Opinión

Lescano (11.3%, +4.2): ha sabido capturar el bolsón izquierdista de votos (30% de la población,según varias encuestas) que Mendoza ha dejado pasar. Es provinciano, tiene amplia trayectoria y ha forjado una imagen de anti aprofujimorista de la cual cosecha hoy. Tiene, además, el respaldo de una marca conocida como la de Acción Popular. Puede seguir subiendo. Populista como los tiempos parecen demandar.

Mendoza (8.9%, +0.7): se ha dejado desbordar por Lescano, por un lado, y por Pedro Castillo por el lado extremo (el candidato del radical Perú Libre tiene 2.4% de intención de voto y puede seguir creciendo aprovechando del asco disruptivo de buena parte de la ciudadanía). Insiste cansinamente en temas como el cambio del capítulo económico o abstracciones como el “reordenamiento territorial” que no calan en la imaginación del pueblo. No cae, pero apenas sube. Le aconsejaron mal que migre al centro.

Forsyth (8.1%, -5.2): su levedad ideológica no le permitió aguantar el perfil del antipolítico. Tenía un voto parcialmente vizcarrista y parcialmente antipolítico. Por ambos lados se ha venido abajo. Me atrevo a creer que ni siquiera va a pasar la valla.

Fujimori (8.1%, +1.4): ojo con ella. No deja de crecer. Lo hace lenta, pero sostenidamente. Le ha salido un gallo a su derecha y por eso empieza a endurecer su línea ideológica con el discurso de mano dura. Es probable que pase a la segunda vuelta. Su rival no es Lescano ni Mendoza, sino el candidato de Renovación Popular. Tiene voto escondido.

López Aliaga (7.6%, +5.2): la sorpresa de la encuesta, pero previsible que cosechara del desplome de Forsyth. El voto antipolítico lo ha capturado el ultraconservador celeste. Es probable que siga creciendo, pero juega en su contra que lo ha hecho con demasiada anticipación, el tiempo suficiente para que arrecie una campaña por partede sus adversarios políticos y mediáticos. No le va a bastar el apoyo de Erasmo Wong.

Urresti (4.8%, -0.8): la sombra de Luna Gálvez ha complicado la existencia de un buen candidato, cunda, respondón, articulado. No veo por dónde podría subir.

De Soto (4.2%, -1.4): ¡qué mala campaña! Ni media training le han hecho y lo requiere a gritos. Recién esta semana ha empezado a reaparecer, pero va a ser difícil que recupere el voto derechista que López Aliaga ya le quitó. El disruptivo liberal terminó convertido en un aburrido y enredado candidato.

Acuña (3.8%, +1.8): disruptivo ontológicamente, está desplegando correctamente una campaña que destaca su surgimiento de la pobreza a la riqueza. Ha tenido dos buenas entrevistas recientes. Quizás debería perderle el miedo a las entrevistas. Que no sea elocuente no es algo que al pueblo le moleste. Al contrario, lo ayuda a identificarse con él. No estáf fuera de carrera.

Guzmán (3.1%, -1.5): mala campaña y mal candidato. No veo posible que supere el incidente en el que se vio involucrado. Y juega en su contra que el partido morado gobierne con Sagasti (apenas 22% de aprobación), por un lado, y su identificación en el imaginario popular con el achicharrado Vizcarra.

En esta suerte de primarias de la izquierda, el centro y la derecha que se están desplegando, como bien las ha definido Juan de la Puente, las de la derecha son las que muestran en estos momentos mayor dinamismo y variabilidad.

La contienda está planteada entre una liberal populista como Keiko Fujimori, un liberal clásico institucional, como Hernando de Soto, y un ultraconservador proempresarial como Rafael López Aliaga.

Veo difícil que dos de ellos pasen a la segunda vuelta y sí muy probable que uno de ellos lo haga. Hasta el momento Keiko Fujimori encabeza las encuestas de la derecha. Crece lento, pero sostenido. Su estrategia es clara: asegurarse para la primera vuelta el voto duro fujimorista y apostar a que haya un voto escondido a su favor, luego de la cruenta espiral de desprestigio en la que se ha visto involucrada el último quinquenio.

