Opinión

 

El juez Concepción Carhuancho se debe sentir un héroe de la justicia por mandar a prisión preventiva a todos los imputados que pasan por sus manos. No le interesa que no se cumplan los requisitos mínimos para que dicha medida proceda (probados elementos de convicción de la comisión de un delito superior a cuatro años, y, concurrentemente, peligro procesal; si no hay los dos, la prisión preventiva no procede).

Por eso, luego, en segunda instancia, la mayoría de sus casos son suspendidos y la prisión preventiva levantada, pero en ese trance se envió a gente cuya culpabilidad no está sentenciada a la cárcel. Fiscales abusivos y jueces caneros han formado una alianza nociva para el sistema de justicia penal en el país.

Demasiados casos de flagrante injusticia se están cometiendo en el Perú y la solución no parece pasar por la propia institucionalidad judicial. Y la Junta Nacional de Justicia actual no ha servido para nada en cuanto a la corrección de esas inconductas (ojalá la nueva JNJ -a la que la izquierda se quiere bajar con malas artes- corrija los entuertos señalados).

Hemos transitado de una justicia garantista a una punitiva por razones mediáticas. Concepción Carhuancho está mirando más los titulares de la prensa que los artículos que debería del código de procedimientos penales. Como muchos jueces, se llevan de las narices por fiscales avezados, excesivos, abusivos en la interpretación de la ley.

Es mil veces preferible un culpable libre que un inocente preso. Y acá se sobrepasa la ley con las detenciones preliminares y las prisiones preventivas, utilizadas más como mecanismo de extorsión a los imputados a cuenta de que se acojan a procesos de colaboración eficaz, teñidos de invalidez de antemano por la forma en que se consiguen.

Lo decimos una vez más. El próximo gobierno -porque de éste mejor no esperar nada y mucho menos del Congreso ilegítimo que tenemos– debe colocar entre sus prioridades gubernativas la reforma radical del sistema de justicia en el Perú.

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Carhuancho, JNE, Jurado Nacional de Elecciones

El trágico feminicidio de Sheyla Condor, evidencia que tenemos un Estado indolente, que no cumple con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres. A esto se suma un gobierno indiferente frente a los graves problemas que tiene el país.

En medio de la APEC, el encierro de estudiantes y la declaratoria de emergencia en Comas, una joven fue desaparecida. Mientras la Presidenta y sus Ministros se codeaban con los presidentes del mundo y presentaban un país inexistente, una madre desesperada rogaba a llantos que le reciban la denuncia por desaparición en una Comisaría. 

La familia de Sheyla sufrió lo que muchos familiares de desaparecidas padecen; la indolencia, la indiferencia, la burla y la repetición de estereotipos por parte de las autoridades que con información falsa se niegan a recibir denuncias e iniciar los procesos de búsqueda. 

La misma policía que persigue a ciudadanos en protestas no atiende las denuncias de familiares que temen lo peor. Los ven sufrir, los ven rogar y no hacen nada. ¿Es este un caso aislado? Lamentablemente, no. El accionar de los efectivos policiales en este caso refleja un patrón recurrente de negligencia en situaciones similares.

Además, el agresor de Sheyla era un suboficial de la PNP. Esto plantea una grave sospecha de complicidad de otros agentes, lo cual debe ser investigado a fondo.

La muerte del agresor, aparentemente por suicidio, cierra el proceso penal contra él, pero no repara el daño ni debe significar el fin de las investigaciones. El Ministerio Público, está en la obligación de investigar a todos los posibles involucrados, así como determinar la responsabilidad de las autoridades que se negaron a recibir la denuncia y no actuaron conforme a los protocolos actuales para los casos de mujeres desaparecidas. 

Además, el agresor tenía denuncias previas por violencia sexual. ¿Qué hacía un denunciado por tres mujeres por un crimen atroz, vistiendo el uniforme y en funciones? ¿Cuáles son los protocolos de actuación de la PNP frente a estos casos?. 

Un agresor en la impunidad, es un riesgo para otras mujeres. Y esto ha quedado demostrado un sin fin de veces. Antes violó, ahora asesinó. 

