Y el niño, con la urgencia del nacimiento en una circunstancia tan especial, no había sido registrado, no tenía partida de nacimiento ni DNI. La empresa de aviación que hace el vuelo a Jaén se negó a llevar al niño sin esos documentos, pues así lo manda la ley.
Las gestiones ante la RENIEC para obtener la partida de nacimiento del niño obtenían respuestas negativas dispares de las oficinas registradoras a las que el papá acudió. En una le negaban validez al certificado de nacido vivo que había emitido el hospital de Nieva, la otra respondía que debía registrarlo en su localidad de origen (esto último un absurdo, pues por algo hay un registro informático unificado para nacimientos y otros acontecimientos).
La diversidad de respuestas, hizo suponer que se trataba de limitaciones en la capacitación del personal de las oficinas registrales, y que debía acudirse a alguna autoridad. Se pudo conseguir el apoyo de la congresista Susel Paredes que logró conversar con las autoridades de la RENIEC, las que le dieron la razón a los solicitantes, con lo que se logró registrar al pequeño Gael, aunque con los nombres que los médicos le habían impuesto en medio del proceso, y que sorprendieron a los padres. Ni modo, ya podía viajar.
Una mano generosa, conocedora de asunto, aportó el recurso para comprar el pasaje del papá, con lo que lograron viajar a Jaén en avión. Desde allí a Bagua y luego descansar en esa ciudad, pues seguirían siete horas – a pesar de la cercanía – de viaje por tierra a Nieva en una carretera miserable, llena de baches y peligros.
La odisea terminó felizmente bien. Silbano, Micaela y el pequeño Gael Bikut (nombre elegido por sus padres que, tras un trámite, podrán reemplazar por los nombres provisionales) se encuentran finalmente en su comunidad. Sanos todos.
Nunca debió ocurrir todo eso
Esta historia nunca debió ocurrir. Aunque haya tenido un final feliz debido a una serie de intervenciones extraordinarias, pudo ser diferente. La tasa de mortalidad infantil en poblaciones indígenas alcanza el 49.2 por cada mil nacidos vivos, frente a la media nacional (alta) que es de 23 por cada mil nacidos vivos.
La ausencia de un hospital con todas las garantías de atención en Condorcanqui, es similar a la de muchísimas provincias de costa, sierra y selva que no existen en el mapa de las entidades estatales. Tampoco se puede hablar del primer nivel de atención que tantas veces se limita a un local precario, quizás un técnico enfermero y ninguna posibilidad de medicación, o de prevención de problemas que puedan presentarse. ¡Y hay recursos – no es que falten – estancados en el sector, destinados a atender esta situación!
El caso relatado permite también ver la casi imposibilidad de efectuar traslados urgentes si es que se presentan casos como este. Si este niño pudo salvarse con muchas ayudas, podemos también imaginar la suerte de los que no tuvieron apoyo alguno, que son la mayoría.
Las dificultades en el registro nacional de identidad llaman también la atención, pareciera que no se ha incidido lo suficiente en la capacitación de su personal que está al servicio del ciudadano, también si es indígena.
Las dificultades de supervivencia de los jóvenes padres del niño nos hablan también de una ciudad inhóspita, de una sociedad individualista y ajena a las necesidades de otros, que no tiene espacios de acogida para eventos singulares, pero no tan infrecuentes, como los de este caso.
Tampoco es que, una vez que han retornado a su localidad de origen, la tengan fácil. Destruidos los bosques por la invasión de taladores de árboles, por mineros informales, con ríos envenenados, las formas tradicionales de subsistencia no son de mucha utilidad para los pueblos amazónicos.
Las nuevas formas de vida impuestas por la llamada civilización occidental y cristiana, la sociedad del consumo, han generado hábitos, necesidades y enfermedades que requieren de dinero para ser atendidos, y si bien es posible subsistir – como en toda zona rural – del producto de la tierra y de la crianza de animales, estos no están libres de plagas y enfermedades llegadas con la colonización que, muchas veces, los dejan también sin la posibilidad de ese recurso.
Frente a esa circunstancia, los mismos destructores del bosque venidos de fuera – los mestizos, como los llaman generalmente – se convierten en ofertantes de empleo destructor para las víctimas del mismo proceso destructor que, tantas veces, no tienen más remedio que aceptar la oferta. Porque no hay más.
