Opinión

La pena de muerte, tan ventilada estos días por la presidenta Boluarte, lejos de ser una solución efectiva para los problemas de inseguridad que aquejan a nuestras sociedades, se revela como una trampa moral y una falacia disuasoria.

A menudo se argumenta que el miedo a la ejecución puede frenar el crimen, pero la realidad nos dice otra cosa. En Estados Unidos, donde la pena capital sigue vigente en varios estados, las estadísticas de criminalidad no muestran una disminución clara (menos criminalidad hay en estados que no la consideran). Los delincuentes, impulsados por la desesperación o el impulso, no contemplan la posibilidad de una condena final en el momento de cometer sus actos.

El enfoque debe ser trasladado hacia la prevención y la rehabilitación, y los resultados serán claramente positivos: las tasas de crimen disminuirán. Por lo demás, más disuasorio es constatar que un delincuente va a ser capturado y procesado, no la magnitud de la pena, sin contar que el sistema de justicia peruano es absolutamente falible. Si un delincuente sabe que va a ser detenido y apresado, se inhibirá mucho más de cometer un delito que si cree que le inaplicarán una sanción máxima.

Con la pena de muerte se opta por una respuesta simplista y brutal que perpetúa un ciclo de violencia. Este enfoque erosiona la confianza en un sistema judicial que debería ser, ante todo, un pilar de la civilización.

En última instancia, lo que necesitamos es un sistema que garantice que no habrá impunidad. Lo que alienta al delito -reiteramos- es la seguridad de que la justicia no caerá encima del delincuente, sin importar la pena que se le imponga, como sucede hoy en el Perú.

Se trata de una falaz cortina de humo lanzada por la primera mandataria, para distraernos de las reales causas del aumento delincuencial en el país, como es la incompetencia absoluta del ministro del Interior y del sistema de justicia.

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[La columna deca(n)dente] La presidenta Dina Boluarte ha vuelto a sorprender con una declaración que roza lo inverosímil. Durante la inauguración del año escolar, afirmó que está «pensando seriamente en la pena de muerte” frente a niños, niñas y adolescentes. La frase, que parece un error de expresión, refleja mucho más que una simple equivocación: evidencia una preocupante inclinación autoritaria en su discurso y un grave problema de comunicación política.

El debate sobre la pena de muerte en el país suele resurgir en contextos de crisis y es frecuentemente utilizado por figuras políticas con el afán de aparentar dureza ante el crimen. La propuesta de Boluarte, aunque torpemente enunciada, se inscribe en esta lógica. El endurecimiento de penas y la apelación al castigo extremo han sido estrategias recurrentes de regímenes con inclinaciones autoritarias que buscan encubrir su incapacidad para ofrecer soluciones reales a la inseguridad.

Sin embargo, la pena de muerte no solo es inviable en el actual marco legal (ya que el país es signatario de tratados internacionales que la prohíben), sino que también ha demostrado ser ineficaz como medida disuasoria del crimen. Pero su mención permite a Boluarte conectar con ciertos sectores que demandan «mano dura», en ausencia de propuestas estructurales para abordar la crisis de seguridad ciudadana.

Más allá de la controversia ideológica, la declaración también pone en evidencia las serias deficiencias en la comunicación presidencial. Un desliz de tal magnitud en un evento público demuestra falta de preparación, precariedad discursiva y ausencia de filtros en el aparato comunicacional del gobierno. No es la primera vez que Boluarte incurre en errores de esta naturaleza, lo que contribuye a su desgaste político y a la percepción de improvisación en su gestión.

El lenguaje en política es fundamental. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, en particular hacia el Congreso, al que la ciudadanía percibe como servil a los intereses de organizaciones criminales debido a las leyes que las favorecen, un lapsus puede marcar la diferencia entre mantener apoyo o erosionarlo por completo. Si la presidenta realmente pretende gobernar con algún grado de estabilidad, debe reformar con urgencia su estrategia comunicacional y abandonar la tentación de discursos efectistas que, lejos de fortalecer su posición, la debilitan aún más ante la opinión pública.

En definitiva, el desliz de Boluarte no es solo una anécdota más en la política nacional, sino también un síntoma del desorden discursivo y la deriva autoritaria que caracterizan su gobierno. Si su intención era proyectar liderazgo, ha logrado lo contrario: ha dejado en evidencia una vez más su falta de rumbo y el ocaso de su gestión.

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La inseguridad ciudadana se erige como un fenómeno que trasciende la mera estadística delictiva y se adentra en las profundidades de la convivencia social y la salud democrática de un país. Al deteriorar el contrato social, la inseguridad no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que socava la confianza en las instituciones.

