Opinión

La cercanía de un ciclo electoral renovado en el Perú se cierne como una nube negra que no solo garantiza fricción en las aguas políticas, sino que también hará explotar las fracturas internas de la sociedad.

Como en un laberinto sin salida, el país seráarrastrado por la violencia política, una especie de maldición que, lejos de disiparse, se alimenta de la creciente presencia del crimen organizado. En lugar de ser un ejercicio de democracia, este enfrentamiento electoral se puede convertir en el caldo de cultivo de los peores vicios de la política: populismo, corrupción y, sobre todo, violencia.

El baile de los narcotraficantes contra los políticos, como muestran ejemplos de países como Colombia o México, ha sido lo que ha marcado allí los caminos del poder: sombría advertencia. Por supuesto, debemos recordar que armaron en Colombia durante el siglo XX la violencia periódica en campañas de forma institucionalizada, donde mataban candidatos o los obligaban a someterse a los intereses del crimen organizado. En México, las mafias han penetrado tan eficazmente las estructuras de poder que las elecciones se convierten en campos de batalla entre intereses criminales y legítimos.

En el Perú, la historia puede ser similar. El narcotráfico, la minería ilegal y demás perlasdesafían tanto el estado de derecho como penetran las estructuras de poder, creando un legado de impunidad.

Esta campaña electoral será una manifestación más de un Perú dividido, y la democracia se encuentra rodeada de un enemigo invisible: el crimen organizado. La violencia política no es meramente consecuencia de la crisis económica o social, sino un síntoma de una enfermedad de larga data que amenaza con aniquilar la confianza en el sistema político y las instituciones que deben garantizar la paz y el bienestar.

Por: Anita Bustamante de Aliaga

Este fin de semana, en especial, último de la temporada de verano, estos inútiles serán recordados por los miles de peruanos que tratarán de bajar a la playa de Miraflores, Barranco y Chorrillos, sufriendo la desidia de estos personajes. Lima, más que reconocida como potencia mundial, por la oferta graciosa y desmedida del alcalde Rafael López Aliaga para ganar la alcaldía. Sin embargo, la realidad es que la ciudad enfrenta un desafío crítico: la incapacidad de sus autoridades. La improvisación en la gestión es evidente, y las obras a medio hacer en Miraflores, Barranco y San Isidro son solo la punta del iceberg de una crisis aún mayor. La administración actual ha mostrado un alarmante desinterés por las necesidades de sus ciudadanos, y su intento de ganar popularidad a través de paseos mediáticos, como el del alcalde con el conocido «negrito Speed», que ante tanta estupidez tangible, resulta poco creíble.

Los vecinos de Lima sufren a diario las consecuencias de una gestión ineficaz. La falta de obras y la desidia administrativa son palpables, especialmente en distritos emblemáticos como Miraflores, donde el alcalde Canales ha dejado una huella negativa. Su legado está marcado por decisiones cuestionables y un manejo más que deficiente y una arrogancia si límites que lo ha hecho memorable, pero por las razones equivocadas.

Asimismo, las autoridades de San Isidro y Barranco parecen estar completamente desorientadas, reflejando esta incapacidad en el caos vehicular que atraviesan a diario los habitantes y visitantes. La ausencia de policías, la falta de señalización adecuada y la falta de estrategias para aliviar la congestión son evidentes. Los trayectos de 40 minutos de Miraflores a San Isidro, y de hasta una hora de Barranco a San Isidro, son solo un síntoma de una administración que ha perdido el rumbo.

Falta poco para que en el 2026 los ciudadanos hagan escuchar su voz. Las urnas serán la herramienta para poner fin a esta desastrosa gestión de improvisados y dar paso a un liderazgo que realmente se preocupe por el bienestar de la ciudad.

Es inaceptable la intromisión política por parte de la fiscal Delia Espinoza, quien pretende prohibir la participación de Fuerza Popular y el partido de Carlos Álvarez, y es un ejemplo preocupante de la politización de las instituciones estatales, sobre todo de la Fiscalía.

