[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] La presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú marcó un hito crucial al desvelar la trágica historia que nuestro país vivió entre 1980 y el año 2000. Durante el conflicto armado interno, más de 69,000 vidas se perdieron. A pesar de que han transcurrido dos décadas desde entonces, es preocupante observar que las recomendaciones formuladas por los comisionados aún no han sido implementadas.
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas junto a sus familias, son pocos los casos que han logrado obtener justicia. En lugar de ver avances en la reconciliación y la construcción de la memoria, el informe y el proceso en sí continúan cargados de un injusto estigma promovido por aquellos que, por motivos políticos, buscan que persista la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.
Es fundamental destacar que la CVR enfatizó en la condena al terrorismo, señalando a Sendero Luminoso y el MRTA como los principales perpetradores de la violencia y quienes la iniciaron.
Al mismo tiempo, el informe evidencia las numerosas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el marco de la estrategia contraterrorista estatal, las cuales estuvieron motivadas por un profundo racismo. No es casual que la mayoría de las víctimas sean personas quechua hablantes o indígenas amazónicos.
Estos hechos no fueron excesos, sino graves violaciones de derechos que se llevaron a cabo de manera sistemática por miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional, los cuales fueron motivados por un arraigado odio racial y de clase. Estos actos no fueron aislados, sino que formaron parte de una estrategia institucionalizada y tolerada durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, principalmente.
Masacres, asesinatos colectivos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y otros tratos crueles y humillantes.
Señalar esto no implica negar el horror del terrorismo, ni eximir de responsabilidad o buscar la absolución para aquellos que decidieron enfrentar el descontento por las profundas desigualdades tomando las armas. Visibilizar y condenar el hecho de que la población tuvo que vivir y sufrir entre dos frentes (el terrorismo y la violencia estatal) tiene como objetivo fomentar una reflexión colectiva, para evitar que este escenario dramático se repita.
El Estado tenía la obligación de proteger a la ciudadanía del terrorismo, por supuesto. No hay duda de que el Estado debía tomar medidas para prevenir la propagación de la violencia y el horror. Sin embargo, lo censurable no es eso, sino que en el marco de dicha estrategia se permitiera y promoviera el odio, la violación, el asesinato y la desaparición de personas racializadas. El Estado no podía combatir el horror con más horror.
Una verdadera democracia no se construye negando el pasado ni fomentando el odio. El país necesita retomar los procesos de memoria y reconciliación incompletos para avanzar hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, donde el «terruqueo» no sea la herramienta para resolver diferencias y el racismo sea erradicado. Esta sigue siendo una tarea pendiente.