Esta fractura genera un caldo de cultivo propicio para que surjan discursos autoritarios que prometen soluciones rápidas y efectivas a problemas complejos, apelando a la desesperación de un electorado ansioso por la seguridad.

En este contexto, las elecciones del 2026 podrían convertirse en un escenario de polarización extrema. La inseguridad, al debilitar la percepción de un Estado de derecho robusto, puede favorecer a candidatos que se presentan como salvadores, aunque sus propuestas carezcan de un fundamento democrático sólido.

La tentación de abrazar medidas drásticas o populistas puede llevar a la ciudadanía a ceder libertades a cambio de promesas de orden y control, lo que resulta en una erosión gradual de los principios democráticos.

La retórica de estos candidatos, a menudo antisistema, se alimenta del miedo y la desconfianza en el statu quo. En lugar de fomentar el debate constructivo y la participación ciudadana, se promueve un clima de confrontación y división. La democracia, que debería ser el espacio para la deliberación y el consenso, se convierte en un campo de batalla donde la seguridad se prioriza sobre la libertad.

Así, el impacto de la inseguridad ciudadana en la democracia es profundo y multifacético. La fragilidad del contrato social se traduce en una mayor vulnerabilidad ante discursos que prometen soluciones simplistas, pero que en última instancia amenazan con desmantelar los cimientos democráticos.

Las elecciones del 2026 podrían ser un punto de inflexión, donde la elección no solo defina un rumbo político, sino que determine la capacidad de la sociedad para reconstruir su tejido social y recuperar la confianza en sus instituciones.

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[El dedo en la llaga] Nadie puede ser discriminado por su origen, religión, género u orientación sexual. Es un principio básico de toda democracia auténtica, también en Alemania. Sin embargo, la realidad en las calles alemanas es diferente para muchas minorías, sobre todo para musulmanes, que han estado enfrentando un aumento de hostilidades durante años. Según datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2024, el 68% ha experimentado discriminación racial.

Hoy, lunes 17 de marzo de 2025, se pondrá en marcha en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia una oficina estatal dedicada exclusivamente a acoger denuncias por racismo contra musulmanes, la primera de su género en todo el país. Se ha invertido más de 375,000 euros en este proyecto.

Se trata de una medida importante, pues la policía no cuenta con un sistema unificado para registrar incidentes de racismo antimusulmán, considerando que las víctimas no son discriminadas sólo por su religión sino principalmente por su fisionomía étnica. En los informes del Ministerio del Interior federal todavía se utiliza el término “islamofobia”. Con esto, en primer lugar, se hace referencia a un motivo basado en la afiliación religiosa. En consecuencia, los casos sin una connotación religiosa visible quedan fuera del registro y sólo se consideran los delitos de relevancia penal.

Por lo general, la discriminación se dirige contra individuos, y en la mayoría de los casos, contra mujeres. Los 1,926 casos documentados en el año 2024 representan sólo la punta del iceberg, ya que muchos incidentes no se denuncian. En muchos casos, el racismo ya se ha normalizado o las personas desconocen sus derechos. Además, muchas víctimas no acuden a la policía por miedo y por falta de confianza en las autoridades públicas o en las instituciones. He aquí algunos incidentes antimusulmanes típicos en Alemania: insultos en plena calle, velos arrancados por la fuerza a las mujeres, o que un hombre sea llamado terrorista e incluso agredido físicamente.

Parece que el racismo no sólo existe a nivel individual y de manera marginal, sino que también está estructural e institucionalmente arraigado en la sociedad alemana. Una muestra de ello es la diferencia en el trato mediático cuando ocurre un atentado con múltiples víctimas, muy diferente dependiendo de si el autor del atentado es un migrante musulmán o un ciudadano nativo de nacionalidad alemana.

Ocurrió en Mannheim, ciudad situada a unos 15 km de dónde resido actualmente, en la céntrica Plaza del Mercado (Marktplatz). El 31 de mayo de 2024 un migrante afgano residente en Alemania, de 29 años de edad, intentó apuñalar a Michael Stürzenberger, presidente de la filial bávara del movimiento de extrema derecha Pax Europa, conocido por su postura islamófoba. En el transcurso del atentado un policía fue herido de muerte en la cabeza. Además, sufrieran heridas Stürzenberger y otras cuatro personas que se interpusieron en el camino del autor del atentado. Inmediatamente se habló de una motivación política del hecho, el autor fue señalado como un presunto terrorista y los grupos de extrema derecha aprovecharon la ocasión para mostrar su alarma sobre los supuestos peligros de la migración musulmana. Lo que la mayoría de los medios pasaron por alto es que dos de los heridos que intentaron detener al afgano también tenían un trasfondo migratorio: un musulmán nacionalizado alemán proveniente de Kazajistán y un cristiano arameo de Irak.

