Opinión

Cuando un gobierno se halla desfalleciente y su actuación pública es inocua es mejor adelantar su final. Claramente, el régimen de Boluarte está en esa situación. No hay un solo indicador que muestre mejoría bajo su gestión, la ciudadanía lorechaza rotundamente y la crisis política se ahonda por los múltiples desaguisados en los que el propio régimen se mete (los Rolex, la cirugía, el cofre, Qali Warma, las declaraciones de Quero, etc.).

Parece como si hubiera un guionista palaciego encargado de la misión de no permitir que pase más de una semana sin un nuevo escándalo que adorne las portadas de los diarios. Y si a ello le sumamos las que, por su propia obra y gracia, un Congreso calamitoso aporta, se entenderá que vivimos la coyuntura jaloneados por el escandalete y la desvergüenza política.

Si solo fuera cuestión de esperar pacientemente a que acabe el suplicio el 2026, santo y bueno, pero lo preocupante es que el estado de cosas descrito abona políticamente en favor de los actores polarizantes de la sociedad, tanto de la izquierda como de la derecha.

Con el actual estado de cosas ganan los Antauro, los Bellido, los Torres, los López Aliaga, los Butters (ojo con su candidatura que tiene potencial enorme de crecimiento). Pierden las opciones moderadas o centradas que son mayoría en el proscenio electoral.

El problema con los candidatos disruptivos es que pueden ser un salto al vacío. En una de esas sorprenden y terminan ejecutando un gobierno eficaz y sobresaliente, pero son un disparo al aire, sin certeza del resultado que vayan a generar.

El estado de ánimo favorable a su surgimiento y crecimiento lo brinda la mediocridad galopante de un gobierno como el de Boluarte, que no acierta una y sobrevive gracias a un pacto espúreo con las bancadas de Fuerza Popular y Alianza por el Progreso, básicamente, aunque se sumen otros eventualmente (Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Podemos). Estamos advertidos.

[TIEMPO DE MILLENNIALS] Nada está acordado hasta que todo esté acordado es la conclusión que me llevo del quinto Comité Intergubernamental de Negociación de la ONU (INC-5).

El propósito del INC es acordar un tratado vinculante sobre la contaminación por plásticos. La INC-5 llevada a cabo en Busan, Corea del Sur, del 25 de noviembre al 1 de diciembre 2024, llegó a su fin sin arribar a un acuerdo. 

Fueron 7 días de negociaciones en los que escuchamos los argumentos de los Estados que son miembros de la ONU. Son 3 posiciones bastante marcadas:

  • High Ambition Coallition – HAC son los Países de Ambición Alta que persiguen un tratado ambicioso y vinculante con miras a erradicar la producción de productos plásticos. Perú se encuentra en esta posición junto a 65 países.
  • Países neutrales con tendencia a favorecer la elaboración de un tratado.
  • “Like Minded Countries” hace referencia a los países que tienen un pensamiento similar y que prefieren un enfoque no vinculante y flexible. Rusia y Arabia Saudita lideran esta posición.

Después de 7 días de negociaciones aún no tenemos un tratado. Entonces, ¿qué sigue? 

El comité acordó que habrá una reunión intersesional en el primer trimestre del 2025 en la que se buscará que los países llegan a un acuerdo en los puntos más discordantes previo a la continuación del INC-5, llamado INC-5.2 que se llevará a cabo posiblemente en el mes de junio de 2025.

Las negociaciones tendrán como punto de inicio el “non-paper” presentado por el secretario Luis Vayas el último día de las negociaciones. El “non paper” es una propuesta de tratado que levanta las observaciones y comentarios que surgieron durante las negociaciones.

La mayor discusión se centra en:

  • La definición de un producto plástico y si el tratado debe abarcar todo su ciclo de vida, es decir, desde su fabricación hasta disposición.
  • La lista de polímeros y sustancias químicas que deben o no ser prohibidas. 
  • Límites y reducciones a la producción de plástico.
  • El mecanismo de financiamiento y qué países serán los que financien.

