Opinión

Primero fue la bendita reunión del viceministro de Interculturalidad con el grupo protofascista La Resistencia, que terminó ocasionando su salida del gobierno, y ahora es la designación como presidenta de EsSalud de la cuestionadísima exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien salió del gabinete por su pésimo manejo de la epidemia del dengue.

A pocos días de la mentada Tercera Toma de Lima, el gobierno hace méritos propios para que un sector de la población, más moderado, que de repente iba a espectar desde sus domicilios la protesta, empiece a evaluar sumarse a la misma, indignado por la indolencia gubernativa para manejar los asuntos públicos.

Lo más probable, dada la conflictividad al interior de los grupos convocantes, el exagerado pliego de demandas acordado en la convocatoria y la ausencia de los jóvenes de la misma, es que la marcha no sea lo multitudinaria que algunos esperan y que, si el régimen no comete la barbaridad de reaccionar represivamente como en diciembre y enero, la misma no genere el impacto político buscado.

Pero no deja de llamar la atención la torpeza del gobierno. Ya sabemos que es un gobierno mediocre, carente de equipos tecnocráticos y políticos (la mejor muestra de ello es que las pugnas y fricciones gubernativas se reducen a los malentendidos entre el hermanísimo de la presidenta y el premier Otárola), pero se podría haber esperado que en circunstancias críticas, se manejase con mayor solvencia.

Julio es un mes complicado en términos políticos. Se viene la llamada Toma de Lima, la elección de la Mesa Directiva del Congreso y el mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Dentro del equilibrio que supone la estabilidad mediocre del régimen, al menos se esperaría que no haya sobresaltos mayores, pero eso tiene como condición previa que en el Ejecutivo prime la cordura y la sensatez, cosa que no se aprecia con los dos hechos mencionados al inicio de esta columna.

El Perú político ha salido de cuidados intensivos con la caída del nefasto gobierno de Castillo, pero aún se halla en cuidados intermedios y requiere seguimiento y desvelo. Lo mínimo que se esperaría, en tales circunstancias, es que el paciente -léase, el gobierno- contribuya a su mejoría y no atente contra ella.

 

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ESSALUD, La Resistencia, Rosa Gutiérrez, Toma de Lima

[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] Hace unos días se conoció el caso de una menor de 10 meses que fue violentada sexualmente por su progenitor y producto de este ataque, falleció. Su madre era una adolescente de 15 años. Es decir, habría salido en estado de gestación cuando tan solo tenía 14 años y no tenía la edad para brindar consentimiento alguno, por lo que se habría cometido una violación sexual en su agravio. Esta noticia ocasionó una gran indignación colectiva.

El agresor -pese a haber sido denunciado- se encontraba en libertad. Aunque la adolescente víctima tenía medidas de protección, estas no fueron cumplidas ni garantizadas por las autoridades peruanas. Tampoco se tuvo acceso al Kit de Emergencia[1] que cuenta con un grupo de medicamentos y pruebas para prevenir un embarazo forzado o Infecciones de Transmisión Sexual. Sucedió lo mismo con el acceso a un aborto terapéutico, legal desde 1924[2] para aquellos casos en donde haya un gran peligro para la vida y/o la salud de la mujer.

La violencia sexual en nuestro país es una de las grandes tragedias que tenemos. Cuando analizamos las cifras, estas son más que dolorosas. Parece inútil repetirlas, pero hoy más que nunca necesitamos la sensibilidad de la ciudadanía para exigir respuestas estatales reales y serias para la atención, sanción, prevención y erradicación de esta problemática. Recordemos que es obligación del estado garantizar una vida digna, lo que va en el marco del derecho que tenemos todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

En el 2022 se han registrado 25 909 (94,7%) casos de violencia sexual en agravio de mujeres. Hasta mayo del 2023, se tiene el registro de 11 085 casos de violencia sexual a mujeres, los que representan 94,5% del total de denuncias.

Así también, en el 2022 se registraron 11 080 casos de violaciones sexuales a mujeres y en el 2023, 4776 casos. En este tipo de violencia sexual, los registros visibilizan a las niñas, niños y adolescentes como los/as principales afectados/as, en lo que va del año se han cometido 3 297 violaciones sexuales, representando al 65,9% del total de denuncias.