La justicia se supone que debe ser un árbitro imparcial, por encima de las batallas políticas, pasiones y rencores. Lo que estamos viendo en el Perú, sin embargo, es una perversión de esa función crucial. Bajo el liderazgo de Espinoza, la Fiscalía ya no parece perseguir la justicia, sino una agenda política.

Usar mecanismos judiciales para deslegitimar a partidos políticos cuando estos caen dentro del espectro democrático constituye una violación flagrante del principio fundamental de pluralismo que debería subyacer en cualquier sociedad libre.

Este tipo de acción daña la confianza de los ciudadanos en las instituciones y revela a la Fiscalía como una herramienta de la batalla política. La persecución selectiva en lugar de hechos concretos y probados parece seguir más una guerra de desgaste entre facciones políticas que no sirve al interés de nadie, ya sea del país o de la justicia misma.

Es urgente que la sociedad peruana reflexione sobre el grave riesgo que representa dejar que la Fiscalía sea un agente más en la dinámica de la política en clave partidaria. La independencia de los jueces no es meramente un rasgo indispensable del camino constitucional, sino un vehículo en el que la democracia emergerá inalterada, intacta; en una palabra, inmaculada. De lo contrario, estamos en camino hacia un tipo de dictadura de la justicia, donde la ley es una herramienta de poder más que un guardián de derechos.

El dislate ha sido de tal envergadura que hasta un organismo neutral como Transparencia ha señalado -y coincidimos- que “la decisión de la Fiscalía de investigar a partidos políticos inscritos, teniendo como única base una denuncia particular resulta peligroso para la democracia y atenta contra la independencia del proceso electoral recién convocado”.

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[Agenda País]En esta nueva estadía en Lima, he tenido la oportunidad de conversar con varios amigos, empresarios algunos, profesionales otros, todos exitosos en sus respectivos campos. Pero para mi sorpresa, en vez de estar expectantes ante el nuevo proceso electoral que se avecina, todos han mostrado una desazón, una decepción y un desinterés, que prácticamente no les importa quien gane las elecciones porque ya tendríamos el país perdido. Y esto no solamente pasa por el entorno político.

Si bien las cifras macroeconómicas están mostrando señales de recuperación con una perspectiva de más del 4% del PBI para este 2025, los problemas fundamentales, y principalmente la informalidad, continúan sin tener ningún horizonte de resolución. Es más, los formales se han adaptado al mercado informal, e incluso el ilegal, atrayéndolos como socios-proveedores y “formalizando” sus operaciones para que entren en los canales regulares.

Los empresarios y los emprendedores debido a su resiliencia y creatividad, son los que han venido sosteniendo este país, formal o informalmente, ante años de desidia e incompetencia de los gobiernos nacionales y regionales. Recordemos que 80% de la inversión en el Perú es de origen local ( el otro 20% proviene del exterior ) y de ese 80%, el 80% es inversión privada, Es decir, 64% de la inversión en el Perú es privada y nacional, por lo tanto, el principal motor de la economía.

Aún en situaciones difíciles, como en la época del terrorismo, la crisis internacional del 2008/2009 y la pandemia del Covid, el empresariado y la ciudadanía habían mostrado optimismo en el futuro, pero ahora, las cosas han cambiado.

Vemos diariamente que los problemas históricos continúan. Se caen los puentes, las pistas son un desastre, construimos un aeropuerto de primer nivel y nos olvidamos de hacer los accesos, el sicariato y la extorsión campean descontroladamente, los servicios de salud siguen siendo deficientes y lo peor de todo, con un desdén hacia los enfermos que linda con la crueldad.

Y a todos estos problemas, cuya lista queda ampliamente corta, se ha sumado el desmadre institucional que los distintos grupos de interés, que algunos llaman mafias, azuzan diariamente a través de medios y políticos afines, asolapados analistas “independientes” y aquellas ONG’s que se están quedando sin financiamiento externo. Pero esto no queda acá.