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Esta Casita de Cartón abre sus puertas gastando las suelas de sus zapatos, como todo buen periodista, por las calles de la capital a pesar del sol abrumador que acapara las calles de Lima. Cuando de pronto recibo el llamado de su gran amigo, Manuelito Esponja, para ir a la Feria de libro de Ricardo Palma para ver las novedades dentro del universo de los libros. Así que no lo pensé dos veces y fui a Miraflores. Y es que ad Portas de las vacaciones, necesitaba comprar algunos libros para que me hicieran compañía. Así que adquirí dos, ya que me quedan todavía en mi biblioteca algunos que esperan con ansias por ser leídos. Los libros son para mí como amigos, y estos que se encuentran en la espera, son como viejos amigos buscando reencontrarse conmigo. Uno fue la enternecedora novela ‘Stoner’ de John Williams, del cual tenía ya tenía buen tiempo las ganas de leerlo en físico, porque soy parte de aquellos lectores que prefieren tenerlo en frente y admirar la portada, sus pastas, abrir y sentir las hojas y su aroma o las que el tiempo baña de nostalgia en su color, el palpar en cada transcurrir de la historia, desandando como nudillos de ovillos, y de que sea un fiel compañero en un parque o una playa, disfrutando del sonido de la naturaleza mientras me adentro en la atmósfera de ese mundo mágico e infinito. Y eso me pasaba con este libro que tiene por peculiaridad que los años le están dando el merecimiento correspondiente, ya que pasó en los años de su publicación sin pena ni gloria para que en este siglo logre ser, con el reconocimiento de escritores de la talla de Ian McEwan o Bret Easton Elliss, en un best seller. Una historia muy profunda que ahora quiero volver a leer con los ojos de la madurez.

Otro libro, del cual he quedado gratamente sorprendido, es ‘Historias Ocultas: 200 hechos que no conoces del Perú (Revuelta editores)’, que ya va por su tercera edición y que recientemente ha sido incluido en la fecunda biblioteca de la Universidad de Texas en Austin. Este ilustrado libro contiene más de 500 páginas, algo transgresor para los lectores de estos tiempos acostumbrados a lecturas cortas, pero realmente no hay pierde. Dado que al abrir la primera hoja, ya te quedas envuelto en ese maravillosa nebulosa del tiempo. Y es que la historia siempre ha sido un materia de mi agrado. Hasta podría decir que tengo un pequeño sueño frustrado con el haber sido historiador. Quizás la vida me de la oportunidad de hacerlo, pero aun así no es impedimento para adentrarnos en distintos libros historiográficos, así que no dude en comprar y empezar a echar mis primeras leídas. Y lo interesante era el intenso viaje por el túnel del tiempo: por la Colonia, el Virreinato, la guerra de la Independencia y la República, alrededor de cinco vastos y sinuosos siglos. Dando distintas paradas, como en el Siglo XVIII, con un invento que en su momento fue el más adelantado para pronosticar terremotos y temblores en el mundo, y se hizo en Perú, exactamente en el año de 1725, por Juan de Barrenechea.

De por sí, son inacabables las ‘joyitas’ que saca el autor a relucir, como la primera denuncia hecha en el Perú independiente, poco después de dos meses de declarado nuestra independencia, o el testamento de Riva Agüero acusando a Bolivar de ser su mayor perseguidor, como el que San Martín, quien le diera la ‘Orden del Sol’, la distinción más importante de nuestra patria a Santa Rosa de Lima, pero Bolívar le retiraría ese título aduciendo que favorecía a la monarquía, O a días de la rememoración de la Batalla de Ayacucho, acontecer trascendental en la historia de nuestra nación, ya que involucró el fin del imperio español en nuestro territorio, consolidando plenamente nuestra independencia, descubrir que los militares pasaron por varios pueblos y fusilaron más de 200 mujeres y enfermos civiles. Y que en palabras del autor: La libertad del Perú no se consiguió agitando pañuelos blancos en las proclamas de independencia. Pero además, ¿sabían que a quienes propiciaron nuestra independencia les tuvimos que pagar 4 millones de pesos por la expedición? O cuando el mundo se dividía entre capitalismo y comunismo, en la temblorosa Guerra Fría, donde el Perú aportó conocimiento y estudios científicos sobre la geografía del mar y la tierra de nuestra región a ambos bandos, para sus programas de viajes espaciales, entre otros tantos. Lo curioso es que realmente son datos que, por su valor, deberían ser normalmente mencionados y rescatados, pero que aparentemente se quedaron en donde reposan los viejos libros de historias, en estantes de añejas bibliotecas. Pero he aquí a la gran virtud de Ítalo Sifuentes, el hacer un compendio de todos ellos y plasmarlo en un fructífero libro que sin duda toda persona de alguna manera culta o que se jacte de serlo, debería de leerlo como aquellos que quieran no repetir el inacabable y cansino patrón de que ‘aquel que olvida su historia esta condenado a volver a repetirlo’.

Esta Casita de Cartón cierra sus puertas al terminar de leer este libro gratamente, recordando la frase del brillante poeta alemán, Bertolt Brecht: ‘Tantas historias. Tantas preguntas’. Y de sacarse una foto de recuerdo después de oír su presentación en la Feria Ricardo Palma. Sin duda un maestro del periodismo y la historia. 

