Hoy se cumplen sesenta días del gobierno de Pedro Castillo, el profesor de Chota, quien ha armado una coalición de todas las izquierdas para emprender, supuestamente, los grandes cambios estructurales que el país requería, dado el presunto agotamiento del “modelo neoliberal”.
El resultado no puede ser más desastroso. Salvo el exabrupto ideologizado del premier Bellido amenazando a Camisea, y hecho con el afán de seguirle el guión a Vladimir Cerrón, quien busca dinamitar por dentro la mencionada coalición, para entronizar a Perú Libre como gestor omnipotente del gobierno, ni siquiera puede decirse que estemos ante una gestión de izquierdas, sino simple y llanamente ante un régimen signado por la más rampante mediocridad.
Eran dos los objetivos centrales del gobierno -como los que hubiera tenido cualquier otro gobierno en las actuales circunstancias-; la reactivación de la economía y la lucha contra la pandemia.
En cuanto a lo primero, los gestos sensatos del ministro de Economía Pedro Francke chocan y se diluyen ante la arremetida recurrente del grupo cerronista para destruir la poca confianza que el titular del MEF pueda despertar en los inversionistas privados. El alza del dólar no es otra cosa que un síntoma epidérmico de un fenómeno subyacente más grave, que es la abstinencia inversora, que ya ha llevado a pronosticar para el próximo año crecimientos negativos de la inversión privada.
Respecto de la lucha contra la pandemia, el gobierno ha tenido la fortuna de que su mandato coincida con la sima de la crisis de contagios y muertes, y que, además, el gobierno anterior lo haya provisto de la suficiente cantidad de vacunas ya adquiridas. Habrá que ver, en medio de la pronta tercera ola, si el régimen dispuso lo necesario para contar con camas UCI, oxígeno y atención primaria. Si la gestión de Cevallos repite la misma línea de mediocridad del gobierno, estamos fritos.
El desconcierto campea en un gobierno que adolece del más grave de los defectos: el de falta de liderazgo presidencial. Castillo es un hombre básico y no conoce un ápice del quehacer gubernativo. Eso se entiende y puede generar algún grado de tolerancia que paulatinamente se empodere del cargo. Pero lo que no es admisible es que zafe el cuerpo a la toma de decisiones y permita que su gobierno sea un zafarrancho de combate entre todas las facciones convocadas.
En enero de 2009, Barack Obama asumió la presidencia en EEUU en medio de un eufórico y también ingenuo optimismo liberal, que veia en su triunfo el principio del fin del poder blanco supremacista. La ilusión duró muy poco. Michelle Obama, primera dama, quien encarnaba con orgullo ser descendiente directa de una esclava negra, fue rápidamente víctima del racismo y machismo, pilares fundacionales del imperio colonial estadounidense. “No se ve como una primera dama”, “no tiene clase”, “está subida de peso”, “es un simio en tacos” fueron algunos de los ataques de odio contra ella que inundaron las redes sociales. Estos insultos venían en su mayoría de los sectores conservadores y “trumpers», pero también de sectores considerados »liberales” y de mujeres blancas.
Uno de los casos más conocidos es el de Pamela Taylor, directora de una ONG quien fue despedida por escribir en Facebook que la primera dama tenía “cara de gorila”. Anteriormente, durante las primarias, Hillary Clinton, ícono de algunas feministas, había exigido a Obama que “esclarezca” su relación con el islam y líderes negros marxistas, sumándose a los ataques islamofobicos y anti-negros del fascismo del imperio del norte contra el entonces senador de Ilinois.
En el Perú el racismo es también utilizado como un arma política para desvalorizar a líderes que no forman parte de las élites dominantes. El menosprecio a alguien por su color y origen étnico es parte de nuestra herencia colonial. Los ataques contra la identidad cultural del presidente Castillo ridiculizando su sombrero y vestimenta desde la derecha incluyeron también a la “derecha liberal”. Rosa María Palacios, quien es además una de las firmantes de la carta feminista que demandaba cambios en el gabinete, escribió sobre el presidente Castillo que es “un autócrata que usa su vestuario por ego y como marca propia”. Negar la identidad cultural a una persona es también una forma de racismo. En la práctica RMP no se diferencia mucho de Martha Meier Miró Quesada, conocida racista peruana quien pareciera querer imitar la trumper Ana Coultier, terruqueadora, racista y anti-inmigrante comunicadora estadounidense.