El Ministerio Publico, sumamente diligente para unos, extremadamente negligente para otros, inicia indagaciones a Fuerza Popular por una denuncia individual de supuestas prácticas antidemocráticas, un día después de convocadas las elecciones generales del 2026. Una raya más a este tigre altamente politizado que allanó la casa del entonces ministro del interior Santiváñez, por un supuesto abuso de autoridad. Excesos fiscales.

Pero claro, el gobierno tampoco ha ayudado a llevar la fiesta en paz. Desde los vaivenes plásticos de la Presidenta y su falta de transparencia, los relojes lujosos reflejo de vanidades en un país con 40% de pobreza y la pechada a los otros poderes del estado, solamente han agregado más leña al fuego de la intolerancia y el desorden.

Esperemos que la acertada anticipación en convocar a elecciones generales del 2026 por la Presidenta Boluarte, genere otro ánimo en los líderes de todos los poderes del estado y que puedan trabajar juntos en este período que ya es de transición. En estos 16 meses que le faltan a este gobierno, solo queda asegurar la transparencia del proceso electoral en un ambiente de relativa paz institucional, mejorar la seguridad ciudadana y continuar en la lucha contra la pobreza multidimensional.

No perdamos la esperanza. El Perú y nuestra gente somos gente de bien. Depende de nosotros.

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La primera mandataria, Dina Boluarte, al convocar elecciones presidenciales, enfrenta una situación que podría implicar más que una salida institucional. Es una maniobra táctica que intenta cambiar la mirada del público, levantándola libremente de los escándalos y las tormentas de críticas que han plagado su administración hacia un atardecer electoral nublado.

En una situación tan precaria como la que enfrenta actualmente su administración, hay una manera de interpretar la convocatoria de elecciones como una maniobra astuta para restaurar su imagen pública ante un país dividido que cada vez más la ve con desconfianza.

Como alguien intentando cambiar el curso de una historia cuyos personajes se desmoronan, Boluarte intenta escribir un nuevo capítulo en su historia política, uno que podría resguardar su figura y, con ella, la estabilidad de un gobierno que la tormenta ha puesto a temblar.

En la política peruana, las decisiones no están aisladas de las complejidades de un juego de poder que, en ocasiones, parece vencer a quienes lo juegan. Y la presidenta, esta vez, se convierte en una protagonista ambigua, atrapada entre intereses personales y las exigencias de un pueblo que casi se ha quedado sin paciencia.

Boluarte sabe que el enfoque del país no está fijado en sus méritos, sino más bien en sus pasos en falso; en los vacíos que su administración ha creado. Ante este vacío, las elecciones son una opción para intentar redirigir la narrativa, para crear la ilusión de una renovación política, aunque sea temporalmente.

La convocatoria de elecciones, sin embargo, no debe enmarcarse únicamente como un movimiento de distracción. En una nación cuya estabilidad política puede hacerse añicos como un cristal, las elecciones pueden ser terreno fértil para una nueva trama de poder. Si Dina Boluarte cree que incorporando el trasiego electoral se libra de riesgos mayores, se equivoca. Un escándalo de proporciones la sacará del poder así falten pocos meses para que se vaya o haya convocado a elecciones.

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Uno de los avances más importantes en la sanción de la violencia contra las mujeres fue la tipificación del feminicidio (2011) como un crimen específico en el país.

La norma que estableció este delito tuvo varias modificaciones orientadas a considerar los escenarios de riesgo y los tipos de feminicidio, sin limitarlo solo a los crímenes en relaciones afectivas. Se trata de una de las primeras leyes peruanas que reconoce a las mujeres como sujetas de derecho de manera específica, evidenciando las realidades desiguales que enfrentan.

Si bien la inclusión de este delito permitió establecer sanciones, también facilitó el desarrollo de políticas para investigar el fenómeno y profundizar en el análisis de los riesgos, una etapa fundamental para la prevención.

El camino para lograrlo no fue fácil. Antes de que esta categoría se incorporara al ordenamiento jurídico y penal del país, el asesinato de mujeres y niñas en escenarios de violencia de género era calificado como “crimen de honor” o “crimen pasional”. De esta forma, se justificaba la conducta del agresor y se invisibilizaban los trasfondos de discriminación que precedían al hecho.