Este crimen ha sido considerado por las instancias internacionales como una forma de tortura, así como lo es obligar a las mujeres a continuar con un embarazo producto de esta agresión: embarazos forzados. Diferentes Comités de derechos humanos han recomendado al país que se despenalice el aborto en casos de violación sexual, entendiéndolo como el estándar mínimo con el que se debería contar. Esta medida en parte representa una restitución de la dignidad a las víctimas y no perpetuar más su sufrimiento. Esto ha sido recogido en las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño, el Comité CEDAW, el Comité de los Derechos Humanos y recientemente en las recomendaciones del último Examen Periódico Universal hecho al Perú por otros estados.

En nuestro país vemos con indignación la recurrencia de la violencia sexual, pero es necesario apoyar acciones que realmente se orienten a lograr que este crimen sea erradicado y proteger a las víctimas.

Despenalizar el aborto en casos de violación sexual es una medida urgente, una deuda histórica del Estado con las mujeres y las niñas. Una medida que, al menos, ayudaría a no exponer a las víctimas  a la extensión de su sufrimiento, salvaguardando su vida y salud.

De otro lado, se necesita romper con la impunidad. Cada agresor impune es un peligro para otras niñas y mujeres. La falla de nuestro sistema de justicia para sancionar estos crímenes impacta directamente en el incremento de otras víctimas.

PREVENCIÓN: si bien queremos sanción, este ámbito es sumamente importante para que estos casos no se repitan, que ninguna otra niña/adolescente o mujer adulta se vea expuesta a esta tortura que daña su vida para siempre. Para prevenir este crimen resulta primordial la educación sexual integral en las escuelas, lamentablemente esta ha sido bloqueada por un congreso antiderechos que responde a intereses subalternos.

Estás medidas a largo plazo son impopulares, en la medida que no brindan soluciones inmediatas, pero sino empezamos a abordar el problema de forma seria y responsable seguiremos lamentando casos. La indignación sin acción no alcanza.

[1] De acuerdo a la Directiva Sanitaria N° 083/2019/DGIESP el “Kit para la Atención de Casos de Violencia contra la Mujer – Violencia Sexual” es un grupo de productos preestablecidos que deben ser entregados en la atención de un caso de violencia sexual y que tienen la finalidad de prevenir embarazos forzados.

[2] Artículo 119° del Código Penal: “No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”

 

*Nota realizada con la colaboración de Cecibel Jiménez

 

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Aborto, adolescencia, CEDAW, violencia sexual

La derecha tenía la oportunidad histórica precisa para replantearse su perspectiva e insertarse nuevamente en el imaginario ciudadano -como lo estuvo casi cerca de 20 años, desde los 90 en adelante, luego del colapso populista de los 80-, a partir de la debacle social, política, económica y moral del castillismo y de la izquierda en pleno que se sumó de comparsa del desastre.

De esa manera, podía asegurar un plazo de vigencia que se prolongase hasta las venideras elecciones presidenciales y permitía vislumbrar que en esa coyuntura, el país se inclinase por una opción capaz de sacarnos de la crisis política permanente y, adicionalmente, darle un renovado impulso a las reformas económicas e institucionales que el Perú demanda a gritos.

Nada de ello, sin embargo, ha ocurrido. La derecha, sobre todo en su expresión congresal, ha dilapidado rápidamente esa tremenda posibilidad de regeneración, ha caído en los peores vicios autoritarios y éticos y ha permitido que la izquierda retome presencia y dinamismo para colocarse nuevamente en el escenario de posibilidades electorales.

Hoy mismo, su tozudez e irresponsabilidad política ponen en riesgo que la nueva Mesa Directiva del Congreso siga siendo manejada por agrupaciones de centro o de derecha, y le brinda a la izquierda -que es minoría- la posibilidad de maniobrar en medio de los desaciertos de la derecha para aspirar a hacerse de un cargo que es crucial para los pronósticos de gobernabilidad del propio Ejecutivo (una presidencia del Congreso de izquierda sería un baldonazo para la estabilidad política del régimen).

Por lo visto, la situación tiene difícil remedio y poco puede esperarse de la derecha actualmente existente. No parece quedar otra esperanza, respecto del surgimiento de una derecha liberal y moderna, que aguardar la consolidación partidaria y electoral de las nuevas agrupaciones que están surgiendo en este lado del espectro ideológico nacional.

