[AGENDA PAÍS] Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, se define a la prescripción, en una acepción relacionada al derecho, como “Modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley”.
La situación por la que atraviesa el Perú, en este desorden estructural que alimenta la “ley de la selva”, donde el individualismo prima sobre el colectivismo, donde la palabra solidaridad es solamente parte de un bonito discurso pero ausente en la realidad, es un claro síntoma de que estamos perdiendo el derecho y la libertad de vivir en democracia.
El incremento de la violencia ciudadana y el sicariato ante la inacción de un Estado carente de ideas, de capacidades y de “cojones” para enfrentar con firmeza este atentado contra nuestra libertad de vivir en paz, no solamente aumenta la decepción que la ciudadanía tiene de sus autoridades, sino que también, llama a soluciones drásticas e incluso fuera de la ley, como el famoso “Plan Bukele” que temerariamente el Premier Otárola ha querido peruanizar presentándolo como el “Plan Boluarte”. A propósito o no, llamarlo “Plan Boluarte” le entrega la responsabilidad entera a la presidenta, es como jugar al todo o nada, con los riesgos políticos que eso implica.
Por el lado del Congreso las cosas no van mejor. El flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto, una joya perdida de este poder del Estado, sale a la luz con un rosario de denuncias, declaraciones indignas hacia la madre de su hijo, con un ejército de “troles” que lo defienden en redes pagados con plata de todos los peruanos y con el “postre” supremo de haber promovido la Ley 31751 que acelera la prescripción de delitos, favoreciéndose él, varios congresistas y hasta Vladimir Cerrón.
Y esta semana, nos despertamos con la desagradable noticia que el terrorista del MRTA, Víctor Polay Campos, ha presentado una demanda contra el Estado Peruano por supuestas violaciones de debido proceso y derechos humanos que, por supuesto, ha sido admitida por la CIDH. Desde el gobierno de Sagasti, pasando por el de Castillo y ahora el de Boluarte, se debió tener conocimiento de esta solicitud (citando a la Dra. Delia Muñoz en su entrevista con Mávila Huertas) pero ya sea por omisión involuntaria o más bien, por querer esconder el hecho, los peruanos no estábamos enterados. Cierto que Sagasti salió de la toma de rehenes con un autógrafo de Néstor Cerpa Cartolini y que Castillo estuvo rodeado de personajes como el Canciller Héctor Béjar, actor en los 60’s de actos terroristas que lo tuvieron preso y otros como el congresista Bermejo, en pleno juicio por colaborar con extremistas.
Estamos perdiendo nuestro derecho a vivir en democracia, de hecho, ya no vivimos en una democracia plena porque no se puede vivir con temor; y los únicos culpables somos nosotros mismos que con nuestro voto, permitimos que incompetentes, requisitoriados y extremistas, tomen los poderes del Estado como el Ejecutivo y el Congreso que como consecuencia nos suman en el desorden, la desconfianza y la desesperanza.
Si el 2026 es el horizonte para un cambio de gobierno y de parlamentarios, nos queda en estos casi 3 largos años, ser incisivos como ciudadanos en exigirle al Ejecutivo acciones concretas de corto plazo para reactivar la economía y retomar la seguridad ciudadana. Con esos dos temas en vías de solución, tendríamos más que suficiente para recuperar la confianza, motivando a inversionistas extranjeros a regresar al Perú; y a contar con recursos para programas de inversión pública en infraestructura y mejorar servicios como salud y educación.
La democracia ya está en peligro y su prescripción tiene un plazo, 28 julio del 2026. Es nuestro deber mantener este derecho.
