Opinión

Se anuncia una vez más un presunto cambio de varios ministros. El objetivo es meridiano: refrescar un gabinete alicaído y de esa manera tratar de subir algunos puntos en las encuestas.

El problema es que el gobierno de Boluarte anda totalmente despistado, sin brújula, sin saber qué hacer, y malcree que el tema es cosmético, epidérmico, que basta con cambiar la superficie y asunto arreglado.

Mientras este régimen no sea capaz de remediar el problema de la inseguridad ciudadana, la crisis económica y el problema endémico de la corrupción (las tres principales preocupaciones ciudadanas, según todas las encuestadoras), no servirá de nada que cambie tres o seis ministros, o que fusione cuatro o seis ministerios.

Y el problema estriba justamente en que sobre los temas señalados, no hay un solo indicio que haga presumir que el Ejecutivo tiene idea de qué hacer. Ha tenido tres ministros del Interior, ninguno ha sido capaz de, siquiera, presentar un plan verosímil de lucha contra la delincuencia que se ha adueñado de las calles del Perú. Y tenemos al actual ministro enredado con audios comprometedores, más preocupado en salvar su imagen, que en capturar a las bandas criminales que hoy son dueñas del país.

En materia económica había muchas expectativas respecto de José Arista, hasta entonces considerado un correcto economista, pero que adolece de un gran defecto: falta de carácter. No tiene la fuerza suficiente ni los arrestos para enfrentar los arrebatos populistas del Congreso. Cede en todo, sin chistar. Y tampoco tiene peso al interior del propio gobierno. No es capaz, por ejemplo, de empujar la propuesta del directorio de Petroperú, al punto que el mismo ya advirtió, en boca de su presidente, de que si hasta este fin de semana el gobierno no da una respuesta clara al que ha sido el mejor planteamiento que se ha hecho sobre la quebrada empresa estatal, darán un paso al costado.

Y la corrupción, sistémica en el país -no ha surgido con este gobierno- se mancha indeleblemente con los andares de Nicanor Boluarte y lo que se va conociendo de su proceder. Y Dina Boluarte no hace nada por alejarlo de su entorno sino todo lo contrario.

Mientras no haya políticas públicas de, por lo menos, mediana aplicación, un cambio ministerial es un simple engañabobos, que algún desavisado consejero presidencial le debe haber hecho creer a la Presidenta que le va a ayudar en sus dramáticos niveles de desaprobación.

Normalmente, los gobiernos democráticos de primer orden empiezan sus tareas gubernativas desechando algunas políticas públicas de sus antecesores e incorporando las que ellos mismos ofrecieron en campaña. Así, se produce un ligero cambio de acento que asegura la continuidad democrática y no altera los patrones de conducta ciudadana de manera dramática.

Eso no sucede ni puede suceder en países con democracias precarias, sin ciudadanía activa y con serios problemas políticos y económicos, como es el caso del Perú. Acá se requiere casi de una refundación republicana.

Por lo pronto, es necesario emprender dos grandes operativos de desmontaje. Uno económico y otro político. En el económico, se debe recuperar la dinámica de mercado estrenada en los 90 y continuada con éxito superlativo por los regímenes de Toledo y Alan García, tanto que se redujo los niveles de pobreza a niveles de país de mediano desarrollo y al borde de ingresar a la OCDE.

Eso se cortó abruptamente con el ingreso al poder de Ollanta Humala. No fue el chavista que muchos temían, pero su talante colectivista lo hizo amañar gabinetes repletos de políticos que no creían en el libre mercado y llenaron de sobrerregulaciones casi todas las actividades económicas. Es impresionante la ralentización del proceso de inversión privada que ello ha ocasionado y que, por supuesto, un régimen frívolo e indolente como el de PPK ni siquiera se tomó el trabajo de desmontar.

La otra tarea refundacional que debe emprender el gobierno que ingrese el 2026, si acaso, por suerte, es de centroderecha democrática (o de centroizquierda democrática), será recuperar los fueros institucionales democráticos que este pacto infame del Ejecutivo y el Legislativo se ha encargado de ir demoliendo de a pocos, pero sostenidamente.

Si alguien tiene sangre en el ojo contra el Ministerio Público, víctima de un abuso fiscal producto, mondo y lirondo, del rencor de la fiscal Marita Barreto por publicaciones críticas contra ella, es quien escribe, pero no por ello me voy a sumar al cargamontón contra el Eficoop, o a los intentos del Legislativo de violentar las normas constitucionales para cortarle los fueros al Ministerio Público e, inclusive al Poder Judicial.

Sumémosle la contrarreforma política, la destrucción de la reforma universitaria y muchas más perlas y entenderemos que en esta materia se requiere reconstruir mucho de lo que se había avanzado en los lustros anteriores, y que los Atilas de la plaza de Armas y la plaza Bolívar se han propuesto desbaratar con impunidad y soberbia ignorancia constitucional.