Las mujeres y niñas migrantes no solo se ven expuestas a violencia en el hogar, sino también en espacios públicos debido a los estereotipos y la xenofobia. Según la Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país (ENPOVE 2022), el 41% de los casos de maltrato físico fue ejercido por el cónyuge o pareja (41%), mientras que la violencia psicológica la ejercen principalmente personas desconocidas (39%). Una forma especialmente preocupante de violencia es la trata de personas, que se vincula con redes de explotación sexual. En el Perú, son frecuentes las noticias de operativos policiales en los que niñas y adolescentes venezolanas son rescatadas de estas mafias. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 55% de las víctimas de trata asistidas en Perú durante 2020 fueron personas menores de 17 años. De ese grupo, el 81.2% fueron adolescentes mujeres.Dado el contexto de violencia que enfrentan las migrantes venezolanas, en Save the Children Perú, estamos trabajando para crear espacios seguros para las mujeres y niñas. Un ejemplo de ello es nuestra campaña “Hablemos de migración”, que nos permitió llegar garantes de derecho y otros actores relevantes para sensibilizarlos sobre la importancia de incluir a la población migrante en diferentes acciones, programas y políticas. Nuestra experiencia como organización muestra que las soluciones a los problemas que afectan a la población migrante deben incluir a las comunidades de acogida. La integración es el objetivo y el camino.
Todo lo descrito muestra la necesidad de continuar apoyando a familias vulnerables, creando espacios seguros para que las niñas aprendan y jueguen, garantizando el acceso a derechos elementales como la salud, la educación y la vivienda. Desde Save the Children Perú, también ofrecemos servicios de asesoramiento y apoyo emocional a las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas que han sufrido abuso, violencia o explotación. Al proporcionar estos servicios de protección, estamos trabajando por garantizar que estas mujeres y niñas tengan la oportunidad de un futuro mejor. No obstante, somos conscientes que estas buenas prácticas, para maximizar su impacto, deben ser recogidas por el Estado y sus instituciones en políticas, programas y servicios que no discriminen por razones de nacionalidad, etnia, edad ni género. Como sociedad civil, el llamado no solo es a que estos enfoques se apliquen sobre el papel, sino que se implementen con urgencia para empezar a transformar la realidad que amenaza a miles de niñas y mujeres.