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El nivel de encanallamiento moral del régimen ha alcanzado su cima con las deplorables declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, respecto de los derechos humanos de las víctimas de la violencia represiva del 2022 y 2023, luego de las protestas por la caída del régimen de Castillo.

Lo peor -y que revela complicidad ética del gobierno- es la falta de reacción palaciega a semejante brutalidad. Cualquier gobierno normal, en cualquier país del mundo, ya le habría extendido ipso facto su carta de despido al ministro que se atreva a decir semejante pachotada. Acá no. No pasa nada.

En general, el gobierno ha mostrado una actitud indolente y hasta justificatoria de los desmanes represivos ocurridos entonces, sin admitir culpa, ni siquiera moral, respecto de lo sucedido, que claramente desbordó los límites de una represión justificada.

Pero al menos se conservaban las formas, medianamente, y se dejaba seguir el curso penal de las investigaciones que al respecto existen. Salvo algunas declaraciones altisonantes de la primera mandataria o de su expremier, Alberto Otárola, no había pronunciamiento oficial avalando el proceder de las fuerzas policiales y militares.

Lo que allí sucedió fue una matanza violatoria de los derechos humanos, en gran medida avalada por un gobierno que oía con placer los cantos de sirena de una derecha extrema que clamaba que hubiera tantos muertos como los que fueran necesarios para recuperar la paz (ya corresponderá a los fueros judiciales determinar si la cadena de mando llegó hasta las entrañas palaciegas para proceder a las sanciones penales correspondientes y no sean, como siempre, solo los hombres de uniforme los que carguen con todas las responsabilidades).

Quizás el ministro Quero no ha dicho otra cosa como no sea lo que se comenta en las sobremesas palaciegas, pero la responsabilidad política de haberlo expresado públicamente es ineludible y justifica sobradamente su retiro del gabinete ministerial.

Lo dicho solo alimenta la distancia sideral que existe en el sur andino respecto del gobierno y del statu quo. Aun visto desde una perspectiva política, lo declarado es una barbaridad que solo va a abonar en favor de la radicalización de una región del país que va a decidir el destino de las próximas elecciones. Mientras más tiempo dure Quero en el gabinete será tanto peor.

 

El 80% de la ciudadanía pide la salida de Juan José Santiváñez del ministerio del Interior y apenas el 4% aprueba su gestión. Claramente, es un lastre para el gobierno y no aporta nada para que la presidenta Boluarte empiece a mejorar en algo su también alicaída aprobación popular.

El propio ministro señaló que si los estados de emergencia decretados por su gestión no funcionaban, él daría un paso al costado. Claramente, dichas medidas no han dado ningún resultado y el ministro solo ha dado un paso más cerca de la presidenta que lo respalda con inexplicable entusiasmo.

No hay posibilidad de que una gestión al mando del ministerio del Interior funcione si no arremete directamente y sin tapujos contra la alta penetración de la corrupción en la policía nacional, la misma que se halla comprometida ya no solo con los famosos operativos de tránsito, sino que participa en extorsiones, hurtos, operativos bamba, complicidad con el narcotráfico o el delito organizado. Y ya no solo son elementos aislados sino que la corrupción es sistémica. Ya no es una manzana podrida sino esel barril el que hay que cambiar.

Mientras eso no ocurra, será imposible emprender una lucha cabal contra la inseguridad ciudadana, porque la policía es parte del problema, o porque es sobornada para hacerse de la vista gorda o porque ella misma forma parte del crimen organizado.

En Colombia se hizo una purga monumental de la policía, se reclutaron equipos especializados y se reemprendió la formación de los policías. Debemos seguir ese ejemplo.

Mientras la inseguridad ciudadana no se resuelva no habrá gobernabilidad democrática en el país. Toca la fibra esencial del contrato social que da origen a toda sociedad y en particular a una que se pretenda democrática. La permanencia de un ministro inefable como Santiváñez, solo contribuye a hacer más inviable este gobierno y le aporta una enorme cuota de ilegitimidad.

Hay que tener en cuenta que la inseguridad es la responsable de las marchas de protesta más importantes contra el régimen. De seguir como va, el tema va a seguir escalando y va a tener inclusive repercusiones electorales  

 

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En una entrevista del 2023, Danilo Guevara, general PNP (r), exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)y exviceministro del Interior, daba cuenta del inminente peligro que representa para nuestro país, la implantación de un complejo fenómeno delictivo conocido con el nombre de “gobernanza criminal”. En el reciente foro “Crimen organizado y captura de la democracia”, conducido por Javier Torres de “LaMula.pe”, el especialista colombiano en derecho procesal y derechos humanos, Alejandro Zúñiga, se refirió a este problema, poniendo énfasis en la situación de violencia y pérdida de derechos democráticos que padecen las personas que viven bajo esta “gobernanza”, mientras que el reconocido penalista y comunicador nacional, César Azabache, abordó la “territorialización” del control de las economías por parte del crimen organizado, y la inexistencia de herramientas legales que permitan una lucha eficaz contra este flagelo, el cual no solo constituye un delito, sino un poderoso elemento de subversión de los principios de ciudadanía, representación democrática y republica.