El caso de Sheyla, deja muchas reflexiones en torno a la violencia contra las mujeres y la negligencia de las autoridades. ¿Hasta cuándo?

Los estándares internacionales en materia de desapariciones de mujeres por particulares, señalan que el Estado, a través de sus autoridades, en este caso, la PNP, debe actuar con inmediatez en la búsqueda. Dado que las primeras horas son fundamentales. Es decir, se tienen que desplegar todos los esfuerzos para ubicar a la persona con vida, dado que debido al contexto conocido de violencia, la víctima se encuentra en grave riesgo. 

Esta disposición es conocida por la autoridades , así como saben que para recibir una denuncia no se tiene que esperar, esta debe ser tramitada de inmediato para proceder a emitir las alertas que determina el Sistema de búsqueda de personas desaparecidas. 

Negligencia, indolencia, machismo, racismo,  clasismo e indiferencia. Una combinación mortal para las mujeres, sobre todo para las más vulnerables. ¿Hasta cuándo?

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JusticiaParaSheyla, LasDesaparecidasImportan

El grado de fuerza que van a tener las candidaturas radicales disruptivas en las elecciones del 2026 obliga a que las fuerzas que van de la centroizquierda a la centroderecha evalúen seriamente unirse, inclusive entre sí, si quieren afrontar con relativo éxito dicha propensión social.

Porque, además, el adversario a vencer no será solamente ese radical outsider sino el fujimorismo, fuerza del statu quo que mantiene un nivel de intención de voto, que, de mantenerse la fragmentación, tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, por defecto del resto.

El centro tiene un bolsón electoral importante, pero se va diluir si se mantienen incólumes las cuarenta candidaturas de dicho segmento que hasta el momento ya figuran entre los partidos inscritos y los por lograr dicha inscripción.

Una derecha que valore más el Estado de Derecho y una izquierda que haga lo propio con el mercado, son relativamente factibles de unirse en un proyecto común. Un frente de ese perfil, disruptivo por su propia constitución, sí sería capaz de enfrentar a Keiko Fujimori, Antauro o Aníbal Torres con posibilidades efectivas de imponerse.

Y su novedad política la otorgaría el carácter antisistema que va a predominar en esta elección, no por razones ideológicas, sino por el estado de ánimo ciudadano, harto del establishment, irritado en extremo con la coalición mafiosa de Ejecutivo y Legislativo y sobrecargado de resentimiento por la mediocridad de un régimen que no es capaz de construir siquiera una sola política pública decente que lleve el Estado a las zonas más empobrecidas del país (las mayorías se sienten respecto de la inseguridad ciudadana o de la corrupción, como se sentían frente al vendaval de la pandemia y un Estado incapaz de brindarles auxilio).

Es difícil labrar un pacto político. Ya lo es tan solo constituir un partido programático, mucho más lo es pensar en unir esfuerzos con una fuerza política diferente. Pero el desafío que nos toca enfrentar el 2026 es de tal envergadura que requiere esfuerzos extraordinarios.

Como bien ha dicho Rafael Belaunde, las de acá a dos años serán una de las elecciones más importantes de nuestra historia republicana, solo equiparables a las de después de la guerra con Chile o las de 1990, luego de que el país estuviera al borde de la inviabilidad. Razón mayor para pensar en un acto de voluntad política extraordinario.

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centro derecha, Juan Carlos Tafur, Sudaca

[Agenda País]  Los sucesos en las últimas semanas como la elección, por segundo mandato no consecutivo, de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica (USA) y la reciente cumbre de la APEC, eficientemente organizada por el Perú en Lima, nos pueden dar una perspectiva de cómo podrían desarrollarse las relaciones comerciales del Perú, tanto como con los miembros de APEC como con los USA.

APEC es un foro de cooperación entre 21 economías de Asia-Pacífico cuya razón de ser es la promoción del crecimiento económico y el bienestar a partir de la liberalización del comercio y la inversión en esta región. No es pues, un tratado de libre comercio como mal informan algunos medios y políticos con, creo yo, alguna mala intención más que ignorancia.