Me arriesgo a pensar que en las siguientes encuestas López Aliaga ya pasó a De Soto. Ha logrado desplegar una campaña fresca -a contrapelo de sus postulados rancios e ideas ultramontanas- y ha podido proyectar una imagen antipolítica que sin duda debe estar ayudándolo a que vaya hacia él el trasvase de los votos que a diario va perdiendo el candidato más antipolítico de todos que es George Forsyth.

El caso de De Soto ya ha merecido nuestro análisis. Debería haber sido él el candidato derechista disruptivo, pero su campaña cayó en vacíos inexplicables. Recién en los últimos días parece haber salido de su letargo, dando entrevistas por doquier y lanzando propuestas de interés. Probablemente le sirva para remontar. Siete semanas para las elecciones es larguísimo plazo y podría recuperar el terreno perdido. No se le ve, sin embargo, una estrategia clara. Presentar con bombos y platillos a Marco Miyashiro y Francisco Tudela quizás le sirva para arrebatarle algunos cuantos votos al fujimorismo, pero su objetivo debería ser capturar el drenaje de votos de Forsyth y para ello mostrar dos rostros del elenco estable de la política peruana no le sirve de mucho.

El colapso del centro (Forsyth y Guzmán) debería incrementar los votos de la derecha. Muy pocos de los votantes del exalcalde victoriano o el líder morado recalarán en Verónika Mendoza (quizás alguna porción de Guzmán) o en Yonhy Lescano. Va a ser de sumo interés ver la partida de ajedrez derechista que se va a plantear en estas semanas que faltan para la primera vuelta.

Para quienes me siguen desde hace años no es ningún secreto que soy enemigo del sistema coactivo pensionario, tanto en su modalidad estatal como privada (ONP o AFP), porque le arrancha recursos a las clases medias que aportan y se los entregan a cuatro corporaciones privadas que lucran infinitamente con tales recursos, o se los dan al Estado que los gasta -para variar- ineficientemente.

Ello no es óbice, sin embargo, para no constatar que el proyecto que impulsa la congresista Carmen Omonte, que hace que de los actuales fondos privados, una parte se destine a un fondo estatal que los administrará para beneficio de quienes tienen menores pensiones, es un acto expropiatorio e inconstitucional.

Los llamados a decidir sobre sus fondos son los propios afiliados. Es más, de alguna manera ya lo hacen cuando, gracias a una ley reciente, pueden disponer de la casi totalidad de su fondo de retiro al cumplir la edad de jubilación, abandonando el esquema pensionario, porque consideran que tienen otras urgencias de mayor relevancia que tener una pensión permanente futura asegurada.

Para quienes tienen excedente de dinero, no es mala inversión una AFP. Otorga niveles de rentabilidad altos (aunque podrían serlo aún más si hubiera plena competencia en el sector y eso pasa porque se decrete la no obligatoriedad del aporte) y se manejan con profesionalismo. A ellos no puede venir el Estado a decirles ahora, luego de veinte o treinta años de aporte, que una parte del mismo ya no le será devuelta como pensiónsino que tendrá “fines sociales”.

Cabe indicar, por cierto, que este tipo de proyectos de ley es la consecuencia natural de que se generen nichos mercantilistas, no competitivos. Generan malestar ciudadano y la natural reacción de la clase política por tratar de satisfacer esa demanda (a eso se dedican los políticos acá y en cualquier país del mundo) los lleva a plantear iniciativas legales que, como en este caso, terminan siendo peores que el problema a resolver.

Insistimos: solo cuando sea absolutamente libre para un trabajador decidir destinar una parte de su sueldo a financiar una pensión de jubilación o no hacerlo y ese mejoramiento de sus ingresos destinarlo a su propia “cartera de inversiones” (salud, educación, vivienda, etc.), se habrá logrado asentar un principio de justicia y libertad en el sistema pensionario. Esa es la reforma madre que debemos alentar.

