Opinión

El Congreso debería negarle las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en materia de seguridad. Son un mamarracho de normas inconducentes, apuradamente llamadas “Plan Boluarte”, que no van a resolver el terrible problema de seguridad que afrontamos -el peor de nuestra historia republicana- el que, el gobierno, sin necesidad de normas especiales, podría y debería enfrentar.

¿Va a ser servir una ley para resolver el inamovible problema del VRAEM, donde han muerto ya centenares de soldados y policías sin que se avance un metro en la expulsión de los narcosenderistas? ¿Va a detener al Tren de Aragua, banda venezolana que avanza imparable extorsionando desde pequeños comerciantes hasta microbuseros, sin que la policía mueva un dedo para contenerlos? ¿Necesita acaso una norma para ello? ¿Va a refrenar al Comando Vermelho, mafia del narcotráfico brasileña que ya se apoderó de enormes territorios para su causa delictiva? ¿Por qué necesitaría un paquete de normas para facilitar que la policía actúe?

¿El paquete de facultades va a refrenar la inmensa corrupción que reina en los institutos policiales y en las fuerzas armadas? ¿Va a mejorar la formación de mayor cantidad de efectivos policiales, hoy escasos y con subformación? Por supuesto que no. No sirven para nada las normas cuya facultad legislativa se ha solicitado.

Lo que se necesita, por el contrario, es un Congreso que le pare los machos a un Ejecutivo inoperante y mediocre, que no ata ni desata, y no hace absolutamente ninguna reforma importante. Vemos en el titular de Gestión de hoy que hay 38 proyectos mineros sin fecha de construcción. ¿Acaso el titular del Minem anda desvelado por ello? Si esos proyectos se destrabaran y entraran en funcionamiento, otras serían las cifras del PBI. Pero en este caso, como en el de la seguridad, la consigna parece ser no hacer nada para durar el mayor tiempo posible.

Volviendo al tema de la seguridad, lo que, en el mejor de los casos, correspondería, es que el Congreso le pida los proyectos al gobierno y los vaya discutiendo uno por uno, sin que ello sea óbice de tener sentado al ministro del Interior y eventualmente al Premier, con recurrencia, para que nos den una explicación cabal de por qué la delincuencia se ha apoderado del país sano que quiere prosperar en paz.

 

 

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[EN EL PUNTO DE MIRA] Sobre el primer punto, para Guillermo Nugent en “El Orden Tutelar. Sobre las formas de autoridad en América Latina” (Desco, 2010), el ingenio nos ayuda a comprender la precaria invención de los peruanos en el último cuarto de siglo. A medida que pasó el tiempo, dicho concepto dejó su carácter inicial de respuesta a situaciones de emergencia económica para convertirse en un estilo cultural, con capacidad genérica de hacer actividades en un orden marcado por la naturalización de las desigualdades.

Sobre el tema de la innovación, en el artículo “Del ingenio a la innovación” de José Luis Chicoma en la revista Poder, que por cierto da título a este texto, se sostiene que debemos pasar de soluciones precarias a un sistema que incentive la innovación. Para tal caso, se debe pasar de administrar un sistema deficiente para pasar a institucionalizar la toma de riesgos para el desarrollo del conocimiento.

¿Cómo frente al ingenio visible como un problema, podemos pasar a la innovación partidaria? Actualmente, las organizaciones políticas pasan por un proceso de sobrevivencia en un contexto altamente informal y anti-política. Desde los años noventa en adelante, los partidos pasaron a administrar la crisis política -mediante el ingenio en trabajos electorales- para no perder la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, dejándose ganar por el presente permanente de soluciones generales para situaciones coyunturales y electorales, convirtiéndose en un estilo cultural o forma de hacer política en el país.

Frente a ese escenario, los partidos políticos deben canalizar creativamente a los grupos de intereses sociales/económicos (como asociaciones de mototaxistas, de consumidores, entre otros) y de ciudadanía (como los feministas, LGTBI, etc.) a través de una participación flexible (como los colectivos), en la que se combine causa colectiva con reconocimiento individual; también mediante el uso frecuente del internet en las actividades partidarias. Así, y por medio de reformas electorales realistas, se puede pasar a la innovación partidaria.

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[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Por muchas razones, el Perú fue protagonista de la aprobación de la CONVEMAR. Sin embargo, nuestro país aún no ha firmado dicho instrumento internacional establecido en 1982, el  que rige el derecho de los mares del mundo entero. Debido a esta preocupante contradicción en nuestra política exterior, la Académica Diplomática del Perú y la Fundación Académica Diplomática del Perú acaban de publicar, bajo la responsabilidad del embajador Nicolas Roncagliolo y del internacionalista Oscar Vidarte El Perú y la Convención del Mar: Balance y Perspectivas,  una sustantiva compilación de ensayos sobre el tema que reúne, además de los ya mencionados, a destacados especialistas locales como Diego García Sayán, Eduardo Ferrero, Marisol Agüero, Sandra Namihas, entre otros.

No estar suscritos a CONVEMAR: preocupación peruana ante el Litigio contra Chile en la Haya

Como colaborador de Cancillería durante el litigio marítimo en la Corte Internacional de Justicia de la Haya (2008 – 2014), pude constatar la preocupación de nuestros diplomáticas y juristas por un tema que teníamos pendiente y que podía ser utilizado por la contraparte para impugnar nuestra demanda: el asunto era sencillo, el Perú no pertenecía, ni pertenece aún, a la CONVEMAR. Ese solo hecho obligó a nuestros especialistas a dedicar un acucioso esfuerzo adicional para explicar a la Corte Internacional de Justicia que nuestro derecho del mar, consagrado en la Constitución política de 1993, era compatible con la CONVEMAR, que fue finalmente el argumento que esgrimimos para superar este impase.

