Lo que causa rechazo es que el proceso de exterminio ideológico de la izquierda “caviar” en la que se halla empeñado el Congreso de la República, en base a la mayoría espúrea conseguida por la alianza entre el fujimorismo y el cerronismo, es que sucede por la puerta falsa.
Es equivalente a lo que se quiso hacer con el gabinete Flórez Araóz durante el cortísimo mandato de Manuel Merino. De la noche, a la mañana, la inmensa mayoría de la población que endosaba su respaldo a Martín Vizcarra se encontró con otro gobierno, de cariz distinto, queriendo hacer y deshacer.
En el caso actual sucede lo mismo. La población votó mayoritariamente por Castillo y ahora ve con sorpresa que desde un Congreso envalentonado se quiere hacer tabla rasa de uno de los sectores que facilitó el triunfo del maestro chotano.
Si alguien quiere emprender una restauración conservadora, como la ha bautizado Rosa María Palacios, o, mejor aún, una conversión del Estado peruano en uno derechista liberal y despejar las habitaciones de resabios izquierdistas, hasta bienvenido sería, pero debe hacerse con la legitimidad precedente de haber conquistado el poder por las urnas.
Como bien señala Michael Reid, exdirector senior de The Economist, “el desafío que enfrenta el Perú es sobre todo político. Es volver a construir organizaciones políticas que tengan credibilidad con los ciudadanos y que puedan agregar intereses e implementar políticas buenas. Ahí está el desafío en liderazgo y comunicación política”.
El Congreso, con este intento de tirarse abajo a toda la Junta Nacional de Justicia por causas injustificadas, está yendo más allá de la legitimidad que posee e, inclusive, de la legalidad de la propia medida que quiere implementar. Así no se construye una república derechista ni mucho menos. A trompicones, con leguleyadas y trastiendas jurídicas lo único que se logra es reacciones adversas y efectos contrarios al buscado.
Si la derecha quiere efectuar una poda ideológica en el Estado peruano, tiene el derecho político de hacerlo si es que, previamente, ganase las elecciones y obtuviese mayoría congresal, y además gozase de un alto grado de aprobación, pero no lo puede hacer un Parlamento hechizo, armado con componendas truchas, y con una desaprobación que bordea casi el absoluto rechazo ciudadano. Y encima con trampas jurídicas ostensibles y groseras, como las que apreciamos en el caso de la JNJ, la que, dicho sea de paso, tampoco ha puesto de su parte con un comportamiento ejemplar.
Ya es hora de que la derecha tome distancia de las andanzas del gobierno de Dina Boluarte. Que su arribo al poder nos haya permitido salir librados de la catástrofe política, social y económica que supuso la presencia de Pedro Castillo en Palacio, no es razón suficiente para guardar tantas consideraciones hacia un régimen que viene demostrando también una tremenda incompetencia e incapacidad para resolver las crisis que se le ponen al frente.
La abominable actuación represiva durante las protestas de diciembre y enero, su incapacidad para atemperar los ánimos beligerantes posteriores, su nula virtud para remontar la desaprobación que asola a su gobierno, su falta de visión para trazar un derrotero de reformas (más aún si, como se aprecia, pretende quedarse hasta el 2026, es decir tres años más por delante), su inoperatividad para hacer que la confianza inversora retome los cauces normales, su impericia para lidiar con un Congreso que se siente desbordado para hacer de las suyas, nos muestran a un régimen torpe y mediocre, que solo en este talante deja prever cierta estabilidad.
Ya la izquierda se empezó a lavar el rostro de la suciedad moral y política que le cayó encima por fungir de comparsa cómplice del desastre castillista, sobre todo en el aspecto moral, conocida la temprana corrupción que inundó los pasillos del poder palaciego mientras duró la gestión del taimado chotano. Hoy ha encontrado una bandera que con el tiempo será eficaz: arremete contra el “pacto derechista” Ejecutivo-Congreso que nos gobierna, con menos de un dígito de aprobación en ambos casos. Esta oposición de la izquierda, por más cínica que sea, tiene todas las de ganar, si la derecha no actúa preventiva e inteligentemente.
Llegaremos al 2026 con una derecha desgastada y una izquierda en olor de santidad política. Y las posibilidades de que el descontento haga brotar nuevamente una izquierda extrema, radical y disruptiva son muy altas. ¿Y qué va a exhibir la derecha en contraposición? ¿Complicidad con Boluarte? ¿Silencio frente a sus desmanes y despropósitos? ¿Soslayo frente al desgobierno y la crisis? Si así va a enfrentar la crucial coyuntura de la elección presidencial venidera, empieza con el marcador en contra.
