Ha hecho bien el Congreso en limitar, mediante ley, la cuestión de confianza. Su carácter absoluto, aplicable a cualquier tema que se le ocurriese al Ejecutivo, era una espada de Damocles permanente y generaba un desequilibrio de poderes enorme, ya que era sumamente fácil deshacerse de un Congreso opositor.

El gobierno ha anunciado que irá al Tribunal Constitucional. Dada la actual composición del tribunal supremo en la materia va a ser muy difícil que declare la inconstitucionalidad de la norma, de modo tal que lo más probable es que la ley mantenga vigencia hasta que, de repente, se constituya un nuevo TC en marzo del próximo año y éste decida acometer el tema.

Entre tanto, se equilibra la balanza y, contrariamente a lo que algunos analistas piensan, lejos de ser el primer peldaño hacia un proceso de vacancia, termina por alejar también ese peligro político del horizonte. Como estaban dadas las cosas, solo la amenaza de una disolución del Congreso hubiera podido movilizar los 87 votos necesarios para vacar a Castillo (si pretendía disolver caprichosamente el Congreso bien merecida hubiera tenido la vacancia, por cierto).

Lo que corresponde a mediano plazo es reformar la Constitución en ambos puntos: limitar la cuestión de confianza en dos legislaturas, de modo de blindar cualquier modificación legislativa futura o su declaratoria de inconstitucionalidad de un futuro TC, y reemplazar las causales de vacancia moral, ajustándolas a un proceso de juicio político, en lugar del mamarracho que existe hoy y que, a su vez, también permite zafarse de un gobernante por la sola sumatoria de los votos, sin que importen las razones de fondo.

Lo cierto es que, en lo inmediato, va a ser saludable para la gobernabilidad que el Ejecutivo tenga rienda corta. No se aprecia hasta el momento un proyecto revolucionario, marxista leninista, en ejecución, ni un plan en ese sentido, pero la cercanía de elementos políticos que se declaran abiertamente leninistas o maoístas no deja de generar incertidumbre, sobre todo si se tiene en cuenta un Primer Mandatario tan volátil como el que hoy nos gobierna.

El parteaguas es el tema de la Asamblea Constituyente y la única vía que el Ejecutivo tenía parar lograr convocarla, pasaba por disolver el Congreso. Hoy, gracias a la ley congresal, esa eventualidad ha sido acotada a su mínima expresión.

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Asamblea Constituyente, Congreso de la República, Ejecutivo

La derecha política, y en particular la derecha liberal, debería marcar claro distingo de los grupos extremistas, reaccionarios y violentos, que empiezan a prosperar en sus cercanías.

Plagados de libertarios conservadores o abiertamente fascistas (basta ver su simbología para darse cuenta de ello), estos grupos se dedican a hostilizar a cuanto personaje o entidad consideren ellos caviar o izquierdista, recurriendo a métodos coercitivos que colisionan con los criterios mínimos de un Estado de Derecho.

Su última víctima ha sido Francisco Sagasti, pero seguramente serán otros, si no se les pone pronto atajo. Y los primeros que deberían empezar a hacerlo son los representantes políticos (congresales o no) de la derecha política realmente existente.

La Carta sobre la tolerancia de John Locke, publicada en 1690, hace más de tres siglos, es el texto fundacional del liberalismo, y en aquel, el filósofo inglés trazó los límites que el ejercicio del poder debe tener, en cualquiera de sus formas, respecto de las creencias y valores ajenos. Harían bien los llamados liberales peruanos en releerlo, o leerlo, porque parece que algunos nunca lo han hecho.

¿Es verdad que los mismos que hoy se indignan por lo ocurrido hace unos días, aplaudieron entusiastas el puñete al congresista Ricardo Burga, el conazo a Carlos Tubino, la asonada en la vivienda de Beto Ortíz o el apaleo a Luis Alva Castro en los exteriores de la residencia del embajador de Uruguay? Sí, es cierto. Hay que admitirlo porque es menester corregir conductas de ambos lados del espectro ideológico nacional.