La cuestión no era menor, como recordamos, el principal argumento peruano ante la Corte era que esta aplicase la línea equidistante para separar los mares del Perú y Chile, cuando lo que estaba ocurriendo, pues Chile inscribió ante la ONU como su línea de bases el año 2000, era que el país vecino había impuesto el paralelo geográfico como límite entre nuestros mares. Por ello, debido a la morfología de las costas sudamericanas (la costa se hace oblicua en el lado peruano precisamente desde el límite fronterizo entre Tacna y Arica) Chile obtenía 200 millas de dominio marítimo desde el inicio de sus costas, mientras que nosotros las alcanzábamos muy lejos de nuestra frontera, a pocos kilómetros del puerto arequipeño de Mollendo.  (ver cuadro)Pero había un problema, la CONVEMAR efectivamente reconocía la equidistancia como principio para separar los mares de países con costas limítrofes cuyos dominios marítimos se dividían en Mar Territorial (12 millas), Zona Contigua (12 Millas) y zona económica exclusiva (de la milla 24 hasta las 200 millas). Sin embargo, nuestra Constitución Política no adhiere a CONVEMAR y refiere el tema en términos, más bien, ambiguos. Señala que el territorio del Perú comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el dominio marítimo, aunque luego dedica todo un párrafo relativo a nuestros derechos del mar en términos de domino marítimo y no territoriales (Constitución Política del Perú art. 54). Por eso Chile se preguntaba ¿tiene el Perú derecho a acudir a CONVEMAR?

Nuestra compatibilidad y compromiso con CONVEMAR: alegatos peruanos en la CIJ

El esfuerzo de nuestros diplomáticos y juristas dio sus frutos y salvamos largamente las objeciones que, durante el litigio, giraron alrededor de la cuestión CONVEMAR. De acuerdo con la internacionalista Sandra Namihas, durante el litigio nuestro país afirmó explícitamente en su Demanda ante la Corte, que “el Perú reconocía las zonas consagradas en CONVEMAR (…) y se comprometió a respetar los derechos y obligaciones de dicho instrumento internacional” (Namihas en Roncagliolo y Vidarte 2023 p. 200).

Además, el Perú expresó que su Demanda se amparaba en la Convención de las Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar, y mencionó explícitamente la zona económica exclusiva y las demás zonas en las que este instrumente internacional divide el dominio marítimo de los estados. Asimismo, en el alegato oral, nuestro agente Allan Wagner Tizón, resaltó “el compromiso del Perú con el moderno derecho del mar reflejado en la Convención (…)”. (Namihas en Roncagliolo y Vidarte 2023 p. 206).

Además, una vez concluido el litigio, en la declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa del Perú y Chile del 6 de febrero de 2014, el Perú señaló que “Conforme a lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia (…) el Perú ejercerá sus derechos y obligaciones en toda su zona marítima en forma consistente con (…) la Convención de 1982” (Namihas en Roncagliolo y Vidarte 2023 p. 210). De hecho, esta declaración fue necesaria pues, como parte de su sentencia, la CIJ exigió al Perú adecuar su legislación a la CONVEMAR.

A manera de conclusión, nosotros hicimos CONVEMAR ¿por qué no adherirla?

Casi no sería un exceso de arrogancia señalar que si la CONVEMAR salió adelante fue gracias al Perú, a Chile y a Ecuador. Todo comenzó en 1947 cuando el presidente Chileno Gabriel González Videla estableció 200 millas de mar territorial para su país en vista de los cambios mundiales, la industrialización y la presencia de modernas flotas pesqueras con una impresionante capacidad de depredación de nuestros recursos marítimos. Dos meses después, el Presidente del Perú, José Luis Bustamante y Rivero, siguió los mismos pasos y, para 1952, ambos países, junto a Ecuador, firmaban la Declaración de Santiago, documento unilateral (o trilateral) lanzado desafiante ante el mundo, en el que tres países tercermundistas se arrobaban la atribución de defender conjuntamente sus costas de la depredación marítima a gran escala.

No es casualidad que, cuatro años después, de la firma de este instrumento, en 1956, la ONU haya convocado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tampoco lo es que la delimitación del dominio marítimo de los Estados haya girado entorno a la propuesta peruano-chilena de las 200 millas. La Convención las estableció, finalmente, en 1982 pero desde una perspectiva más moderna, es decir, planteando las tres zonas antes mencionadas, en lugar de un mar territorial absoluto.

Contradiciendo nuestros propios logros, tras la aprobación de la CONVEMAR nos negamos a firmarla durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980 – 1985) y no lo hemos hecho hasta ahora. Vender nacionalismo barato resulta sencillo y políticamente rentable en un país tan malquerido por sus políticos. Cada vez que se ha intentado sacar adelante nuestra adhesión a CONVEMAR, han surgido voces que casi han tratado de falta de patriotismo a quienes han perseguido tenazmente esta justa y anhelada meta.

