A fines de 1997 el sodálite Jeffery Daniels fue enviado por órdenes superiores a una de las casas de formación que tenía el Sodalicio en San Bartolo, un balneario al sur de Lima, para que realizara ejercicios espirituales. Sólo un grupo de personas sabía cuáles eran los motivos de esta medida, que pronto se convertiría en una suerte de reclusión que duraría casi tres años. A la mayoría de los miembros de la Familia Sodálite que tomaron conocimiento de estas circunstancias, el régimen les parecía raro e inusual, pero pocas veces se preguntaba por los motivos y comenzó a circular el rumor de que Jeffery estaba discerniendo su vocación de monje.
Alessandro Moroni, ex Superior General del Sodalicio, quien entonces tampoco sabía nada del porqué de esta situación, declaró lo siguiente al respecto el 22 de noviembre de 2018 ante la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde:
«…nosotros dijimos, literalmente: “algo habrá pasado”. Y eso refleja, un poco, la idiotez, porque yo sé que hay cosas que son del fuero interno, y uno no tiene por qué saberlas. Pero ya la idiotez completa de que alguien viva enclaustrado como si fuese el hombre de la máscara de hierro […] terminaba siendo bizarro, y fue así. Él vivía en la casa del centro de formación y estaba recluido en una parte y creo que salía de ese lugar, e iba a las misas dominicales del pueblo, y regresaba, comía solo, desayunaba solo, almorzaba solo».
Jeffery no fue el primero ni el único de quien se afirmó que podría tener vocación de monje. San Bartolo no era solamente un centro de formación, sino también la Siberia adonde se enviaba a los sodálites que estaban en crisis, y la explicación usual que se daba era de que estaban discerniendo para monjes. Entre diciembre de 1992 y julio de 1993 yo también estuve en San Bartolo bajo ese régimen —aunque no tan estricto como el de Daniels—, junto a Rafael Ísmodes —ahora sacerdote sodálite— y Francisco Rizo-Patrón —actualmente exsodálite—.
¿Cómo es que Jeffery Daniels llegó a esa situación, después de haber estado trabajando ese año en el Colegio San Pedro, administrado por sodálites, como auxiliar en la pastoral de menores, en clases de religión y catequesis, entre mayo y agosto de 1997? ¿Cómo es que el “apóstol de los niños” —cómo se le conocía— terminó recluido llevando una vida de ermitaño dentro de una comunidad sodálite alejada de la ciudad de Lima?
El informe preliminar de la Comisión De Belaúnde reconstruye los hechos partir de varios testimonios, entre los cuales es decisivo el del exsodálite Germán McKenzie, quien entonces era Superior Regional del Perú y que reside actualmente en Canadá. Este testimonio fue enviado como respuesta escrita a un pliego que le hiciera llegar la comisión.
Lo cierto es que es que en algún momento de la segunda mitad del año 1997 un sodalite de rango inferior le comunica a otro sodálite del mismo rango que durante un viaje de misiones al interior del país había sufrido abuso por parte de Jeffery, quien lo había masturbado y luego había hecho que él lo masturbara. No fue la víctima sino este otro sodálite quien le contó el incidente al encargado de su comunidad, José Sam —el mismo que es conocido actualmente como el “rey de los casinos” y que habría hecho aportes irregulares de campaña a la candidata presidencial Keiko Fujimori—. José Sam le comunica el hecho a Germán McKenzie, y éste se lo comunica a Germán Doig, Vicario General del Sodalicio, quien en ese momento se encontraba en Roma, el cual le informa al respecto a Luis Fernando Figari.