El patriarcado ha excluido a mujeres con privilegios económicos y/o raciales de acceder a importantes puestos de poder o posiciones de dominación dirigidos a fortalecer un sistema capitalista de explotación racial y económica. Sin embargo, eso no ha prevenido a mujeres con cierto estatus social de utilizar y apoyar el racismo y clasismo para su propio beneficio.
El racismo está profundamente enraizado en todos los sectores que ejercen poder y eso no excluye a “feministas” o “progresistas”. En el Perú, durante la primera vuelta, un artista relativamente conocido insultó despectivamente al entonces candidato Pedro Castillo, el único candidato de origen campesino, llamándolo “Felipillo”, “Caín”, “Judas”, “mentiroso, envidioso y miserable” entre otras cosas, por no renunciar a su candidatura y apoyar a Verónica Mendoza. Ataques racistas no muy diferentes a los de la derecha fascista.
Cuando el racismo intersecta el machismo comprendemos cómo se ha formado históricamente la devaluación de la mujer “racializada” en el Perú. La discriminación contra la mujer es también una herencia colonial que ha creado un concepto elitista sobre lo que significa ser “mujer”. Durante el primer viaje oficial al exterior de la pareja presidencial, la primera dama peruana, Lilia Paredes, maestra rural cajamarquina y de origen campesino, fue víctima de ataques racistas, clasistas y machistas sobre su vestimenta e identidad cultural. “Señorita, la ropa no hace a la persona. Lo que importa son las buenas acciones que uno pueda tener con la gente más humilde” respondió la primera dama ante una pregunta racista y sexista de una periodista. Los medios de comunicación son sin duda perpetradores permanentes de la discriminación en el Perú.
El capitalismo sexista y racista ha segmentado culturalmente y económicamente a mujeres en distintos roles desde la política, la televisión, comercio a sectores obreros. Las mujeres que enfrentan discriminación sistemática son en su mayoría trabajadoras del hogar, obreras, campesinas, vendedoras ambulantes, etc. las cuales se enfrentan a niveles de explotación y trabajos físicos que otras mujeres dentro de la cultura dominante machista no serían “capaces” de hacer. Allí no funciona lo del “sexo débil” o “la fragilidad de la mujer”, atributos y valoraciones de la cultura patriarcal que ha creado un orden social donde se mezcla el racismo y el clasismo. Si una mujer es parte de esos sectores de clase trabajadora es considerada “menos mujer”, por lo tanto no merecen respeto ni tienen valor dentro de un sistema capitalista explotador.
A diferencia de EEUU donde ser racista tiene algunas consecuencias punitivas, en el Perú el racismo brota en cada acto y palabra tanto de la derecha como cierta progresía con total impunidad. Ya es hora de que el estado peruano tome medidas más efectivas para frenar el racismo y discriminación con políticas públicas sancionadoras, preventivas y de educación. Es necesario que se incorporen a las mujeres directamente impactadas en tomas de decisión dentro del gobierno. A su vez se deben fomentar discusiones nacionales y locales sobre cómo se puede incorporar en la esencia de las políticas públicas el tema de la desigualdad económica.
A nivel individual, no debemos callar cuando escuchamos o vemos una acción racista o discriminatoria. Debemos educarnos a nosotras mismas y confrontar nuestros propios prejuicios y privilegios, especialmente entre las mujeres llamadas feministas y pertenecientes a grupos progresistas. Cuando todas las mujeres comprendamos que cuando desmontemos el estatus social que mantiene a la mayoría de mujeres oprimidas racialmente y económicamente, entonces podremos hacer festejaciones juntas.
La historia de la democracia directa en Suiza es de larga data. Los ciudadanos tienen voz y voto, a través del referéndum, para aprobar (o no) los textos elaborados por las autoridades comunales, cantonales y confederales, y pueden proponer cambios constitucionales por medio de iniciativas populares. Además, toda modificación a la Constitución es sometida en automático al voto del pueblo.