La derecha mercantilista, populista, conservadora y autoritaria ha demostrado, con apenas una cuota de poder, que carece de la sindéresis pertinente y, peor aún, de la voluntad reformista que la coyuntura exige. No hay en ella germen posible de mejora de la vida política, social y económica del país. Todo lo contrario, una mayor amplitud de su poder solo conllevaría atraso, conflicto e ingobernabilidad en una nación que ya anda lo suficientemente convulsionada como para echarle más combustible a la hoguera.

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[TIEMPO DE MILLENNIALS]  El embarazo adolescente en el Perú es un problema de salud pública que va en aumento y que el Estado parece no darle la importancia que amerita. En el 2022, 1,624 niñas y adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, superando las cifras de años anteriores (Fuente: Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea). En solo lo que va del 2023, ya hubo 364 nacimientos de madres entre 11 y 14 años. Las principales causas son violencia sexual, falta de educación sexual y desigualdad de género.

¿Qué está haciendo el Estado al respecto? Según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el presupuesto para prevenir el embarazo adolescente en Perú debería ser de entre S/ 55 y S/ 98 per cápita. Sin embargo, en promedio, las regiones manejan un presupuesto de S/ 9.3 por adolescente, muy por debajo de lo sugerido. Incluso existen regiones como Amazonas y Tacna donde se invierte tan solo S/ 0.70 por adolescente. Justamente en las regiones donde el presupuesto es menor, la taza de embarazo es mayor.

El acceso a anticonceptivos gratuitos también es otro problema, y cuya responsabilidad es del Estado. En las regiones más pobres, a menudo los centros de salud están desabastecidos y, en general, en el país, muchos de ellos no ofrecen métodos anticonceptivos de larga duración que son más idóneos para prevenir los embarazos. Recién hace menos de un año se incluyó en la lista de anticonceptivos gratuitos el dispositivo intrauterino (DIU) liberador de progestágeno, cuando desde años atrás se ofrece en otros países.

Otro problema es el Congreso y el Ejecutivo, que tienen a un gran sector de extrema derecha que pone en riesgo que muchas adolescentes accedan libremente a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y de calidad. Un ejemplo es el caso de la “píldora del día siguiente”. Recién en marzo de este año el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Salud distribuir de forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia en todos los centros de salud del Estado a nivel nacional. Previo a ello, ni siquiera los kits de violación incluían esta píldora, ya que un sector de nuestros gobernantes aducía que era abortiva. Asimismo, si bien el aborto terapéutico es legal, según un reporte de la UNFPA, más del 70% de los centros de salud desconocen la existencia de la guía técnica de aborto terapéutico.

Por último, la falta de acceso a la educación sexual integral (ESI) colabora a que el número de embarazos adolescentes vaya en aumento. Según la UNFPA, en el 2017 junto con la Defensoría del Pueblo, se supervisaron 91 establecimientos de salud diferenciados de atención integral a adolescentes, y en 23 de ellos no se les entregaba información sobre salud sexual y reproductiva si no iban acompañados por sus padres a pesar de que la norma señala que desde los 14 años los jóvenes pueden recibir información sobre métodos anticonceptivos sin estar acompañados de un adulto. El problema también está en los colegios ya que a pesar de que existen lineamientos aprobados por el Ministerio de Educación, la implementación de la EDI de calidad aún no se lleva a cabo de manera adecuada ya que no se asignan los recursos necesarios para la capacitación docente y, además, hay mucha controversia sobre lo que se debe enseñar.

Del 2021 al 2022 el embarazo adolescente creció en 22%. El Estado tiene todas las herramientas para abordar este tema, pero aun así no lo hace. Hay sectores que prefieren pasarse años debatiendo sobre la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, u agrupaciones como «con mis hijos no te metas» que se oponen a la ESI en los colegios, sin ponerse a pensar en el daño que su inacción les hace a miles de niñas y adolescentes en el Perú. No cabe en estos tiempos ser conservadores, la realidad es que el inicio de las relaciones sexuales se da en promedio entre los 16 y 19 años en Lima, y a los 12 años en la Sierra y Selva, y gritar «con mis hijos no te metas» se simplemente ser ajenos a esa realidad y darle la espalda a un trabajo de prevención que urge en el Perú.