Es un fallo histórico que el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima haya ordenado al Ministerio de Salud y a EsSalud que se respete a plenitud la decisión personalísima de la ciudadana Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida mediante el proceso técnico de la eutanasia.

Triunfa así el derecho a la vida digna. Y lo más importante, es una victoria gigantesca en la múltiple lucha por las libertades civiles que en el Perú venimos librando con retraso. Hay mucho que agradecerle a Ana Estrada en esta batalla por momentos solitaria, pero siempre muy acompañada por personas y colectivos que buscaban hacer prevalecer un derecho humano básico, como es el de disponer sobre la propia vida cuando las circunstancias clínicas o médicas no garantizan una vida dentro de los cánones que la propia persona considera que no ameritan seguir con ella.

Hay muchas batallas por librar en el país en materia de derechos civiles. La lucha feminista por los derechos de la mujer sigue su camino, aún incompleto, lleno de prejuicios machistas anacrónicos y primitivos. Los derechos sexuales y reproductivos han mejorado apenas unos centímetros en los últimos años, pero estamos a años luz de los parámetros de una sociedad moderna y liberal. La lucha porque niños y adolescentes sean respetados en sus fueros psicológicos y físicos supone una terrible lucha cultural en un país acostumbrado a utilizarlos de mano de obra o, lo que es peor, de desfogue violento de propias frustraciones.

Junto con todo ello, queda mucho por hacer en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas andinos y selváticos, a quienes se solivianta en sus derechos de propiedad, su respeto al hábitat o su libre voluntad de ejercer una mínima soberanía cívica sobre su quehacer cotidiano.

Deberá incorporarse también a la agenda de los derechos humanos, la lucha por las prerrogativas mínimas de los inmigrantes, víctimas hoy de la marginación legal, por ende laboral o de acceso a servicios básicos, y que en estos días sufren de una ola de xenofobia cruel y criminal.

Todas estas batallas, bueno es recordarlo, están en grave riesgo si en las elecciones venideras prosperan opciones conservadoras radicales, que no recalan tan solo en la derecha sino también la izquierda. Si queremos ser una sociedad inclusiva, moderna, liberal, debemos ponerle coto a las opciones cavernarias que pretenden hacerse del poder para imponer su agenda pasadista y reaccionaria.

Cementerio general, de Tulio Mora (1948-2019) es un libro único en la tradición poética peruana. Y lo afirmo no solo por su temática, amplísima y documentada, sino además por constituir un ambicioso retrato coral de la experiencia histórica peruana. No podría decir que el proyecto de Mora se mueve exclusivamente en el terreno épico, aun cuando guarda indudable relación con él; de primera impresión, parecería más preciso pensar Cementerio general en el contexto programático de Hora Zero, movimiento de marcada influencia en la poesía de los 70 y del que Mora fue un destacado miembro y estudioso. ¿Pero, finalmente, dónde está, cuál es el lugar de un libro como este?

 

Una cuestión relevante es el lugar desde el cual se enuncian los 77 poemas que conforman esta bella edición de Cementerio general. Ese lugar es un espacio contrahegemónico, en el que los postulados de la historia oficial son sometidos a examen crítico y en el cual cada personaje, desde los más canónicos como Garcilaso o Guamán Poma hasta la cantante Flor Pucarina, constituye una estancia en un libro de indudable carácter polifónico. Bajtín pensaba la polifonía como el conjunto de planos autónomos de conciencia que aparecen en un texto determinado. Al recorrer Cementerio general, el lector no solo reconoce que la poesía construye una articulación crítica frente a la historia, sino también que cada una de las 77 voces presentes, si bien, individualizables en su mayoría, adquieren plano valor y coherencia en el conjunto.