El domingo pasado, los suizos votaron por dos cosas: el matrimonio igualitario, y una iniciativa de los jóvenes socialistas que proponía introducir un impuesto a las ganancias por dividendos, acciones y rentas, con el supuesto objetivo de reducir la desigualdad, buscando incrementar los impuestos en ganancias de capital en 1.5 comparado con los impuestos regulares. Los resultados fueron los soñados por cualquier liberal: 64% de aprobación para el matrimonio igualitario, y un rotundo 65% en contra de la iniciativa del partido socialista.
Suiza ostenta el puesto #4 en términos de libertad económica en el mundo, y es un país bastante atractivo para las grandes fortunas. No en vano, muchos de los millonarios de otros países con políticas tributarias más restrictivas deciden poner su plata aquí. Es, además, uno de los países con menos pobreza en el mundo. Ante esta realidad, los suizos no consideraron que fuera necesario hacer una reforma tributaria, a pesar de que, seguro a la mayoría de los votantes les hubiera convenido en el corto pazo.
Esta no es la primera vez que los suizos votan en contra de iniciativas que suenan muy atractivas, pero que técnicamente no son lo mejor para la economía. Casi todas las propuestas de los partidos de izquierda por modificar el sistema fiscal han fracasado en las últimas décadas. La introducción de un impuesto a las herencias, intentos de introducir impuestos a las ganancias de capital, y otras iniciativas de aumento de los impuestos a los más ricos, se vieron frustradas en el voto popular. Incluso, en el 2018, un 77% de los suizos votaron en contra de una iniciativa que planteaba que cada ciudadano adulto podría recibir una pensión de 2.250 euros solo por ser ciudadano suizo, porque la consideraron dañina para la economía. ¡Increíble!
Quienes se oponían a la llamada iniciativa “del 99%”, que no logró prosperar, sostienen que suiza ya cobra impuestos a las personas de manera escalonada, la desigualdad en suiza es una de las menores en el mundo (puesto 24 de 160 países, incluso en mejor posición que Alemania), y el sistema de seguridad social en el país europeo es suficiente para mitigar las desigualdades. Los números, tanto macroeconómicos como de la votación, terminaron dándoles la razón.
*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.
El controvertido tuit del premier Guido Bellido amenazando con expropiar Camisea confirma, obviamente, un perfil ideológico sobre el manejo de la economía que Perú Libre ya había esbozado en su plan de gobierno. En ese sentido, Bellido no ha dicho nada nuevo.
Lo llamativo, políticamente hablando, es que ocurre en medio de una circunstancia en la que el titular del MEF, Pedro Francke, había señalado explícitamente que no se iba a expropiar Camisea y el presidente Castillo, reunido con inversionistas extranjeros en su reciente periplo norteamericano, había asegurado que la economía se iba a manejar con sensatez y respetando el Estado de Derecho (como, luego del arrebato de Bellido, ha reiterado).
Ha sido una pataleta política de Vladimir Cerrón en la búsqueda de alcanzar un mayor protagonismo al interior del gabinete. La verdad es que solo tiene tres ministros: Bellido, el de Ambiente, Rubén Ramírez, y Dina Boluarte, pero quien viene mostrando crecientemente rasgos de independencia que la apartan del sector de origen cerronista. Vladimir Cerrón solo tiene, pues, dos alfiles entre los ministros y, claramente, quiere más, y quiere incordiar a los que más incómodos le resultan. Eso explica el exabrupto de Bellido sobre Camisea.
Y en ese sentido destacan los ataques a los titulares de Justicia y el MEF, Aníbal Torres y Pedro Francke, contra quienes cargan las tintas todos los periódicos truchos inventados con dineros oscuros para apoyar al régimen y en particular a Cerrón.
No es casual que en la última encuesta de IEP, aparezca Bellido con un nivel de desaprobación de 58% y de aprobación de apenas 33%, mientras que los ministros no cerronistas lo superan: el aranista Hernando Cevallos, de Salud, es aprobado por el 67%; el mendocista Pedro Francke, de Economía, por el 54% y el castillista Aníbal Torres, de Justicia, por el 49%.