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Defensoría del Pueblo, embarazo adolescente, Tribunal Constitucional, UNFPA

[EN LA ARENA] Qué controversial que el viceministro de interculturalidad, Juan Reátegui Silva, difundiera en las redes sociales su reunión con el grupo La Resistencia. Una violenta organización dedicada a atacar autoridades públicas defensoras de derechos humanos. Si un viceministerio publica una reunión de trabajo con una agrupación que tanto daño causa justo una semana antes de la Toma de Lima, ¿cómo no se va a interpretar como un acto amenazante de parte del actual gobierno? Controversial porque el viceministro es un reconocido funcionario de origen awajún con una vasta experiencia en la defensa de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y ha salido a justificar lo acaecido señalando que se había realizado en el marco de un programa contra el racismo.

Todos los medios le han recordado al viceministro las acciones violentas de La Resistencia, cargadas de odio y difamación. Queda la pregunta de cómo no puede haber sido consciente de ello un funcionario de tan alto rango que sabe que la próxima semana llegarán representantes y activistas de las regiones de otros pueblos originarios. No puede justificar que se trata de admitir a quienes piensan diferente, porque es una agrupación que ha cometido delitos. El reclamo va hacia la falta de un filtro en todas las instituciones estatales que impida que se realicen encuentros con personas y organizaciones dedicadas a dañar a nuestra población.

Una semana antes de la Toma de Lima, todavía quedan rastros del miedo que sembró la Policía Nacional del Perú junto a grupos como este con la avenencia de la presidenta de la República, que no hizo nada para detenerlos. Los miles de limeñas y limeños que participaron de la espontánea marcha contra el Congreso en junio, y el apoteósico desfile de más de cincuenta mil personas el día de la Marcha por el Orgullo han sido señal de que nos estamos recuperando. Cabe sumar que tras los informes de Amnistía Internacional y las Naciones Unidas, la policía se ha sabido portar profesionalmente durante ambas manifestaciones. Cosa que no deja de indignar porque significa entonces que sí podrían haberse evitado las más de 70 personas asesinadas hace pocos meses atrás. El ímpetu por salir a marchar empieza a renacer.

Pero los rastros de aquel miedo los alimenta la prensa que continúa con la estrategia del terruqueo y los discursos de la presidenta, quien ya culpó a los protestantes de una próxima crisis económica, cuando han sido las masacres producidas por el Poder Ejecutivo y avaladas por el Congreso y el Poder Judicial, las que han dejado sin aliento a las fundaciones y organismos internacionales que evalúan la estabilidad política y económica de los países para las grandes inversiones internacionales.

Sea entonces por error o por amenaza, lo cierto es que el actual gobierno sólo destila desconfianza. Quiere que desconfiemos entre nosotros. Pero con su actuar lo que alimentan es la desconfianza entre nosotros y los tres poderes del Estado, tomados por mafias nacionales, siendo la principal, la fujimorista. Es contra estas redes de corrupción y clientelaje por las que nos levantaremos el 19 de julio. Por eso, en medio de tanta desconfianza, dar la contra a este gobierno también implica dar espacio a la solidaridad. Y así será. Como en enero, nos tocará dar la mano a nuestras hermanas y hermanos que vendrán a luchar con la esperanza de que podremos recuperar el mejor sentido de nuestra democracia, confiando en el adelanto de elecciones como el primer paso de una ardua tarea, la de cambiar nuestro sistema político. Es una asunto que se lo debemos a nuestra próxima generación, que tiene derecho a crecer dignamente.

 

 

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DinaDesconfianza, LaPestilencia, TomaDeLima

¿Cómo entender que el Ministerio de Cultura haya recibido ayer en la tarde, para dialogar sobre la democracia, la tolerancia y la paz social, a los integrantes del grupo violentista, protofascista y delictivo, denominado La Resistencia?

Este grupo se ha hecho conocido como autor de ataques virulentos contra determinados personajes de centro o de izquierda, inclusive de derecha liberal, con incursiones a los propios domicilios de las personas afectadas, profiriendo insultos, amenazas (el presidente del JNE fue amenazado de muerte), y en razón de ello, aunque un poco tarde, la Fiscalía les ha abierto investigación a sus promotores.