En cambio, un trágico incidente reciente, ocurrido el lunes 3 de marzo de 2025 también en Mannheim, tuvo otra connotación. Un ciudadano alemán residente de Ludwigshafen, de 40 años edad, condujo un automóvil Ford Fiesta a toda velocidad en la zona peatonal, matando a dos personas e hiriendo a otras catorce.

Los investigadores inicialmente determinaron que el atentado no tenía un trasfondo político. En cambio, señalaron que existían indicios concretos de que el detenido padecía una enfermedad mental. Sin embargo, según el grupo de investigación antifascista Exif, también hay indicios de que el hombre de 40 años estuvo políticamente activo en el pasado, dentro de la escena de extrema derecha. Según estas informaciones, hay fotografías que lo muestran participando en una marcha de extremistas de derecha y Reichsbürger (Ciudadanos del Reich, grupo de extrema de derecha que le niega toda legitimidad a la República Alemana) en octubre de 2018 en Berlín. En aquel entonces, alrededor de 1,300 personas se sumaron a la manifestación organizada por la alianza “Wir für Deutschland” (“Nosotros por Alemania”), poco después de los disturbios de extrema derecha en Chemnitz (Sajonia).

Sin embargo, la Fiscalía de Mannheim subrayó que, «según el estado actual de las investigaciones, no hay indicios de que el acto en cuestión tuviera un motivo extremista o político». También señaló que estaban al tanto de los vínculos del autor del atentado con el entorno de extrema derecha en 2018. Añadió que, en cambio, basándose en un extenso historial médico y en «numerosos testimonios que se corroboran entre sí», se presumía que el sujeto padece una enfermedad mental «desde hace muchos año»”. Había recibido tratamiento psiquiátrico de forma regular, incluso siendo hospitalizado el año pasado. Según el diario Bild, en aquel momento el sujeto acudió a un hospital en Ludwigshafen afirmando que planeaba rociarse con gasolina y prenderse fuego.

Que el centro de Mannheim, donde ocurrió el atentado , suele estar lleno de personas de distintas nacionalidades con trasfondo migratorio tampoco parece ser relevante para la Fiscalía, ni tampoco para los medios. Ni tampoco que el día elegido por el autor del atentado haya sido el lunes de carnaval, cuando las calles de las principales ciudades de la cuenca del Rin suelen estar repletas de gente.

Parecería que hay un doble rasero para catalogar a los autores de atentados. Si es un migrante musulmán, se sospecha de una motivación política y se califica el atentado como un acto terrorista. Pero si el autor del atentado es alemán nativo, entonces se presume en él un trastorno psiquiátrico. ¡Como no! Un alemán en todos sus cabales sería incapaz de cometer semejante atrocidad. Y aunque haya indicios y evidencias, se descarta de antemano una motivación política. Como si el odio contra seres humanos con trasfondo migratorio fuera algo accidental que no tendría mayor influjo sobre las decisiones criminales que toma un ciudadano alemán, sobre todo cuando decide enfilarse contra la multitud en el centro de una ciudad multicultural como es Mannheim.

Otro dato relevante del caso es que quien impidió que este sujeto hiciera más daño fue un migrante musulmán nacionalizado alemán, el taxista Afzal Muhammad, de 44 años, natural de Pakistán. Al ver pasar el Ford Fiesta a toda velocidad, se subió a su taxi y emprendió la persecución, hasta que pudo interponerse en el camino del automóvil usado como arma asesina y evitar que siga avanzando. El sujeto tuvo que bajarse del auto y le disparó al taxista con una pistola de fogueo, dándose luego a la fuga. Muhammad salió ileso del incidente, pero tuvo que ser internado porque cayó en estado de shock y tuvo problemas respiratorios debido a la excitación nerviosa del momento. El sujeto, en cambio, fue detenido en la zona portuaria de Mannheim por la policía, después de herirse él mismo en la boca con la pistola de fogueo, por lo cual también tuvo que ser hospitalizado.

Dos días después Afzal Muhammad fue honrado en la municipalidad por el alcalde, Christian Specht, como “el héroe de Mannheim”. Éstas fueron las palabras del taxista: «No me veo como un héroe. Soy un simple padre de familia, un taxista, un musulmán, un habitante de Mannheim, un ciudadano alemán». ¿Por qué había hecho lo que hizo, poniéndose él mismo en riesgo? Llevándose lentamente la mano al pecho, replicó: «Mi corazón. No puedo soportar cuando las personas mueren. Eso me duele en el corazón. Soy musulmán, ésa es mi labor». Se había guiado por un principio fundamental del Corán: «Quien salva una vida es como si salvase a toda la humanidad».

