El domingo pasado, en mi videocolumna dominical, recurrí al distingo que hacía el célebre historiador británico Erick Hobsbawm entre siglos cronológicos y siglos históricos para proponer que el corto siglo XX peruano comenzaba desde el advenimiento de Leguía, con su autogolpe del 4 de julio de 1919 y culminaba con la caída de Fujimori, en Septiembre de 2000. Sustenté mi afirmación en que, desde Leguía, la avasalladora llegada de las inversiones, capitales y modas norteamericanas nos metieron al siglo XX al son de los modernos y pegajosos ritmos del one step y el foxtrot.
Sin embargo, el imperialismo yanqui, como lo llamaba Haya de la Torre, no fue el único huésped inesperado que, desde 1919, se alojó en el país sin intenciones de irse, lo hizo también una parroquiana insospechada, mucho más sombría e indeseada, y que marcaría decisivamente el devenir de nuestra veinteava centuria: la dictadura.
Si aceptamos que el siglo XX histórico comenzó con la modernización y expansión del Estado emprendida por Leguía, con cientos de millones de dólares gringos que luego, con la depresión del 29, nos sumieron en una extenuante crisis económica que provocó su estrepitosa caída, la conclusión que se desprende de su innovación autoritaria es inequívoca:
En los 81 años transcurridos entre 1919 y 2000, vivimos 53 en dictadura, los 11 de Leguía (1919 – 1939), los 3 de Sánchez Cerro (1931 – 1933), quien a pesar de resultar elegido democráticamente, en su primer acto de gobierno promulgó la ley de emergencia, convirtiéndose así en uno de los dictadores más sanguinarios que haya registrado nuestra historia, los 4 (1935 – 1939) de Oscar Benavides, luego de que concluyese el periodo de amnistía con el que intentó pacificar al país (1934), los 6 de Manuel Prado en su primer gobierno, quien, a pesar de ser elegido a través del voto, lo hizo en elecciones con proscripción del APRA y el PC, y en un gobierno que mantuvo al tope la persecución contra de los militantes de ambos partidos (1939 – 1945), los 8 de Manuel Odría con la represión política al tope (1948 – 1956), el años de la junta de Nicolás Lindey y Ricardo Pérez Godoy (1962-1963), el GRFA con Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez (1968 – 1980) y finalmente el ochenio fujimorista (1992 – 2000), con lo que cerramos el corto siglo XX histórico defenestrando una dictadura el mes de septiembre, así como lo iniciamos inaugurando otra en julio de 1919.
A su turno, los periodos democráticos, casi brillan por su ausencia: el limbo de 1930/31, cuando Luis Sánchez Cerro renunció al poder para postular a las elecciones de 1931 y se lo cedió a la Junta de Gobierno que encabezó el dignísimo Comandante Gustavo Jiménez encargado de organizar dichas justas electorales y que se quitaría la vida en circunstancias trágicas al fracasar su rebelión en contra de la cruenta y ultrarepresiva dictadura sanchecerrista. Luego nos encontramos otro limbo, debido a la ley de amnistía promulgada por el presidente Benavides en 1933, en favor de apristas y comunistas que terminó diluyéndose en el transcurso de 1934 y con los lideres de ambos movimientos una vez más en la clandestinidad antes de fin de año. La democracia sólo volvió en el trienio de José Luis Bustamante y Rivero (1945 – 1948), en buena parte arruinada por la poca disposición del APRA para convertirse en un aliado más colaborador con el Poder Ejecutivo, en circunstancia en el que el mundo se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y hacían falta medidas económicas de ajuste fiscal.
El segundo gobierno de Manuel Pardo (1956 – 1962) es un gobierno de transición. Prado llega al poder con el voto aprista que obtiene a cambio de la amnistía política que se extiende también a los comunistas. El pacto da lugar a un periodo de apaciguamiento nacional y a las elecciones libres de 1962 en las que, desgraciadamente, una vez más intervienen los militares para impedir el triunfo de Haya de la Torre. En el 63 se repiten las justas y gana Fernando Belaúnde quien lidera un gobierno democrático hasta el golpe de Velasco del 3 de octubre de 1968. La democracia se recupera recién el 28 de julio de 1980, otra vez con Belaunde, y el 28 de julio de 1985 es la primera ocasión, en nuestro corto siglo XX (1919 – 2000) que un presidente democrático le entrega la banda a otro también democrático, la escena se repitió una vez más en 1990, cuando Alan García se la entregó a Alberto Fujimori, hasta que este interrumpió el proceso democrático más largo del siglo XX, el 5 de abril de 1992, y encabezó una dictadura teñida de nocturnidad y oscurantismo y que se prolongó hasta septiembre de 2000.