En este importante evento se acordaron diversos manifiestos, no vinculantes, que son una especie de guía u hoja de ruta que las 21 economías deberían tener como base de sus políticas públicas, destacándose temas como la transición a la formalidad, la economía digital y el enfoque de los crecimientos económicos de una manera sostenible, resiliente e inclusiva. 

Los temas tocados en este foro coinciden también con la agenda que tiene la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ), organismo de intercambio de buenas prácticas que propugna, como su lema lo dice, mejores políticas para una vida mejor. 

Sin duda que la excelente organización de APEC en Lima por parte del gobierno del Perú y coordinado por la Cancillería, las múltiples reuniones preparatorias y las conclusiones del pleno, serán de mucha ayuda en el camino que aún le queda a nuestro país en la ruta de ser miembro pleno de esta prestigiosa institución.

APEC representa para el Perú la posibilidad de seguir incrementando el intercambio comercial con esta región que para el 2023 significó exportaciones por más de US$ 44 mil millones e importaciones por cerca de US$ 32 mil millones. Adicionalmente, el Perú, con la decisiva participación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), ha firmado un acuerdo comercial con Hong Kong, puerta logística importantísima en esta región, así como finalizado del acuerdo de optimización del actual TLC con China que incluye temas como el comercio electrónico. Continúan también las negociaciones de un TLC con Indonesia y aunque no esté en APEC, es bueno mencionar que se están retomando las negociaciones con la India para finiquitar un TLC que viene siendo ya conversado desde hace varios años.

Sigue pues el Perú, a pesar de sus vaivenes políticos, con una política de estado firme de ampliar nuestros horizontes comerciales y aprovechar las bondades de la apertura de mercados internacionales. De allí la imperativa necesidad de reforzar el equipo de Promperú y en especial el de sus Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX), varias de las cuales se encuentran sin Consejeros Económico-Comerciales que son, justamente, los responsables de implementar los acuerdos en acciones específicas de promoción comercial, turística y de atraer inversión extranjera directa (IED).

La victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones de los USA ha renovado los miedos que este gran país empiece a implementar medidas restrictivas a sus importaciones, como incremento de aranceles y tarifas. En su primer mandato, Trump renegoció el NAFTA, tratado entre los USA, Canadá y México, y fue duro con el supuesto dumping de productos chinos, a los cuales estableció tarifas diferenciadas.

Si bien Trump ha amenazado con implementar mayores tarifas, tanto por dumping como por razones de migración ilegal aludiendo complicidad de algunos gobiernos, lo cierto es que el Perú está muy lejos de esa problemática y a las balbuceadas de algún asesor trasnochado Trumpista que adelantó posibles tarifas a embarques desde puertos majeados por empresas chinas, como el flamante y recién inaugurado puerto de Chancay, lo cierto es que sería una medida incoherente y antitécnica.

Ya Donald Trump en el 2017, en el mismo ambiente de APEC, manifestó que su país, Estados Unidos de Norteamérica, estaba preparado a trabajar con los líderes presentes para lograr un beneficio mutuo a través del comercio internacional. Y así serán los próximos cuatro años de Trump.

Se vienen tiempos buenos para nuestras exportaciones. Mincetur sigue trabajando en la apertura de más mercados y en las optimizaciones de tratados, el puerto de Chancay como el resto de puertos de nuestro litoral son una garantía en el proceso logístico de exportación e importación, el nuevo aeropuerto de Lima permitirá mayor conectividad y, por ende, mayor flujo de turistas extranjeros y la implementación de las Zonas Económicas Especiales junto a nuestro marco jurídico y tributario, alentarán a empresas extranjeras a instalarse en el Perú.

Finalmente, el trabajo armonioso público-privado es también una garantía que vamos en el camino correcto, pero también existe una demanda para que, desde el estado, se agilicen procesos, se reduzcan trabas burocráticas y se complete el equipo de Promperú, tanto en Lima como en sus sedes en el exterior, para así maximizar los esfuerzos y lograr mejores resultados en los plazos más breves.