Al respecto cabe hacerse una pregunta. Si, como algunos señalan, CONVEMAR es lesiva a los intereses nacionales ¿por qué Chile y Ecuador la han firmado ya? ¿por qué lo han hecho las grandes potencias mundiales reconociendo así los derechos de los países en vías de desarrollo sobre los recursos del mar adyacente a sus costas, su suelo y su subsuelo? Si en 202 años de vida libre, existe un aporte relevante del Perú al mundo, este es, precisamente, la tesis de las 200 millas marinas y la CONVEMAR. A base de ella, en noviembre de 1954, nuestro Estado capturó nada menos que a la flota ballenera del célebre multimillonario Aristóteles Onassis, la que pretendía depredar los recursos de nuestro dominio marítimo. Entonces el mundo comprendió que los países en vías de desarrollo iban en serio y que no tenían pensado perder la batalla del mar.

Adherirnos a CONVEMAR, no resultará más que recoger los frutos de 76 años de lucha continua, desde 1947 en adelante, y que implican el principal aporte peruano al moderno derecho internacional. ¡Hagámoslo de una vez!

Referencias:

Namihas, Sandra. “La posición oficial del Perú en torno a las zonas marítimas de la CONVEMAR a partir del Diferendo Marítimo con Chile”. En Roncagliolo, Nicolás y Vidarte, Oscar. El Perú y La Convención del Mar. Lima, ADP y FADP, 2003.

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Si uno busca Wikipedia y chequea cuáles son las características de lo que se llama un “Estado fallido”, encuentra las siguientes:

Salvo dos o tres calificamos en todas. No nos estamos percatando del profundo deterioro social, económico, político e institucional por el que transita el país, producto de habernos conformado con solo haber hecho algunas reformas de primera generación en los 90, habernos congelado allí, y haber permitido que la realidad desborde el “modelo”, tornándolo inservible e ineficiente.

Lo grave de esta situación es que nos coloca en el abismo de una toma de decisiones electorales tremenda el 2026, con fuerzas radicales de izquierda cosechando el descontento masivo de la población con ese Estado funesto que nos rige. Los antiestablishment tienen razones fundadas para entusiasmar a quienes quieren patear el tablero.

 

 

 

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La propia Contraloría ha advertido que la adenda que le permite a Innova Ambiental seguir operando el recojo de residuos sólidos en Lima Cercado, es un despropósito y que el contrato con dicha empresa (ex Relima, sí, la del escándalo Comunicore), que se extendió por una adenda irregular, debe llegar a su fin y convocarse a una licitación pública internacional para brindar ese servicio.

Así se lo ha hecho saber a la propia autoridad municipal en reiteradas ocasiones y, sin embargo, el alcalde limeño, Rafael López Aliaga, supuesto adalid de la moralidad pública, se zurra en la noticia, con él no es, y mantiene vigente un contrato a todas luces irregular.

La lógica administrativa ordena que el manejo de los residuos sólidos (su recojo y depósito en rellenos sanitarios) sea hecho con la mayor pulcritud no solo en su proceso mismo (sobre lo segundo, el vigente contrato también tiene serios cuestionamientos) sino en la transparencia que debe tener el proceso legal correspondiente.

A López Aliaga no le está yendo bien en su tarea de gestor municipal. En la práctica, no ha hecho nada de lo que prometió, no tiene una política pública municipal coherente, y el resultado se aprecia en las encuestas, donde ya la mayoría de limeños lo desaprueba. Según la última encuesta de Ipsos, 53% lo desaprueba y 39% lo aprueba. Un fracaso por donde se le mire.

Las propias expectativas presidenciales que López Aliaga alberga se están yendo por el desague por su mala y controvertida gestión al mando del municipio limeño. Si no es capaz de romper un contrato cuestionado por la propia Contraloría, que sugiere una licitación internacional, como la propia adenda firmada lo establece, algo huele mal ya también en términos de ética en la gestión edil.

Lo que sucede en el municipio capitalino debiera servirnos de lección a la hora de pensar el voto presidencial del 2026. Falsos tecnócratas se venden ante la opinión pública como grandes gestores y a la hora de la hora no son capaces de gestionar nada. Y encima, como es el caso que citamos en esta columna y que es parte de una contínua campaña de Sudaca, se cometen actos, o se dejan de ejecutar, con claro olor a corrupción.

-La del estribo: notable la puesta en escena de La Barragana. Escrita por Luis Alberto León y dirigida por Chela De Ferrari, cierra la trilogía de obras conformada por La Cautiva y Savia, sobre tres momentos de gran violencia alrededor de la historia del Perú. Va hasta el 9 de octubre en el teatro La Plaza (se compran las entradas a través de su web).

 

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[EL DEDO EN LA LLAGA] No siempre se puede esta mejor, pero siempre se puede estar peor. Es lo que se conoce como saltar de la sartén al fuego. Ésta es la lección que nos han dado los partidos extremistas o ultras, sean de izquierda o de derecha, a lo largo de la historia. Una lección que los pueblos no parecen haber aprendido, pues la historia amenaza con repetirse o ya se está repitiendo en diferentes latitudes del globo.

Así parece confirmarlo en el caso de Alemania un reciente estudio del Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Instituto Alemán de Investigación Económica) con sede en Berlín, la más importante institución especializada en este campo en todo el país germano. Su presidente, el renombrado y premiado economista Marcel Fratzscher, ante el creciente apoyo —alrededor de 20% de los votantes, según encuestas recientes— que encuentra el partido populista de ultraderecha Alternative für Deutschland (Alternativa para Alemania), conocido por sus siglas AfD, se ha preguntado si los objetivos del partido están en consonancia con los intereses de sus posibles votantes. El estudio llega a una conclusión paradójica: los primeros afectados por las políticas de la AfD —en el hipotético caso de que llegara al poder— serían sus mismos votantes.

