Opinión

[Agenda País] Pocas veces se ha sentido tanto desconcierto en el país como en los tiempos que estamos viviendo. Y no es solamente culpa de quienes nos gobiernan.

Nosotros, los ciudadanos, nos hemos acostumbrado a celebrar la pendejada, a cambiar los programas de entretenimiento o culturales por cojudeces faranduleras y a mostrar un desinterés en participar activamente en política, pero valgan verdades, también miramos a la política como farándula. 

El escándalo de Andrés Hurtado “Chibolín” se veía venir. Decenas de políticos y personalidades pasaron por su programa, de ostentosa huachafería, y se sentaron en los tronos de la indiferencia siendo partícipes del desdén hacia los más pobres. Pero como nadie habla o habla poco, y con tanto poderoso metido en la cochinada, quizá todo quede allí, con Chibolín haciéndose el desmemoriado y la fiscalía peleándose con el poder judicial. 

Ya de Mauricio Fernandini no escuchamos ni pío, pero aún tenemos a nuestro “Bebito fiú fiú” que nos entretiene con su cinismo y si nos falta más morbo, Magaly sigue rompiendo ratings.

Mientras el país entra en caos permanente, el gobierno sigue despilfarrando centenas de millones de dólares en la quebrada PetroPerú y deja a la Policía Nacional del Perú sin recursos para luchar efectivamente contra la delincuencia y el sicariato que cada día aumentan con más insania en todo nuestro país.

El anunciado paro de transportistas para protestar, justificadamente, ante el incremento de la extorsión que no solamente se ensaña contra ellos sino contra todos los comerciantes que honradamente se ganan el pan de cada día, ha demostrado que el gobierno no actúa planificadamente.

Recién el mismo día del paro, el Minedu saca un comunicado a las 6:50 a.m. diciendo que las clases pasan a virtual cuando a esa hora, la mayoría de los estudiantes ya están camino a sus centros escolares, aumentando la sensación de caos y poniendo en peligro la integridad física de profesores, estudiantes, administrativos y padres de familia.

También, el mismo día hacia principios de la tarde, el gobierno declara en emergencia a varios distritos de la capital, ¡Nunca es tarde! dirán los optimistas, ¡Demasiado tarde! los realistas, ¡Ya para qué! expresarán los pesimistas. 

Da la sensación que el Premier Adrianzén cree que su rol es ser reactivo con los problemas, como en el tema de los incendios forestales que ya venían empezando hace semanas, pero que recién con el infortunio de compatriotas fallecidos, se empieza a reaccionar. Y es tal la soberbia que ni ayuda internacional pedimos mientras se quema medio país, se culpa a la tradición de quemar para sembrar y a algunos malos peruanos. Bueno, ya lloverá y crecerá algo… 

Otra impresión es que no se coordina entre ministerios, que es uno de los roles principales de la PCM. Ante el extemporáneo comunicado del Minedu y la tardía declaración de emergencia, se suma que el MTC no tuvo un plan de contingencia para movilizar a la población. Tarde, muy tarde, la PNP puso unos buses a disposición. “Control de daños” es la frasecita que más se usa cuando la incompetencia arrecia.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene que reaccionar de manera radical. Ella tiene que reaccionar.

Que su gobierno llegue al 2026 es un objetivo que muchos peruanos, como yo, deseamos. Pero si la sensación de caos e indiferencia sigue aumentando, las voces de vacancia volverán al ruedo, como ya se empiezan a escuchar.

Aún es tiempo de corregir y comienza, primero, con un cambio de chip en la presidenta para que asuma que lo que queda de su gobierno es asegurar la transición democrática y poner un mínimo de orden en el país. 

Lo segundo, recomponiendo su gabinete con un premier con voz propia, que ejerza liderazgo y una efectiva coordinación transversal, así como designar ministros competentes que prioricen el trabajo en equipo.

No podemos seguir viviendo de la farándula y la indiferencia. 

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Adrianzén, Chibolín, Dina Boluarte, Estado, farándula, Fiscalía, Gabinete, Gobierno, indiferencia, Mindeu, ministerios, MTC, pcm, Poder Judicial, Premier

Uno de los temas más álgidos en la defensa de los derechos de las mujeres es la lucha por la autonomía sexual y reproductiva. Esta dimensión, a pesar de los avances, siempre ha estado en disputa. El patriarcado, como sistema de opresión que se combina con otros, ha cuidado celosamente de no perder el control del cuerpo de las personas, especialmente de las mujeres, estableciendo el mandato de la heterosexualidad, oprimiendo el derecho al placer e imponiendo barreras (castigos) a quienes deseen ver con libertad la dimensión reproductiva. Tal como lo han teorizado muchas feministas, el patriarcado determinó un contrato social, sexual y político (Millet1969, Pateman 1988, Segato 2013).