 

El libro se inicia con una especie de obertura, que se preocupa de establecer un trazado histórico basado en la antigüedad del hombre peruano. Poemas como “Pikimachay”, “Toquepala” o “Chavín” nos hablan e interpelan desde la historia, desde momentos relevantes de nuestro propio desarrollo histórico y cultural: la necesaria presencia de la reconstrucción simbólica de eso a veces inasible y resbaladizo que llamamos “lo peruano”. Esos poemas iniciales anticipan de alguna forma el resto del volumen, al menos en su indiscutible vocación por la ironía y la insumisión frente a la historia oficial.

 

El coro es pues diverso. Por sus páginas desfilan mujeres singularísimas, soldados de diversa laya, rebeldes, montoneros, ideólogos, historiadores, viajeros y cronistas consumados, artistas populares, vidas cegadas por la indiferencia y la brutalidad con que el Perú castiga a algunos de sus hijos. El resultado: una historia coral que cuestiona los vicios de la representación oficial de personas y sucesos de nuestra historia.

 

La composición de los textos es, asimismo, producto de una intensa experimentación con el discurso, lo que pone en evidencia las distintas estrategias de construcción de los poemas, apelando al collage intertextual, interpolando con propiedad rítmica fragmentos de cartas, crónicas y otros documentos históricos. Es interesante notar que ese sentido de la experimentación será mayor en la medida en que la temporalidad avanza: los poemas de temática más contemporánea son precisamente los más preocupados por romper las fronteras convencionales de lo poético para inscribirse en una dinámica de hibridez y someter al lenguaje a torsiones libres, violentas, legítimas.

 

En suma, quisiera decir que este libro no puede ya permanecer en los límites de su generación, que Cementerio general es, en palabras simples, uno de esos grandes tesoros de la poesía peruana, un libro que nos contiene y nos confronta a todos. Y hago eco aquí de sus versos finales, dichos por Rosa Campana, adivina de Zaña: “Ésta es nuestra gloria:/ haber escrito –indios, negros,/ chinos, blancos– en los laberintos/ de la sangre y la pobreza/ la memoria del azar y la sobrevivencia./ Una y mil veces se lo digo a mis paisanos/ mientras balanceo mi mecedora:/ más presagios preñará el río,/ pero aquí estaremos todos/ escribiendo el poema de la vida”.

 

 

Y mientras tanto… celebran los hermanitos

Lo que debió ser el caso de corrupción judicial más importante de nuestra historia se encuentra gravemente herido por una mala decisión de las fiscales encargadas de las investigaciones sobre los “Cuellos Blancos del Puerto”. Que Sandra Castro y Rocío Sánchez se hayan reunido subrepticiamente con el inefable Martín Vizcarra mientras era presidente de la república, sea por el motivo que sea, daña seriamente el caso, se presta a múltiples críticas, pero, de ninguna manera borra los hechos y los delitos de los que todos hemos sido testigos por medio de los audios de la vergüenza. Ahora debemos precisar que la reunión de las fiscales con Vizcarra es algo que tendrá que investigarse, pero eso nunca nos hará olvidar cuando todos escuchamos a un juez supremo negociar la libertad de un violador de menores, las coordinaciones con la “Señora K” de la “fuerza número uno”, ni las irrepetibles tropelías de Walter Ríos, el doctor Rock, la alianza de Chávarry con la mototaxi para sacar a los fiscales Vela y Pérez, y un largo etcétera.

 

Es cierto que todo investigador y más aún un fiscal no debe ignorar que hay reglas de procedimiento y comportamiento que nunca deben romperse. Que la objetividad y la imparcialidad deben ser el sino de su conducta y que el trato con el poder político debería estar proscrito para ellos. Lamentablemente, esto no ha sucedido así y hoy salen a la luz muchos vacíos formativos y de conducta de quienes realizaban la investigación. Por eso, ha hecho muy bien la Fiscal de la Nación en removerlas de su cargo. Ellas deberán dar cuenta de lo que hicieron y dejaron de hacer ante las instancias correspondientes.

