Opinión

Van a tener que trabajar mucho, sostenida e inteligentemente, los candidatos de la centroderecha y centroizquierda democráticas, para lograr enfrentar la tendencia a que el 2026 irrumpa con inesperada contundencia un candidato antisistema, radical, populista y/o autoritario.

Las condiciones están dadas para que ocurra algo semejante. Tenemos un Estado débil, incapaz de desplegar políticas públicas y mucho menos de brindar servicios esenciales de calidad, la gente está irritada y furiosa por ello (todas las encuestas coinciden al respecto), la clase media -sostén histórico de las democracias- está disminuyendo a pasos agigantados (o por la pobreza creciente o por la emigración masiva de sus miembros).

En el mundo, además, las democracias occidentales han perdido su hegemonía ante la aparición de la China y la revitalización de Rusia, rompiendo el monopolio que después de la caída del muro de Berlín ejercieron los Estados Unidos y la Unión Europea. Es más, en las propias democracias occidentales, la democracia misma está seriamente amenazada por la irrupción de la derecha radical autoritaria.

En el caso peruano se suma el desgaste de la transición democrática post Fujimori por no haber sido capaz de afrontar los desafíos sociales que le correspondían, limitándose a gobernar en piloto automático.

El fenómeno no es nuevo. En circunstancias parecidas han emergido Fujimori, Bukele, Milei, Bolsonaro, Correa, Chávez, Castillo, el propio Trump, para no hablar de los extremistas europeos.

Las cartas vienen jugadas en ese sentido. Por el lado izquierdo, un Antauro o un Bellido; por el lado derecho un Butters o un Álvarez. Si el gran centro democrático no se pone las pilas y no toma consciencia del grave riesgo de la fragmentación y la futilidad de las campañas cortas, perderá sin atenuantes las próximas elecciones.

Que nadie se dé después por sorprendido. Si al coctel mencionado, le sumamos, la penetración de las redes sociales y la destructiva participación de los dineros ilegales en las campañas -seguramente apoyando a los candidatos disruptivos- entenderemos la magnitud del desafío. Ojalá lo entienda el poco de clase política democrática decente que subsiste en el país.

Ha causado muchas y justificadas suspicacias la aparición de una novela inédita de García Márquez y cinco cuentos de Julio Ramón Ribeyro en un periodo de tiempo relativamente breve. Sin duda se trata de lanzamientos que en el encabezado dejan ver dos nombres que funcionan casi como una marca. Que el libro dejó de ser un objeto sagrado hace tiempo, no es novedad. Que la publicidad envuelva inéditos en papel brillante, tampoco. Hay su pizca de ingenuidad en pensar estos libros como una especie de Santo Grial.

Me ha conmovido, pese a todo, ver legiones de lectores abalanzarse sobre los libros inéditos de García Márquez y Julio Ramón Ribeyro. Novela y cinco cuentos, respectivamente, que tienen algo en común: sus autores no deseaban publicarlos porque estaban inacabados, en proceso, aun truncos. Por algo permanecían inéditos, ¿no? Lo bueno es que estas cosas nos hacen ver que el libro es a veces mercancía y que una buena estrategia de comunicación y propaganda puede hacer el milagro de vender gato por liebre, pasando por encima de la voluntad de dos autores que ya en el más allá no tenían ninguna posibilidad de impedir su publicación.

Leí Nos vemos en agosto con cierto desagrado, no sé si decir con tristeza. Se presiente la sombra de lo que fue, en su momento, uno de los lenguajes mas cautivantes de la narrativa latinoamericana, ese que alcanzó lo inalcanzable en textos como Cien años de soledad o El otoño del patriarca. Poco premio es percibir ese olor sin que se concrete. Nos vemos en agosto me recuerda la manera cómo Fellini imaginaba a sus personajes y los dibujaba: eran parte de un proyecto, no un trabajo culminado.

Leyendo los cuentos inéditos de Ribeyro, que vienen acompañados del prestigioso eslogan “el más vendido de la FIL”, tengo sensación parecida. En estos relatos está presente la atmósfera clásica de lo fantástico que solía trabajar el autor, aquella que se encumbró en piezas notables como “La insignia”, “Doblajes” o “Ridder y el pisapapeles”; del mismo modo, otros relatos se inclinan por ese ánimo realista que pone al fracaso como motivo central, pero solo se advierte un eco de la maestría lograda en cuentos como “Una aventura nocturna”, “Terra Incógnita” o “Los gallinazos sin plumas”. 