Según Fratzscher eso está relacionado con una falsa autopercepción de los votantes de la AfD y con una valoración errada de la realidad social alemana. ¿Cómo llega a esta conclusión?

El estudio realizado se basa sobre el análisis de las posiciones políticas del partido, no según una interpretación sino según enunciados que el mismo partido ha dado y que están contenidos en el Wahl-O-Mat, una ayuda online existente desde el año 2002 que recopila las propuestas políticas de los diferentes partidos para que los electores, sobre todo jóvenes, puedan comparar sus propias opiniones con estas propuestas y tomar decisiones electorales. Está página es operada por la Bundeszentrale für politische Bildung (Central Federal de Formación Política), que depende del Ministerio Federal del Interior.

Esta método presenta la ventaja de que el partido no podría afirmar que se la ha malinterpretado, pues los enunciados provienen del mismo partido, según un catálogo de preguntas que presenta el Wahl-O-Mat, dejando que sean los mismos partidos los que respondan.

¿Y qué es lo que quiere la AfD? Según el análisis de Fratzscher, propone una política económica y financiera de liberalismo extremo —conocido en otra latitudes como libertarismo—. Quiere reducir los impuestos en casi todas las áreas, incluido el impuesto a la herencia. Está en contra de del impuesto a las grandes fortunas. Quiere abolir totalmente el impuesto de solidaridad, que actualmente sólo pagan las personas de ingresos elevados. Quiere recortar el rol del Estado e incrementar el poder del mercado. Según Fratzscher, en Alemania ningún partido rechaza sistemáticamente las medidas para proteger el medio ambiente y el clima como sí lo hace la AfD.

En cuanto a política social, no hay ningún partido que desee recortar tanto las prestaciones sociales del Estado. Por ejemplo, la AfD se opone a un fortalecimiento de los derechos de los inquilinos. En 2021 votó en contra de subir el salario mínimo a 12 euros la hora. Asimismo, quiere recortar las subvenciones que otorga el Estado a personas desempleadas o impedidas de trabajar por razones válidas y en estado de vulnerabilidad, y quiere obligar a los desempleados crónicos a trabajar gratuitamente en actividades comunales, contraviniendo lo que dice el artículo 12 de la constitución alemana (Grundgesetz), que establece que todos los alemanes tiene derecho a elegir libremente su profesión u oficio, su lugar de trabajo y sus centros de formación, sin que se pueda obligar o forzar a nadie a realizar un trabajo determinado.

En cuanto a política de sociedad, la AfD de se diferencia de los demás partidos representados en el Bundestag (parlamento alemán) en que quiere recortar derechos y libertades, sobre todo de las minorías. Incluso en lo que respecta a la democracia y a la política interna, el partido estaría dispuesto a restringir libertades. Y en cuanto a política externa, es el único partido que propone abolir la Unión Europea o restringirla masivamente.

¿Y quienes son los votantes de este partido? Mayoritariamente son varones entre los 45 y 59 años de edad, con ingresos y formación en los niveles más bajos o intermedios. Con frecuencia son desempleados quienes votarían a favor de la AfD. La insatisfacción con el propio nivel de vida y con la situación económica y social es mayor que en el promedio del resto del electorado. Y con frecuencia esos mismos votantes tienen una participación social y política muy reducida. A la AfD le va mejor en distritos electorales donde la falta de perspectivas es grande, las oportunidades para los jóvenes son pocas y el éxodo de habitantes es constante. También en regiones con una gran vulnerabilidad económica y poca diversidad poblacional —donde menos inmigrantes o hijos de inmigrantes hay— encuentra este partido de extrema derecha su mayor popularidad.

¿Y cómo se compaginan los objetivos de la AfD con las condiciones de vida de quienes la apoyan? Fratzscher señala que las contradicciones entre los intereses de sus votantes y las posiciones del partido no pueden ser mayores, señalando que nos hallamos ante una paradoja.

Las reducciones de impuestos a los que más ganan, salarios más reducidos para las personas en la escala inferior de ingresos y el recorte de las prestaciones sociales, a quienes mas afectarían serían a los mismos votantes de la AfD antes que a los votantes de otros partidos. Si se implementaran las políticas de la AfD, se eliminaría la redistribución de los ingresos tal como existe actualmente en Alemania y que no sólo permite que la brecha entre ricos no sea tan grande, sino que mantiene sana y en funciones la economía del país. En su lugar, habría una redistribución de los ingresos desde los votantes de la AfD hacia los votantes de los demás partidos, cuyo perfil es más de clase media y alta. Y el daño económico y político que implicaría el debilitamiento de la Unión Europea y la suspensión de medidas contra el cambio climático afectaría antes que nada a los sectores socialmente vulnerables de la sociedad, y entre ellos a muchos votantes de la AfD.

