Desde hace un tiempo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en las encuestas que realiza, pregunta acerca de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en las autoridades electas, en los políticos y en sus pares. Así, a fines de marzo del 2019, menos de la mitad de los encuestados creía que la gente era muy o algo confiable, 43% poco confiable y 15% nada confiable, porcentajes que no han variado significativamente desde el 2006. Es más, en ese lapso de tiempo, nuestro país se ha ubicado entre los países que presentaban los niveles de confianza interpersonal más bajos en la región.
En cuanto a los niveles de confianza política, entendiéndola como el apoyo o aprobación de los ciudadanos a los políticos, partidos, autoridades, gobierno, congreso y otras instituciones, ha disminuido en los últimos años. En el 2014, el IEP publicó un Informe de Opinión Pública con datos del Barómetro de Las Américas, en aquel año solo el 24.7% confiaba en los partidos políticos, el 27.4% en el Congreso, el 36.6% en los gobiernos locales y el 38.8% en el presidente de la República. En ese entonces, la confianza política estaba signada por la actuación de sus autoridades (presidente o congreso) y por el desempeño del Estado en la provisión de servicios públicos. Así, por ejemplo, 3 de cada 10 encuestados opinaba que la calidad de la Educación y de la Salud pública era mala.
Ocho años después los porcentajes no son nada alentadores. En agosto del año en curso, el IEP publicó otro Informe de Opinión con los resultados siguientes: 57% de los encuestados opinó que no confiaba nada en el Congreso y un 42% en el gobierno. De igual modo, el 32% en el Poder Judicial y el 30% en la Fiscalía de la Nación. En cambio, en las Fuerzas Armadas confían mucho o algo el 27% y 38% respectivamente.
Año tras año, como lo indican las encuestas, la desconfianza entre los ciudadanos aumenta. ¿No son acaso el uso irregular de los recursos públicos, los escándalos de corrupción, la ineficiencia en la prestación de servicios públicos, entre otros hechos, los que provocan que la confianza en el Estado y en las instituciones disminuya? ¿A los que detentan el poder les preocupa que su desempeño sea valorado de manera positiva? ¿Qué las instituciones, bajo su responsabilidad, sean percibidas por los ciudadanos como justas y transparentes en la prestación de servicios públicos y por eso mismo confiables? ¿Se dan cuenta que la desconfianza política impacta la confianza interpersonal? ¿Sería mucho solicitarles que evalúen los efectos de la creciente desconfianza política e implementen las acciones necesarias para contrarrestarla? Tal vez sea mucho pedir en las actuales circunstancias.