La gobernanza criminal, que afecta a unos setenta millones de latinoamericanos (Luna), es un grave asunto que demanda particular atención, pues sus efectos se hacen sentir en todas las dimensiones de la vida nacional. En esta nota dedicada al problema, nos referiremos a su origen y principales características.

¿Por qué “gobernanza”?

Quien se topa con el término “gobernanza criminal” puede fácilmente inferir que se trata de algún tipo de gobierno, dominio o poder, ejercido por grupos fuera de la ley, sobre la población de un área geográfica determinada. De hecho, la palabra “gobernanza” fue durante mucho tiempo utilizada como sinónimo de gobierno y gobernabilidad (basta consultar el diccionario de la RAE para constatarlo). Sin embargo, esta definición no es suficiente para llegar a entender la complejidad del problema, sus verdaderas causas, y lo que es aún más importante, las posibles -y a menudo controversiales- estrategias para enfrentarlo. Veamos el porqué.

Huida del Estado

En las últimas décadas, y como consecuencia de la total subordinación de la economía y la política a las necesidades impuestas por el mercado globalizado, “gobernanza” ha pasado a significar el repliegue de la presencia estatal en el campo social y económico. Un abandono voluntario de importantes funciones y responsabilidades gubernamentales -antaño consideradas como imprescindibles- en aras de una “Nueva Gestión Pública” (Hood). Bajo la consigna de la eficiencia, el Estado democrático, representante de la voluntad popular y garante del bien común, transfiere buena parte delplaneamiento, organización y ejecución de lo público a grupos de interés particulares (preferentemente empresas privadas), estructuradas en redes autoorganizadas y autónomas (Rhodes). Se instala de esta manera un “gobierno compartido” Estado-particulares (Monedero), en el que la función pública queda sometida a las fuerzas de mercado, bajo el imperio de la ley de la oferta y la demanda. En esta situación, es inevitable que los intereses particulares -esencialmente, la obtención de lucro- desplacen aquellas demandas sociales que no representen ganancias económicas. Los derechos ciudadanos y el avance social, tratados exclusivamente con criterios de rentabilidad, se convierten progresivamente en contribuciones voluntarias a cuenta de la “responsabilidad social empresarial” que, a menudo, no es otra cosa que una estrategia de marketing. Los países latinoamericanos, condicionados por el FMI y el Banco Mundial, adoptaron esta “gobernanza neoliberal de mercado”, privatizadora y desreguladora, cargados con el lastre de una institucionalidad precaria, una presencia territorial restringida y una práctica política corrupta (Sanín Naranjo). La abdicación por parte del Estado de su posición jerárquica y su rol de regulador ha dado oportunidad al surgimiento y desarrollo de nuevos actores nacionales, regionales y locales -tanto legales como ilegales- que pugnan en un mismo espacio geográfico o “zona gris” (Trejo) por la obtención de ganancias, valiéndose para ello de diversas modalidades de acción, entre las cuales se incluye la violencia y la coerción. Este trasfondo ideológico del manejo económico es rara vezevocado por nuestros analistas políticos como uno de los causales del incremento del crimen organizado.

La gobernanza criminal

Las acciones delictivas de las más importantes organizaciones criminales latinoamericanas responden a una lógica exclusivamente empresarial, cuyo objetivo es la obtención de utilidades millonarias sostenibles en el tiempo. Narcotráfico, minería y tala ilegales solo pueden administrarse con la máxima eficiencia y rentabilidad, asegurando el control del territorio en donde se llevan a cabo las actividades ilegales, acompañado del sometimiento o aquiescencia de los pobladores y agentes estatales, cuando no, de su activa y voluntaria participación.

Nos encontramos aquí frente a una caracterizada gobernanza, que adquiere su especificidad criminal debido al aprovechamiento de recursos nacionales, en beneficio de actores privados e ilegales estratégicamente articulados en redes delictivas -las que no pocas veces incluyen funcionarios y autoridades gubernamentales- cuyas decisiones y acciones impactan e influyen en un territorio y su sociedad (Duque). La gobernanza criminal, ejercida sobre territorios, recursos y poblaciones, no está al alcance de cualquier organización criminal, sino solamente de aquellas que cuentan con una estructura jerarquizada, compleja y especializada, una combinación de sociedad secreta, ejército y burocracia empresarial (Briceño-León).