Como señala Fratzscher, una posible explicación de esta paradoja de que electores voten por un partido que los perjudicaría está en que los votantes de la AfD tienen una falsa percepción de sí mismos y del contexto social en el que viven. En los últimos 70 años en Alemania no ha habido ningún partido que haya marginado y discriminando tanto a grupos vulnerables como la AfD. A través de una campaña de difamación y discriminación en perjuicio de extranjeros y personas con trasfondo migratorio, el partido habría logrado convencer a sus seguidores de que les iría económica, social y políticamente mejor si a esos grupos se les restringe las prestaciones sociales o los derechos fundamentales. Muchos de estos seguidores no entienden que una política de discriminación y marginalización les afectaría enormemente, pues ellos mismos pertenecerían a los niveles de más bajos ingresos, disfrutarían de menores privilegios, tendrían menos oportunidades que otros y dependerían en mayor medida de prestaciones financieras del Estado. Y los votantes de la AfD serían los más afectados por la pérdida de puestos de trabajo, una peor infraestructura y menores ayudas estatales.

Este fatal caldo de cultivo sólo sería posible debido a una percepción distorsionada de la realidad o debido a la creencia en teorías de la conspiración —a las cuales es muy afecta la ultraderecha populista alemana—, siendo así que los votantes de la AfD se percibirían a sí mismos como víctimas de la política y de la sociedad, y creerían que ellos constituyen una mayoría.

No pocos votantes de la AfD estarían convencidos de que la cancelación de la globalización, un nacionalismo cada vez más fuerte así como políticas económicas, financieras y sociales neoliberales les traerían mejores puestos de trabajo, más seguridad y mejores oportunidades. En realidad, ocurriría lo contrario: más desempleo, mas inseguridad y violencia, menos oportunidades.

Si el caudal electoral se mantiene, la AfD podría convertirse en la segunda fuerza política de Alemania. Pero sería muy difícil que llegue a formar parte del gobierno, pues en Alemania existe una democracia parlamentaria, y solo puede formar gobierno quien obtiene mayoría de votos en el Bundestag. Por el momento, no hay ningún partido que esté dispuesto a formar una coalición con la AfD, porque en el fondo se considera que es una fuerza política que no cree en la democracia y que pretende valerse de ella sólo para alcanzar cuotas de poder y socavarla desde dentro.

Y como todos los populismos habidos y por haber, sólo es una ilusión de sirena que encandila a sus electores para luego hacerlos naufragar, estrellados contra los peñascos de su verdadero rostro y de la inexorable realidad.

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Un liberal auténtico debería reaccionar con entusiasmo frente a la andanada de críticas que viene recibiendo el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por haberle estampado un beso, contra su voluntad, a una de las jugadoras de la selección española, durante las celebraciones por haber ganado el Mundial.

Las luchas feministas, aunque en muy contados casos pequen de excesos y caigan en la cultura de la cancelación, son una de las batallas culturales e ideológicas más importantes del último siglo y suponen el triunfo moral de la mitad de la población frente a al predominio de una cultura machista, antigualitaria y segregacionista.

En general, las luchas feministas, aún las radicales (perfectamente entendibles y atendibles), la prédica antirracista, la batalla por la equidad de género y la permisión de las experiencias vitales de todos los géneros (incluyendo en esta batalla la conquista de derechos como el matrimonio gay), la libérrima y contestataria manifestación del arte contemporáneo, son síntomas de la inmensa libertad cultural y social que acompaña el desarrollo de las democracias capitalistas liberales.

Son signos de su desarrollo no de su decadencia, como pregonan los conservadores a ultranza -de la mano con las izquierdas anquilosadas-, que quisieran que nada se mueva y todo de mantenga incólume, como si los vientos del tiempo no transcurrieran y las cuestiones morales no hayan cambiado a lo largo de los siglos del crecimiento cultural de Occidente.

En esta batalla, los auténticos liberales tienen un sitio claro en la trinchera de la justicia y la libertad. Quien no lo entienda así, pues simplemente no es liberal. Es un conservador más, incapaz de leer los signos de los tiempos postmodernos y la impresionante capacidad del basamento capitalista democrático para asimilarlos y hacerlos parte de su bagaje valorativo.

Occidente no está en decadencia. Está en medio de un profundo cambio, es verdad, pero al menos en los temas culturales y morales, avanza a pies agigantados hacia la mayor libertad. Es cuestionable el mercantilismo corporativo que lo lastra y merecerá una acción política en algún momento para evitar que haga metástasis, pero en lo concerniente a los temas morales, se muestra robusto y saludable.

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[MÚSICA MAESTRO] Desde mediados de los años noventa, con la llegada de la tecnología digital y el boom de los almacenes por departamentos, centros comerciales y supermercados, trabajar en una tienda de discos se convirtió en una especie de condena, un subempleo que contaba para su existencia con la pasiva resignación de enormes cantidades de jóvenes que, atraídos por la posibilidad de estar en contacto permanente con la música que les apasionaba (además de la necesidad de trabajar), terminaron aceptando condiciones laborales en empresas con horarios asfixiantes, sueldos ínfimos, tratos desconsiderados y una serie de desórdenes que impiden el desarrollo personal, anulan la vida social, no ofrecen línea de carrera, etc.

El disco -de carbón en los años treinta, de vinilo entre los cuarenta y ochenta/noventa, y los discos compactos que se comercializaban masivamente hasta hace diez o quince años- como producto comercial, siempre causó fascinación porque combinaba dos aspectos marcadamente diferentes, pero complementarios para efectos del desarrollo de la industria discográfica: la música como expresión artística y el soporte en el que venía almacenada, un objeto concreto, manufacturado, producido en serie.

