En el Perú estamos en crisis porque hay un claro enfrentamiento que no resolvió el proceso electoral y que impide la consolidación de un equipo de trabajo que pueda enfocarse en el gobierno mismo. Pasan los días y la derecha no acepta renunciar al conjunto de privilegios acumulados desde el fujimorismo y la izquierda regional, para demostrar que el gobierno es suyo, continúa desafiando a los demás partidos con los personajes de poca seriedad ética y profesional que consigue colocar en el gabinete ministerial y el entorno presidencial. Pronto serán tres meses y no nos permiten redireccionar las acciones de ambas facciones hacia un trabajo conjunto para poder salir de la crisis actual sin tener que dejar que la informalidad se multiplique, asegurando nuestros derechos y compromisos para una vida digna. Mientras tanto, la derecha se ha extremado en la persecución comunista, de tal forma que hasta los derechistas sensibles ante la necesidad social, han sido sentenciados públicamente como terroristas por algún tipo de vínculo imaginado con “algo” de Abimael Guzmán. Mientras tanto, la izquierda regional continúa apelando al discurso castrista que ya ha perdido autoridad en América Latina. Es tan claro que Cuba es su modelo, que Vladimir Cerrón y su enclave familiar y amical parecieran seguir hasta la pauta de la dinastía cubana, tal como aparece en los reportajes sobre Perú Libre, los Dinámicos del centro y otras malversaciones por las que es investigado.
Este enfrentamiento se juega en distintos ámbitos. Uno de ellos es el espacio público. La toma de las calles como campo de confrontación física y violenta ha sido la estrategia principal de la derecha desde hace algunos años atrás y se ha fortalecido en las últimas elecciones. Atinadamente, la izquierda regional no aceptó las bravuconadas y luego de los resultados finales quienes llegaron a Lima retornaron a sus tierras. Dado que no es un enfrentamiento consentido por ambas partes, no podemos referirnos a una pelea, sino a un violento y constante hostigamiento político, físico y verbal. Los ataques son protagonizados por simpatizantes fujimoristas o de Renovación popular que responden a campañas para cercar y perseguir periodistas, funcionarios del estado y demás personajes públicos que cuestionan la corrupción del fujimorismo y de los principales grupos económicos. La agrupación principal es La Resistencia, la cual lidera a otras más pequeñas que también se definen como fervientes anticomunistas y gustan de la utilería fascista. Mes a mes continúan acumulándose las denuncias contra sus dirigentes pero ninguna sanción los ha detenido e intervienen violentamente hasta en la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti.
Otro enfrentamiento, incluso más desigual e injusto es el que se observa hasta ahora en los medios de comunicación. El control que tienen grandes grupos económicos como El Comercio o RPP sobre los principales medios escritos, de la radio y de la televisión ha llegado a extremos insospechados. El hito principal ocurrió cuando la directora periodística de América Televisión, Clara Elvira Ospina, fue reemplazada por Gilberto Hume. Si bien él había sido el primer director de Canal N hasta el año 2002, unos años después fundó Willax Televisión canal que siempre ha emitido información falsa e imprecisa sobre temas de política e incluso, en plena pandemia, sobre temas de salud pública, como la desinformación que realizaron sobre la vacuna Sinopharm. La salida de muchos periodistas dejó en claro con sus reemplazos que los principales canales de señal abierta, junto con las cadenas de noticias y la prensa de mayor prestigio, hoy se dedica a remarcar el imaginado vínculo con el terrorismo de todos y cada uno de los funcionarios del nuevo gobierno de Castillo, desprestigiando toda propuesta política del Poder Ejecutivo. Los medios de comunicación alternativos no cuentan con el poder necesario para contrarrestarlos.
Pero la pelea principal, la cual no puede ser distorsionada por darse en el ámbito constitucional y tener impacto directo en el equilibrio de poderes del Estado, es la que se ha presentado entre el Congreso de la República y el Ejecutivo respecto de la vacancia presidencial y el voto de confianza. Mucho ya se ha escrito sobre la indefinición de incapacidad moral, razón por la cual se ha decidido omitirla, y mucho también sobre el voto de confianza, que permite retrasar las labores sectoriales al censurar a los gabinetes ministeriales, pero que también otorga al Presidente de la República el poder de cerrar el Congreso. Estas reformas constitucionales tienen que ser entendidas también en el marco de la lucha contra la corrupción en la que está comprometido el país entero. Las propuestas ya han sido estudiadas por especialistas como Fernando Tuesta, quien ha dejado claro que no son intercambiables. Urge pues que la primera ministra y el Congreso lleguen a un acuerdo, pero para ello es sin duda necesario que esta pelea electoral llegue a su fin y que se toma la estabilidad del país como el primer paso fundamental para un gobierno que piense en el futuro del país y no en viejas contiendas que solo aumentan conflictos y pobreza.