 

La mayor víctima de esta reunión es la propia investigación. Hoy “los hermanitos”, esa fraternidad inmunda que controlaba el sistema de justicia en el Perú, celebran su aparente triunfo. Parece que han logrado su primer objetivo que es desmantelar el equipo especial que, en noviembre, la Fiscal de la Nación reformuló con buen criterio para darle mayor impulso a las investigaciones. Luego es evidente que quieren ir tras la cabeza de Zoraida Ávalos y finalmente terminar de tumbarse el caso. Es decir, lograr la impunidad. Sus planes son claros y sus defensores mediáticos no tienen ningún empacho en señalarlo.

 

Es cierto que esa reunión jamás debió producirse y que tanto Sánchez como Castro deberán someterse a los procesos disciplinarios que correspondan, pero el grado de responsabilidad es distinto. Más allá de las insinuaciones y peroratas de los mafiosos, sus abogados y sus periodistas hay hechos claros que debemos tomar en cuenta. Están los chats de la fiscal Rocío Sánchez coordinando, Dios sabe qué, con el hoy asesor del presidente Sagasti y connotado dirigente del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo, en un caso donde aparece como defendiendo de uno de los colaboradores, el abogado Fernando Ugaz Zegarra, jefe del estudio donde trabajó Salcedo, amigo de promoción de la fiscal Sánchez y, curiosamente, abogado también de Martín Vizcarra.

 

Pero, estas “coincidencias” no acaban aquí. La fiscal Sánchez súbitamente se interesa por el millón de soles que Toñito Camayo tenía congelados por una investigación por lavado de activos. Es así que solicita al fiscal superior Marco Villalta, el mismo que es mencionado por Karen Roca, la secretaria de Vizcarra, como el fiscal que los apoyaría en el caso Richard Swing. Este es el fiscal que en sólo cuatro días le da la razón a Sánchez, entregándole el caso del millón de soles congelado, seguramente, otra “coincidencia”. Ésta de inmediato logra el descongelamiento de esa millonaria suma que bien pudo quedar como garantía para la reparación civil aún impaga. Cabe preguntarse cuál puede haber sido el interés por descongelar el millón de soles de Camayo y nuevamente surge la sospecha, ¿será por la amistad de este delincuentillo con Martín Vizcarra? Hoy más que nunca esta pregunta resulta relevante, pues Sánchez, tal como revelan los audios, sabía de la relación de Vizcarra con los “cuellos blancos”.

 

Vemos entonces, con hechos, que no es lo mismo coordinar una irregular reunión con Vizcarra que haber actuado en uso de su cargo para beneficiar a un investigado con la devolución de su dinero y establecer una red de contactos que hoy sabemos llegan al más alto nivel para tratar de evitar “un show mediático” al candidato del gobierno.

 

Corresponde a la propia Fiscal de la Nación poner fin a esta situación y demostrar que es capaz de asegurar que las investigaciones continuarán, esta vez, sí con imparcialidad y objetividad. Los hechos existen, hemos escuchado a los culpables, las colaboraciones están, no puede ser tan difícil llegar a conclusiones y tener pronto una acusación. Está en manos de la Fiscal de la Nación devolverle algo de credibilidad a la institución que dirige. En lo inmediato debería reconformar ese equipo especial con fiscales capaces, honestos y valientes dirigidos por un coordinador que de verdad coordine y ejerza el liderazgo que tiene, por ejemplo, el equipo especial Lava Jato.

 

A Zoraida Ávalos ahora le toca no sólo ser la Fiscal de la Nación, sino también parecerlo. Ella ha sido formada bajo la égida de la intachable Adelaida Bolívar. Es momento en que se inspire en su fuerza, coraje y amor a la institución. No puede seguir dando signos tímidos que se presten a la sospecha y la crítica. Si nada la une y nada le debe a Vizcarra, si no tiene nada que temer respecto a su nombramiento, entonces que actúe de manera enérgica y demuestre a quienes la critican que es capaz de ser firme contra el delito venga de donde venga. Adelaida Bolívar se enfrentó hasta su último hálito contra el poder mafioso que la atacó usando a una ya olvidada y taimada fiscal para ello. Hoy, la historia se repite, Ávalos tendrá que demostrarnos si es cierto que la historia cuando sucede por primera vez es una tragedia y cuando se repite es una comedia. Señora Fiscal de la Nación, está en sus manos poner fin a la comedia y la farra que los “hermanitos” quieren montar con esto que ha sucedido.