El valor de un disco no solo estaba determinado por la obra de arte grabada en audio que contenía sino también por cómo venía presentada. Los empaques de vinilos cuidaban cada detalle de su diseño, con mucha creatividad e imaginación -casos excepcionales son las carátulas preparadas por los diseñadores de Hipgnosis, equipo gráfico comandado por el inglés de padres noruegos Storm Thorgerson (1944-2013), responsable de icónicas portadas para Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Genesis y un larguísimo etcétera que llega hasta los años dos miles; las oníricas tierras fantasiosas que creó su colega y amigo Roger Dean (1944) para álbumes de Gentle Giant, Uriah Heep y Yes, principalmente. O las imaginativas escenas caballerescas que elaboró durante años el neoyorquino Ron Levine, para LPs de Fania Records y, particularmente, La Sonora Ponceña.

Esta tradición, que aun es proseguida por varios artistas con raíces en las guardias viejas -pienso, por ejemplo, en bandas como The Mars Volta, Tool, Howlin’ Rain o tantísimos otros que buscan trascender a la subcultura moderna del mp3 y ven cumplidos sus sueños con el renacimiento de la industria fabricante de vinilos -un tema fascinante en sí mismo. Ni hablar de géneros como el heavy metal en todas sus vertientes -los encartes de Iron Maiden, por ejemplo, diseñados por el legendario Derek Riggs- que son extremadamente pródigas en iconografías que van de lo mitológico y monstruoso a lo pesadillesco y satánico. Lo mismo ocurre con los cultores del rock progresivo y bandas de shoegaze que incluyen tipografías, colores y diseños con especial dedicación. Por ello, entrar a una discotienda en sus años dorados era, en muchos aspectos, como entrar a una verdadera galería de arte.

Hoy en día, que las opciones musicales orientadas a públicos masivos son cada vez más superficiales y que tanto productores como artistas colocan en segundos y terceros planos conceptos como valor artístico, calidad musical, trascendencia para darle preponderancia a la masificación, el éxito instantáneo, la sobre exposición de la imagen, la fama, la exposición en redes sociales, etc., la oferta de productos musicales es inmensa pero, al mismo tiempo, descuidada en lo relacionado a empaques y presentaciones. Con todo ello, a pesar de que la tecnología ha convertido a los coleccionistas de vinilos y CDs en una especie minoritaria y en riesgo de extinción, pareciera que, primera vista, el negocio de las tiendas de discos aun podría ser realmente fascinante y rentable, tanto para empresarios como para trabajadores. Y lo es, por supuesto que sí. No en nuestro país.

El music business involucra dos aspectos a menudo contrapuestos: a) la subjetividad asociada a la naturaleza artística de la actividad musical, sea cual sea su género o procedencia y b) la objetividad que rige en todo negocio comercial y sus variables, tales como tendencias, modas, atractivos, proyecciones, índices de rentabilidad, estrategias de marketing, etc. Por ende, así como lo ideal para un estudio legal es estar manejado por abogados; para un medio de comunicación, estar al mando de un comunicador/periodista; para un hospital, ser dirigido por un doctor en medicina; o para un restaurante, tener como jefe a un maestro de cocina; para una tienda de discos lo ideal sería tener, en la dirección/administración, a personas que, además de dominar el campo de los negocios, y que -atendiendo a las tendencias actuales- posean una buena capacidad de adaptación a los nuevos formatos, tengan una sensibilidad y una pasión especial, fuera del promedio, por la música.

Lamentablemente, eso no ocurre en el Perú desde hace, por lo menos, treinta años. Cuando no existe una combinación equilibrada de ambos aspectos, se produce la desnaturalización del negocio en cuestión y se comienza a distribuir mal las prioridades, llevando una actividad tan rica en matices y en posibilidades de desarrollo tanto comerciales como culturales, en un simple y llano puesto de mercado y, en extremos peligrosos, en pantalla para cubrir otra clase de actividades, menos santas. En un mundo laboral como el nuestro, tan carente de oportunidades, en el cual el 80% de empresas que ofrecen empleo son informales o que siendo formales, viven obsesionadas con optimizar sus ganancias invirtiendo lo menos posible, la mayoría de empresarios peruanos dedicados a la venta de música de las últimas tres décadas mantuvo sus tiendas sobre la base de una dinámica bastante pobre, sin llegar nunca a posicionarse como establecimientos comerciales ligados al mundo del arte, la cultura y el entretenimiento de alto nivel.

Los empresarios peruanos que decidieron continuar con las tiendas de discos tras la debacle de la legendaria cadena Discocentro -con una o dos excepciones a la regla- nunca tuvieron ese perfil que representó, en su momento, el hoy magnate Richard Branson quien inició su imperio -que incluyó en su momento el sello discográfico Virgin Records- con una pequeña tienda de discos en 1971, en Londres. Por el contrario, se alejaron de la intención humanista y ligada al arte para apegarse a lo peor de nuestra idiosincrasia empresarial clasista y explotadora. Disfrazados de jefes gamonales, con los ojos puestos únicamente en sus ganancias individuales, comenzaron a medir su éxito en su capacidad de ventas por volumen mas no en el potencial impacto social y educativo que tenía aquel rubro que atrajo, durante dos décadas y media, a fuerza de trabajo joven, con ansias de crecer y dar a poyo a sus familias.

