Con una trayectoria de más de veinticinco años en el Ministerio Público, le esperan duras presiones en el doble rol que le toca desempeñar en la entidad, no solamente jurídico sino también político y administrativo. Ciertamente, lo mínimo que podemos esperar de ella es que no retroceda lo avanzado en las investigaciones fiscales en curso.
Pero no solamente son los temas políticos más mediáticos los que se tiene que atender desde la Fiscalía de la Nación, en un país tan diverso y con tantas desigualdades sociales como el nuestro. Los defensores ambientales en las comunidades indígenas llevan años reclamándole al Estado, centralizado en Lima, un verdadero acceso a la justicia que impida que sigan siendo asesinados por mafias que gozan de impunidad en los últimos rincones del país.
De igual manera, es vital que Benavides Vargas defienda su fuero y se mantenga independiente de los poderes políticos y fácticos en un momento crucial en que diversas fuerzas, incluso contendientes políticos a quienes los une la impunidad, se unen para sabotear la labor fiscal. Cabe recordar que, hace unos días, el premier Aníbal Torres presentó un cuestionable proyecto de ley para castigar, incluso con cárcel, a jueces y fiscales quienes realicen filtraciones de información de procesos judiciales a la prensa.