 

Las vacunas contra la covid-19 de la empresa china Sinopharm terminaron representando, sin haberlo previsto, uno de los síntomas más graves de los que está sufriendo en este momento el país: la desconfianza. Esta ya se había sembrado con cada encarcelación en el nuevo milenio de nuestros presidentes y con el suicidio de Alan García, pero se intercalaba con dosis de justicia con las acciones, a veces ciertamente impulsivas, de un grupo destacado de fiscales.

 

El derrumbe se acrecentó cuando se confirmó que los males del Congreso de la República no se debían a las personas que en aquel momento habían sido elegidas, sino que se trataba de un sistema de representación de redes de corrupción que no estaban dispuestas a perder la batalla y entregarse a la justicia. Todo lo contrario, coparon los partidos políticos y regresaron al Congreso con otros cabecillas. Pocas y pocos congresistas honestos siguieron siendo la breve noticia esperanzadora. Y fue con esas ganas de querer volver a confiar, luchando con marchas, presión y dando incluso dos vidas, como la sociedad civil recibió ciertamente emocionada al nuevo presidente del Congreso y por ello de la República, elegido gracias a ella.

 

Los contratos y arribo de las vacunas de inmediato propalaron una nueva incertidumbre que se sumó al impacto de la segunda ola pandémica por las mutaciones del virus y la falta de producción de oxígeno en nuestra población. Muerte, miedo e incertidumbre encendieron nuevamente la desconfianza y en este momento, cuando se recibió con gran emoción y cobertura mediática el arribo de las vacunas, se descubre que las ministras de Salud y Relaciones exteriores habían mentido, que se habían vacunado como parte de unas sospechosas entregas de acuerdos irregulares con los productores chinos. Miedo, mentira e incertidumbre llevan en crisis económicas como en la que nos encontramos a un resquebrajamiento social donde solo queda “confiar en los amigos” porque no se puede confiar en la educación que actualmente se está ofreciendo, tampoco en los gobiernos regionales, ni en el Congreso, ni el gobierno central. Valga preguntarnos sobre qué sustrato ético está creciendo nuestra juventud, quedando cada vez más desamparada por la muerte de sus familiares.

 

Uno de los indicadores de desconfianza hacia el mundo institucional que estamos viviendo en este momento se refleja en que a mes y medio de las elecciones generales 2021, el 30% de personas encuestadas no sabe por quién votar, votará en blanco o lo hará viciado. Hasta la fecha, ningún candidato o candidata puede ser considerado representativo si ninguna ha alcanzado siquiera el 12% de la preferencia.

 

Ante todo lo acontecido, sin duda este entorno de desconfianza continuará con el próximo Congreso y gobierno. Tengamos claro que serán cinco años más de lucha en la calle. Quizá dos años tarde después del bicentenario, pero no importa, preparemos el terreno para que el 2026 ya no puedan postular congresistas corruptos y consigamos una persona honesta y resolutiva para el encargo de reformar de una vez por todas a un Estado que ya tenemos muy claro de qué males sufre. Sabemos cómo lucharla.

 

 

Violencia.

Agricultores muertos.

Bloqueos de carreteras.

Anarquismo.

Relevos ilegales de Policías.

Tres ministros del Interior: uno de ellos, hermano del condenado terrorista senderista Zenón Vargas Cárdenas.

Vacunagate.

Dos ministras vacunadas a escondidas (que sabemos).

Un dealer de vacunas sin detención.