Esto podía verse, por ejemplo, en la concentración de beneficios que obtenían los dueños frente a las estáticas condiciones laborales del personal de las tiendas, sin importar ni su producción, ni sus capacidades individuales, ni sus años de experiencia en contacto directo con aquellos clientes que sentían nostalgia por aquellos tiempos en que coleccionar discos no era, como lo es ahora, placer de minorías sino un acto de amor por las canciones con las que musicalizaban su vida diaria y que una discotienda no era, como es ahora en nuestra ciudad, un lugar semiclandestino destinado al eterno perfil bajo. Quienes alguna vez laboramos en algunas de estas cadenas vemos, con una combinación de nostalgia y tristeza, cómo aquellos locales, que podrían ser reductos de cultura musical en medio del caos sonoro que contamina nuestros distritos, sirven hoy para peluquerías, zapaterías, venta de cosméticos o videojuegos.

A nivel internacional, siempre hubo dos clases de tiendas de discos formales: las megatiendas estilo Virgin Records, Tower Records, Musimundo, etc. y las tiendecitas escondidas, esos huecos en los que, por lo general, uno puede encontrarse con personas extremadamente conocedoras, capaces de conseguir las rarezas discográficas más alucinantes. Las primeras son, hoy más que nunca, inimaginables en nuestro país: establecimientos inmensos que uno podría tardarse días en recorrer. Pisos y pisos en los que se vendían desde simples y llanos cassettes hasta instrumentos musicales, partituras, colecciones enteras de CDs y DVDs de cualquier artista o género. Cabe destacar que en pleno siglo XXI, esta situación ya es global. Por ejemplo, si uno entra al impresionante local de Barnes & Noble en Union Square (14th Street en el Bajo Manhattan, New York), hallará cinco pisos de libros, revistas y afines, pero su área de vinilos, CDs y DVDs no alcanza el área de un piso siquiera. Y las mencionadas Virgin o Tower Records simplemente ya no existen. En el documental All things must pass: The rise and fall of Tower Records (Colin Hanks, 2015) se aborda la historia de esta recordada cadena de discotiendas.

Las segundas son, más bien, parecidas a la que muestra la película High Fidelity (Stephen Frears, 2000) y que todavía pueden encontrarse por algunos recovecos de ciudades grandes de los Estados Unidos y Europa. En esta aclamada película, adorada por los melómanos de ayer, hoy y siempre, el actor John Cusack encarna a un apasionado coleccionista de discos que además, es dueño de una de esas tiendas pequeñas, que mantiene a flote debido a la exquisitez de sus conocimientos musicales, capaces de satisfacer las exigencias del cliente más especial y en diversidad de géneros, estilos y épocas. Aunque sus compañeros -representados por Jack Black y Todd Louiso- no se muestran tan amables con el público y presentan características y formas de comportamiento algo marginales, también poseen extremados conocimientos y un innegable amor por la buena música, lo cual asegura una atención esmerada cada vez que los clientes les demuestran estar «a su altura» en cuanto a sus elevados niveles de apreciación. Ellos no venden cualquier cosa. No señor. Ellos venden arte.

Las megatiendas de discos eran, como indica el prefijo, empresas gigantescas, obligadas a cumplir con estándares de atención y rendimiento. Y aunque es probable que su personal tuviese los niveles de automatización que podríamos encontrar en Lima en un vendedor de, por ejemplo, almacenes especializados como Saga/Ripley o Sodimac, nunca he escuchado que sus conocimientos musicales fueran limitados o que su capacidad de respuesta no haya sido óptima al momento de satisfacer los requerimientos de potenciales compradores, desde los más convencionales hasta los más extravagantes y rebuscados. Aun cuando sus vendedores no fueran todos expertos en música, sin duda alguna estas cadenas contaban con un sistema computarizado que ubicaba los productos a la velocidad del rayo y con una actualización permanente.

Y también era una regla que ese personal en aquellas megatiendas hoy desaparecidas trabajara en horarios rotativos y recibiera capacitación a cada momento -como seguramente pasa hoy en establecimientos gigantescos estadounidenses dedicados a otros rubros como Home Depot (construcción) o Whole Foods (alimentos)- y además estaban en contacto directo -por razones de mera ubicación geográfica- con el interesantísimo mundo de la industria musical que se desarrollaba a su alrededor. Aunque sería iluso pensar que no practicaron diversos niveles de explotación en su momento, no las imagino tan mal administradas como lo estuvieron aquí cadenas como Discocentro -en sus últimas dos décadas-, Music Box y (((Phantom Music Store))).

En Lima, las tiendas de discos fueron administradas por personajes a quienes difícilmente podríamos identificar con el que interpretó Cusack. Empresarios que nunca tuvieron esa conexión emocional, visceral con la música y, si la tuvieron alguna vez, fue tan superficial que desapareció cuando vieron que los números comenzaron a subir -para ellos- y terminaron dejando de lado esa naturaleza casi mística que existe en el círculo conformado por el COMPRADOR-PRODUCTO MUSICAL-VENDEDOR, utilizándola únicamente cuando podía servir como instrumento de marketing.