El saldo democrático, entre 1919 – 2000, no puede ser más exiguo: suman 21 años de un total de 81. Luego nos preguntamos ¿por qué no hay partidos políticos en el Perú? ¿por qué lo que tenemos son vientres de alquiler? ¿por qué contamos con partidos con propietarios privados como Podemos o Alianza Para el Progreso? Los números, bien interpretados, responden ellos mismos la pregunta: no tuvimos cuando madurar una cultura democrática en el Perú, tan sencillo como eso.
Hacia un nuevo autoritarismo ¿el camino del siglo XXI?
Los números del siglos XXI, a primera vista, deberían ser motivo, sino de entusiasmo, al menos de expectativa. Ya el año pasado batimos el récord de 19 años de continuidad democrática ininterrumpida que ostentaba la vetusta República Aristocrática (1895 – 1914), nosotros acabamos de cumplir 21, desde septiembre de 2000 a septiembre de 2021, nada mal.
Sin embargo, 21 años constituyen una ridiculez como tiempo necesario para madurar en la construcción de una institucionalidad democrática. Lo es más si analizamos la calidad de dicha democracia, la ya referida ausencia de partidos y la difusión de viejas formas de clientelismo, patrimonialismo y feudalización de la política, las que constituyen el verdadero vínculo entre la ciudadanía y el estado, aunque con ropajes contemporáneos.
Si a esto le sumamos la creciente corriente de extremismos de derecha que se abre paso hace una década como respuesta a los excesos de la cultura de la cancelación proveniente de la izquierda cultural, podemos retratar un panorama en el cual el desinterés por las formas y contenidos de la democracia y el republicanismo, así como por los derechos que enarbolan, los han colocado casi en la periferia del juego político, cuya posición central, principalmente en el debate, comienza a ser ocupado por los extremos de la derecha y de la izquierda.
No es pues casualidad, que el aliado más indeseado del gobierno de Pedro Castillo, hoy puesto en entredicho, se declare marxista leninista sin ningún apuro y que algunos personajes no completamente deslindados de los grupos terroristas hayan formado parte del gabinete en sus inicios. En la otra orilla, la reivindicación del pasado hispano, acompañado de cruces de Borgoña, vigilias a la escultura de la estatua de Cristóbal Colón al conmemorarse un año más del descubrimiento de América, y la agresión verbal al presidente Sagasti en una librería sanisidrina, con el terruqueo como fácil recurso que apunta hacia la polarización binaria cerrando el debate para más opciones, nos muestran cuál es el escenario que desde ciertos sectores extremistas se quiere montar para nuestra política del futuro inmediato.
El año pasado, varios meses antes de las elecciones presidenciales, Salvador del Solar hizo un oportunísimo y desoído llamado a formar un gran frente de centro, uno que defendiese eso que hoy a pocos parece entusiasmar pero que es nuestro mayor resguardo para el desarrollo material y espiritual de la nación: el centro, entendido como confluencia de movimientos cuyas bases doctrinales las constituyen el republicanismo, la democracia y los derechos fundamentales, civiles, humanos, políticos y sociales; los que conforman el marco fundamental para el debate, así como las fronteras que deben acogerlo. Es por eso que ese centro admite también derechas e izquierdas, si el punto de partida es ese gran consenso.
He sabido recientemente de los esfuerzos de Carlo Magno Salcedo a través de la Confluencia Perú que agrupa a los colectivos Perú Republicano, Confluencia Ciudadana, Colectivo Colibrí, Grupo Valentín, Dignidad Magisterial y Servicio La Libertad; que apura esfuerzos para alcanzar su inscripción ante el JNE. Al mismo tiempo, El Partido Morado ha mantenido su inscripción ante el JNE y hoy delibera la elección de una nueva directiva que esperamos troque maneras verticales de hacer política por otras auténticamente republicanas, pues ese es el cambio de cultura política que en un Bicentenario no ha surtido efecto en el Perú y que la ciudadanía reclama a gritos.
Mucha cháchara. ¡Construid en centro! El centro amplio, el centro que puede incluir a las derechas y las izquierdas democráticas también, de lo contrario, las sombras del autoritarismo, una vez más, están a la vuelta de la esquina.
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