Dos ministros de Salud: la mentirosa contumaz, cínica vacunada, y el voluble.

Dos cancilleres: la primera también vacunada en secreto y el segundo un fan de la vacunada Mazzetti.

Una ministra Cornejo, sobrina del presidente vacado y vacunado.

Una Dirección Nacional de Inteligencia dirigida, también, por otro Cornejo, primo del vacado y vacunado.

Cuarentenas bamba. Sin control y que propician la informalidad.

Negocios estrictamente cerrados.

Ambulantes libremente haciendo negocio.

Shows de avioncitos.

Cupcakes.

“Vacunas” chinas.

Repunte de la pandemia.

Campos de retención ilegales.

Fronteras descuidadas.

Nueva crisis migratoria.

Resurgimiento del crimen: robos y asesinatos.

 

Todo eso y más, solo en cien días. Parece un recuento de 5 años de gobierno, pero no. Con razón los morados se enfurecen cuando les enrostran que este es su gobierno. Los morados quieren hacernos creer a la fuerza que Sagasti no es morado y hasta amenazan a periodistas con molestarse si insisten en hablar con claridad.

 

Causa gracia que el candidato del partido que hoy gobierna prometa cosas que hoy mismo no sabe cómo cumplir teniendo en manos el poder que hace cien días arranchó.

 

Punto y aparte.

 

Sobre la cochinada que ha sido, en todo este tiempo, el desempeño de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez y de otros más en el caso mediático «Los Cuellos Blancos del Puerto», lo correcto sería su destitución. Y, por supuesto, Zoraida Ávalos, también debe irse, y ser investigada. Su permanencia en la Fiscalía de la Nación es insostenible. No hay espacio para ella en la institución cuyo papel es perseguir el delito.

 

Por más desverguenza del expresidente Vizcarra o graves errores cometidos por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro que haya habido respecto de la bendita reunión sostenida para presuntamente coordinar apoyo logístico, en esencia el caso Cuellos Blancos sigue plenamente en pie, con abundante data probatoria e indicios más que suficientes para sancionar penalmente a muchos magistrados, políticos y empresarios.

Lo mismo sucede con el caso Lava Jato y Club de la Construcción. Por más eventuales errores procesales que se puedan haber cometido (prisiones preventivas exageradas, demoras en las acusaciones, etc.), no cabe duda de que estamos, en conjunto, frente a un conglomerado de corrupción nunca antes visto en la historia del país. Equipara, por la cantidad de personas involucradas y dinero sucio en juego, al propio proceso seguido contra la mafia fujimontesinista en la década del 2000.

En esa línea, resulta francamente risible ver al inefable exfiscal de la Nación Pedro Chávarry pasearse orondo, queriendo transmitir que con la información dada a conocer él resulta moralmente exculpado. Por más ayuda que reciba de sus “hermanitos” mediáticos, su caso es uno ejemplarmente sancionado por la Junta Nacional de Justicia.

Más allá de PPK, de Vizcarra, de Merino o de Sagasti, hay un proceso fiscal y judicial en marcha desde hace años que desde diferentes ángulos supone, casi inéditamente en nuestra historia republicana, una limpieza moral de corruptos por doquier. Que se cometan errores o más que desprolijidades en el camino, no puede abonar en favor de quienes quieren tumbarse todo el proceso, regresar el statu quo precedente y volver a fojas cero la ola putrefacta que se ha descubierto.

Más bien, hay que saludar que a pesar de la inmensa crisis que vive el país, que incluye aspectos económicos, sanitarios, políticos, sociales y morales, por lo menos haya un grupo de fiscales y jueces que está haciendo correctamente su labor en favor de asentar el principio de que el delito paga y que la impunidad nunca más debe reinar.

Entre las pocas cosas que hay que celebrar en estas cercanías del bicentenario está justamente la labor de extirpación corrupta que se ha logrado y que aún falta concluir en el Perú. Que no nos confunda la alharaca del lado oscuro.

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