Según la última encuesta de Datum, un 74% considera que la delincuencia durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro del Interior ha aumentado y 23% que sigue igual, es decir, un 97% considera que no ha mejorado. En esa medida, el 87% considera que el ministro debe renunciar o ser retirado del cargo.
Un ministro del Interior, una figura clave del gobierno, debería renunciar si su aprobación es mínima, si ha perdido la confianza popular y la moral de la ciudadanía se ha visto mermada bajo su gestión. La política, como la vida misma, es una cuestión de legitimidad. Si un ministro no goza del respaldo de los ciudadanos, su autoridad se ve erosionada, no solo por las críticas, sino por la evidencia de que ya no cumple su función esencial: mantener el orden y la seguridad en la sociedad. En una democracia, la legitimidad se encuentra en la conexión directa entre el poder y la voluntad popular, un vínculo que debe renovarse constantemente.
La tarea de quien ocupa el Ministerio del Interior es proteger el orden, promover la paz social, salvaguardar el bienestar colectivo. Pero si las urnas y las encuestas reflejan que la opinión pública lo rechaza, entonces ha fallado en la misión primordial de un servidor público: ser el puente entre el gobierno y el pueblo. La baja aprobación no es solo un número frío; es un termómetro de la desconfianza y el malestar generalizado.
Un líder incapaz de mantener la cohesión social es, en última instancia, un líder vacío, que vive en la ilusión de la eficacia mientras el país se desmorona. Y un ministro cuya labor no es reconocida por la sociedad está destinado a ser solo un espectro de poder, desprovisto de la esencia misma de su rol. En ese sentido, la renuncia es un acto de responsabilidad política, una aceptación de que, cuando el pueblo pierde la fe, el poder pierde su sentido.