No puedo dejar de mencionar, sin embargo, cierta nostalgia. Recordar la primera vez que leí con asombro a los dos. A Ribeyro en el colegio, revelándome la vida cotidiana de seres pequeños y grises que mi burbuja me impedía ver, víctimas de un destino aplastante y al que no era posible enfrentar. Esas batallas perdidas eran de algún modo mías también. A García Márquez en la universidad, de cachimbo, con un desvencijado ejemplar de Cien años de soledad en las manos, leyendo en una suerte de estado de gracia, con un ojo en la poesía y otro en la historia alegórica que contiene la novela. Gratitud por siempre. 

Ese recuerdo sin embargo no me impide ver que acaso estos libros, cuyos autores habían desterrado al silencio, no merecerán tanta complacencia. No sé si Vivir para contarla continúe, no tengo noticias de que García Márquez hubiera continuado escribiendo sus memorias o interrumpido su escritura. Se rumorea por ahí que aparecerán nuevos volúmenes de La tentación del fracaso, el diario de Ribeyro. Dos pretextos más que ideales para que esta vez sea yo quien se abalance impunemente sobre ellos.

Uno ya no sabe si está ante un cuadro de cinismo desembozado, o un estado de confusión moral e ideológica pavoroso, cuando escucha a la excongresista Indira Huillca, escamotear las inquisitivas preguntas de Jaime Chincha respecto del caso de Venezuela y si lo que allí se vive califica como dictadura, respondiendo que sí, pero que es igual a la que se vive en el Perú.

Fuera de la retórica y demagógica calificación de “dictadura congresal” que la izquierda se ha inventado para definir la prepotencia y daño democrático que nuestro Legislativo, sin duda, está perpetrando, no hay forma, ni en la más enfebrecida imaginación, que pueda hacer que se califique el gobierno de Dina Boluarte como dictatorial.

Acá el Congreso puede hacer idioteces, pero no ha sido capaz siquiera de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia y sus leyes son desacatadas por el Poder Judicial, explícita o tácitamente (como en el caso de la prescripción de los delitos de lesa humanidad); la prensa actúa independientemente y mayoría, si no la totalidad, es crítica del régimen; la sociedad civil (ONGs y gremios empresariales) opera con libertad y autonomía y sus integrantes pueden decir, como lo hacen, lo que les viene en gana sin temer ser encarcelados al día siguiente o sufrir represalias económicas.

Hubo muertes injustificadas a fines del 2022 e inicios del 2023, y la justicia ya tiene un camino trazado para juzgar a los responsables (inclusive el Ministerio Público ha presentado denuncia constitucional contra la presidenta). En una democracia también ocurren violaciones a los derechos humanos, pero, a diferencia de Venezuela, que tiene más muertos en su haber, acá hay un derrotero de justicia que al final del día sancionará a los culpables.

¿Algo así podría ocurrir en Venezuela? Allá se detienen a los opositores, se ha acogotado a la prensa independiente hasta casi hacerla desparecer, las ONGs no existen y los gremios empresariales que osen protestar sufren de inmediato expropiaciones o severos castigos y la represión asesina a diario a opositores. Los poderes del Estado (el sistema judicial y electoral) están copados por el gobierno y éste es capaz por ello de tramitar un fraude escandaloso como el de las últimas elecciones presidenciales.

¿Puede Indira Huillca, sin ruborizarse, decir que vivimos en una dictadura como la venezolana? Eso lo dice para rebajar el calificativo que le endosa al régimen de Maduro y demuestra una vez más, lamentablemente, que un sector importante de la izquierda peruana ha involucionado y ya no tiene entre sus banderas a enarbolar la de la democracia.

Este es un gobierno que brilla por su ineptitud. En diversas conversaciones sostenidas con la dirigencia magisterial del SUTEP, tanto el Ministerio de Educación como el MEF habían llegado a diversos acuerdos que iban a ser tenidos en cuenta en el pliego presupuestal del próximo año.

El gobierno, haciendo caso omiso a su propia palabra, ha decidido romper su compromiso y pretende aprobar un Presupuesto General en el que no se incluirían ninguno de los acuerdos tomados. Como resultado de ello, el SUTEP, gremio que agrupa a 320 mil maestros y que el pasado 23 de mayo convocara a un exitoso paronacional que diera lugar a inmensas movilizaciones callejeras en todo el país, ha decidido iniciar desde hoy una huelga de hambre en cuatro macrorregiones y, de seguir siendo soslayado, convocar a una pronta huelga nacional indefinida.