¿Cómo puede el ministerio encargado de velar por la diversidad cultural y la tolerancia, recibirlos, muy orondamente, y sentarse con ellos a dialogar, como supuestas víctimas de racismo? ¿Hay alguien caído del palto en el Mincul o estamos ante una estrategia premeditada en la que el gobierno, a través del citado ministerio, avala y promueve?

Luego de las duras críticas recibidas, el Mincul emitió anoche, tarde, un aguachento comunicado, en el que señala: “Es necesario enfatizar que rechazamos de forma enérgica todo tipo de violencia, venga de donde venga, de persona natural u organización, y reafirmamos que la cultura es una vía que nos debe unir como hermanos y hermanas”.

¿No consumen medios de comunicación en el Mincul? ¿No están enterados de que La Resistencia es un grupo violentista? ¿Acaso lo consideran un grupo cultural que organiza performances? Mañana entonces, como bien ha señalado con sarcasmo César Hildebrandt, que se reúna con el Tren de Aragua, organización mafiosa venezolana, que podría argüir que sufre de xenofobia. O que atienda al Movadef, organismo proveniente de Sendero Luminoso, bajo el pretexto de que es marginado legalmente por ser de origen andino.

O el viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui, anfitrión de la cita, es sacado del cargo de inmediato, o se pondría de relieve que el gobierno de Dina Boluarte ve con buenos ojos las acciones delictivas de estos grupos que arremeten contra periodistas, autoridades, jueces, intelectuales y políticos, que tienen en común, la mayoría de ellos, un cierto perfil crítico del régimen.

 

 

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Dina Boluarte, Juan Reátegui, MINCUL, tren de aragua

[EN EL PUNTO DE MIRA] Fue muy gratificante, porque salieron excelentes reflexiones sobre el tema. Había escrito, hace algunos meses para la opinión pública, una propuesta de partido político para estos tiempos en los que –aparte de la clásica organización territorial (bases) y funcional (sindicatos, colegios profesionales, entre otros)– se tomara en cuenta también a la organización virtual, así como al trabajo de los colectivos para que complementen el trabajo político que debe realizar toda organización que tenga como fin llegar al gobierno y formar ciudadanos.

Pero, en un tiempo como el que vivimos, el cual es catalogado ahora como la posverdad, donde el titular de un periódico importa más que el contenido y donde los grandes relatos se han fragmentado, ¿qué rol cumpliría un partido político para representar demandas sociales aún insatisfechas?

Esta pregunta nos invita a pensar el sentido que le debemos otorgar a la acción política. Teniendo el contexto mencionado líneas arriba, es importante apostar por un partido ‘light’, que esté entre el gran relato y el fragmento. Vale decir, que tenga como fundamento no el gran programa de transformación de la sociedad, sino algo parecido a un manual de autosuperación personal, pero en colectivo. Porque, hoy por hoy, la gente no quiere racionalizar el cambio en abstracto, quiere expresar el cambio social desde su autosuperación.

Actualmente, los partidos políticos han perdido la capacidad de aglutinar emociones a favor. Lo que podemos apreciar -por ahora- son sentimientos antipartidos. Esto se debe -en parte- a esa capacidad de burocratizar las ideas políticas. En un mundo donde la forma cómo lo dices tiene mucha más importancia que el propio contenido, se debe emocionalizar palabras políticas claves.

¿Qué quiero decir con esto? Se me viene a la cabeza el spot publicitario “Chile, la alegría ya viene”, de la campaña de la ahora Concertación chilena con el que ganó el plebiscito para saber si Pinochet seguía gobernando o no.

Hace tiempo que los partidos han dejado de apelar a valores universales positivos, como la alegría y el amor. Repensémoslo nuevamente.

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La tesis del fraude electoral, presuntamente cometido en las elecciones del 2021, le ha hecho mucho daño a la convivencia democrática del país. Sustentada en el argumento de que el voto rural andino era amañado, su énfasis solo horadaba la ya alicaída confianza de ese enorme bolsón poblacional en las bondades del statu quo. La tesis del fraude reafirmaba su disidencia.

Hoy el Congreso vuelve a la carga con la misma monserga, al pretender tirarse abajo el tinglado institucional electoral (JNE, ONPE y Reniec), con argumentos jurídicos falaces que, en verdad, se remontan a la peregrina y disparatada hipótesis de que si no fuera por sus autoridades, Keiko Fujimori habría sido electa presidenta constitucional.