Finalmente, caben algunas precisiones económicas. Camisea ya paga casi el 65% en impuestos. No es verdad que se lleve todo el inversionista privado. El Estado recibe ingentes recursos gracias al proyecto. Expropiarlo, dicho sea de paso, costaría alrededor de 30 mil millones de dólares que el Estado peruano, por exigencia constitucional, debería pagar antes de expropiar (un despropósito por donde se le mire) y, además, el “modelo” ecuatoriano o boliviano, en el que parece inspirarse Cerrón, ha sido un fracaso absoluto (Bolivia, por ejemplo, tenía, antes de la nacionalización de Evo Morales, 24 trillones de pies cúbicos de reservas de gas, el 2018 se habían desplomado a 10 trillones).
Juan Cadillo, Ministro de Educación, en la sesión del Consejo de Ministros del último 4 de agosto, compartió algunas “cifras de espanto” sobre su sector como consecuencia de la pandemia. ¿Acaso se refería a la cobertura de la educación a distancia brindada por las instituciones educativas públicas y privadas o al acceso a la misma de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar? ¿Acaso a los resultados de la medición del desarrollo de habilidades de los estudiantes para conducir su aprendizaje de manera autónoma o a la pérdida de aprendizajes? Difícil saberlo.
Sin embargo, algunas cifras, contenidas en el Plan de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, de reciente emisión, ya no son de “espanto” sino de “terror”. Aquellas bosquejan apenas un escenario complejo e incierto de la Educación Básica en el país. Así, por ejemplo, poco más de 700 mil estudiantes de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial, entre el 2019 y el 2020, interrumpieron sus estudios o estuvieron en riesgo de hacerlo. 2,4 millones de estudiantes, que equivale al 69% del total de estudiantes en el sector público, de 4° de primaria a 5° de secundaria no tienen computadora con internet. A ello se suma, la afectación socioemocional de niños, niñas y adolescentes.
Datos importantes pero insuficientes para tener una aproximación mucho más certera de la actual situación de la educación nacional y de los efectos de la pérdida de clases presenciales. En ese sentido, algunas estimaciones hechas por el Banco Mundial, en relación con tales efectos, son devastadoras. Así, para el caso peruano, señala que, luego del cierre de escuelas y colegios de 13 meses, “la proporción de estudiantes por debajo del nivel mínimo de rendimiento en la prueba PISA podría aumentar en por lo menos 22 puntos porcentuales”. Es más, ello implicaría que “los resultados nacionales de PISA en comprensión lectora serían inferiores a los obtenidos en PISA 2012”. O, para el caso chileno, en un escenario de cierre de escuelas y colegios durante todo un año académico, la pérdida de aprendizajes oscilaría de un 64% a un 95% dependiendo del quintil de ingresos. Es decir, los más pobres perderían más aprendizajes que aquellos que se encontrarían en mejores condiciones económicas.
No tenemos investigaciones que permitan saber con meridiana claridad cuánto han perdido de aprendizajes los estudiantes durante el 2020 y el 2021. Tampoco conocemos, bajo las excepcionales circunstancias que les ha tocado vivir, cuánto han logrado en aprendizajes en el mismo lapso de tiempo. Ahora, que los niños, niñas y adolescentes han vuelto a clases semipresenciales, en más de 6,000 colegios públicos y privados y en varias regiones, es posible llevarlas a cabo. En las cuales, merecería una particular atención la evaluación de la situación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes. Los hallazgos encontrados permitirían, es lo esperable, diseñar medidas que mitiguen, en el corto plazo, los efectos de la pérdida de aprendizajes y el impacto a nivel socioemocional padecido por los estudiantes; y saber, en buena cuenta, qué es lo que está pasando y cuáles han sido sus consecuencias. La tarea está en manos del gobierno. Hacerla o no hacerla será un indicador de la importancia que le confiere a la misma.
Vaya escandalete que se ha armado esta semana por la decisión de desembarcar a nueve de los invitados de la lista anterior de delegados a la FIL Guadalajara. Los desembarcados son los escritores Karina Pacheco, Katya Adaui, Gabriela Wiener, Jorge Eslava, Renato Cisneros y Cromwell Jara, el crítico Marcel Velásquez, la historiadora Carmen Mc Evoy y la especialista Nelly Luna, que en agosto ya había desistido de participar.