La tipificación del delito también ayudó a sensibilizar a la ciudadanía sobre un problema de larga data. Además, permitió reconocer que la violencia contra las mujeres tiene consecuencias mortales y que puede ocurrir tanto en espacios públicos como privados, a manos de personas cercanas o desconocidas.

Cuando se dice que el feminicidio es el asesinato de una mujer por su condición de tal, se señala que, lamentablemente, existe un significado social construido a partir de la realidad biológica. Es decir, se imponen mandatos, estereotipos, comportamientos, roles y expectativas que afectan la autonomía de las mujeres y las exponen a mayor vulnerabilidad ante la violencia, lo cual es injusto.

Para categorizar este delito, se realizaron estudios que evidenciaron su prevalencia y permitieron generar un registro nacional de casos. Según estos, los agresores justificaban sus acciones alegando que la mujer les discutió, les interpuso una demanda de alimentos, se negó a continuar la relación, rechazó tener intimidad sexual o simplemente no accedió a sus proposiciones. En muchos casos, existían antecedentes de violencia, pero en otros no. También existen los feminicidios producto de la violencia sexual, casos terribles y recurrentes en el país.

En otras palabras, el feminicidio es un crimen específico en el ordenamiento penal, que sanciona la agresión extrema contra mujeres y niñas, cuya prevención es responsabilidad del Estado.

No todos los casos ocurren en relaciones de pareja o expareja. Recordemos el trágico caso de Eyvi Ágreda, una joven que fue rociada con combustible en un transporte público por un acosador con quien no tenía vínculo alguno. Eyvi falleció, y su muerte trágica impulsó a las autoridades a tomar más medidas para enfrentar el problema, incorporando el acoso como un factor de riesgo.

A más de diez años de la tipificación de este crimen, algunos se preguntan por qué sigue ocurriendo. Ningún delito desaparece por el simple hecho de tipificarse. Su inclusión en el ordenamiento penal es una expresión de rechazo desde el Estado y un mecanismo de sanción, pero no la única solución.

Quienes hemos trabajado en este tema por años insistimos en que no solo es necesaria la sanción, sino también la prevención de la violencia contra las mujeres. Mientras este fenómeno exista, el problema continuará.

El feminicidio es el último eslabón en una cadena de violencias contra las mujeres, un desenlace trágico al que no se debería llegar.

En el contexto actual, caracterizado no por una ola de retrocesos, sino por un tsunami de ataques contra las medidas de igualdad, la congresista y pastora Milagros Jáuregui, en un intento caprichoso por desmantelar los avances en materia de derechos de las mujeres, ha presentado un proyecto de ley para eliminar este delito y reducirlo a un simple “asesinato en relaciones de pareja”. No hay propuesta más ideologizada ni más vergonzosa que esta, contraria a las víctimas de feminicidio y a sus familias.

El 2024 terminó con una cifra trágica de 162 feminicidios (MIMP, 2025). Hace pocos días, una niña murió víctima de la cruel violencia sexual. En un país que llora la vida de decenas de mujeres y niñas cuyos crímenes debieron prevenirse, la congresista ocupa su tiempo en desmantelar las medidas destinadas a sancionar y prevenir estos hechos.

Ante semejante actitud, le pregunto a Milagros Jáuregui: ¿qué daño le hace la tipificación de este delito? ¿Por qué le da la espalda a las madres que lloran a sus hijas asesinadas y claman por justicia? ¿Por qué retroceder en esta materia y permitir más impunidad?

Claramente, estos son los caprichos del poder.

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Lo que se presenta como panorama luego de la designación del flamante ministro del Interior en el Perú es un mero formalismo, cambiando piezas de un tablero que sigue más o menos igual. En su laberinto de intereses y juegos de poder, la política peruana ha demostrado ser un estado de cosas donde las apariencias importan más que las realidades. Mientras su discurso promete renovación, el nuevo titular se encontrará enredado en la red de clientelismo y compromisos que atraparon a su predecesor.