Hace unos 90 años la sociedad alemana, siguiendo los dictados de un fanático extremista como Adolf Hitler, estigmatizó a los judíos, con las trágicas consecuencias que ya conocemos. Hoy en día, quienes son estigmatizados con frecuencia, en base a absurdas teorías de la conspiración, son los migrantes musulmanes. Si bien es difícil que se llegue a los extremos de hace décadas, es necesario tomar medidas para que la discriminación, sea cual sea, no vuelva a repetirse.

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[Música Maestro]  Q.E.P.D.: Paul Flores (38), vocalista emblemático de la orquesta piurana Armonía 10, no merecía morir de esa manera. La cínica dejadez del Estado nos deja a merced de asesinos a sueldo sin control. Las masas de fans de este popular género lloran y ese cinismo continúa. De nada sirven los posts del Ministerio de Cultura con crespón. Todo sigue igual. Absoluta solidaridad con la familia, los compañeros de grupo y colegas del submundo de la cumbia, amigos y verdaderos fans. 

En la última semana nos enteramos de la cancelación de dos conciertos de rock que prometían. Por un lado, la segunda visita del quinteto de hard-rock The Cult y por el otro, el estreno en Lima de The Damned, legendaria banda pionera del punk, que iban a ser el 6 y 11 de marzo, respectivamente. Las tocadas de estos dos grupos británicos generaron auténtica expectativa en sus correspondientes comunidades de seguidores. Sin embargo, no ocurrieron. ¿La razón? Por lo que se viene comentando en desilusionados círculos de melómanos rockeros en Facebook y otras redes, habría sido -en ambos casos- la insuficiente venta de entradas.

Al enterarme de esto comencé a pensar -no por primera vez, por cierto- que, así lo declare a los cuatro vientos el nombre de un sobre publicitado festival, el Perú de hoy no vive por el rock. Si en este momento anunciaran una fecha, en el Estadio Nacional, de “Speed”, el estúpido YouTuber que paralizó la ciudad hace unos meses y hasta se abrazó, sobaquiento y bullanguero, con nuestro no figuretti burgomaestre -no imagino muy bien para hacer qué, más allá de sus volantines y sus ladridos- se llenaría antes de la media hora. Lo mismo pasaría si Shakira publicitara un concierto la próxima semana, a nueve meses del que será en noviembre, ya vendido y agotado pues es reprogramación del que fue cancelado en febrero por sus problemas estomacales. Nuevos miles de «concert-goers» reventarían sus tarjetas de crédito, sin importar que ambos espectáculos se dieran uno detrás del otro.

Y es que la pobre venta de tickets para The Cult y The Damned no tiene, necesariamente, una relación directa con los costos -en ambos casos no muy altos y en locales más bien pequeños- sino con la profunda incultura musical de nuestros públicos que, cada cierto tiempo, se encargan de demostrarnos cuáles son sus preferencias en lo que a espectáculos musicales se refiere. Hace ya algunos años -siempre recuerdo este caso y lo pongo como ejemplo- visitó Lima una figura legendaria del hard-rock y el heavy metal, un músico alemán que fue, durante años, considerado el sucesor de Jimi Hendrix, nada menos. Me refiero a Uli Jon Roth (70), primera guitarra original de Scorpions, grupo del que se desmarcó en el año 1978 para iniciar una influyente y prolífica discografía personal con la que llenó -y sigue llenando- teatros y estadios en Europa, Estados Unidos, Australia y Japón.

Pues bien, Uli Jon Roth, la leyenda, fue programado para tocar el 25 de septiembre del 2018 en La Noche de Barranco -uno de los lugares más pequeños de Lima dedicados a conciertos- y apenas atrajo a 250 personas, de las cuales 50 deben haber entrado sin pagar (prensa, organizadores, amigos de organizadores). El artista lo dio todo en una velada inolvidable para quienes supimos apreciar no solo su talento sino también su respeto por el público, pues bien podría haberse puesto en “plan-divo” y negarse a tocar para una audiencia tan magra. Pero tampoco olvido la sensación de vergüenza ajena al pensar en cuál habrá sido su reacción más íntima al ver cómo su nombre, respetado en todo el universo rockero, acá pasó totalmente desapercibido hasta para los rockeros. Sin embargo, el astro de las guitarras Sky y las eternas bandanas de colores decidió no cancelar y, ante casi nadie, la rompió.