A nivel global, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es el campo donde se condensan los mayores desafíos. En el Perú, en las últimas tres décadas, se han logrado importantes avances; sin embargo, el contexto de crecimiento de los fundamentalismos y conservadurismos ha hecho que las barreras se profundicen.

Contar con una adecuada educación sexual integral, poder decidir libremente cuántos hijos e hijas tener, acceder a información de calidad sobre la sexualidad, disponer de servicios dignos para proteger la salud sexual y reproductiva, acceder a métodos anticonceptivos y vivir libres de violencia en el ámbito de la sexualidad y la reproducción son dimensiones específicas de los derechos sexuales y reproductivos.

Lamentablemente, en nuestro país, las cifras nos muestran que estos derechos aún no se encuentran garantizados. Según la ENDES (2023), el embarazo adolescente llega al 8.3%. La situación se agrava en las zonas más empobrecidas y alejadas del país. Amazonas presenta una prevalencia del 21.8% de embarazos adolescentes, seguido por Ucayali con el 21.7%, Loreto con el 18.1% y Junín con el 12.2%.

Asimismo, en 2023 se registraron 1,353 niñas obligadas a continuar con gestaciones producto de una violación sexual. De igual manera, hasta la quincena de septiembre de 2024, la cifra alcanza los 672 casos (MINSA, 2024).

En la semana de la prevención del embarazo adolescente y días previos al 28S (fecha de la agenda feminista en la que se recuerda la demanda de despenalización del aborto en América Latina), debemos recordar que los desafíos que enfrentamos como sociedad en este campo son muy amplios. Una sociedad democrática que promueve el respeto y la igualdad no permite que sus niñas y adolescentes sean víctimas del patriarcado. Debe permitir la crítica y dar pasos firmes para construir un mejor futuro, sin violencias, sin embarazos no deseados o forzados en adolescentes.

Esta semana es clave para recordar a las autoridades que los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres son derechos humanos. Es su obligación aprobar el nuevo Plan para la Prevención del Embarazo Adolescente, garantizar la educación sexual integral, informar a la población sobre los métodos anticonceptivos sin estereotipos ni mitos y asegurar la disponibilidad de estos en los establecimientos de salud.

También es deber de las autoridades informar a las madres y tutores de niñas violentadas sexualmente que pueden solicitar un aborto terapéutico por esta causa, el cual es legal desde hace cien años (1924). Ninguna niña debe ser madre.

Sin embargo, como las autoridades han perdido el rumbo y muchas se encuentran atrapadas en pactos oscurantistas y de poder, es necesario apelar a la ciudadanía para que, con sentido de justicia y crítica hacia estas taras patriarcales, exija un mejor país y un mejor futuro para las niñas, las adolescentes y para todas las personas que sufren la opresión de otros.

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La incompetencia extrema de este gobierno para resolver los principales problemas que aquejan a la sociedad peruana ha sido pocas veces vista. Pedro Castillo salva a Dina Boluarte de ser la peor gobernante de los últimos lustros y el primer gobierno de Alan García el de toda la historia republicana.

Ya supera todo entendimiento la indolencia presidencial y ejecutiva frente a la inseguridad ciudadana, el pasmo económico o el grado de avance de la corrupción en todos los estamentos de la burocracia estatal.

No pasa nada para el gobierno, al parecer. Siguen en sus actividades protocolares, dando declaraciones vacías de contenido, realizando inauguraciones rimbombantes, sin fundamento, y, por supuesto, viajando a la primera de bastos, que ese parece ser el pasatiempo favorito de ministros y subalternos.

Aparentemente, ya se están percatando de ello los principales partidos del Congreso, en especial Fuerza Popular (de Alianza para el Progreso no se puede esperar nada), y quizás podría producirse un realineamiento de los astros y animarse el Legislativo a hacer lo que corresponde desde hace meses: vacar a Boluarte y convocar a elecciones para echar las cartas políticas de nuevo y ver cómo reiniciamos el desastre.

Es lo mejor que le podría pasar a un país atribulado por la mediocridad ostentosa y onerosa de un régimen que llegó por el azar del destino y que ha demostrado ya hasta la saciedad que no da la talla para administrar el gobierno. Dina Boluarte ni siquiera podría presidir con eficacia un organismo público, mucho menos lo hará, pues, con Palacio de Gobierno.