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acuerdos comerciales, APEC, Cancillería, comercio, cooperación, Exportaciones, Importaciones, intercambio, Lima, MINCETUR, OCEX, Perú, Política, Promperú, TLC, Trump

La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó con 12 votos a favor el dictamen del proyecto de ley 2803, que establece la unión civil entre dos adultos que quieren formalizar su convivencia, sin importar si son del mismo sexo o de sexos opuestos.

Siempre he pensado que en este tema del reconocimiento a las parejas homosexuales era mejor ir con todo (matrimonio, derecho de adopción, etc.), pero quizás resulta mejor la estrategia de ir avanzando de a pocos y paulatinamente llegar a la meta de los logros señalados.

En esa medida, se debe saludar la iniciativa impulsada por el congresista Alejandro Cavero, porque abre la puerta al camino de ir logrando derechos civiles para todos los peruanos sin distinción de género. Y hay que felicitar a los congresistas que se han allanado al proceso y que probablemente no lo hubieran hecho si se iba por más.

Entre los derechos que otorga la unión civil se encuentran las decisiones médicas prioritarias, la inclusión en seguridad social, los bienes adquiridos durante la convivencia, el derecho a pensión, beneficios económicos, prestación de alimentos, así como los derechos sucesorios, todos ellos derechos legales hoy proscritos y que tantos problemas generaba en la vida real a parejas homosexuales.

El Perú es uno de los países más rezagados en derechos civiles de la región. No sólo en lo concerniente al tema vinculado a los derechos de homosexuales, sino en asuntos como el aborto, los métodos de control de la natalidad a nivel de servicio público, etc. Es hora de ir poniéndonos al día y lograr poco a poco la constitución de un Estado de Derecho inclusivo, moderno y liberal.

Ojalá el Pleno del Congreso ratifique esta iniciativa legal y los conservadores rancios -que abundan no solo en la derecha sino también en la izquierda, como se ha visto en la votación de la comisión de Justicia- no impongan sus prejuicios y aversiones medievales, ante un proyecto moderno y profundamente democrático.

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La paupérrima aprobación de 3% que le otorga Datum a la presidenta Boluarte y la desaprobación de 94% -históricas ambas- debería permitirnos extraer algunas conclusiones políticas que le sirvan a quienes nos vayan a gobernar del 2026 en adelante.

Ya no basta con prodigarse en aparecer en inauguraciones -que de eso abunda el régimen actual- o que sus ministros esta vez -a diferencia de los anteriores- se permitan apariciones recurrentes frente a la prensa. Ya no es un tema formal el que define la aprobación o no de un gobierno.

Peor aún cuando Boluarte empezó su mandato con un pasivo enorme, con los muertos luego de las protestas surgidas luego de su asunción de mando, que hasta ahora no hallan justicia ni reparación por parte del Estado, y que, por tanto, es una herida abierta que no termina de cerrar y constituye un dren de impopularidad basal que el gobierno no va a superar mientras no responda efectivamente.

Lo que la ciudadanía espera es resultados concretos frente a los problemas que la aquejan. La inseguridad ciudadana que asola el territorio nacional no encuentra remedio alguno y va empeorando en medio de declaraciones ridículas del titular de Interior, que, como sus antecesores, no tiene la más remota idea de qué hacer para enfrentar el tema. La corrupción se extiende como metástasis -involucra hasta al hermano de la primera mandataria- y el gobierno se hace el sueco al respecto (por ejemplo, el titular del Midisya debería haber sido sacado del cargo luego de las denuncias de Qali Warma).

La salud pública sigue siendo un desastre y no hay siquiera una política pública desde el Ministerio de Salud o desde el gobierno que prometa reconducir el problema. Y la sensibilidad ciudadana al respecto es enorme luego del desastre que fue el manejo estatal de la pandemia.