La historia de los conciertos de rock cancelados en el Perú comenzó en los años setenta, con uno de los hechos más alucinantes -por lo cosmopolita, por lo juvenil- ocurridos durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1910-1977). Dos meses después de cumplirse el tercer año de la instauración de ese régimen, arribaron al aeropuerto Jorge Chávez, el 8 de diciembre de 1971, Carlos Santana y su increíble banda de latin-rock, triunfadora absoluta en el Festival de Woodstock, integrada por los percusionistas Michael Carabello y José “Chepito” Arias, el bajista David Brown, el baterista Michael Shrieve, el tecladista y cantante Gregg Rolie y el prodigioso guitarrista Neal Schon, entonces de 17 años -los dos últimos fundarían, un par de años después, Journey. 

La gestión para tan célebre visita había sido de los hermanos Jorge y Peter Koechlin, en especial de este último quien, en tiempos sin correos electrónicos ni redes sociales, consiguió lo imposible -con ayuda logística de un viejo conocido de nosotros, periodistas, Guillermo Thorndike (1940-2009)-, contactarse por teléfono con los managers del genial guitarrista mexicano y pactaron que Lima fuera la primera ciudad de su primera gira por Latinoamérica. Iba a ser un hecho histórico del que hasta ahora se hablaría en las revistas especializadas. Pero se frustró. Y no por falta de público pues, en las semanas entre el anuncio y la llegada del grupo, se habían vendido más de 30 mil entradas. 

La tocada de Santana -quien para ese año tenía ya tres discos en el mercado, el ABC de su sonido clásico, Santana (1969), Abraxas (1970) y Santana III (1971)- estaba programada para el 10 de diciembre y el local escogido, después de muchas cavilaciones, fue el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Precisamente, un grupo de atolondrados alumnos sanmarquinos, reunidos en una federación que se suponía era de izquierda, llevó al extremo su desacuerdo con lo que ellos consideraban un espectáculo “extranjerizante” y, a pesar de que las instancias municipales y políticas del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas ya habían dado todos los permisos, se opusieron y hasta amenazaron con acciones violentas y de sabotaje para impedir el concierto. 

Ante la posibilidad de que el asunto pasara a mayores, el Ministerio del Interior de la época, con Pedro Richter Prada (1921-2017) al frente, ordenó la cancelación del show y la deportación de Santana y su combo, en medio de acusaciones de consumo de drogas, reacciones que atentaban contra la tranquilidad pública y hasta “actos contra la moral”. Santana, una estrella joven en ese momento, fue desaforado del Perú y ni cuenta se dio. En 1995, casi un cuarto de siglo después saldó esa cuenta pendiente con un sensacional concierto realizado en el Estadio Nacional de Lima ante más de 25 mil personas –“Mejor tarde que nunca” fue lo primero que dijo, en relación a aquella cancelación. Acompañado de Perú Negro y con una banda de lujo, Santana hizo volar durante hora y media al público, entre los que seguro había muchos de los que, 24 años antes, habían comprado su entrada- con sus ritmos latinos y efervescente guitarra. 

Entre 1991 y 1992 el anuncio de dos megaconciertos en Lima alborotó a todos, desde melómanos empedernidos hasta periodistas, gente de la farándula y radioescuchas comunes y corrientes. Hasta ese momento, las visitas de pop-rock más importantes habían sido de los grandes grupos de Argentina, España, México y Chile, sin mencionar por supuesto a los grandes intérpretes de baladas, salsa, merengue y boleros que sí iban y venían de nuestro país como algo normal, para presentarse ya sea en el circuito regular de teatros/coliseos de Lima y algunas otras ciudades como Arequipa, Cusco o Trujillo; o en El Gran Estelar de la desaparecida Feria del Hogar. Eso sin mencionar la extraña e inolvidable visita del cuarteto francés Indochine, que hizo cuatro conciertos multitudinarios en el Coliseo Amauta, entre abril y mayo de 1988. 

Por un lado, Michael Jackson incluyó a Lima en el tramo sudamericano de su segunda gira oficial, para promocionar el álbum Dangerous (1991), que incluía sus éxitos Black or white y Heal the world, de intensa rotación en radios y programas de videoclips. Y, por el otro, se publicitó la llegada del quinteto de hard-rock y glam metal Bon Jovi, que llegaban en medio del éxito de su quinta placa Keep the faith, propulsado por la power ballad Bed of roses y la amplia popularidad que tuvieron sus dos discos anteriores, Slippery when wet (1986) y New Jersey (1988). Es decir, dos de los más grandes artistas de música popular, en plena vigencia, iban a tocar en Lima. En contexto, estas noticias tuvieron la categoría de extravagantes marcianadas, como si mañana se dijera que Shakira nació hombre. 