No solo estamos frente a un incumplimiento de la palabra oficial empeñada sino frente a un acto de torpeza política mayúscula del régimen. Como hemos sostenido recientemente, este gobierno no va a caer por acción del Congreso (jamás van a vacar a Dina Boluarte), pero un movimiento de las masas en las calles, que ya están en punto de ebullición -como se aprecia por diversos actos aislados de furia popular-, sí puede ser el detonante de su caída.

Este gobierno, que dilapida recursos, de la mano de un Congreso populista, no es capaz de cumplir acuerdos básicos, que deberían llevarlo a cumplir la Constitución, que asigna el 6% del PBI al sector Educación, está jugando con fuego.

Una movilización beligerante de la masa magisterial puede ser el gran gatillador de la indignación popular respecto de un régimen que apenas tiene 5% de aprobación. El ministro de Educación y el titular del MEF son ciegos frente a esa posibilidad. Ojalá el premier Adrianzén, quien parece más ducho en política, se dé cuenta del grave riesgo que implica tener a todo el magisterio movilizado y el potencial de contagio y de detonante de la furia callejera que ya las encuestas reflejan, pero que aún no cuaja en protesta pública.

En estos últimos días, la prensa se ha concentrado en varios casos de peleas conyugales de congresistas y de un futbolista muy conocido. Todos los conflictos han implicado situaciones de violencia que la prensa ha sabido aprovechar para circular relatos, imágenes, opiniones y así aumentar su audiencia y fidelidades mediáticas. Desde los años 90 varias conductoras de televisión han conseguido un éxito comercial muy grande gracias a los engaños y violentas respuestas que sus reportajes y entrevistas traen consigo. Como en el Perú no existen comités dentro de los mismos medios o en el Estado que pongan freno a tan gran negocio, parece haberse naturalizado que sea la opinión pública la que sustente toma de bandos, si con uno, si con otro, e incluso presionen sobre la decisión de las instituciones a las que pertenecen. 

Esta práctica trae riesgos muy grandes, pues dado que el ser humano va asentando su personalidad y comportamiento siguiendo ejemplos y modelos en el hogar y en su entorno, no solo naturaliza la violencia, si no el éxito mediático que está trae consigo. Y alcanzar la popularidad en redes y medios no es ahora tan sólo un pasatiempo sino una profesión que buena parte de la adolescencia mundial tiene como meta laboral; pareciera entonces que fomentamos el saber manipular la violencia conyugal como un recurso para conseguir la fama tan ansiada y sus beneficios económicos. 

Si como sociedad tuviésemos un juicio sano, deberíamos haber desarrollado herramientas para detener las distintas formas de violencia que nos rodean porque la violencia escala, se multiplica y nos anula, nos acorta y amarga la vida, sobre todo la de las niñas y niños obligados desde su fragilidad a conformarse o defenderse sin tener el poder de un adulto. Y traigo el tema del poder porque está asociado directamente con la violencia. La prensa difunde los casos en los que congresistas y futbolistas son los agresores. Es por eso que las víctimas requieren del apoyo de un sistema judicial que pueda dar protección, y no otro que responda a la presión mediática, las conveniencias de las instituciones a las que pertenecen y a otros arreglos que son tradición en nuestro sistema de justicia. 

Y han sido precisamente congresistas, vergonzosamente liderados por mujeres, quienes han perseguido y prohibido la educación sexual integral en las escuelas, principal materia en buena parte del mundo, donde se enseña cómo relacionarse sanamente con las personas con las que se mantienen relaciones sexuales, cómo cuidar y defender nuestros cuerpos, cómo evitar los abusos de poder de género en sociedades tan machistas como la nuestra.  Les hemos quitado la posibilidad de educar generaciones libres de tremenda opresión que vive más de la mitad de hogares peruanos. De darles herramientas para escapar de la trata, principal crimen que ha repuntado de manera escalofriante en el país debido a la minería ilegal y el narcotráfico. 

Si nuestros congresistas citan la Biblia para evadir esta responsabilidad y luego la utilizan para afirmar que ser autoridad es ser un rey elegido por Dios, están llevando al límite la política y la democracia con tal de continuar defendiendo el derecho que sienten de cometer abuso, contra las mujeres, contra la diversidad sexual, contra la defensa de nuestros cuerpos. Y los medios que viven de difundir golpes y peleas de famosos hacia sus parejas, sonríen, dándole la espalda a una generación de niñas, niños y adolescentes abandonados en un sistema educativo a punto de colapsar. 