La historia política del país está llena de ministros que prometen un cambio radical en seguridad y orden interno tan pronto como son juramentados. Pero rápidamente son arrastrados por la marea de un sistema que recompensa la lealtad más que la competencia. Tienen un nuevo ministro que es un rostro fresco y con cierta retórica de cambio, pero el nuevo ministro es y solo puede ser un peón mientras el statu quo permanece siendo el titiritero en la oscuridad.

Los problemas de inseguridad ciudadana, narcotráfico y corrupción no se resolverán simplemente cambiando la cara del gobierno; requieren una voluntad política fuerte y decisiva. Los cambios nominales en la cima son insuficientes; se necesita una reforma institucional profunda, un compromiso sincero con la justicia y la transparencia. Pero en un mundo donde intereses personales y partidistas reinan, esta transformación parece una quimera.

Es una historia común de cambios sin cambios, el sonido de una promesa rápidamente ahogado por el ruido de una realidad que llega a ser lo que es. Como siempre, es el ciudadano promedio quien sueña con un cambio auténtico, pero en su lugar, es solo atormentado por un sistema que, no importa cuántos rostros nuevos tenga, permanece sin cambios. Mientras el Perú camina por esta cuerda floja de ilusión y eventual desilusión, continúa en este juego de pérdidas y avances, hilando su propio camino sangriento y doloroso, el sonido del silencio rebotando en su plaza pública.

[Tiempo de Millenials] Construir una marca personal sólida es una de las mejores maneras de aumentar tu influencia y desarrollar tu negocio. Aquí tienes los seis elementos de una marca personal exitosa.

  1. Autenticidad

La autenticidad es uno de los elementos más cruciales del branding, pero también uno de los más difíciles. Esto se debe a que, al principio, muchos aspectos de las ventas y el marketing pueden parecer forzados o artificiales.

Ser auténtico significa simplemente saber quién eres, qué valoras y a quién quieres ayudar. Es lo que le da solidez a tu marca y a tu negocio, y te hace más accesible para los demás.

Para asegurarte de mostrarte auténtico, tómate el tiempo para definir tus objetivos y tu propósito. Céntrate en compartir solo lo que realmente te importa y cumple siempre tus promesas.

  1. Tener un punto de vista

Parte de desarrollar una marca personal exitosa es tener una perspectiva que te ayude a destacar. La mejor manera de amplificar tu mensaje y diferenciarte es tener un punto de vista único. 

Parte de desarrollar un punto de vista único es no disculparte por tus opiniones. Cuando desarrollas un punto de vista sólido que atrae a algunos, inevitablemente alejará a otros. Aprende a ignorar las críticas y a mantenerte enfocado en tu mensaje principal.

  1. Consistencia

Si hay algo que todas las marcas exitosas tienen en común es la consistencia. Mantener una marca personal consistente te ayudará a empezar a construir reconocimiento.

Puedes mantener una imagen consistente en línea usando la misma foto de perfil y foto de portada en todas tus redes sociales. También deberías tener un logotipo diseñado específicamente para tu marca. También puede ser útil vestir siempre con un estilo de ropa específico que identifiquen fácilmente.

  1. Storytelling

El storytelling se ha convertido en una palabra de moda, pero es un aspecto importante para construir una marca personal. Esto se debe a que las personas no compran a empresas, sino a personas que conocen, aprecian y en quienes confían.

Cuando utilizas el storytelling en tu marketing, te ayuda a construir una conexión emocional con tu audiencia. Contar una historia que conecte con tus seguidores les ayuda a entender quién eres y por qué te apasiona tanto tu mensaje.

  1. Experiencia 

Ser auténtico y tener una perspectiva sólida puede atraer a tus seguidores y compradores, pero es tu experiencia la que hará que se queden. Por eso es buena idea elegir un nicho específico y desarrollar tu experiencia en él.

  1. Network

Y, por último, no olvides que tu marca personal va más allá de ti. También se trata de las conexiones que construyes con otras personas. 