Los candidatos que aspiran a llegar a Palacio deben saber no sólo que el pueblo les va exigir propuestas claras y verosímiles frente a estos problemas, sino que, si llegan a cumplir su meta palaciega, se les exigirá que echen a andar una maquinaria estatal hiperactiva que establezca un horizonte de mejoría tangible en los problemas concretos señalados.

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Boluarte, Datum, Encuesta

La Fiscalía es la institución menos considerada, según revela la última encuesta de Datum. Un 80% de la ciudadanía no confía en ella, seguida de los jueces (muy cerca con 77%) y la policía nacional (63%), el trípode sobre el cual descansa la justicia en el Perú.

Menuda tarea le corresponde desempeñar a la flamante Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Tiene que reconstruir radicalmente una institución devaluada por la politización de casos como el de Lava Jato, la corrupción al interior del Eficcop y la inaceptable conducción de una magistrada como Marita Barreto, o las tropelías cometidas, por ejemplo, alrededor del caso de ZamirVillaverde, que con valentía viene denunciando diariamente Beto Ortiz. Por donde se mire se encuentra podredumbre o perversión de la función fiscal.

Por lo pronto, ya se esperaría de la autoridad de control que actúe sobre las denuncias periodísticas efectuadas en los últimos días, en tanto la magistrada Espinoza repiensa con pulcritud cómo recomponer una institución que ha sido destruida desde sus cimientos por malos fiscales.

Resultado en gran parte de una actuación institucional lamentable de la Junta Nacional de Justicia, pronta a acabar sus funciones felizmente, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se han llenado de profesionales bamba, con títulos mal habidos, diplomas truchos y credenciales morales tachables.

La corrupción es, junto a la inseguridad ciudadana, uno de los mayores problemas nacionales, según reflejan todas las encuestas. Ese mal no va a poder ser resuelto mientras no haya una justicia proba en la cual la gente confíe, como viene sucediendo ahora.

Tarea urgente y primordial de la fiscal Delia Espinoza es proceder rápidamente a una purga moral de la institución que preside. Si deja supervivir el statu quo, terminará devorada por la inercia institucional enquistada en el edificio de la avenida Abancay, hoy maloliente y abrumadoramente desacreditado ante la opinión pública.

[La columna deca(n)dente] En una de las entrevistas más desafortunadas de este año, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha demostrado que la desconexión con la realidad nacional parece haberse convertido en el sello distintivo del gobierno de Dina Boluarte. Sus declaraciones sobre las protestas de transportistas y otros ciudadanos a nivel nacional, coincidentes con la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), no solo minimizaron un problema alarmante, sino que reflejaron la insistencia del Ejecutivo en negar la gravedad de la crisis que enfrenta el país.

Para contextualizar, los transportistas alzaron su voz en medio de una ola de criminalidad que cobra vidas de choferes y trabajadores. Sin embargo, lejos de priorizar este grave problema, Pérez Reyes se mostró más preocupado por el momento elegido para protestar, calificándolo de inoportuno por coincidir con la “fiesta” de la APEC.

Lo que resulta realmente preocupante es su intento de deslegitimar las demandas. En respuesta al periodista Martín Riepl, quien le recordó que el Perú no está precisamente de fiesta sino enfrentando una crisis de inseguridad y violencia creciente, el ministro lanzó una pregunta indignante: “¿A quiénes están matando?”. En un país donde el sicariato y la extorsión son noticias cotidianas, esta pregunta no solo es brutalmente insensible, sino que también busca minimizar los hechos.

Para el ministro, las pancartas que claman “nos están matando” son simples herramientas de una “agenda política”. Vincular reclamos legítimos con la “izquierda radical” o con fines electorales es una estrategia conocida del gobierno de Boluarte: descalificar la protesta para evitar atender sus causas. Este tipo de discurso refuerza la percepción ciudadana de que el gobierno no tiene interés en escuchar las demandas ni resolverlas.

En este contexto, el rol de la APEC merece especial atención. Este evento internacional era, para el Ejecutivo, una oportunidad de oro para proyectar al Perú como un país estable y seguro. Sin embargo, al minimizar las protestas y calificar de politizados a quienes las impulsan, el ministro Pérez deja entrever un problema mayor: la prioridad del gobierno no es resolver las crisis internas, sino proyectar una fachada de normalidad hacia el exterior.