Nuestro siguiente gobierno, tendrá que ser uno con la capacidad de hacerse cargo, de sentirse responsable de ponerle freno a este abandono. Pongamos toda nuestra imaginación en conseguirlo. Nuestro futuro lo reclama.

[TIEMPO DE MILLENIALS] ¿Eres de los que se deja llevar por los mitos del reciclaje para, precisamente, no reciclar? Aquí te darás cuenta de la importancia de comprometerte con el medio ambiente y ya no tendrás excusa:

  1. No reciclo porque no sirve de nada, todo se mezcla en la misma bolsa

La verdad: los recicladores separan, clasifican y procesan de manera automática cada material que reciben.

  1. No reciclo porque todo se mezcla en las plantas de reciclaje

La verdad: las instalaciones y plantas de reciclaje están separadas y solo llega a cada una de estas el residuo a tratar.

  1. Hay que lavar los envases antes de reciclar

La verdad: no es necesario y es más, no es recomendable. Porque se están gastando recursos dos veces. Una, en tu casa antes de dejarlo en el contenedor. Y dos en la planta, todos los productos pasan por un proceso de limpieza. Por tanto, no es necesario lavar nada antes de reciclar.

  1. No reciclo porque reciclar es más contaminante que fabricar un producto nuevo

La verdad: es menos costoso reciclar que fabricar un nuevo producto. Al reciclar ahorramos: agua, energía y materias primas. También reducimos la contaminación que se produce al obtener la materia prima para realizar el producto.

  1. No reciclo porque no quiero que se pierdan puestos de trabajo

La verdad: el reciclaje de residuos crea 10 veces más empleos que si se eliminaran en vertederos.

  1. No reciclo porque no tengo espacio para hacerlo

La verdad: esta no es una excusa, la clave está en saber organizarse y adaptarse al espacio. 

  1. Los objetos solo pueden reciclarse una vez, ¿para qué me voy a molestar?

La verdad: muchos productos pueden reciclarse varias veces y algunos como vidrios o metales, pueden reciclarse indefinidamente sin perder nada de calidad. 

  1. Por mucho que recicle, no voy a salvar el planeta

La verdad: es un trabajo en equipo con todos los actores de la cadena de reciclaje, pero tu papel sí importa.

  1. Los productos reciclados son de peor calidad

La verdad: los fabricantes invierten tiempo y recursos en las nuevas medidas de ecodiseño, por ello son de una calidad igual que las que se han creado con materia prima virgen.

  1. Transportar los materiales reciclables causa más contaminación que no reciclarlos

La verdad: se produce la misma contaminación transportando los residuos a los vertederos que a las plantas de reciclado. Además, existen puntos donde se acumulan los materiales reciclados y así transportarlos en grandes cantidades, disminuyendo la contaminación.

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Una respuesta lacerante, por los efectos corrosivos que contiene para la democracia, es aquella que responde a la pregunta de cuán interesada está la ciudadanía respecto de la política.

Según la última encuesta de Datum, al 43% le interesa poco informarse sobre política y al 28% le interesa nada, 71% a la que le resbala simplemente todo lo que tiene con ver con la política nacional.

Esta respuesta calza perfectamente con otra medición del IEP, donde al 68% de la población le interesa poco (26%) o nada (42%) la política. Un desdén por los asuntos públicos de gobierno alarmante.

Alarmante porque supuestamente transitamos por una seria crisis política, que tiene los reflectores de la prensa permanentemente prendidos sobre ella, pero que a pesar de tal, no concita el desvelo de la mayor parte de la ciudadanía, a quien seguramente la preocupa mucho más el futuro de Cueva en el fútbol peruano que lo que acontece en el damero de Pizarro o la plaza Bolívar.

Ese ciudadano “alpinchista” es el que luego, como suele suceder en el Perú, vota por joder, y así, aparecen candidatos que reflejan ese estado de ánimo y generan una ruleta de la suerte que, al final, puede tirar por la borda años de esfuerzo partidario, programático, de convocatoria de buenos equipos de gobierno o listas congresales.

Tiene que ver también este desinterés con la poca movilización ciudadana que genera el actual statu quo, con una alianza fáctica deleznable y funesta entre el Ejecutivo y el Congreso. A la mayoría no le importa. Está más preocupada -como también revelan las encuestas- en superar el páramo económico, la sensación devastadora de que la corrupción nos gobierna y la terrible incertidumbre vital que genera la descontrolada inseguridad ciudadana.