Ambos se cancelaron a pocos días de realizarse, entre octubre y noviembre de 1993, con entradas vendidas y todo. Aunque las leyendas urbanas que circularon desde entonces señalaban como razones asuntos relacionados a la seguridad -en esos años Sendero Luminoso y el MRTA aun operaban y veníamos saliendo del autogolpe del primer fujimorato-, lo cierto es que eso solo tuvo que ver con los intérpretes de Livin’ on a prayer y Always, quienes se negaron a tocar porque sentían pocas garantías. Como Santana, Bon Jovi se reivindicó en dos ocasiones, los años 2010 y 2019, aunque ya sin voz ni su formación original. En el caso del fallecido “Rey del Pop”, los motivos por las cuales no llegó a pisar suelo limeño fueron su frágil salud. Aunque aquella gira mundial fue extremadamente exitosa, Jackson no solo canceló Lima sino también Chile, México y otras, por múltiples problemas físicos. Además, fue justo en esos años que comenzaron a propalarse serias acusaciones de abuso infantil en su contra.

Poco antes, se produjo otra recordada cancelación, esta vez de varias bandas locales programadas para tocar en el recordado auditorio cerrado de la Feria del Hogar, el más chico. Era 1988 y, por primera vez, los organizadores de este campo ferial que se abría durante la temporada de Fiestas Patrias en San Miguel, en el espacio que hoy ocupa un enorme centro comercial del grupo Falabella -Tottus, Sodimac-, dieron cabida a una selección abierta de grupos del circuito subterráneo, desde metaleros como Orgus y Almas Inmortales hasta punks como Q.E.P.D. Carreño o Eructo Maldonado. Un incidente durante la presentación de Voz Propia, barones del post-punk local, motivó que el resto de las fechas dedicadas a la movida “subte” fueran canceladas -entre ellas, si mal no recuerdo, las de Eutanasia y Daniel F.-, a pesar de la tremenda convocatoria que generaron en este espacio tradicionalmente reservado para bandas más comerciales como Río, Frágil, Danai o Dudó. 

En todos estos ejemplos -hay muchos otros, desde luego-, circunscritos al ámbito del pop-rock, el común denominador es que, aun habiendo gente que habría hecho hasta lo imposible por comprar sus entradas y asistir a esos conciertos, tuvieron que cancelarse -por malentendidos políticos, por seguridad, por cuestiones médicas- pero nunca por bajas convocatorias. Debemos recordar que, tanto en 1971 como en 1991, los conciertos de rock en Perú eran algo que no existía. Tanto en tiempos de Velasco como de Fujimori, pensar en que nuestra ciudad fuera capaz de entrar al mapa de giras de los artistas más importantes del mundo anglosajón clasificaba como sueño de opio, delirio de borrachera, fantasía irrealizable. Porque vivíamos o en un gobierno militar peleado con el imperialismo yanqui o en un terreno baldío que acababa de salir de la mega crisis del primer alanato y aun no dejaba de sufrir atentados de sectas violentistas que querían desbaratarlo todo. 

En el periodo comprendido entre 2020 y 2022 hubo una avalancha de cancelaciones, por el COVID-19. Desde Andrés Calamaro hasta Pat Metheny, desde Tokio Hotel hasta Guns N’ Roses, todos se quedaron en ascuas, artistas y públicos, una situación global de la que nadie pudo escapar. Y, en todas esas cancelaciones, tampoco tuvo nada que ver el factor “baja convocatoria”. Lima, en el siglo XXI, es ya una ciudad de conciertos como cualquier otra, somos parada fija para los más pintados, del pasado y del presente. A diferencia de 1989, en que un concierto de U2 era inimaginable en nuestra capital, hoy no nos extrañaría que nos caigan, en escalera, cinco de las diez estrellas pop más famosas del momento, con toda la logística y parafernalia asociada a los grandes espectáculos. 

Las cancelaciones de The Damned y The Cult tienen que ver con otra cosa, una situación que casi nadie explora. A pesar de que en esta época existen masas para todo, la agresividad de la ignorancia y la poca capacidad de apreciación en las grandes muchedumbres consumidoras de conciertos, define si una visita es rentable o no. Puede que sea un asunto global. Después de todo, los Hablando Huevadas y su espectáculo de barriada llenaron de peruanos el Madison Square Garden, pero cuando uno ve que artistas como Phish o Billy Joel llenan el mismo escenario todos los meses, uno piensa “bueno, acá todavía podemos hablar de balance, de existencia de opciones”. En nuestro país eso no pasa.