A pesar de esa desidia, esos empresarios tuvieron la suerte de que aquel círculo místico posee una profunda raíz que resulta muy difícil de quebrar. En muchos casos, vendedores y clientes desarrollaron amistades que trascendieron la existencia de las tiendas mismas. En ese entonces, los puntos de venta estuvieron llenos de personas que buscaron ingresar a esos subempleos por necesidad y por su afición por la música. Jóvenes aspirantes a melómanos, coleccionistas de cassettes y discos piratas, fanáticos de ciertos géneros, iban y se presentaban a las convocatorias para captar personal nuevo y al ingresar, se autocapacitaban. En muchos casos, los niveles de atención especializada en las cadenas musicales de Lima fueron altísimos pero aquello no fue, en ningún caso, mérito de los dueños, sino una casualidad de la cual se aprovecharon y que jamás valoraron debidamente.

¿Por qué pasó esto? Por la necesidad, por supuesto. La mayoría de aquellos jóvenes no contaba, al momento de empezar a trabajar en cualquiera de las cadenas mencionadas, con estudios superiores y aunque no eran del todo marginales, provenían en muchos casos de medios socioeconómicos que evidentemente no eran los mejores. Este es el esquema clásico que los expertos en problemática laboral denominan «mano de obra barata» y que, casi sin ninguna modificación, rige en el mercado laboral del Perú con enorme vitalidad y fuerza, en desmedro de las masas trabajadoras. La necesidad produjo un cuerpo de vendedores (una «fuerza de ventas») que terminó convirtiéndose en una cuadrilla homogénea que espera las directivas de quienes «más saben», los empresarios, los dueños. Como hoy ocurre en otros ámbitos de servicios, los horarios completos hacían imposible seguir estudios o tener una vida más normal. Porque para esos empresarios, hoy olvidados o metidos en vergonzosos líos legales, manejar una cadena de discotiendas era como vender ropa, seguros, celulares o papas. Pero no es así. No señores. Vender música es vender arte. Y eso fue lo que nunca comprendieron.

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Declive musical, discotienda, Industria discográfica, Tiendas de discos

[AGENDA PAÍS] Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, se define a la prescripción, en una acepción relacionada al derecho, como “Modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley”.

La situación por la que atraviesa el Perú, en este desorden estructural que alimenta la “ley de la selva”, donde el individualismo prima sobre el colectivismo, donde la palabra solidaridad es solamente parte de un bonito discurso pero ausente en la realidad, es un claro síntoma de que estamos perdiendo el derecho y la libertad de vivir en democracia.

El incremento de la violencia ciudadana y el sicariato ante la inacción de un Estado carente de ideas, de capacidades y de “cojones” para enfrentar con firmeza este atentado contra nuestra libertad de vivir en paz, no solamente aumenta la decepción que la ciudadanía tiene de sus autoridades, sino que también, llama a soluciones drásticas e incluso fuera de la ley, como el famoso “Plan Bukele” que temerariamente el Premier Otárola ha querido peruanizar presentándolo como el “Plan Boluarte”. A propósito o no, llamarlo “Plan Boluarte” le entrega la responsabilidad entera a la presidenta, es como jugar al todo o nada, con los riesgos políticos que eso implica.

Por el lado del Congreso las cosas no van mejor. El flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto, una joya perdida de este poder del Estado, sale a la luz con un rosario de denuncias, declaraciones indignas hacia la madre de su hijo, con un ejército de “troles” que lo defienden en redes pagados con plata de todos los peruanos y con el “postre” supremo de haber promovido la Ley 31751 que acelera la prescripción de delitos, favoreciéndose él, varios congresistas y hasta Vladimir Cerrón.

Y esta semana, nos despertamos con la desagradable noticia que el terrorista del MRTA, Víctor Polay Campos, ha presentado una demanda contra el Estado Peruano por supuestas violaciones de debido proceso y derechos humanos que, por supuesto, ha sido admitida por la CIDH. Desde el gobierno de Sagasti, pasando por el de Castillo y ahora el de Boluarte, se debió tener conocimiento de esta solicitud (citando a la Dra. Delia Muñoz en su entrevista con Mávila Huertas) pero ya sea por omisión involuntaria o más bien, por querer esconder el hecho, los peruanos no estábamos enterados. Cierto que Sagasti salió de la toma de rehenes con un autógrafo de Néstor Cerpa Cartolini y que Castillo estuvo rodeado de personajes como el Canciller Héctor Béjar, actor en los 60’s de actos terroristas que lo tuvieron preso y otros como el congresista Bermejo, en pleno juicio por colaborar con extremistas.

Estamos perdiendo nuestro derecho a vivir en democracia, de hecho, ya no vivimos en una democracia plena porque no se puede vivir con temor; y los únicos culpables somos nosotros mismos que con nuestro voto, permitimos que incompetentes, requisitoriados y extremistas, tomen los poderes del Estado como el Ejecutivo y el Congreso que como consecuencia nos suman en el desorden, la desconfianza y la desesperanza.

Si el 2026 es el horizonte para un cambio de gobierno y de parlamentarios, nos queda en estos casi 3 largos años, ser incisivos como ciudadanos en exigirle al Ejecutivo acciones concretas de corto plazo para reactivar la economía y retomar la seguridad ciudadana. Con esos dos temas en vías de solución, tendríamos más que suficiente para recuperar la confianza, motivando a inversionistas extranjeros a regresar al Perú; y a contar con recursos para programas de inversión pública en infraestructura y mejorar servicios como salud y educación.

La democracia ya está en peligro y su prescripción tiene un plazo, 28 julio del 2026. Es nuestro deber mantener este derecho.

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Crisis política, prescripción de derechos., seguridad ciudadana, Víctor Polay Campos, vivir en democracia
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