Un argumento adicional, de gran peso, es el referido al daño enorme que esta mediocridad reinante dejará como consecuencia política. El malestar popular y la furia contra el establishment es hoy inmensa en todo el territorio nacional y eso nos va a estallar en la cara el 2026. Un año y medio más en este plan, de acá a las elecciones asegura que el sillón presidencial lo ocupe, el próximo lustro, un disruptivo radical. Eso se puede cortar por lo sano.

 

 

¿Pueden surgir nuevos outsiders en las elecciones del 2026? ¿No se ha agotado ya el gusto del peruano de votar por joder y tendremos por fin una elección “normal”?

Por el contrario, hoy, como nunca antes en la historia republicana, los astros se han alineado tanto a favor de candidatos antiestablishment como ahora. La crisis social, económica y política no pasará desapercibida y el malestar enorme de la ciudadanía hará que cuando se acerque a las urnas termine de elegir a alguien que se salga de la caja. Es lo más probable que suceda.

¿Y quiénes tienen el rostro que identifica ese perfil? Por el lado de la izquierda claramente Antauro Humala, Guido Bellido, Guillermo Bermejo y tal vez Aníbal Torres o Lucio Castro, del Sutep (va a depender mucho de cómo le vaya en la huelga nacional convocada para octubre). Por la derecha, Carlos Álvarez y Phillip Butters. De lado del establishment, Keiko Fujimori tiene una base electoral propia y quien, si logra levantar la inhabilitación que pesa contra él, aparecerá, sin duda, será Martín Vizcarra (da como para un estudio cómo un personaje tan taimado como el exgobernador de Moquegua mantiene altos rangos de simpatía popular).

¿Los nuevos candidatos de la centroderecha que abundan no tienen ninguna posibilidad? Sí la tienen, pero tendrán que ingeniárselas para no aparecer como parte del statu quo, marcar fuerte distancia del régimen actual y, sobre todo, proponer ideas disruptivas, que se salgan de lo establecido, además, claro está, de hacer una buena campaña recorriendo el país, aglutinando buenos cuadros políticos y tecnocráticos y preparando un correcto y vendedor plan de gobierno. Esa es la ruta que les queda abierta a a los múltiples candidatos de centroderecha que lamentablemente han decidido no unirse e ir cada uno por su cuenta (si se unieran en un gran frente podrían aparecer desde ya como una figura protagónica).

Va a ser una ruleta rusa esta elección. Los candidatos subirán y bajarán hasta los últimos días de la elección. En ese sentido, se repetirá, de modo acentuado, lo que pasó el 2021.

[EN EL PUNTO DE MIRA] Reflexionar sobre la herencia fujimorista es importante para el conocimiento público. Hasta la fecha tenemos estudios sobre lo que pasó en el régimen autoritario, así como la gran corrupción sistemática que hubo. También existen investigaciones (y videos que salieron a la luz pública) sobre la compra, por parte del gobierno autoritario de Fujimori, de medios de comunicación. Además, existen estudios sobre la liberalización del mercado y las reformas del consenso de Washington que permitieron el crecimiento económico del país. 

De todo este proceso en mención ¿qué nos dejó como herencia política y social el fujimorismo? En términos políticos, nos legó la compra de conciencias, como si fuera un producto más del stock de una tienda. Si actualmente estamos presenciando los ‘jales’ políticos como algo normal, es porque durante el fujimorismo se impulsó, de manera perversa, la compra de operadores políticos con el fin de debilitar a los partidos. Siempre hubo mercantilismo político, pero durante los noventa se volvió la regla.

En términos sociales, producto del sistemático desprestigio por parte del gobierno autoritario hacia los partidos políticos y de la compra de medios de comunicación, el fujimorismo nos dejó como herencia una sociedad desconfiada. El peruano desconfía de todo. ‘Después de mí, el diluvio’ se volvió la regla. La ciudadanía en general desconfían de los políticos. Y la gran mayoría de la clase política (y del periodismo) desconfían de otorgar dinero para la ejecución de una obra a los ciudadanos. De arriba hacia abajo, y viceversa, existe la desconfianza.

¿Qué hacer frente a ello? Propuestas y acciones que contribuyan a reconstruir al Perú como sociedad. En la sociedad, el Estado y el mercado son de suma importancia para la confianza, que es vital para la ciudadanía. La clase política tiene la urgente necesidad de dar propuestas y acciones que generen confianza ciudadana para fortalecer el Estado y para que se genere un nuevo pacto entre el capital y el trabajo. La herencia política y social del fujimorismo golpista hizo mucho daño al país.