La clave para construir una red sólida es centrarse en construir relaciones con personas que puedan marcar la diferencia en tu carrera. Intenta siempre crear situaciones en las que todos salgan ganando y concéntrate en dar más de lo que recibes.

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[La columna deca(n)dente] La reciente movilización del 21 de marzo en Lima, que congregó entre 20 000 y 25 000 personas, se configura como un episodio paradigmático del «poder en movimiento» descrito por el politólogo Sidney Tarrow. Si bien su éxito inmediato se materializó en la inusual censura del Ministro del Interior, este resultado no puede simplificarse como una concesión autocrítica del Congreso. Más bien, la marcha actuó como un catalizador, visibilizando y amplificando la creciente indignación ciudadana ante la inacción gubernamental frente a la epidemia de extorsión y sicariato, una indignación que ya venía gestándose en la sociedad.

El hartazgo social, motor fundamental de la acción colectiva, ha escalado en paralelo al avance del crimen organizado, elevando la seguridad ciudadana a una prioridad nacional ineludible. Sin embargo, como Tarrow señala, los movimientos sociales no operan en un vacío. Esta crisis de seguridad no es meramente una falla en la implementación de estrategias, sino que se asienta sobre un marco normativo permisivo con las organizaciones criminales. En los últimos meses, hemos presenciado la aprobación de leyes que, lejos de fortalecer la institucionalidad, debilitan la lucha contra el crimen organizado: restricciones a la colaboración eficaz, limitaciones a la labor fiscal en allanamientos y eliminación de sanciones por la opacidad en el financiamiento de campañas, facilitando la infiltración de capitales ilícitos en la política, un fenómeno que mina la legitimidad democrática desde sus cimientos como bien se señala en un informe de Ojo Público. 

La pasividad del gobierno, lejos de actuar como contrapeso, ha facilitado la imposición de estas normas, favoreciendo, parafraseando a la presidenta Boluarte, a «fuerzas oscuras» cuyos intereses se contraponen al bienestar ciudadano. En este contexto, la marcha del 21 de marzo se convierte en una «ruptura de la rutina», un evento disruptivo que sacude la complacencia del poder institucional y evidencia la desconexión entre los partidos políticos y las demandas ciudadanas.

Los partidos liderados por figuras como Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna y Rafael López Aliaga, aliados legislativos del gobierno, han intentado escenificar un «distanciamiento táctico», una maniobra calculada para proteger su imagen ante el creciente descontento. Su repentina crítica al Ministro del Interior, a quien previamente “blindaban”, no responde a una genuina preocupación por la gestión, sino a un cálculo político pragmático. Son conscientes de que mantener su apoyo incondicional a una figura desgastada y clave en la maquinaria gubernamental se ha vuelto insostenible. Este «repliegue estratégico» busca ocultar su complicidad previa y simular una independencia inexistente, intentando navegar la ola de indignación sin renunciar a los beneficios que les reporta su alianza con el régimen.

Sin embargo, esta maniobra, lejos de marcar un quiebre sustancial, se inscribe en una lógica de «oportunidad política». Buscan seguir siendo funcionales al gobierno, preservando sus privilegios, sin pagar el costo político de respaldar explícitamente a un ministro incompetente. Su lealtad a Boluarte y la defensa de sus propios intereses permanecen intactas.

La movilización ciudadana ha demostrado que la presión desde abajo puede alterar el tablero político. La lucha no termina con la remoción de una figura. El Congreso ha sentado las bases para un marco normativo que favorece a las organizaciones criminales, y el gobierno ha permitido su avance. Ante esta realidad, la ciudadanía debe mantenerse vigilante y organizada, exigiendo no solo la salida de figuras cuestionadas, sino también la derogación de las leyes que facilitan la impunidad y el crimen organizado. Solo a través de una presión sostenida y consciente, articulando un repertorio de acción colectiva diverso y estratégico, será posible enfrentar el deterioro institucional y revertir el avance de las mafias en el país.

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