En el Perú de hoy un espectáculo de calidad, si no es lo suficientemente cool o muy popular, desaparece de inmediato de todos los radares y, simplemente, fracasa. Si bien es cierto artistas de innegable prestigio como Paul McCartney, Lenny Kravitz o System of a Down son capaces de agotar entradas con mucha anticipación, por la suma de fans verdaderos y asistentes ocasionales que no se quieren perder ningún evento grande para llenar sus redes sociales de fotos, también es cierto que más expectativa causan los conciertos de El Grupo 5 o Agua Marina que los de grupos como The Damned o The Cult. Porque son alternativas que nadie conoce. O que nadie quiere conocer. Se acabó la curiosidad en este país donde todos se arriman a lo seguro, a aquello que te ponga en línea con todo lo que esté más de moda.  

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La situación política en nuestro país ha alcanzado un punto crítico, y la figura del ministro del Interior, Juan José Santivañez, se ha convertido en un símbolo de ineficacia y desconfianza. Su gestión ha estado marcada por una serie de decisiones cuestionables y múltiples denuncias fiscales en su contra, que han generado descontento tanto en la ciudadanía como en diversos sectores de la sociedad. Es imperativo que la presidenta tome acciones decisivas y considere su salida.

En primer lugar, la creciente ola de criminalidad que azota nuestras calles es innegable, como se ha apreciado con brutal crudeza este fin de semana. La falta de una estrategia clara para enfrentar el crimen organizado y la inseguridad ha dejado a la población en un estado de vulnerabilidad. Santivañez ha demostrado incapacidad para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los ciudadanos. La confianza en la policía se ha visto erosionada, y esto se traduce en un clima de miedo y desasosiego.

Si bien su relación con la policía no ha sido tensa, el ministro ha fallado en motivar y proporcionar el respaldo necesario para que las fuerzas del orden operen de manera efectiva. Es fundamental que los policías se sientan apoyados y valorados en su labor, y esto no se ha logrado plenamente bajo su liderazgo.

Además, las múltiples denuncias fiscales en su contra han añadido un manto de sospecha sobre su gestión. Estas acusaciones no solo comprometen su credibilidad, sino que también afectan la percepción pública sobre la integridad del Ministerio del Interior. La falta de una respuesta contundente ante estas denuncias ha alimentado la percepción de que se encuentra desconectado de la realidad que enfrenta el país.

En conclusión, la salida de Juan José Santivañez no solo es necesaria, sino urgente. El país necesita un líder que asuma el reto de la seguridad con determinación y visión. Solo así podremos comenzar a reconstruir la confianza en nuestras instituciones y garantizar un futuro más seguro para todos.

El gobierno parece empeñado en resguardarlo (ello se deduce del mensaje anoche del Premier). Comete un grave error, que podría ocasionar una crisis política que termine llevándose de encuentro ya no solo al titular del Interior sino al gabinete.

-¿Por qué decimos “al promediar las dos de la tarde” o “asistió un promedio de 30 mil personas”? Es “aproximadamente a las dos de la tarde” o “un aproximado de 30 mil personas”. Promedio es la media entre varias cifras. “En la fecha asistió un promedio de 15 mil personas”. Y lo dicen y escriben profesionales de comunicaciones.

-¿Por qué el periodismo deportivo se dedica a inventar términos? El último de moda es “referenciar”. “Fulano ya referenció a Zutano”. ¿De dónde sacan ese castellano? Cómo se nota que los cursos de redacción casi han desaparecido de las facultades de ciencias de la comunicación.

-¿Por qué nos zurramos en los pases peatonales y, por el contrario, cuando vemos a un pobre ciudadano tratando de cruzar por allí una calle, aceleramos para impedirle el paso? Igual, cómo se nota que educación cívica dejó de ser curso obligatorio en los colegios y cuando se dicta no incluye las normas de tránsito, que deberían ser parte importante del curso.

-¿Por qué las citaciones judiciales o fiscales, o los fallos, son tan imbricados que no los entiende nadie que no sea un abogado ducho en la materia? ¿Dónde llevaron un curso que les indicara que el derecho debía ser críptico y casi hermético?

-¿Por qué una jueza con claro conflicto de interés (léase la nota https://f.mtr.cool/gkuuhwtuuk ) no renuncia o se inhibe en los casos que involucran ese conflicto? Cosas del Orinoco. El manual de deontología ha sido birlado de los anaqueles de nuestros magistrados.

-¿Por qué seguimos usando relojes de pulsera, cuando ya tenemos los teléfonos que nos dan la hora? No entender.

-¿Por qué no usamos audífonos cuando vemos videos o escuchamos audios en los celulares? ¿No se dan cuenta que joden al resto, sobre todo cuando uno va en un vuelo?

-¿Por qué tenemos que apoyarnos en el respaldar de los asientes que están delante nuestro en los cines o teatros? ¿No nos percatamos que zamaqueamos al pobre ciudadano sentado allí?