-La del estribo: altamente recomendable la última novela del escritor y periodista, Renato Cisneros, El mundo que vimos arder. Apartándose parcialmente de los cánones de la autoficción literaria de sus obras anteriores, Cisneros muestra una tangible evolución narrativa. Publica Alfaguara.
[TIEMPO DE MILLENIALS]El sábado se desarrolló la Marcha del Orgullo, y fue un éxito rotundo. Hace tiempo no se veía en Lima una marcha tan multitudinaria, después de unos años de apatía política, donde ni las marchas del «fraude», vacancia, o en protesta por la vacancia de Pedro Castillo tuvieron este poder de convocatoria en la capital.
La jornada se vivió como una verdadera celebración, llena de carros alegóricos, performances, y incluso conciertos en vivo de diversos artistas. Se pudo ver a muchas familias con niños participar en la marcha y celebrar el mes del orgullo, además de exigir avances en temas de derechos para los individuos de la comunidad.
No existe causa más liberal que la que aboga por que todos los ciudadanos de un país tengan igualdad ante la ley. Hoy, la comunidad LGTBQI+ en el Perú está muy lejos de gozar de dicha igualdad. Las parejas del mismo sexo en el Perú no pueden casarse, ni afiliar a su pareja como derechohabiente en su seguro de salud, tienen dificultades para dejar una herencia, abrir una cuenta en el banco, pedir un crédito hipotecario, entre otras cosas. Su proyecto de vida se encuentra totalmente limitado en nuestro país.
Lo más desesperanzador es que pasan los años, y las movilizaciones, pero no se ven avances en materia legislativa. El actual Congreso no ha podido ponerse de acuerdo ni siquiera para la ley de Unión Civil, ya ni hablar del matrimonio igualitario.
Durante la marcha, diversas personalidades políticas pertenecientes al progresismo se hicieron presentes e incluso salieron a hablar. Congresistas de izquierda como Ruth Luque, Susel Paredes, o la progresista Flor Pablo Medina. ¿Y los liberales? No se supo mucho de ellos.
A pesar de ser la igualdad ante la ley, y las libertades sociales tanto como las económicas banderas del liberalismo clásico, en el Perú los pocos liberales que hay les dejan el terreno vacío a las voces de izquierda, para que estas de adueñen de las libertades sociales. Así la derecha pierde la oportunidad de mostrar una cara moderna, que empatice con los jóvenes que buscan voces que apoyen causas como esta. Según la más reciente encuesta de Ipsos, el 44% de los jóvenes de entre 18 y 25% años apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo este el grupo etario donde más aceptación tiene dicha propuesta.
Ya vimos el sábado que la cantidad de gente que asistió a la Marcha del Orgullo no fue menor, e incluso logró movilizar más gente que la mayoría de las marchas convocadas por el conservadurismo. En regiones poco a poco el movimiento LGTBQI+ comienza a manifestarse. Y los liberales, ¿les van a regalar las causas de libertades sociales a la izquierda?
Según la última encuesta del IEP, la presidenta Dina Boluarte ha alcanzado su mayor nivel de desaprobación desde que inició su mandato, en diciembre del 2022. En su primera medición, la desaprobaba el 71% de la ciudadanía; hoy la desaprueba el 80%.
Llama la atención la respuesta a la pregunta de si gobierna igual, mejor o peor que Pedro Castillo. Un 51% estima que peor y un 27% que igual; solo el 19% considera que gobierna mejor. Adicionalmente, un 31% considera que en sus primeros seis mese ha sido un gobierno muy malo, y un 36% lo califica de malo.
Hay una grosera desinformación y distorsionada percepción de la gente. Claramente, el régimen de Boluarte es mejor y más eficiente que el desastre colectivo que fue el régimen castillista, donde el Estado fue destruido casi en toda instancia pública, pero ello amerita, en lugar de lamentos, reflexionar sobre los alcances y causas de la percepción pública.
Dos son, a mi juicio, las razones que explican la distancia entre la ciudadanía y el régimen. Uno, la hasta ahora ausente respuesta política y judicial a la muerte de varias decenas de ciudadanos que protestaban contra la asunción al mando de Dina Boluarte. Eso pesa en la mochila gubernativa y mientras no halla una suficiente explicación, una política de sanciones y de reparaciones, seguirá taponeando cualquier posibilidad de que se genere mayor empatía entre gobierno y ciudadanía.