Ni el filofascismo criollo ni el supremacismo moral caviar pueden dictar la agenda pública. Se requiere construir, ahora más que nunca, que llegamos a un tiempo donde la transición democrática ha sido dilapidada por gobernantes mediocres y corruptos, a la revalorización de criterios de convivencia ciudadana.

La mediocridad rampante del gobierno de Castillo, y esa extraña coexistencia de magros resultados y excesivo ruido político, exacerbarán aún más los ánimos de sectores que ya se polarizaron durante la campaña. En ese ambiente crecientemente hostil, es imperativo llamar al orden democrático y defender la tolerancia como valor supremo de las libertades. Se juega mucho, en términos del futuro nacional, si miramos de soslayo estas muestras crecientes de fanatismo agresivo y violentista.

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El nombramiento de Ricardo Belmont como consejero presidencial pone de manifiesto la rampante mediocridad con la que este gobierno viene manejando el Estado y desplegando políticas públicas.

Salvo pliegos en los cuales sus titulares son gente competente -que son los menos- hay sectores completos del Estado entregados a la medianía y torpezas más asombrosas. Lo que comentan agentes privados -sean empresarios, tecnócratas o exfuncionarios públicos- respecto de lo que está sucediendo en Indecopi, Energía y Minas, Interior, Educación o Transportes y Comunicaciones, por citar algunos ejemplos, es de espanto. En algunos casos, inclusive, la mediocridad se combina ya precozmente con rampantes indicios de corrupción.

De alguna manera, en los 90 se lograron crear islas de excelencia en el Estado peruano. La tecnocracia liberal fue capaz de generar espacios donde el Estado sí funcionaba, era eficaz y expeditivo respecto de sus obligaciones esenciales. Mal que bien, esa tecnocracia y burocracia fueron sostenidas en el tiempo e, inclusive, mejoradas en algunos sectores por los gobiernos sucesivos de la transición democrática.

Pero ese camino de mejora, a veces lenta, pero inexorable, de la administración pública, parece haber llegado a su fin con la llegada al poder de un Presidente limitado e improvisado como es Pedro Castillo, a cuya imagen y semejanza parecen actuar muchos de sus subalternos, ejecutando una política de “tierra arrasada” respecto de la calidad burocrática que mínimamente un Estado requiere para funcionar a cabalidad.

Parecemos condenados a ello. Aun cuando el presidente Castillo enmiende rumbos políticos gruesos y, por ejemplo, se desprenda del ala Movadef y deseche la absurda idea de la Asamblea Constituyente, completando un camino positivo que ha comenzado con el apartamiento de Vladimir Cerrón, no parece que nos vayamos a librar de decisiones disparatadas recurrentes o de la baja calidad funcional en amplios sectores de la administración pública.

En ese sentido, van a ser cinco años perdidos. Ojalá al menos, Castillo logre iniciar reformas importantes en Salud y Educación, y tal vez generar la ruptura de algunos circuitos de privilegios mercantilistas en la economía. Es inaudito que nos conformemos con pedirle tan poco a un gobierno, pero es, lamentablemente, lo que hay. La mediocridad política del Presidente está irradiando hacia todo el Estado y las consecuencias de ese paulatino deterioro las vamos a pagar todos los ciudadanos.

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¿Qué le puede aportar el inefable Ricardo Belmont al presidente Castillo, para que lo haya nombrado consejero presidencial? ¿Conocimientos especializados en economía, en política exterior, en resolución de conflictos, en asuntos constitucionales, en análisis político? Obviamente, ninguna de las mencionadas.

Al presidente Castillo se le sale la cadena, sin lugar a dudas. Es un personaje muy básico, no es bruto, es inteligente, pero desconoce por completo el funcionamiento del gobierno y del Estado y en esa medida no parece calibrar la dimensión de algunas de sus decisiones.

Y ello parece que no tendrá remedio pronto, así que deberemos acostumbrarnos a acciones bizarras con inesperada recurrencia. Desde declaraciones altisonantes e inapropiadas hasta designación de funcionarios absolutamente sin sentido (es el caso de Belmont, como también lo fue el de Julián Palacín en Indecopi, o lo es el de los ministros del Interior y de Educación, por citar los más notorios).