El resultado de todo ello es una anomia republicana que reviste los peores pronósticos para el 2026. Pobladores sin república debió haberse llamado el libro de Alberto Vergara. La ciudadanía es una aspiración colectiva aún pendiente.

 

Ya uno no sabe qué conclusión extraer respecto de las encuestas de autodefinición ideológica. Varían entre sí y a veces, dependiendo de la fecha en que se realizan, lo hacen sideralmente dentro de la propia encuestadora.

La última encuesta de Datum, por ejemplo, señala que el 27% de la ciudadanía se identifica de derecha, 21% de centro y 13% de izquierda. El resto de encuestadoras arroja casi un empate, con mayor predominio del centro.

Dicho sea de paso, una sugerencia a las encuestadoras: deberían repreguntar a los encuestados por qué se dicen de derecha, de centro o de izquierda. Ello podría ayudar mucho a trazar un mejor mapa de identidades ideológicas, aun cuando nos resulte claro que no es un predictor electoral (ya hemos visto el 2021 a gente de derecha, o autodefinida así, votando por Castillo)

Vamos a elegir, por ello, un aspecto de la respuesta que, para el caso, nos parece más relevante: 34% no se identifica con ninguna de ellas y en abril de este año solo decía no hacerlo el 21%. En la triada derecha-centro-izquierda, las cifras casi no se mueven entre ambas fechas.

Esta aparente desideologización sería el mejor reflejo del creciente hartazgo ciudadano por la política, esta sí corroborada por todas las encuestadoras. Y ese grueso sector poblacional es materia prima dispuesta a terminar votando por algún candidato radical antisistema, que prometa patear el tablero, poner el país de cabeza y refundarlo desde sus cimientos, por lo general una propuesta autoritaria y vertical.

Ese es el mayor peligro al que nos asomamos el 2026. Porque si le sumamos la inmensa fragmentación (habrá cerca de 60 candidatos), la posibilidad de que con un 7 u 8% de la votación un candidato pase a la segunda vuelta es muy alta, como sucedió el 2021, con las consecuencias políticas que hasta hoy sufrimos.

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La lideresa de Fuerza Popular y el dueño de Alianza para el Progreso, Keiko Fujimori y César Acuña, respectivamente, deben pagar una factura colosal el 2026, cuando intenten postular a la Presidencia, por el apoyo desembozado al delictivamente mediocre régimen de Dina Boluarte.

El pueblo debe tener memoria histórica y recordar que el gobierno repudiado por el 95% de ciudadanos, se sostiene gracias al apoyo que le brindan estas dos agrupaciones en el Congreso (junto a Avanza País y Perú Libre) a cambio de migajas de poder, que revelan la entraña miserable de las dos agrupaciones señaladas.

En particular, destaca el caso de Keiko Fujimori, porque ella aparece en las encuestas con la más alta intención de voto y seguramente creerá que con un par de gestos beligerantes, de acá a un año, en contra del gobierno, logrará que el pueblo olvide estos años de connivencia con el peor gobierno republicano que hemos tenido, después del horrendo periodo de Pedro Castillo.

Sorprende que algunos duden de si Keiko va a ser la candidata o lo va a ser su padre. Tremendo cuento chino. Alberto Fujimori sabe que no puede postular, por razones constitucionales y por temas de salud y edad. Keiko está jugando la estrategia de capturar el albertismo, repitiendo la misma táctica que empleó el 2021, donde al amistarse con su padre logró que en el imaginario popular su actuación congresal -el sabotaje a PPK- sea pasada a segundo plano o, en todo caso, que no le afectara tanto como para impedir su pase a la segunda vuelta.

Aunque abominen del cierre del Congreso perpetrado por Vizcarra, a los fujimoristas les convino que ello ocurra porque de haberse mantenido ese Congreso, con absoluta mayoría naranja, hasta el 2021, Keiko no pasaba a la segunda vuelta de ninguna manera. Esta vez, ni una vacancia el 2025 a Dina Boluarte logrará salvarla del oprobio, porque esa vacancia daría pie a un gobierno congresal dominado por Fuerza Popular o a un desmadre callejero para que se vayan todos, en la que su partido sería el principal blanco.

La factura política electoral la debe pagar el fujimorismo. La derecha debe entender que su fragmentación solo ayudaría a que nuevamente el fujimorismo dispute la jornada definitoria que por justicia política no merece.

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