No solo violencia: legitimando la ilegalidad

Por extraño y contradictorio que pueda parecer, la gobernanza criminal no representa únicamente sometimiento mediante la violencia; también puede generar orden, proveer bienes y ejecutar políticas públicas (Arias). Esto debido a que las grandes organizaciones criminales saben que, para ejercer un dominio sostenible sobre las poblaciones -y hasta una cierta dinámica de complicidad ciudadana- se requiere, además de la fuerza, disponer de una cierta legitimidad (Beetham). El ejemplo más saltante es el del capo colombiano del narcotráfico, Pablo Escobar, conocido como el “Robin Hood Paisa”, quien en los años 80 emprendió, campañas de apoyo económico a los pobres de Medellín, lo que le granjeó gratitud y hasta veneración en muchos sectores sociales. Pero, alcanzar una gobernanza criminal en el siglo XXI, requiere más que solamente “narcolimosnas”. Para ello, las organizaciones criminales buscan legitimarse socialmente, mediante la imposición de reglas y restricciones que condicionan y regulan el comportamiento social de los pobladores (Alda). Un nuevo “orden social” que, sirviendo prioritariamente a losintereses económicos criminales, también es susceptible de generar un sentimiento de paz, protección y seguridad en las personas, y que incluye medidas como la prohibición del robo a negocios y pobladores locales, la prohibición de la venta de droga en espacios públicos, el establecimiento de toques de queda para los menores de edad, la represión de peleas callejeras y de agresión a las mujeres. A lo que debe añadirse como un importante elemento de legitimización, los beneficios económicos que estas poblaciones -por lo general marginalizadas de los circuitos económicos legales- reciben, directa o indirectamente, como resultado de la actividad de estasorganizaciones. La frase “el Cartel nos cuida”, de origen sinaloense (Sánchez), grafica claramente el éxito que puede alcanzar la legitimación criminal.

Pero se necesitan dos para bailar el tango

¿Puede un Estado plagado de carencias, ineficiencia y corrupción, como el nuestro, enfrentarse a las gobernanzas criminales? La experiencia latinoamericana apunta, tal como señala el sociólogo Roberto Briceño-León, que ello depende, por una parte, de las decisiones que las propias organizaciones criminales tomen con respecto al tipo de vínculo que deseen establecer con las instancias estatales y, por otra, la respuesta que estas últimas estén dispuestas a dar. Desde el enfrentamiento y la guerra abierta hasta la cooperación y la complicidad, las posibilidades de relación Crimen-Estado son múltiples. Siguiendo este hilo de reflexión, en nuestra próxima nota -la primera de un crítico año 2025- nos referiremos al que todo parece apuntar, es el actual eje ordenador del país: la “crimilegalidad” (Schultze-Kraft), esto es, el entrelazamiento deliberado que se establece entre actividades criminales y legales a nivel social, político y económico. Felices fiestas de fin de año.

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-¿Qué plantea la izquierda para combatir la epidemia de inseguridad ciudadana que nos azota, para remediar los males de la entronización del delito como modus vivendi? Nada, no propone nada.

-¿Qué dice la izquierda para erradicar la corrupción enraizada en todo el aparato público, inclusive en las llamadas instituciones tutelares (FFAA, Policía, Poder Judicial, Ministerio Público)? Nada, no propone nada.

-¿Qué sugiere la izquierda para arreglar la tara de la regionalización que tanta ineficiencia y corrupción han generado desde su origen en el gobierno de Alejandro Toledo? Nada, no propone nada.

-¿Qué propone la izquierda para remediar la desgracia de salud pública que tenemos, que ya mostró su real rostro durante la pandemia y que desde entonces no ha mejorado un ápice? Nada, no propone nada.

-¿Qué solución plantea la izquierda para el grave problema de la educación pública que tenemos en el Perú, que no es solo un tema de índole presupuestal? Nada, no propone nada.

-¿Qué ofrece la izquierda para resolver paulatinamente el problema de la informalidad de  nuestra economía, particularmente de la laboral? Nada, no propone nada.

-¿Qué ideas alcanza para que el Perú recupere los flujos de inversión privada necesarios para resolver los temas del crecimiento, la reducción de la pobreza y de las desigualdades? Nada, no propone nada.

-¿Qué reformas políticas y electorales plantea la izquierda para reforzar la alicaída institucionalidad que tenemos al respecto y que es causa de la crisis permanente que sufrimos? Nada, no propone nada.

-¿Qué ideas tiene para resolver al problema de las economías delictivas que asolan la democracia peruana? Nada, no propone nada.