Dos, la parálisis reformista del régimen, su acusada “vizcarrización”, es decir una política sistemática de anuncios grandilocuentes y cero efectividad posterior respecto de lo anunciado. La mecida como consigna. Solo se salvan dos o tres ministros que sí parecen haberse tomado sus responsabilidades en serio.
Y lo que cabe hacer en tres años de mandato que, en principio le restan a Boluarte, es mucho e importante. Reformas de segunda generación de mercado y promoción de la inversión privada, reformas de la salud y la educación públicas, desmontaje de la fallida regionalización, política masiva de construcción de infraestructura popular, etc., son algunas de las muchas tareas que le corresponderían a cualquier gobierno en un país golpeado por la crisis económica y política como el Perú.
Apostilla: no se puede soslayar, como factor explicativo adicional, que la cercanía del Ejecutivo con el Congreso contribuya a su desprestigio. El Legislativo, según la misma encuesta del IEP, es desaprobado nada menos que por el 91% de ciudadanos y solo aprobado por el 6%.
Las designaciones en el Ministerio de Educación vuelven a causar impacto, pero no por representar un cambio que represente una transformación favorable para la cada vez más precaria y descuidada educación peruana sino por la cantidad de personajes con un pasado cuestionable que hoy ven cómo las puertas del Minedu se les abren de par en par.
Sudaca ha revisado algunas de las recientes resoluciones ministeriales publicadas por el ministerio encabezado por Magnet Márquez y se encontró con dos casos que han despertado especial atención. Una involucrada con el Club de la Construcción y un generoso financista del fujimorismo hoy ostentan cargos importantes en el ministerio que tiene a su cargo la educación de las nuevas generaciones.
DE INVESTIGADA A DIRECTORA GENERAL
En julio del 2017, una investigación del diario El Comercio advirtió de la existencia de un grupo de constructoras nacionales y extranjeras de las que se sospechaba que habían realizado una concertación ilícita para repartirse obras que eran adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que, por supuesto, representaban varios millones de soles en juego. A este grupo se le denominó como el ´Club de la construcción´.
Decenas de obras y concursos públicos fueron investigados por la fiscalía al conocerse este escandaloso caso que, según se pudo conocer, exponía una situación que venía ocurriendo desde hace un largo tiempo atrás y empresarios que hasta entonces parecían prósperos pasaron a tener órdenes de prisión preventiva.
Como parte de estas investigaciones el foco también estuvo puesto en los comités de licitación de Provías Nacional, el proyecto especial encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, quienes se habían encargado de adjudicar montos millonarios.
Entre los miembros de estos comités figuraba el de Karin Bustamante Hidalgo. Su nombre, tal como lo reportó El Comercio, figuraba en el comité de selección de una obra entregada al Consorcio Vial Junín, el cual está integrado por las empresas ICCGSA, JJC, EIVISAC y JACCSA, que recibió una obra con un valor adjudicado de S/ 305,013,261, un valor que representa un 8% más del original.
Sin embargo, este no sería la única obra con la que estuvo vinculada Bustamante Hidalgo. En el comité de selección para una obra relacionada con la Carretera Puente Chino – Aguaytía también figuró como miembro titular y, en este caso, también se detectó que el valor adjudicado, S/ 169,095,118, representaba un 9% más del valor original.
Pero Karin Bustamante volvería a figurar en un nuevo comité de selección, pero esta vez relacionado con el Consorcio Huallaga, quienes tuvieron a su cargo la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí – Tocache. Al igual que en los casos anteriores, se encontró que el valor adjudicado superaba en un 8% al valor original.
Su nombre volvería a figurar en los comités de selección que adjudicaron obras al Consorcio Kishuara III (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay) y Consorcio Lunahuaná (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cañete – Lunahuaná). En ambos casos se encontró que el valor adjudicado también superaba el valor referencial.
No obstante, que su nombre se haya vinculado con el caso del ´Club de la Construcción´ no ha impedido que el Ministerio de Educación le encargue, desde el pasado 6 de junio, el puesto de directora general de la Dirección de Gestión Descentralizada.
EL FINANCISTA DE KEIKO
“Ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”, escribió semanas atrás Keiko Fujimori en un intento de respaldar a la presidenta Dina Boluarte ante los cuestionamientos que le hacían Andrés López Obrador y Gustavo Petro, presidentes de México y Colombia respectivamente.