La del estribo: ¿Por qué no ir a ver una buena obra de teatro, si es domingo mejor, para librarse de los aburridos o deprimentes programas dominicales? Vayan a ver La persona deprimidaen el teatro La Plaza, dirigida por Carla Valdivia, escrita por el gran Daniel Veronese y protagonizada por Katia Condos. Va del 25 de marzo al 13 de abril. Entradas en Joinnus.

El Congreso sigue, impertérrito, en su avance contra la sociedad civil, sin medir las consecuencias antidemocráticas que tal proceder contiene.

La ley de supervisión de las ONG, so pretexto de fiscalizar el destino financiero de dineros recibidos por cooperación internacional (lo cual está bien, porque hay más de un avivato que se aprovecha de la condición legal de las ONG para lucrar en beneficio propio), impone una serie de restricciones que abiertamente atentan contra el libre funcionamiento de organizaciones de defensa ambiental o de derechos humanos, que si no hicieran estas ONG no haría nadie.

Los excesos cometidos por algunas ONG no pueden invalidar el valioso trabajo que la mayoría de ellas realiza en beneficio de la sociedad peruana. Y la ley aprobada en el Congreso busca maniatarlas y las amenaza con multas y cierres de acuerdo al arbitrario criterio subjetivo de la autoridad de la APCI.

Al mismo tiempo, entre gallos y medianoche, el Congreso ha modificado el código penal en la concerniente al delito de difamación, en lo que constituye una grave amenaza contra el ejercicio de la libertad de prensa. Ya ese tema está más que regulado y no hacía falta modificarlo, pero el Congreso busca maniatar el ejercicio periodístico, labor fundamental también de la sociedad civil.

Ya la Sociedad Interamericana de Prensa había advertido el grave deterioro de las libertades informativas en el Perú. Hoy le deberá sumar una ley a todas luces antiliberal y retardataria, que solo busca socavar la labor profesional de la prensa libre.

Parece que el Congreso solo quisiese que hubiera poderes públicos y que el sector privado se constriñera a empresas individuales sin capacidad de cohesión o acción sobre temas que al Estado le son irritantes (como la defensa de los derechos humanos o la libertad de prensa).

Una desgracia es el Congreso actual. No lo detiene nadie en este avance autoritario y deberá ser tarea del próximo Parlamento -ojalá- desmontar el tinglado de normas intrusivas y violatorias del Estado de Derecho democráticoque perpetra el actual Legislativo.

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-Debería postergarse la salida y entrada del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Es inviable y antitécnico haber construido tan moderno terminal para que su ingreso y salida se produzcan por una zona precaria, sucia, impresentable y, sobre todo, insegura, y que va a exponer a los millones de pasajeros a asaltos diarios con absoluta impunidad (ya deben estarse preparando las bandas para asaltar a cuanto turista transite por allí). Que el ingreso siga siendo por el actual lugar y que internamente LAP provea un servicio de traslado al nuevo terminal, hasta que el viaducto Santa Rosa (planificado para el 2029) no esté concluido. No hay otra opción saludable frente a uno de los hechos de desidia burocrática más escandalosos que se han visto en décadas en el Perú.

-Razones familiares graves habrían llevado al excanciller Javier Gonzáles Olaechea a suspender su militancia y participación como precandidato presidencial por el PPC. No viene el caso especular sobre ello, pero queda claro que con la salida anterior de Cillóniz se le acortan las posibilidades al viejo partido fundado por Luis Bedoya Reyes. Quedan en pie Carlos Neuhaus y Oscar Valdéz. Visto desde fuera, Neuhaus no es una posibilidad viable. No es un buen candidato aunque probablemente en la interna tenga todas las de ganar. Debería renunciar también y dejar solo en carrera a Valdéz, quien tiene mayores posibilidades de triunfo. Militar, serio, ideológicamente consistente, exponente de mano dura (si por él fuera Conga ya habría entrado en funciones, pero Humala arrugó a última hora) y, además, capaz de galvanizar un voto que recoja las expectativas de derrotar a la inseguridad, el mayor flagelo y preocupación ciudadana a la fecha.

-Exceso injustificable. ¿Qué puede llevar a la Corte Suprema a dictarle ocho años de prisión al excongresista Daniel Salaverry por haber, supuestamente, mal utilizado diez mil soles de gastos de representación durante su gestión parlamentaria? Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están en fase delusiva y solo hacen méritos para que les metan el caballazo de una reforma radical de ambos poderes del Estado. El populismo punitivo del Congreso parece haber hecho eco en las esferas fiscales y judiciales que han perdido toda sindéresis.

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