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Ya quiero ver lo que va a pasar cuando a los millones de peruanos independientes les cobren en sus recibos de honorarios un porcentaje para las AFP. Porque eso es lo que dispone la ley que acaba de promulgar el Congreso. La bancada de Fuerza Popular, impulsora del proyecto de marras, les ha regalado a las AFP ingresos superlativos, que seguirán abonando en el drenaje de rentabilidades de las clases medias a favor de cuatro grupos de poder económico.

Hoy se impone que los gremios empresariales impulsen una vuelta al libre mercado imperante hasta el 2011, que nos permitió crecer superlativamente y sacar de la pobreza a millones de peruanos. Pero no, tales asociaciones empresariales han decidido optar por el mercantilismo puro y duro aprovechando la porosidad de un Congreso mediocre y que se vende al mejor postor.

Es el caso por ejemplo de la Sociedad Nacional de Industrias, que debería cambiarse el nombre a Sociedad Nacional de Mercantilistas, y que insiste, tozudamente, en una ley de promoción industrial que solo consiste en beneficios tributarios que nadie más tiene en la economía nacional. La SNI ha vuelto a los tiempos en los que se oponía a la liberalización del comercio exterior que se impulsó en los 90, siendo hoy en día uno de los gremios más retardatarios y proteccionistas que existen. Hay que estar atentos a que su poderoso lobby congresal no derive en la aprobación de un mamarracho proteccionista, equivalente al nuevo sistema pensionario que el lobby de las AFP ha logrado consagrar.

Ojalá la Confiep se logre distinguir de estos graves retrocesos ideológicos de los gremios citados y sea un motor de presión para que los candidatos el 2026 tengan claro que el norte al que debemos dirigirnos es el de la contrarreforma liberalizadora que libere el país de las sobrerregulaciones que empezaron a edificarse desde la gestión de Ollanta Humala.

Lo otro es mercantilismo y proteccionismo puro y duro que debe ser cuestionado severamente porque al final del día los que pagan las consecuencias de su puesta en marcha son los millones de peruanos de a pie y no los ricachones que se aposentan en los directorios gremiales.

 

[La columna deca(n)dente] En el ejercicio del poder, las autoridades políticas enfrentan no solo la toma de decisiones estratégicas, sino también el manejo cotidiano de las percepciones públicas. En contextos de crisis, como la actual en el país, recurren a diversas estrategias discursivas para defenderse de las acusaciones, mantener su legitimidad y desviar la atención de problemas públicos como la inseguridad ciudadana o los incendios forestales. El caso de la presidenta Dina Boluarte, quien ha sido acusada de ayudar al prófugo y excompañero de partido Vladimir Cerrón a escapar en un vehículo presidencial, denominado “cofre”, ilustra el uso del humor y las metáforas del cine de terror como medios para desviar la atención.

Cuando Boluarte declara que quienes formulan tales acusaciones parecen ‘Chucky y su novia’ y fabrican ‘historias de terror’, utiliza una estrategia retórica: la ridiculización de sus críticos para deslegitimar sus acusaciones. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la realidad es que casi nadie le cree. Los intentos de la presidenta de desviar la atención no han dado resultados, y su referencia a personajes de cine de terror se percibe más como un acto de desesperación que como una defensa efectiva. Este tipo de comparación, que busca trivializar las acusaciones, no logra ocultar la gravedad de las situaciones que enfrenta su administración.

La metáfora del «terror» refuerza esta idea, sugiriendo que las acusaciones carecen de fundamento y buscan causar miedo y desconcierto. Al presentarlas como parte de una «historia de terror», Boluarte comunica que son inventos para sembrar caos en su gestión. Sin embargo, esta estrategia es contraproducente, ya que al ignorar las preocupaciones legítimas de la ciudadanía y, en lugar de abordar los problemas, Boluarte corre el riesgo de quedar atrapada en su propio juego retórico. La frivolidad en el discurso puede tener un costo a largo plazo. Aunque es efectiva para desviar la atención y desacreditar rápidamente a los opositores, puede ser vista como una absoluta falta de seriedad ante temas importantes.

Cuando, desde la ciudadanía, se demanda transparencia y asunción de responsabilidades, la excesiva trivialización de las acusaciones puede minar la confianza en su liderazgo. Al depender demasiado de estas tácticas, Dina Boluarte no solo erosiona la credibilidad de su gestión, sino que también profundiza la percepción de que el poder se ejerce sin rendir cuentas adecuadamente. El uso del humor y de referencias al cine de terror puede parecer una salida ingeniosa para su círculo de confianza, pero, a medida que la crisis persiste y se agrava, la falta de respuestas concretas resulta en un desgaste irreversible de su autoridad.