Este intento por “normalizar” la situación interna se alinea con un patrón observado desde diciembre de 2022, cuando la represión gubernamental dejó 49 muertos en el contexto de las manifestaciones. Las voces que exigen justicia para las víctimas han sido etiquetadas como oportunistas e interesadas, perpetuando un discurso que intenta invisibilizar tales crímenes. Es evidente que el Ejecutivo busca mantener un discurso donde el orden se impone frente al caos, pero lo hace a un costo altísimo: la erosión de la confianza y el respaldo ciudadano.

En política, las palabras importan, y las del ministro Pérez Reyes no han hecho más que ahondar el malestar general. Su metáfora de la “fiesta” trivializa el descontento social. Su pregunta sobre las víctimas no solo constituye una falta de respeto, sino también una negación de la realidad que viven miles de compatriotas. Y su insistencia en deslegitimar las protestas evidencia un gobierno que interpreta las críticas como una amenaza.

El país no necesita ministros que minimicen los problemas ni discursos que maquillen la realidad. Necesita que el gobierno de Boluarte escuche, actúe y priorice la vida de sus ciudadanos por encima de todo. Porque, a diferencia de lo que piensa el ministro, el Perú no está en una fiesta. Está de duelo.

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APEC, crímenes, Dina Boluarte, inseguridad, MInistro de transporte

Luego de la explosiva declaración de la empresaria Mirtha Gonzáles, respecto de haber sido extorsionada para que a cambio de una millonaria suma de dinero sea excluida del proceso de investigación de organización criminal en la que está incursa (en el mismo caso de quien escribe, en clara muestra de abuso fiscal), es menester e imperativo que la autoridad de control y la propia Fiscal de la Nación tomen cartas en el asunto.

Algo turbio se maneja en el Eficcop y en el equipo de fiscales comandado por el fiscal Niño, brazo derecho de Marita Barreto. Trascendidos a los que uno tiene acceso informan de manipulación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces -particularmente de Jaime Villanueva- para inventar cargos o testimonios que involucren a personas a las que la fiscal Barreto aborrece, entre ellos mi persona.

A falta de prueba alguna, de no haber encontrado nada en los peritajes a los equipos electrónicos incautados, se le ha conminado a Villanueva a buscar cualquier cargo que se le ocurra para involucrarme en un caso que no tiene asidero alguno (explícitamente, se señala en el expediente que se me incluye en el tramado de la organización criminal -y se me ha allanado, por ello con el afán de mancillar mi honra-, por el solo hecho de haber publicado tres informes que Barreto no perdona que se hayan publicado porque la afectaban directamente a ella). Todo ello cuando hay jurisprudencia clara en la Corte Suprema de que no puede considerarse delito, bajo ningún concepto, la publicación de informes periodísticos.

En el caso de la empresaria Mirtha Gonzáles el caso reviste especial gravedad porque, según se reveló anoche en el programa Contracorriente, ella puso al tanto de la extorsión al propio fiscal Niño y simplemente no se actuó nada. Peor que eso, hoy se pretende pedirle prisión preventiva a la extorsionada y el extorsionador anda feliz, libre, sin investigación alguna.

Tiene que extirparse el tumor Barreto de la Fiscalía. Está probada su falta de pergaminos profesionales y académicos para haber llegado a ocupar ese cargo (por eso, ha sido suspendida). Es una fiscal rencorosa y vengativa, presta a violar la ley y el debido proceso a cuenta de sus rencores o discrepancias ideológicas con quienes ella estima adversarios. Y cuenta con el arsenal extorsivo de malos elementos de la fiscalía y de la policía y la certeza de que tiene entre sus colaboradores a un corrupto probado como Jaime Villanueva, cobarde y mentiroso, capaz de lo que sea para librarse de la cárcel, que es lo que le debería corresponder por no haber aportado hasta ahora prueba alguno de sus dichos contra varias personas (incluidos fiscales y periodistas).

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