha de construcción. ¿Acaso el titular del Minem anda desvelado por ello? Si esos proyectos se destrabaran y entraran en funcionamiento, otras serían las cifras del PBI. Pero en este caso, como en el de la seguridad, la consigna parece ser no hacer nada para durar el mayor tiempo posible.

Volviendo al tema de la seguridad, lo que, en el mejor de los casos, correspondería, es que el Congreso le pida los proyectos al gobierno y los vaya discutiendo uno por uno, sin que ello sea óbice de tener sentado al ministro del Interior y eventualmente al Premier, con recurrencia, para que nos den una explicación cabal de por qué la delincuencia se ha apoderado del país sano que quiere prosperar en paz.

 

 

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Comando Vermelho, delincuencia, Plan Boluarte, seguridad, VRAEM

Si uno busca Wikipedia y chequea cuáles son las características de lo que se llama un “Estado fallido”, encuentra las siguientes:

Salvo dos o tres calificamos en todas. No nos estamos percatando del profundo deterioro social, económico, político e institucional por el que transita el país, producto de habernos conformado con solo haber hecho algunas reformas de primera generación en los 90, habernos congelado allí, y haber permitido que la realidad desborde el “modelo”, tornándolo inservible e ineficiente.

Lo grave de esta situación es que nos coloca en el abismo de una toma de decisiones electorales tremenda el 2026, con fuerzas radicales de izquierda cosechando el descontento masivo de la población con ese Estado funesto que nos rige. Los antiestablishment tienen razones fundadas para entusiasmar a quienes quieren patear el tablero.

 

 

 

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corrupción, decisiones electorales, Estado fallido, Pobreza

La propia Contraloría ha advertido que la adenda que le permite a Innova Ambiental seguir operando el recojo de residuos sólidos en Lima Cercado, es un despropósito y que el contrato con dicha empresa (ex Relima, sí, la del escándalo Comunicore), que se extendió por una adenda irregular, debe llegar a su fin y convocarse a una licitación pública internacional para brindar ese servicio.

Así se lo ha hecho saber a la propia autoridad municipal en reiteradas ocasiones y, sin embargo, el alcalde limeño, Rafael López Aliaga, supuesto adalid de la moralidad pública, se zurra en la noticia, con él no es, y mantiene vigente un contrato a todas luces irregular.

La lógica administrativa ordena que el manejo de los residuos sólidos (su recojo y depósito en rellenos sanitarios) sea hecho con la mayor pulcritud no solo en su proceso mismo (sobre lo segundo, el vigente contrato también tiene serios cuestionamientos) sino en la transparencia que debe tener el proceso legal correspondiente.

A López Aliaga no le está yendo bien en su tarea de gestor municipal. En la práctica, no ha hecho nada de lo que prometió, no tiene una política pública municipal coherente, y el resultado se aprecia en las encuestas, donde ya la mayoría de limeños lo desaprueba. Según la última encuesta de Ipsos, 53% lo desaprueba y 39% lo aprueba. Un fracaso por donde se le mire.

Las propias expectativas presidenciales que López Aliaga alberga se están yendo por el desague por su mala y controvertida gestión al mando del municipio limeño. Si no es capaz de romper un contrato cuestionado por la propia Contraloría, que sugiere una licitación internacional, como la propia adenda firmada lo establece, algo huele mal ya también en términos de ética en la gestión edil.

Lo que sucede en el municipio capitalino debiera servirnos de lección a la hora de pensar el voto presidencial del 2026. Falsos tecnócratas se venden ante la opinión pública como grandes gestores y a la hora de la hora no son capaces de gestionar nada. Y encima, como es el caso que citamos en esta columna y que es parte de una contínua campaña de Sudaca, se cometen actos, o se dejan de ejecutar, con claro olor a corrupción.

-La del estribo: notable la puesta en escena de La Barragana. Escrita por Luis Alberto León y dirigida por Chela De Ferrari, cierra la trilogía de obras conformada por La Cautiva y Savia, sobre tres momentos de gran violencia alrededor de la historia del Perú. Va hasta el 9 de octubre en el teatro La Plaza (se compran las entradas a través de su web).

 

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Comunicore, contraloria, gestión edil, municipio limeño, Rafael Lopez Aliaga

Un liberal auténtico debería reaccionar con entusiasmo frente a la andanada de críticas que viene recibiendo el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por haberle estampado un beso, contra su voluntad, a una de las jugadoras de la selección española, durante las celebraciones por haber ganado el Mundial.