Belmont es un reaccionario consumado, machista, xenófobo (basó su última campaña edil en mensajes antimigración venezolana), pésimo administrador (lo demostró en la Municipalidad y en su canal de televisión). Cuando el gobierno parecía haber empezado a enmendar rumbos políticos en el buen sentido (con la salida de Bellido y el alejamiento de Cerrón), vuelve a meter la pata con un nombramiento que va a generarle ruido mediático innecesario y distractor.

Castillo se dispara al pie. Tiene vocación por el autosabotaje. Es, en ese sentido, irremediable y habrá, al parecer, que resignarse a ello. Un gobierno que tendrá pocas nueces, pero mucho ruido, generado la mayor parte del mismo por acciones y decires presidenciales impertinentes o absurdos.

Parece que más temprano que tarde, el Presidente decidirá alejarse también del ala Movadef del magisterio y entenderá, leyendo la realidad social y política (encuestas y composición del Congreso), que el tema de la Constituyente es un pie forzado innecesario. En ese sentido, su perspectiva de gobernabilidad mejorará.

Pero lo que parece que se mantendrá incólume e inamovible será su vocación por el dislate, por el autoboicot, por generar zozobra política innecesaria y perturbadora, que afecta, sin duda, lo que de bueno pueda estrenar en asuntos propios del quehacer gubernativo. El nombramiento de Belmont es una cabal demostración de ello.

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Negarle la confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez sería hacerle el juego al radical leninista Vladimir Cerrón. Ojalá la derecha y el centro parlamentarios entiendan que las batallas son estratégicas y no ideológicas o, mucho menos, fanáticas.

Claramente, el gabinete Vásquez supone una mejora cualitativa respecto del gabinete Bellido. Mantiene un par de nombres muy cuestionables, como los ministros del Interior y de Educación, tras los cuales haría bien el Congreso en ir y, eventualmente, luego de una interpelación, censurarlos. Pero el gabinete en su conjunto merece una oportunidad de gobernabilidad más aún luego de la crisis partidaria desatada entre el presidente Castillo y las facciones cerronistas de Perú Libre.

Cerrón ha jugado sucio a la política. Primero, porque quiso aprovechar el triunfo de Castillo en beneficio propio, priorizando su agenda sobre la del gobierno, y luego, cuando se tornó inmanejable la presencia de su alfil Bellido, pateando el tablero y poniendo nuevamente como valor superior el presunto beneficio de su agrupación.

A Castillo le va a hacer bien esta ruptura. Tiene ahora mayores márgenes de acción. Ha ganado oxígeno. Con Cerrón y Bellido marchaba a paso firme hacia la vacancia. Hoy ha recuperado terreno y se esperaría que pronto entienda lo saludable que sería que se desgaje también del ala Movadef del magisterio y, finalmente, asuma que el tema de la Asamblea Constituyente no va, ni ahora ni después.

Ese margen de evolución debe otorgárselo la oposición. El Congreso -y el centro en particular- cometió un grave error al darle la confianza al gabinete Bellido. Nunca se la debió dar. Pero la mejor manera de remediar la culpa por un error no pasa por cometer otro, como sería, esta vez, no darle la confianza a un gabinete mejor constituido que aquel que sí mereció dicho respaldo.

Lastimosamente, el Primer Mandatario, es un personaje muy limitado, incapaz de generar credibilidad por sí mismo. En esa medida, aun cuando se cometan todos los aciertos (separación del Movadef y descarte de la Constituyente), su gobierno no será capaz de movilizar a los agentes de inversión privados, los únicos en capacidad de lograr el propósito de la reactivación económica, que, según la encuesta de Ipsos de ayer, debería ser la primera prioridad ciudadana.

Esas son las consecuencias de votar por la izquierda en la encrucijada histórica en la que se hallaba el Perú. Será importante que el votante lo aprenda. Abortar este proceso de mediocridad -con un recorte abrupto del mandato de Castillo, camino que empezaría con la negatoria de la confianza al gabinete Vásquez-, borraría el descrédito político de la izquierda, que, bien merecido, se está ganando.

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Mirtha Vasquez, Movadef, Vladimir Cerrón
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