La izquierda peruana carece de ideas fuerza. Todo la reduce a una fórmula mágica: Asamblea Constituyente. Su orfandad de propuestas la pretende esconder con la gaseosa e ilusoria idea de un cónclave tumultuoso de representación asambleística.

Ya lo comprobaremos cuando revisemos los planes de gobierno de las múltiples organizaciones de izquierda que aspiran a llegar a la presidencia de la república. Serán un listado de propuestas sesenteras, estatistas y, cómo no, la fórmula salvadora de la Constituyente. Si no fuera por el poderoso ánimo antiestablishment que existe, la izquierda no tendría opción alguna en esta venidera contienda.

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[El dedo en la llaga] La “generación fundacional” del Sodalicio —concepto acuñado por el mismo Luis Fernando Figari— estuvo integrada en su mayor parte por un grupo de alumnos egresados del Colegio Santa María (Marianistas) de Monterrico (Lima, Perú) en los años 1973 y 1974 —a saber, José Ambrozic, Germán Doig, José Antonio Eguren, Emilio Garreaud, Alfredo Garland, Luis Cappelleti (exsodálite), Raúl Guinea, Franco Attanasio (exsodálite), Juan Fernández (exsodálite)— pero también pertenecen a ella Virgilio Levaggi (exsodálite), del Colegio Italiano Antonio Raimondi, Jaime Baertl y Alberto Gazzo (exsodálite), ambos del Colegio de la Inmaculada (Jesuitas). Fue con estas personas que Figari consolidó un grupo que le seguía fielmente y que serviría para darle forma a la institución y desarrollar la ideología y la disciplina sodálites. Supuestamente ellos serían los primeros portadores del presunto carisma del Espíritu Santo que hasta ahora dice oficialmente tener esta sociedad de vida apostólica de derecho pontificio llamada Sodalicio de Vida Cristiana.

Sin embargo, nos hallaríamos ante una curiosa manera del Espíritu Santo de seleccionar sus herramientas. Pues Figari, el fundador, es un abusador. Y de la generación fundacional han sido abusadores Germán Doig (fallecido) y Virgilio Levaggi. Además, han sido expulsados del Sodalicio José Ambrozic, Mons. José Antonio Eguren, arzobispo emérito de Piura y Tumbes, y el P. Jaime Baertl por faltas graves que ocasionan escándalo. ¿Dónde estaba aquí el Espíritu Santo? ¿En aquellos como Juan Fernández y Luis Cappelleti —que colgó los hábitos—, los cuales se fueron porque vieron que la cosa no funcionaba como debía ser? ¿Y qué sucedió con Alberto Gazzo, el único sodálite ordenado presbítero por el Papa Juan Pablo II en 1985, a quien también se le llamaba “el apóstol de los niños” mucho antes que este apelativo lo llevara Jeffery Daniels, el mayor abusador sexual en serie de la historia del Sodalicio? ¿También se fue por obra del Espíritu Santo?

Lo que me ha llamado la atención recientemente es el caso de Franco Attanasio, quien en 1982 fue el primer miembro de la generación fundacional que se casó, convirtiéndose en el primer adherente sodálite (persona vinculada institucionalmente al Sodalicio con vocación matrimonial). Después —por supuestas presiones de su mujer— dejó el Sodalicio y se mudó a los Estados Unidos, llegando a ser médico internista en Detroit, EE.UU. El 30 de noviembre de este año supe que había sido incluido en el Registro de Agresores Sexuales de Michigan, en virtud de cuatro sentencias por conducta sexual criminal en cuarto grado emitidas en el año 2021, cada una con una pena de cinco años. Según el Código Penal de Michigan, «una persona es culpable de conducta sexual criminal en cuarto grado si realiza contacto sexual con otra persona y si se cumple cualquiera de las siguientes circunstancias: …» Paso a detallar las circunstancias que se le aplicarían: «Se utiliza fuerza o coerción para llevar a cabo el contacto sexual». Esto incluye: «Cuando el autor realiza un tratamiento médico o examen a la víctima de una manera o con fines que son reconocidos médicamente como no éticos o inaceptables». O esta otra circunstancia, considerando que se hace mención en las sentencias de víctimas incapacitadas: «El autor sabe o tiene motivos para saber que la víctima es mentalmente incapaz, está mentalmente incapacitada o físicamente indefensa». Attanasio seguiría ejerciendo la medicina, según consta en páginas web de servicios médicos, lo cual nos hace suponer que estaría cumpliendo un régimen de libertad condicional. Si bien los cuatro casos de abuso sexual ocurrieron en el año 2019, no se descarta la posibilidad de que hayan habido otros casos que no fueron denunciados, o que esta inclinación hacia conductas sexuales inapropiadas venga desde la época en que fue miembro de la generación fundacional del Sodalicio.

