Manuela, exigir investigaciones administrativas con sanciones firmes debe ser el objetivo. Escucho equivocadamente a políticos decir que el Congreso debe esperar que los casos de violencia contra la mujer se resuelvan penalmente. La violencia contra la mujer es una política nacional donde hay sanciones administrativas como penales. El caso del congresista Freddy Díaz no puede ni debe ser archivado. La impunidad equivale a ser cómplice o condescendiente con la violencia contra la mujer como han sido los casos de Bellido, Cordero, Valer, Gonza, y Elera, todas archivadas.
El Ministerio de la Mujer, el 04 de agosto de este año, haciendo un esfuerzo por cambiar la mentalidad de las funcionarias públicas, publicó el DS 010-2022-MIMP que dispone la capacitación obligatoria en enfoque de género para la prevención de la violencia y discriminación por género en la administración pública, con el objetivo de que todas las personas que trabajan en la administración pública tengan un conocimiento homogéneo. Saludamos esta iniciativa y, con mayor razón, así como se capacita se debe sancionar.