Las luchas feministas, aunque en muy contados casos pequen de excesos y caigan en la cultura de la cancelación, son una de las batallas culturales e ideológicas más importantes del último siglo y suponen el triunfo moral de la mitad de la población frente a al predominio de una cultura machista, antigualitaria y segregacionista.

En general, las luchas feministas, aún las radicales (perfectamente entendibles y atendibles), la prédica antirracista, la batalla por la equidad de género y la permisión de las experiencias vitales de todos los géneros (incluyendo en esta batalla la conquista de derechos como el matrimonio gay), la libérrima y contestataria manifestación del arte contemporáneo, son síntomas de la inmensa libertad cultural y social que acompaña el desarrollo de las democracias capitalistas liberales.

Son signos de su desarrollo no de su decadencia, como pregonan los conservadores a ultranza -de la mano con las izquierdas anquilosadas-, que quisieran que nada se mueva y todo de mantenga incólume, como si los vientos del tiempo no transcurrieran y las cuestiones morales no hayan cambiado a lo largo de los siglos del crecimiento cultural de Occidente.

En esta batalla, los auténticos liberales tienen un sitio claro en la trinchera de la justicia y la libertad. Quien no lo entienda así, pues simplemente no es liberal. Es un conservador más, incapaz de leer los signos de los tiempos postmodernos y la impresionante capacidad del basamento capitalista democrático para asimilarlos y hacerlos parte de su bagaje valorativo.

Occidente no está en decadencia. Está en medio de un profundo cambio, es verdad, pero al menos en los temas culturales y morales, avanza a pies agigantados hacia la mayor libertad. Es cuestionable el mercantilismo corporativo que lo lastra y merecerá una acción política en algún momento para evitar que haga metástasis, pero en lo concerniente a los temas morales, se muestra robusto y saludable.

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Federación Española de Fútbol, liberales, luchas feministas, Luis Rubiales

El Partido Popular Cristiano, de casi 60 años de existencia, ha decidido relanzarse y volver a incursionar en la política luego de los zarandeos internos que lo llevaron prácticamente a su disolución.

¿Tiene posibilidades? Se ve muy difícil. Primero por la gente que ha convocado para la ansiada renovación. Carlos Neuhaus podrá tener el prestigio de haber organizado los Panamericanos, pero tiene el carisma político de un clavo. Y ponerle el membrete de “renovación” a un dinosaurio como Miguel Ángel Mufarech es casi una broma.

Pero el mayor problema es que el PPC ya no tiene sitio en la atiborrada escena electoral peruana. Antes, en sus mejores tiempos -en los que nunca logró nada espectacular (su mejor performance fue en la Constituyente del 78, pero porque no participó Acción Popular)-, era la derecha ilustrada frente a la izquierda, el populismo radical del APRA y el neopopulismo moderado de Acción Popular. El PPC ocupaba, solo, sin disputa, el sector de la derecha.

¿Hoy dónde podría marcar presencia? No hay espacio. Hay decenas de movimientos de derecha, antiguos y nuevos, que compiten por el mismo electorado. ¿Qué distinguiría al PPC del resto? No se ve perfil propio, ni candidaturas espectaculares que lo saquen del marasmo. Inspirados tal vez en los pasajeros bríos mostrados por otro viejo inquilino de la política, como Acción Popular, cuya luna de miel ya terminó en medio de la corrupción, en el PPC crean que les puede ligar el boleto de la lotería.

El PPC, además, se desperfiló groseramente en los últimos tiempos. De ser un partido doctrinario pasó a ser una agrupación desembozadamente mercantilista, presta al manoseo de intereses, teniendo entre sus máximos representantes de ese perfil a Xavier Barrón, por lo que el PPC fue sugerido, irónicamente, de cambiarse de nombre, de ser el PPC a ser “Cambio de zonificación”, por su trasiego de licencias en los múltiples municipios en los que sí tenía éxito electoral.

Mucho futuro no se le ve a la anunciada renovación. Enhorabuena que más ciudadanos se interesen por hacer política y no se la dejen a los aventureros de paso, pero si el PPC quiere lograr algo preponderante, sólo será si logra sumarse a alguna de las agrupaciones en el amplio espectro de la centroderecha que ya existen, entre ya tradicionales y los nuevos partidos que asoman con flamantes inscripciones. La pregunta es qué puede aportar el PPC a esos eventuales pactos. Vaya uno a saber.

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