Se trata de nueve personalidades del mundo literario y cultural que han sido “desinvitadas” a la Feria de un total de sesenta. La nueva lista contiene 69 nombres. Es decir, que el ministro Gálvez logró su cometido de introducir 18 nombres nuevos, en su mayoría provenientes de provincias, según prometió al anunciar que revisaría la lista del ministro anterior, Alejandro Neyra, proclamada apresuradamente en los estertores del gobierno neoliberal de Sagasti, el 27 de julio último.
Ante el desembarco, una serie de los re-invitados decidieron declinar en solidaridad sobre todo con Karina Pacheco, Katya Adaui y Gabriela Wiener, supuestas representantes del feminismo local que incomoda al actual gobierno “machista y patriarcal”. (¿Será por eso que casi nadie puso la cara por los escritores varones bajados del avión?).
Sacando pechito, también “Renato Cisneros se solidarizó con sus compañeras [desembarcadas] y calificó la medida como como un maltrato lleno de torpeza y mezquindad por parte del ministro de cultura y el gobierno”, según dice en una entrevista el autor de Busco novia.
Por su lado, el periodista de La República Mirko Lauer apunta: “Pero la solución a la polémica no es el maltrato. Tampoco lo es introducir, o añadir, en el proceso de selección criterios que no son estrictamente literarios”, como si la lista anterior hubiera estado basada solamente en criterios literarios y no en la tradicional preferencia hacia la argolla del establishment culturoso limeño.
De este modo, y en contraste con esas lecturas, el autor disidente Rodolfo Ybarra afirma: “El caso más patético es el de escritores, hijitos de familias pudientes y/o criollos, que se han venido beneficiando todos estos años solo con el fin de apuntalar una especie de costra culturienta que clasista y racistamente invisibiliza a las provincias y le niega el paso a las nuevas generaciones”.
Asimismo, la actriz Andrea Patriau publicó en un tweet que: “Saltan todas las voces cuando tocan al establishment caserito del mincul. Pero cuando se denunciaron irregularidades en los concursos o asignaciones de dinero a dedo en las administraciones anteriores callaron en todos los idiomas. No llamen justicia a sus intereses personales”.
En efecto, “muches” de “les” renunciantes y denunciantes de la nueva lista son “les mismes” que firman comunicados contra el gobierno de Nicaragua y salen a defender al neoliberal y filogolpista Sergio Ramírez. Suelen ser Verolovers que han visto amenazada su entrada al Mincul y ahora pegan el grito en el cielo. Hasta “argolla minculera” los llama el periodista Gabriel Ruiz Ortega de Caretas, en tono coprolálico que no suscribimos. Sin embargo, una dramaturga renunciante calificó a los nuevos escritores de provincias como una sarta de “desconocidos”, en evidente expresión de clasismo y racismo limeñocéntrico, cuando en la nueva lista hay valiosos representantes de la literatura oral y escrita que simplemente no circulan en los medios de la capital.
En suma, los testimonios de uno y otro lado abundan. Lo cierto es que el ministro Gálvez puso el dedo en la llaga, aunque quizá debió ser más radical y desembarcar a muchos otros y no solo a nueve de la primera lista, como lo propusimos en una columna pasada.
Que siga el circo. Lo cierto es que con las renuncias de algunos y no de otros que se quedaron en la segunda lista el “establishment” limeño comienza a resquebrajarse. Ya veremos hasta dónde llega la nueva política del Mincul bajo este gobierno de izquierda. Ojalá no decepcione.
La izquierda cree que ha ganado la elección gracias a sus postulados ideológicos y que, por ende, puede desplegar a su antojo, sin ningún consenso de por medio con otras fuerzas políticas, cualquier acción pública. Por lo que se ve, estima que puede hacer lo que le venga en gana desde el poder.