Él me hizo el examen médico en 1981 antes de que yo ingresara a vivir en una comunidad. En ese entonces él era todavía un estudiante de medicina, pues recién se graduaría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 1982. Este examen incluía una palpada de testículos, lo cual puede ser aceptable en un examen de este tipo, aunque no sea necesariamente un procedimiento estándar. Lo irregular es que no haya quedado registro escrito de este examen médico, según me informó el anterior Superior General del Sodalicio, Alessandro Moroni, cuando solicité la devolución de toda la documentación sobre mi persona que pudiera estar en los archivos de la institución. Así como tampoco me devolvieron el informe de una evaluación psicológica realizada en el año 1993 por la psicóloga Liliana Casuso, entonces integrante de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Y ese informe me consta que sí existió, pues lo tuvo en sus manos el sodálite Miguel Salazar, ahora expulsado, cuando me leyó algunos de los resultados de mi evaluación.

Pues era práctica común en el Sodalicio que los informes médicos no fueran entregados al paciente perteneciente a alguna rama de la Familia Sodálite, sino directamente a los superiores, violando así el secreto profesional y la confidencialidad debida al paciente. Para ello Figari contó con la complicidad de algunos médicos, la mayoría de ellos vinculados de una u otra manera a la Familia Sodálite. Y Franco Attanasio estaba destinado a ser uno de los médicos del círculo de Figari. el cual sólo permitía que los sodálites con alguna enfermedad se atendieran con los médicos que él recomendaba. De este modo, las dolencias adquiridas por sodálites quedaban en familia y no eran sometidas al escrutinio de especialistas independientes.

Uno de estos médicos era un sujeto con cierta semejanza al personaje de cómic Dr. Fu Man Chu. Me refiero al doctor Armando Calvo, amigo íntimo de Figari y cuya esposa, Nelly Calvo, participa activamente de Betania, una de las asociaciones del Movimiento de Vida Cristiana, vinculado al Sodalicio. El doctor Calvo no sólo atendía a sodálites por indicación expresa de Figari, sino también a mujeres de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Y siendo reumatólogo, también habría recetado medicinas para tratar dolencias ajenas a su especialidad.

Según una fuente, cuando Germán Doig falleció en su habitación en la madrugada del 13 de septiembre de 2001, Figari le habría solicitado a Calvo que firme el certificado de defunción sin ver el cadáver, a lo cual Calvo se negó. El documento habría sido firmado luego por un médico asociado al Movimiento de Vida Cristiana.

Para casos de enfermedad mental entre sus seguidores, Figari contaba con los servicios del doctor Carlos Mendoza, un psiquiatra adoctrinado dentro de las filas del Movimiento de Vida Cristiana, que habría tratado crisis vocacionales de sodálites y fraternas con psicofármacos y que estaría firmemente convencido de que la homosexualidad es reversible mediante procedimientos psiquiátricos. El habría tratado, a partir de 1997, al pederasta serial Jeffery Daniels, respecto a quien el Sodalicio ha reconocido oficialmente por lo menos 12 víctimas menores de edad, y habría participado del encubrimiento que se hizo de su caso, sin que sus delitos fueran denunciados ni a las autoridades civiles ni a las instancias canónicas correspondientes.

Finalmente, dos sodálites de vida consagrada se graduarían como médicos, añadiéndose a los anteriores, a saber, los doctores Renzo Paccini y César Salas. Este último habría estado encargado de los exámenes médicos de aspirantes al Sodalicio, por lo menos hasta el año 2004 aunque probablemente también después, según un testimonio: «Sobre los exámenes de ingreso, yo ingresé a San Bartolo en 2004, y todavía se realizaban. Los aspirantes éramos examinados por el Dr. César Salas (médico sodálite de confianza de Figari), incluyendo palpación de pene y testículos “para verificar que todo esté bien”, según nos dijo». En San Bartolo, un balneario al sur de Lima, estuvieron situadas las casas de formación donde ocurrieron los peores abusos físicos y psicológicos, asimilables a tortura y violaciones de derechos humanos.

Un atisbo en las enfermedades que se querían ocultar a los ojos de médicos independientes lo encontramos en los resultados de una encuesta realizada por Sandra Alvarez y Camila T. Alvim, dos exfraternas, publicados el 1° de diciembre de este año en un blog. En esta encuesta participaron 101 sobrevivientes y exmiembros de las tres instituciones de vida consagrada de la Familia Sodálite: Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR) y Siervas del Plan de Dios (SPD). Cito sus propias palabras:

«En relación con diagnósticos psiquiátricos y psicológicos, resaltan principalmente los cuadros de depresión y ansiedad en 40 exconsagrados. Un número menor manifestaron tener diagnósticos de bipolaridad (10), trastorno obsesivo compulsivo (4), esquizofrenia (2) y adicción (1).  