El bosque se ha ido alejando cada vez más de las comunidades, la caza y la pesca son más difíciles porque si no hay bosque ni agua limpia no hay ni una ni la otra. Los mijanos – que es el proceso mediante el cual los peces migran en grandes cantidades hacia los ríos y cuencas, un evento periódico que suele ser un gran acontecimiento – son cada vez menores. En Condorcanqui, el Pongo de Manseriche ya no tiene los mijanos de antes. Y el poco pescado que se consigue, muchas veces no tiene mercado que lo acoja.
La pobreza es un invento venido de fuera. Lo trajeron las miríadas de colonos y los curas y misioneros, al alterar el paisaje. También las nuevas enfermedades – como el VIH: Condorcanqui es la provincia con mayor prevalencia de este virus – para las que, al mismo tiempo, no llega la atención requerida.
Madereros, mineros ilegales, cocaleros
Ese es el marco general de las recientes movilizaciones de integrantes de la organización de la Nación Wampís contra madereros ilegales, y hace poco también contra mineros. Es la expresión desesperada de un sector lúcido de comunidades que intentan gobernar allí donde no hay gobierno, hacer la labor que la policía y todos los agentes del Estado debieran hacer. Estos hechos replican luchas en la selva central, en la selva de Ucayali y Madre de Dios, que se enfrentan a la ausencia total del Estado o, en su defecto, a agentes corruptos que desafortunadamente ocupan cargos públicos.
En ese marco hay incluso, con gran empeño – dentro de una lógica que marca la destrucción de la Amazonía desde el inició – una iniciativa poderosa que busca debilitar la ley PIACI, o ley que protege a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. En todo el proceso de destrucción de la Amazonía, se parte siempre de negar la existencia de los pueblos amazónicos para luego arrasar con su territorio. Lo hacía el arquitecto presidente cuando promovía su desastrosa carretera alegando que la selva estaba vacía.
Luego, la negación es inminente o es constante mediante la desatención y abandono, la intromisión de formas de vida diferentes, generando poblaciones empobrecidas sin su hábitat natural para sobrevivir con elementos culturales que siempre conocieron y ya no encuentran mucha utilidad, mal integradas así al país que tantas veces, además, les niega su identidad.
La informalidad y la ilegalidad aparece de pronto como la única posibilidad de supervivencia para muchos. Frente a la nada, sin bosque de sustento, es así que la tentación es grande entre los mismos indígenas de sumarse a la actividad de los destructores, que de tal manera promueven el suicidio lento de los pueblos amazónicos.
Más promesas
Hace pocas semanas, funcionarios del gobierno convocaron en Nieva a los apus awajún no solo de Condorcanqui, sino de provincias vecinas como Imaza, e incluso loretanas como del Datem del Marañón, con la clara idea de reunir a todas las comunidades awajún. Sin embargo, solo dejaron hablar a los alcaldes, la mayoría colonos, lo que frustró a los dirigentes indígenas. Esos funcionarios del gobierno central acudieron un par de veces, generando gran expectativa, se elaboró una agenda de necesidades, y muchas promesas, incluyendo uno la oferta de uno de esos consejos de ministros descentralizado que debió darse en Nieva, pero fue desactivado cuando ya los Apus habían viajado a Nieva, muchos desde lejos y con gran costo, y esperaban la llegada del presidente de la república y sus ministros.
Escepticismo, entonces, cuando el gobierno acaba de declarar en emergencia ambiental el territorio wampís, y se recuerda bien la declaratoria de emergencia ambiental de las zonas afectadas por el desastre petrolero de décadas en el circuito petrolero en Iquitos, por parte del gobierno de Ollanta Humala, y que no tuvo consecuencia alguna.
La verdad, debiera declararse en emergencia ambiental, de salud, educativa y de infraestructura adecuada a toda la Amazonía. Debiera haber un plan de inversiones de gran calado que reparen el daño causado durante ya más de cien años al bosque húmedo, pero bajo un gran fideicomiso de administración directa y con fiscalización indígena, que impida que esos recursos se pierdan en otras cosas y burocracia ociosa, entre las oficinas del gobierno central. Que asuma tan medida, claro, la expulsión definitiva de toda actividad extractiva ilegal. Y – sobre todo de todo – la presencia real del Estado que garantice esos procesos.
Para avanzar y evitar que historias como la de los jóvenes Silbano y Micaela, y del pequeño Gael, no se repitan jamás.