El primer gran error es de interpretación. Castillo ganó gracias a la pandemia, que generó un estado de zozobra social, política y económica de tal envergadura (solo el drama de que exista un millón de deudos, podría explicar el desenlace), que facilitó la aparición de un candidato disruptivo, antiestablishment, que, además, no encontró un rival que siquiera se interesase en explotar ese perfil, como ocurrió con Keiko Fujimori, quien lo que hizo de bueno en la primera vuelta, lo tiró por la borda en la segunda por pura terquedad.
El 51% del país no es de izquierda y si votó por esa opción fue por las razones señaladas. Las encuestas siguen mostrando que el perfil ideológico mayoritario de la ciudadanía peruana es de centro y de derecha. Castillo no tiene, pues, el mandato social y político para zurrarse en los dos tercios del país y querer hacer, desde el poder, lo que el manual ideológico de Cerrón o del Movadef le sugiere.
Producto de esa arrogancia y soberbia, la historia le va a cobrar una factura grande a la izquierda. Es improbable que se perpetúe en el poder, sea legal o ilegalmente. Hay demasiada mediocridad y estupidez en el tinglado plurideológico del régimen (cerronismo, filosenderismo, caviarismo y demás perlas), como para atribuirles la habilidad de generar un respaldo popular masivo, que aplaste cualquier resistencia institucional, sobre todo de un Congreso opositor.
Se va a ir a los cinco años dejando un país sumido en una crisis política, social y económica gigantesca, que hará muy difícil que el electorado vuelva a inclinarse por una opción semejante. Así como el recuerdo de Susana Villarán y su pésima gestión hacen imposible que alguien de izquierda gane las elecciones ediles limeñas, pronto, el ingratísimo recuerdo del desastre de Castillo, alejará al ciudadano de a pie de cualquier alternativa semejante.
-La del estribo: qué placer encontrar publicaciones extraordinarias como Imaginario y memoria: 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú. Una historia escrita y gráfica de una institución significativa del devenir nacional en nuestra República y que ha sido capaz de sobrevivir a tragedias enormes. Bajo la coordinación general de Natalia Ames y Kristel Best, la coordinación editorial de Gracia Angulo, la edición general de María Luisa del Río y la edición gráfica de Cecilia Larrabure, el libro es de colección imperdible.
El domingo pasado, antes de que se difundiese un audio efectista de un estudiante de postgrado de la PUCP, denostando la institución por la convocatoria de un profesor a un seminario sobre el Conflicto Armado Interno, y no sobre El Terrorismo, antes de que la PUCP respondiese dicho audio de manera acertada en las redes sociales, y antes de que se cremasen los restos de Abimael Guzmán y se decidiese que nadie supiese donde se esparcirían sus cenizas; yo había señalado, en esta misma columna, que reivindicaba mi derecho de llamarle “era del terror” a aquellos tiempos y señalé que los restos del cabecilla de Sendero Luminoso debían esparcirse por los confines más remotos del planeta.
Deslindé, no obstante, con las posturas negacionistas de cierta derecha frente a la sistemática violación de derechos humanos por parte de las FFAA y policiales (30% de las víctimas) durante aquel periodo y clamé, una vez más, por la necesaria reconciliación entre estas y los sectores de la sociedad a los que dañara en tiempos caracterizados por el ataque de las bandas terroristas a la sociedad y el Estado.
En general, en mis últimas columnas he intentado, con poco éxito (lo que es usual en sociedades polarizadas y de debates binarios como la nuestra) reiniciar la discusión sobre la reconciliación nacional que muchos creyeron terminada el día que se inauguró el LUM o pensaron que este, por sí solo, iba a encaminar, con el tiempo, de manera casi espontánea. Por eso el pronunciamiento-respuesta de la PUCP en las redes sociales, al desatinado audio difundido días antes es importante porque señala un punto de partida sustancial para la discusión.
De hecho, lo más relevante del pronunciamiento PUCP es que ciñe el concepto “conflicto armado” a las categorías del Derecho Internacional Humanitario establecido por la ONU y categóricamente establece que esta denominación no equipara al Estado con los grupos terroristas, ni les otorga ningún estatuto particular de prisioneros de guerra, ni beneficio alguno.
