El descontento social se ha expresado notoriamente en los últimos acontecimientos en el país. Los peruanos hemos sido testigos de los desmanes y actos vandálicos que han desencadenado en el cierre de diversos aeropuertos y el bloqueo de vías en diversas ciudades del país, con el lamentable deceso de 26 personas. Esta situación, sin embargo, es el resultado de un proceso de acumulación continua de conflictos sociales, que solo durante el primer año del expresidente Castillo (agosto 2021-julio 2022), acumuló 56 nuevos conflictos sociales; y que, entre enero y noviembre del presente año, evidenció el promedio mensual de protestas más alto (267) en los últimos 6 años (Defensoría del Pueblo, 2022)[1].
La aparición y dinámica de los conflictos sociales tiene una lógica que puede ser esquematizada en tres bloques (Tanaka et. al., 2011)[2]. En un primer bloque, los conflictos parten de la existencia de necesidades insatisfechas y situaciones de vulnerabilidad que requieren una pronta respuesta de las autoridades. El segundo bloque refiere a que las demandas de la población pueden tener como medio de solución la movilización, sobre todo si estas demandas atañen a afecciones de derechos fundamentales. Finalmente, el tercer bloque concierne a la intervención estatal como elemento clave para convertir esa demanda ciudadana en una demanda atendida, la cual en caso de ser inoportuna o deficiente plantea serios cuestionamientos sobre el funcionamiento del Estado.
Ciertamente, la existencia de necesidades insatisfechas que afectan de manera directa a derechos básicos y que no encuentran una respuesta oportuna de parte del gobierno constituye una de las causas de la ocurrencia y persistencia de conflictos sociales en el Perú. De hecho, al seleccionar los 10 distritos con mayores conflictos registrados a noviembre del presente, estos evidencian, en promedio, una ejecución de tan solo 59.4%, es decir más de 40% de los recursos se dejan de ejecutar, lo que finalmente se traduce en una provisión inoportuna de servicios públicos a los ciudadanos que afectan su bienestar. Asimismo, se observa que 87 de 221 conflictos sociales registrados a noviembre (39%) se registraron en los 7 departamentos con mayor índice de pobreza monetaria (Puno, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco y Loreto), por lo que es posible argüir que existe una relación positiva entre las condiciones socioeconómicas no atendidas y un mayor surgimiento de conflictos sociales.
La falta de una respuesta oportuna de parte del gobierno para atender los conflictos sociales se evidencia en la carencia de una estrategia integral para gestión de conflictos sociales. Así, en la actualidad, no se sistematiza el cumplimiento de los compromisos y de sus responsables, y tampoco realiza el seguimiento a la ejecución de los proyectos de manera transparente y de acceso público. Según 4.258 acuerdos analizados por la Defensoría del Pueblo (2021)[3] correspondientes a 29 procesos de diálogo desarrollados durante el periodo 2012-2019, y encontró que en el 57,7% de acuerdos no se precisó un plazo de cumplimiento, dejando abierta la posibilidad de gestionar su cumplimiento posteriormente, y que en el 87,0% de acuerdos no se encargó a una entidad o comisión la responsabilidad de hacer el seguimiento.
Resulta por tanto esencial desarrollar una política integral de prevención de conflictos que se conforme de, al menos, dos componentes. El primero de ellos, de prevención, atañe a la atención efectiva de las necesidades de la población para evitar el estallido del descontento social. En tal caso, si un gran número de los conflictos sociales se encuentran en regiones pobres, se debe realizar un análisis ex ante de las condiciones socioeconómicas de esta población, de tal manera que el cierre de brechas de condiciones mínimas refleje una mejora en el bienestar de los ciudadanos y reduzca la sensación de afectación de algún derecho.
El segundo componente, de seguimiento, involucra el monitoreo a los compromisos que surgen de los espacios de diálogo de los conflictos a cargo de una unidad independiente y especializada. Esta tarea podría estar a cargo de una Unidad de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos en la Defensoría del Pueblo para realizar un seguimiento adecuado a todos los compromisos, con especial énfasis en los proyectos de inversión que surgen de dichos espacios. Asimismo, esta entidad debiera poner a disposición de la ciudadanía la información en formato de datos abiertos referida a la gestión de los conflictos sociales que facilite la generación de evidencia para el diseño e implementación de políticas públicas referidas a la gestión de conflictos.
[1] Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 225 – Noviembre 2022 RCS N° 126 (defensoria.gob.pe)
[2] Tanaka, M., Zárate, P., & Huber, L. (2011). Mapa de la conflictividad social en el Perú: análisis de sus principales causas.
[3] Defensoría del Pueblo (2022). Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos. INFORME-Defensorial-187-Conflictos-sociales-y-cumplimiento-de-acuerdos.pdf
