– Colegio privado Markham (Miraflores, Lima), donde se analiza el caso de la entonces adolescente de 15 años Mackenzie Severns, estadounidense, la cual, estando de intercambio estudiantil en Lima en el año 2018, fue violada durante una fiesta por un alumno de 17 años del colegio mencionado.
La parte referente al Sodalicio abarca más de 300 páginas. Constituye uno de los estudios más completos que se ha hecho sobre la institución, pues da un breve resumen de su historia, describe su estructura organizacional y el contexto institucional, señala las características de los presuntos abusadores, para luego detallar cómo se dieron las denuncias de abuso sexual y las reacciones que hubo de parte de la institución, de la Iglesia y del Poder Judicial. Pero no se circunscribe a los abusos sexuales, sino también se detallan abusos físicos, psicológicos y económicos.
Dentro de esta panorámica de la institución, destaca cómo estaba constituido el Consejo Superior, conformado por el Superior General —quien ostentaba autoridad absoluta y tenía siempre la última palabra—, el Vicario General y los cinco encargados (asistentes) de las diversas áreas de trabajo en que se dividía la organización: Espiritualidad, Instrucción, Apostolado, Comunicaciones y Temporalidades (es decir, administración y finanzas). Se logró determinar quiénes ocuparon cargos en el Consejo Superior desde 1980 hasta 2019 y, por lo tanto, quiénes eran responsables del sistema de formación y disciplina que permitió los abusos, y que habrían sabido lo que ocurría en las comunidades, por lo menos en lo referente a abusos físicos y psicológicos.
En cuanto a Jeffery Daniels, cuyos abusos sexuales se descubrieron internamente en 1997 y que fue protegido por la comunidad y recluido tres años en el centro de formación de San Bartolo, se deduce por las fechas que no sólo habrían sabido del hecho José Sam y Germán McKenzie, los primeros que se enteraron, sino también el mismo Luis Fernando Figari, Germán Doig, Jaime Baertl, Óscar Tokumura, Miguel Salazar, Jürgen Daum, Erwin Scheuch, Eduardo Regal, Juan Carlos Len y Alfredo Garland, que formaron parte del Consejo Superior entre los años 1997 y 2000. Daniels nunca fue denunciado ni ante la justicia civil ni canónicamente ante la Iglesia católica, sino que habría sido encubierto por las personas mencionadas. No se descarta que hayan otros más que conocieron los hechos y participaron de este silencio colectivo.
Asimismo, este recuento histórico permite saber con certeza que José Antonio Eguren ocupó el cargo de Asistente de Instrucción entre los años 1980 y 1982, aunque él negó posteriormente que haya tenido algún alto puesto de responsabilidad en el Sodalicio. Sin rastro de duda, puedo afirmar también que fue el primer Superior de la Comunidad Nuestra Señora del Pilar (Barranco, Lima) entre diciembre de 1981 y el año 1982, aunque sólo por algunos meses.
Estos datos son importantes, considerando que el informe de la comisión de expertos internaciones contratados por el Sodalicio (Informe Elliott-McChesney-Applewhite) calla en todos los colores del arco iris quiénes encubrieron los abusos cometidos dentro la institución. Para ellos simplemente no habría habido encubridores, ni siquiera cuando se identificó a los abusadores, pues quienes tenían puestos de responsabilidad en el Sodalicio habrían actuado siempre de buena fe.
Resulta también de particular importancia el testimonio del exsodálite Germán McKenzie, quien llegó a ser el primer Superior Regional del Perú dentro del Sodalicio, quien en algún momento responde al pliego que se le envío a Canadá con esta lapidaria frase: «Se insistía en la obediencia, pero no se insistía igualmente en la formación y práctica de la conciencia moral».
Algunos ligeros errores en el Informe De Belaúnde no anulan el volumen de información corroborada y debidamente analizada que allí se nos ofrece. Por ejemplo, cuando se habla de los grados de pertenencia al Sodalicio, que van a la par con los grados de compromiso (aspirante, probando, formando, consagrado a María, profeso temporal y profeso perpertuo), se pone a los agrupados en el escalón más bajo de los grados de pertenencia. En realidad, las Agrupaciones Marianas no forman parte del Sodalicio sino del Movimiento de Vida Cristiana. Un agrupado mariano no emite ningún compromiso formal con el Sodalicio y no está obligado a seguir sus Constituciones, como sí lo están quienes se hallan en los otros grados de compromiso. Agrupado mariano puede ser cualquiera. Basta con que exprese su deseo de participar de una agrupación. La única vinculación con el Sodalicio sería que esta institución anima las agrupaciones y busca sus vocaciones entre los agrupados, aunque no exclusivamente entre ellos.
Dice el informe en una parte: «la mayoría de las familias se encontraban a gusto con que sus hijos pertenecieran al Sodalicio». Esta afirmación es discutible, dado que la captación de jóvenes vocaciones solía realizarse sin conocimiento ni consentimiento de los padres, lo cual generalmente llevaba a conflictos, y era frecuente que los padres en un principio no estuvieran de acuerdo en que sus hijos se unieran a un grupo tan absorbente y de características sectarias. Lo que ocurría con el tiempo es que los padres, habiendo perdido el control sobre sus hijos, terminaban aceptando una situación con la que en un principio no habían estado de acuerdo. No niego que hubo excepciones y padres que se sentían contentos de tener un hijo en el Sodalicio. Pero lo que generalmente se daban eran relaciones de confrontación, pues el Sodalicio solía actuar al margen de los padres.
No sólo por el caso Sodalicio, sino sobre todo por examinar a fondo el problema del abuso sexual de menores, el Informe De Belaúnde debe ser difundido —tarea que ha asumido recientemente la congresista Susel Paredes—y servir de base para medidas de prevención y proyectos de leyes, siguiendo las recomendaciones finales, que abarcan casi cincuenta páginas del texto final. De hecho, incluye una propuesta normativa para modificar el Código Penal y eliminar la prescripción del delito en el caso de abusos sexuales de menores. Tarea titánica en una sociedad machista, patriarcal y homófoba, que en muchísimos casos deja desprotegida a las víctimas de abusos y permite que los abusadores salgan impunes.