Sin embargo, hace menos de dos años, quien por entonces era la candidata presidencial de Fuerza Popular y disputaba la segunda vuelta ante Pedro Castillo, no dudaba en enviar emisarios a la OEA y brindar conferencias de prensa anunciando las acciones que tomaría su agrupación política ante un supuesto fraude que favorecía a la fórmula presidencial de Perú Libre, la cual incluía a Dina Boluarte, la persona a la cual hoy le reconoce haber llegado al cargo de forma legal y constitucional.
Pero la estrategia del fujimorismo en aquella disputada contienda electoral requería inversión y la encontraría en generosos empresarios que estaban dispuestos a financiar las más de trescientas apelaciones que Fuerza Popular presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al conocer que Pedro Castillo los había superado en votos tras la segunda vuelta.
El periodista Ernesto Cabral dio a conocer, en julio del 2021, la lista de estos financistas que le permitieron al fujimorismo sostener su desesperada estrategia. Entre estos nombres figuraba el de Álvaro Guillermo Estrada Briceño, quien por aquel entonces era gerente general de Evergran Grupo Inmobiliario y AJJ Contratistas Generales.Estrada Briceño le había dado una mano al fujimorismo con la suma de S/25.080 que les permitió treintaiocho apelaciones ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Casi dos años después de haber sido parte de esta cuestionada estrategia, Álvaro Estrada ha recibido un importante encargo en el Ministerio de Educación como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, una ambiciosa iniciativa que contará con una inversión de más de cuatro mil millones de soles.
Como moneda de cambio para conseguir aliados políticos o simplemente por desinterés en mejorar los filtros de los ministerios, lo cierto parece ser que el Ministerio de Educación, tal como lo ha advertido Sudaca en diversos informes, se ha convertido en un botín que está repartiendo sin problema alguno el titular de turno.
Hay muchos proyectos parados, sobre todo en el sector minero y energético, que necesitan el empujón o el aval del gobierno para proseguir o iniciar sus actividades. Y los funcionarios de segundo nivel, responsables de facilitarlo, han optado, al parecer, por hacerse de la vista gorda y por el inmovilismo, tratando irracionalmente de conservar sus puestos, creyendo que cualquier ola que se levante les traerá consecuencias administrativas por afectar la marcha inerte del régimen, que prefiere no hacer nada que le altere el estado de sitio.
La buena noticia, sin embargo, es que la izquierda tiene casi una decena de candidatos en liza, que van a dividir su voto y tornarán difícil que vuelva a repetirse siquiera la figura de un outsider como Pedro Castillo, aunque la proliferación de candidaturas de centro derecha y derecha que se avecina es de antología y podría permitirle igual a la izquierda colarse entre los palos de la fragmentación derechista.
Una de las intenciones de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política era que se fortalecieron los partidos y que ello tendría como base su reducción. La realidad ha terminado por sacarle vuelta a la voluntad reformista y asistiremos, atónitos, a una avalancha de candidaturas en las elecciones venideras, lo que de por sí ya augura un próximo quinquenio de inestabilidad política.
Malos tiempos está viviendo el Perú. Solo en la imaginación febril de algunos está ocurriendo una limpieza institucional histórica de la “influencia caviar”, sin percatarse de que en el proceso se están levantando en peso los cimientos institucionales de las mejores reformas emprendidas en las últimas décadas en el país (es el caso de la Sunedu, por ejemplo).
Y eso nos va a pasar factura. Ojalá después los responsables del desastre no volteen a buscar culpables del descalabro que irrigan con sus actos.
–La del estribo: buenos augurios para Pequeñas infidelidades, obra teatral de Mario Diament, dirigida por Francisco Lumerman, con las actuaciones de Javier Valdes y Patricia Villalobos (esposos en la vida real). Va en el Teatro de Lucía hasta el 26 de junio. Entradas en Joinnus.
Sin embargo, al parecer también está en juego la Junta Nacional de Justicia, la presidencia del Tribunal Constitucional y la nueva presidencia del Congreso en julio.
Pero, lo más insólito de todo esto, es que la ex presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, cuando estaba la votación en 86 votos, cambia su votación en abstención, dándole así la mayoría a la candidatura de Josué Gutiérrez.
¿Qué está pasando en el Congreso para que personas tan disímiles y partidos tan diferentes lleguen a un acuerdo de esta naturaleza?, la realidad es que los congresistas de nuestro país, están de acuerdo en dar reelección a ellos mismos y teniendo mayoría lo pueden lograr.
Urge en nuestro país una nueva generación de políticos que crean en la meritocracia y que defiendan nuestra constitución para que el futuro de todos los peruanos puedan encauzar en un país moderno global en las próximas décadas …