Al contrario, cierra señalando que “quienes pertenecen a grupos terroristas en un CAI no tienen inmunidad por combatir, ni derecho a combatir, ni privilegio o característica excepcional en el derecho internacional” lo que encaja bien con la necesidad de un esfuerzo para acercar las FFAA con los sectores civiles que esta afectó, para sanar las heridas de la sociedad, sin que los grupos terroristas tengan ninguna participación de estos procesos que considero imprescindibles. Las políticas que sugiero no sirven para olvidar, pero sí para llevar el recuerdo a lugares periféricos de la memoria histórica, en donde ya no le duelan a la colectividad, ni generen las controversias que hoy le siguen generando al tiempo presente.
Respecto de la denominación, mi posición es en realidad la misma, yo me siento más cómodo con la “era del terror”, pero en clase suelo decir “la era del terror o conflicto armado interno”. Debemos entender que el consenso en una sociedad no tiene que consistir en que todos denominemos las cosas de la misma forma. Esos fueron los viejos consensos del totalitarismo cuya herencia hoy reclaman ciertos populismos exacerbados que se han colocado, estratégicamente, en la periferia derecha de nuestra democracia. Al contrario, consenso es poder aceptar que, como sociedad, podemos llamar de dos maneras al mismo fenómeno, si ya hemos dejado claro que sus responsables son los terroristas y solo los terroristas.
Es hora de recuperar el gran centro, entendido como el amplio espectro en el cual se desenvuelven las fuerzas democráticas, desde la derecha, bien entendida, hasta la izquierda sistémica, y solo hay centro, allí donde existen la voluntad del diálogo y de alcanzar consensos amplios y plurales.
¿Cabe la posibilidad de que las derechas peruanas se unan bajo un solo techo? Es casi imposible. A ello están abocados algunos tratando de crear una nueva agrupación partidaria. Las diferencias ideológicas no son pocas, sin embargo, y hacen difícil esa unión.
Lo que sí cabe, sin duda, es que los partidos de derecha con representación en el Congreso actúen de modo coordinado (Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular), cosa que ni siquiera ocurrió a la hora de presentar una lista común a la mesa directiva del Legislativo.
Pero es demasiado prematuro tratar de conformar una suerte de Frente Democrático con tamaña anticipación y sin saber siquiera, a ciencia cierta, qué rumbo político tomará el mediocre gobierno que hoy nos rige.
Claramente, si Castillo decide no seguir el camino de la moderación programática, mantiene su alianza con Cerrón y el Movadef, y además hace cuestión de Estado el despliegue de una Asamblea Constituyente, la unidad ya no solo será imperativa sino que deberá incorporar no solo a la derecha sino también al centro. Ya estaríamos en otro escenario.
Debe quedar claro, no obstante, que el problema no es de demanda política. Según todas las encuestas, el país sigue siendo de centroderecha mayoritariamente, salvo las zonas andinas, y si Castillo está sentado en Palacio es por el voto antikeikista, antifujimorista y antiestablishment que la pandemia atizó. Aún así, si López Aliaga renunciaba a su candidatura, como sugerimos en plena segunda vuelta (debido a su gran cantidad de anticuerpos, en la definición electoral perdía de todas maneras), quien pasaba a la segunda vuelta era De Soto, no Keiko, y no sería Castillo el Presidente de la República.
Lo que se requiere es mejorar la oferta. Botar al elenco estable y plantear nuevos nombres. Desde el centro a la derecha conservadora hay rostros frescos que podrían renovar el ambiente. Dimos algunos en una reciente columna. Los reiteramos y agregamos otros: en el centro, Salvador del Solar, Flor Pablo, Marianella Ledesma, Jorge Nieto, Alberto de Belaunde, Richard Acuña, Carolina Lizárraga; en la derecha, Roque Benavides, Carlos Añaños, Enrique Ghersi, Norma Yarrow, Carla García, Úrsula Letona, Patricia Chirinos.
Cinco años de izquierda mediocre e incompetente, como parece tendremos, menguará la posibilidad de candidatos como Antauro Humala o Indira Huillca, que son los que se asoman en ese segmento ideológico. El 2026, si no antes, será ocasión de la centroderecha de recuperar el país y volverlo a enrumbar a la senda del desarrollo y la democracia plena.
