Existe abundante literatura empírica que ha evidenciado que los conflictos sociales internos a los países son causantes de tasas de crecimiento más bajas discontinuas, así como causantes de que muchos países hayan experimentado un colapso de su crecimiento económico desde mediados de la década de 1970 (Rodrik, 1999)[4]. Para el caso peruano, el BCRP (2022)[5] estimó que los conflictos sociales habrían afectado negativamente al PBI del sector minero metálico en 2.3%, lo cual habría finalmente ocasionado un impacto en el PBI total de -0.2% para el año 2021.
Ciertamente, la gestión pública es fundamental para atender adecuadamente las necesidades de la población y evitar futuros conflictos sociales. Si se relacionan las variables de gestión pública regional, aproximada por el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP)[6], y el número de conflictos sociales, se encuentra una relación negativa (coeficiente de correlación de -0,47). Es decir, que las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a conectividad, salud, educación e instituciones registran un mayor nivel de conflictividad social.
Si bien la solución de los conflictos sociales requiere la implementación de un conjunto de medidas estructurales que mejoren la institucionalidad del Estado, es posible avanzar en acciones de corto y mediano plazo destinadas a mejorar la provisión de los servicios públicos en zonas de influencia minera. Una de estas acciones corresponde al fortalecimiento del rol efectivo del Estado en la prevención de conflictos sociales mediante el desarrollo de un sistema preventivo operado por personal especializado en la gestión de conflictos, debidamente acreditado y autorizado para vincular los compromisos de proyectos de cierre de brechas en los sistemas de inversión y presupuestarios. Una parte esencial de este sistema pasaría por analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se desarrollará un proyecto minero con el objetivo de priorizar oportunamente la reducción de la brecha de servicios públicos básicos de la población del área de influencia de dichos proyectos.
Otra de las acciones correspondería al desarrollo de un adecuado seguimiento y monitoreo a los compromisos que surgen de los espacios de diálogo de los conflictos a cargo de una unidad independiente y especializada. Esta tarea podría estar a cargo de una nueva Unidad de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos en la Defensoría del Pueblo para realizar un seguimiento adecuado a todos los compromisos, con especial énfasis en los proyectos de inversión que surgen de dichos espacios. Asimismo, esta entidad debiera poner a disposición de la ciudadanía la información en formato de datos abiertos referida a la gestión de los conflictos sociales que facilite la generación de evidencia para el diseño e implementación de políticas públicas.
[1] Yunis, J., Aliakbari, E. (2022). Annual Survey of Mining Companies 2021. Fraser Institute. [2] Esser, K., Hillebrand, W., Messner, D., Meyer, J. (1996). Competitividad sistémica: nuevo desafío para las empresas y la política. Revista CEPAL, 59. [3] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de Conflictos Sociales N° 221. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, julio. [4] Rodrik, D. (1999). “Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses”. Journal of Economic Growth volume 4, pages385–412. [5] BCRP (2022). Reporte de Inflación 2022. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023. Banco Central de Reserva del Perú, marzo. [6] El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2022 del CPC mide el desempeño de 17 indicadores en los pilares de conectividad, salud, educación e instituciones. Entre 2019 y 2021, solo dos de las 25 regiones analizadas mejoraron en todos los pilares.