De otro lado, 27 sobrevivientes indican que han sufrido de estrés post traumático e insomnio. 16 personas declaran sufrir de cansancio crónico y 15 desarrollaron trastorno de pánico. En menor medida se presentan diagnósticos de agorafobia (6), trastorno límite de la personalidad (borderline) (4), hipersensibilidad y semi-autismo (1). 

En cuanto a las enfermedades físicas, destacan la migraña y cuadros de gastritis en 43 sobrevivientes; problemas de espalda en 29 exconsagrados; fibromialgia en 22; problemas de colon en 19; tendinitis en 18; dolor crónico en 14; presión ocular por estrés en 8; desórdenes alimenticios como bulimia y anorexia en 5; apnea de sueño (1); asma (3); anemia (1), enfermedades hormonales como: obesidad (13), endometriosis (7), alopecia (6); acné hormonal y prediabetes (1); enfermedades autoinmunes como: Celiaca (3), lupus (1), Hashimoto (2), leucopenia (1), intolerancia al gluten (1); una ex consagrada manifestó haber desarrollado cáncer; 2 sobrevivientes indicaron que tienen discapacidad permanente».

Podemos llegar, pues, a la conclusión de que el Sodalicio, junto con todas sus excrecencias, no es un signo de salud en la Iglesia católica, sino una enfermedad maligna que debe ser extirpada para bien de todo el Cuerpo.

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[La columna deca(n)dente] El cuento La piel de un indio no cuesta cara de Julio Ramón Ribeyro nos ofrece una poderosa metáfora sobre las profundas desigualdades que marcan la estructura social en el Perú. A través de la figura de Pancho, un adolescente trabajador cusqueño que muere electrocutado en un club de campo de las élites limeñas, el autor revela cómo estas élites perciben a los más pobres como meras piezas intercambiables a su servicio. La tragedia de Pancho no solo refleja el desdén por la vida de los más vulnerables, sino que, como un espejo, muestra el rostro de un Perú profundamente dividido entre clases sociales.

Este tema del racismo y el clasismo resuena con fuerza en la actualidad política del país. Las recientes declaraciones del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, pidiendo “más represión” contra los manifestantes de diciembre de 2022 a abril de 2023, son un claro reflejo de esa mentalidad que ha guiado a las “élites” durante décadas.

Blume, al exigir mayor represión, no solo actúa como portavoz de una mentalidad autoritaria, sino que también revive los ecos del pasado más sombrío del país. Su llamado a la violencia estatal recuerda a los gamonales, los “señores de horca y cuchillo” que, en tiempos pasados, utilizaban el poder del Estado para sofocar cualquier intento de disidencia de “sus” indios en sus haciendas, a la voz de “métanle bala a la indiada”.

En un Perú donde las tensiones sociales crecen, el pensamiento de Blume no solo es alarmante, sino también peligrosamente racista. En las protestas, las víctimas fueron, en su mayoría, ciudadanos de Ayacucho y Puno, quienes no solo fueron ejecutados extrajudicialmente, sino que además fueron deshumanizados en el discurso oficial como enemigos del orden democrático.

Este tipo de represión no es algo aislado, sino parte de un patrón estructural que busca silenciar a quienes históricamente han sido ignorados y marginados. Si Pancho fuera una persona real, probablemente habría sido uno de esos miles de manifestantes que se alzaron en defensa de sus derechos, solo para ser despojados de su dignidad y su vida en manos de un Estado que prioriza la estabilidad del poder por encima de la justicia social.

La tragedia de Pancho y las declaraciones de Blume convergen en una misma crítica: ambas evidencian un sistema que legitima la violencia contra los más débiles. Pancho muere en un accidente producto de la negligencia de los poderosos, mientras que los manifestantes caen bajo las balas del Estado, todo en nombre de una supuesta “seguridad” que nunca ha estado al servicio del pueblo, sino de los intereses de unos pocos. La indiferencia de las “élites” ante estas tragedias no solo es moralmente condenable, sino que socava los principios democráticos fundamentales.

En lugar de optar por más represión, el país necesita un cambio de rumbo hacia políticas inclusivas que no solo aborden las raíces del descontento social, sino que también busquen soluciones a la pobreza, la exclusión y la desigualdad. La solución no está en la violencia, sino en la justicia social y el diálogo. El futuro democrático del Perú depende también de rechazar estos discursos autoritarios y de construir una sociedad más equitativa. Mientras las “élites” sigan viendo a los demás como Pancho, la democracia seguirá siendo solo una ilusión para muchos.

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