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¿Creen ustedes que el 90% de peruanos que estima que en el Perú gobiernan unos pocos en beneficio de ellos mismos, va a tender, naturalmente, a votar por un candidato del statu quo? Somos, en ese sentido el país de Latinoamérica con la peor percepción de equidad social y económica.

Tendría que surgir un candidato de derecha lo suficientemente disruptivo para lograr que esa percepción sea soslayada por otras razones. De lo contrario, la izquierda radical, que denuncia sistemáticamente el “régimen neoliberal”, se la llevará al galope.

El establishment peruano, sin embargo, en lugar de andar pensando en cómo presentar una opción electoral disidente del modelo, que lo modernice o reverdezca -mejor dicho-, se regodea en la urgencia de que el Congreso legisle para impedir que Antauro Humala pueda postular. Allí coloca todas sus expectativas creyendo que así resuelve el problema y que, ¡zas!, la gente va a votar por la centroderecha en automático, porque no le queda otra.

A quien escribe le parecen diez veces más potentes que Antauro como candidatos Guido Bellido o Guillermo Bermejo. Son más articulados y no tienen tantos anticuerpos como el etnocacerista. En una segunda vuelta, Keiko Fujimori le puede ganar a Antauro. Con Bellido o Bermejo pierde sin lugar a dudas.

La centroderecha no está midiendo a cabalidad el embalse de furia popular que despierta el statu quo, que ya no se centra solo en el sur andino sino en todo el país. Ni siquiera la inseguridad ciudadana, que debiera despertar simpatías por opciones derechistas de mano dura lo está haciendo, sumando más bien fuego al descontento general con el establishment en el que insertan a todo candidato de centro y de derecha.

No pinta bien el panorama electoral para el 2026. La coalición Ejecutivo-Legislativo ha corroído desde sus bases las opciones de centroderecha y va a ser muy difícil que un candidato surgido de ese lado del espectro ideológico rompa las resistencias que se le antepondrán. Tendrá que contratar a un genio del marketing para lograrlo.

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Una labor crucial de los medios de comunicación, sobre todo los masivos, es organizar debates programáticos sobre los principales problemas del país (inseguridad, crisis económica, corrupción, etc.) convocando a los partidos que aspiran a llegar al poder el 2026 a que expongan sus planes al respecto.

En lugar de dedicarse al pueril y banal juego de llevar candidatos a programas de espectáculos a que improvisen bailes o a hacer el ridículo cocinando, contando chistes, participando de concursos improcedentes, que los obliguen a debatir, con buena producción televisiva, un intercambio de contenidos sobre los temas mencionados.

¿Cómo va a reformar la policía, la Fiscalía y el Poder Judicial? ¿Cómo va a resolver la carencia de establecimientos penitenciarios? ¿De dónde va sacar la plata? ¿Piensa efectuar una purga policial, como se hizo en otros países? ¿El plan Bukele la parece adecuado? ¿Cómo combatir las economías ilegales? ¿Le parece adecuada la estructura de los serenazgos?

¿Qué piensa hacer con Petroperú y Sedapal? ¿Cómo piensa activar los proyectos mineros congelados por los conflictos sociales? ¿Evalúa una reforma tributaria que elimine tantas exoneraciones, por ejemplo a los casinos? ¿Cómo piensa reducir la informalidad laboral? ¿Tocará la trama de la regionalización y la distribución de recursos que conlleva?

Con un buen panel de periodistas, escenografía adecuada, formato ágil y periodístico, programas de ese tipo pueden pegar, inclusive, en el rating, y, sobre todo, aportarán a la cultura cívica del electorado, que se acercará a las urnas con un poco más de conciencia política.

El 2026 no puede repetirse la ruleta rusa que fueron las elecciones del 2021, donde al final, el peor de los candidatos, el más improvisado -como demostró luego en el poder- fue el que triunfó, con las consecuencias devastadoras que hasta hoy pagamos. Los medios de comunicación grandes tienen una grandísima cuota de responsabilidad en evitar que ello vuelva a suceder.

Que de una vez vayan desnudando la improvisación y no que esperen a última hora para desplegar campañas de demolición que terminan siendo inútiles cuando ya la ola ciudadana tomó cierto sentido a favor de un outsider radical.

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