No hay un solo informe técnico que avale semejante especulación y los propios voceros del fraude (entre los que lamentablemente participó, en un inicio, hasta Mario Vargas Llosa) fueron silenciándose conforme se comprobaba la insuficiencia de pruebas y el carácter endeble de sus hipótesis.

Hay, como es obvio, una mayoría congresal compuesta por congresistas de derecha e izquierda que parecen dispuestos a unirse para causas pueriles como la reseñada. Sorprende, por cierto, que Perú Libre y sus desagregados se sumen eventualmente a la pretensión de descabezar los organismos electorales, habiendo sido ellos los legítimos ganadores de la jornada electoral que llevó a Pedro Castillo a Palacio. Pero en los vericuetos del poder parecen estar ocurriendo sortilegios que solo parecen factibles de desentrañarse si se entiende que el Congreso se ha convertido en un mercadillo de tomas y dacas, sin signo ideológico de por medio ni visión democrática detrás.

Es hora de esperar que la nueva Mesa Directiva logre asentarse en las instancias de los partidos democráticos -aquellos que se opusieron al despropósito de Castillo- y que, a su vez, entienda que no es hora de venganzas menudas ni de ajustes imaginarios de cuentas, sino de construir una agenda legislativa reformista que saque al Legislativo del hoyo de descrédito en el que se encuentra.

Un Parlamento con 91% de desaprobación, es decir, absoluta carencia de representación, debería entender que su tarea, para remontar esas cifras, no pasa por abusar de su poder sino por ajustar las clavijas del desmadre moral que se despliega al interior de su recinto y por trazar una línea de acciones de largo plazo que pongan a este poder del Estado a la altura del bicentenario.

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A la luz del desastre social ocasionado en las naciones europeas respecto de los procesos migratorios acontecidos en sus lares (particularmente de población de origen africano y recientemente del Medio Oriente), que ha sido nuevamente puesto en evidencia con los descontrolados estallidos de violencia en Paris luego de un incidente policial, no se puede dejar de reconocer la sabiduría esencial de nuestro país para acoger este tipo de procesos.

En Francia, la colusión del racismo derechista con el buenismo izquierdista, terminaron por construir inmensos ghettos urbanos, de contingentes poblacionales auxiliados por la beneficencia, pero marginados del orden establecido, materia prima propicia para la marginalidad permanente (pobreza, delincuencia, disidencia). Y lo mismo sucede en Gran Bretaña, Países Bajos (acaba de renunciar su primer ministro por un desatino migratorio), países escandinavos, Alemania en menor medida, etc.

El Perú ha recibido un influjo masivo de casi millón y medio de venezolanos, y si bien ha cometido errores en el proceso (no extender inmediato permiso de trabajo a nuestros compatriotas venezolanos o no cribar legalmente a los que cruzaban nuestras fronteras), no ha ocurrido acá lo que en Europa.

La población venezolana está desperdigada por todo el territorio nacional, en su mayoría trabaja honestamente, se ha adaptado perfectamente -cuando tiene sus papeles en regla- y, salvo excepciones delictivas muy minoritarias, no ha generado un problema social y político. Por el contrario, ha generado un enorme beneficio económico al Perú, ya que, además, no se cometió el error de destinar recursos fiscales a “ayudar” a los migrantes y condenarlos a una pobreza inducida.

El Perú, en ese sentido, goza de una tradición histórica que ha sabido acoger fenómenos de migración, aunque algunas de ellas hayan sido originalmente procesos de esclavitud (población afro y oriental), y paulatinamente se va tomando consciencia de la necesidad de una mayor equidad social respecto de estas minorías que, en buena medida, forman parte del paisaje demográfico nacional sin ninguna fricción particular.

La del estribo: muy recomendable el documental El dorado, que describe la proliferación de locales queer en los años 20, en la Berlín anterior al ascenso de los nazis, reflejando la atmósfera de libertades y modernidades que luego el totalitarismo aplastó. Un documental que no deja de ser una alerta de lo que puede ocurrir si predominan en el planeta las fuerzas ultraconservadoras que han venido creciendo en las últimas décadas. Va en Netflix y también con su proveedor favorito.

 

 

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