McKenzie confronta a Daniels con los hechos y, si bien «el hermano Jeffery no dio toda la información relevante desde el principio de los diálogos [e] intentó incitar a algunos involucrados a restringir la información», admitió tres casos de abusos, que McKenzie puso por escrito en una “Relación de Hechos” fechada el 19 de noviembre de 1997, una copia de la cual fue remitida por Alessandro Moroni a la Comisión De Belaúnde. Las víctimas eran un aspirante y antiguo agrupado mariano de 17 años, con el cual Daniels habría tenido durante tres años relaciones homosexuales casi semanalmente, además de masturbaciones mutuas, tocamientos y besos en la boca; otro aspirante de 17 años y huésped temporal de una comunidad, con quien habría tenido 12 masturbaciones mutuas, además de tocamientos y besos en la boca; un aspirante y antiguo agrupado mariano de 18 años, con quien habría tenido sólo tocamientos y besos en la boca.
Cuando Germán Doig regresa de Roma, dispone que Mckenzie se ocupe del proceso de “rehabilitación” de Daniels, mientras él se ocupaba de las víctimas, de averiguar si había otras y del asunto legal. McKenzie añada que en una segunda conversación que tuvo con Doig, éste «dispuso mantener al Sr. Daniels en un retiro estricto y con ayuda psiquiátrica, buscando su rehabilitación. También dispuso que él atendería a las víctimas y hablaría con los padres de las mismas sobre lo sucedido, pidiéndoles a éstos su autorización para manejar el asunto de este modo. Ambas medidas, me explicó, eran compatibles con lo que la ley mandaba en estos casos. Como el Sr. Doig era mi autoridad inmediata, acepté, insistiéndole en mi opinión de que se consiga la anuencia de los padres de las víctimas para proceder así». Luego, en reunión del Consejo Superior se decide mantener a Daniels en un régimen de aislamiento, no en la casa de retiros de Santa Anita donde vivía Figari, porque éste se opuso, ya que «no quería tener a alguien como el Sr. Daniels en la misma comunidad que él», sino en San Bartolo. Durante este tiempo Jeffery también recibiría tratamiento a cargo del psiquiatra Carlos Mendoza.
Según McKenzie, la finalidad del «retiro estricto del Sr. Daniels era para buscar su rehabilitación. […] La idea era que luego del tiempo que fuera necesario, el Sr. Daniels pudiera reintegrarse de alguna manera a la vida del Sodalicio, alejado de personas jóvenes. Lo más importante era ayudarlo a que haga los cambios personales necesarios para que no abuse de nadie en el futuro».
Lo que habría constituido motivo para expulsar a Daniels del Sodalicio y denunciarlo ante la justicia por delitos sexuales, al final quedó en nada, pues quienes sabían del asunto guardaron estricto silencio. Ciertamente, habría habido un motivo de peso. El 8 de julio de ese mismo año el Sodalicio había recibido la aprobación pontificia, erigiéndose como sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, y que se hiciera público el caso de Jeffery Daniels podía poner en riesgo el espaldarazo que la institución había recibido de la Santa Sede. Como de costumbre, la imagen institucional era un bien que había que resguardar a toda costa, un fin que justificaba todos los medios.
Además de los ya mencionados, sabían de lo ocurrido los miembros del Consejo Superior que estuvieron en funciones entre noviembre de 1997 y septiembre de 2001, cuando Daniels sale por fin de su retiro. ¿Quiénes formaron parte del Consejo Superior en ese lapso? Pues nada menos que el P. Jaime Baertl, Óscar Tokumura —quien, además, era superior de la casa de formación en San Bartolo donde se había ubicado a Daniels—, Miguel Salazar, el P. Jürgen Daum —ya fallecido—, Erwin Scheuch, Eduardo Regal, Juan Carlos Len, Alfredo Garland y José Ambrozic. Todos encubrieron a Daniels y omitieron presentar denuncia ante quien correspondía, que es el Ministerio Público.
El encubrimiento fue de tal magnitud, que se habrían tomado incluso medidas para que las víctimas no hablaran. Una de ellas había nacido en el extranjero e iba a visitar su ciudad natal para estar algunos días con su familia. Óscar Tokumura le ordenó al sodálite a quien la víctima le había contado los abusos que viajara con él para asegurarse de que volviera, cosa que cumplió el susodicho a cabalidad, razón por la cual fue felicitado expresamente por Germán Doig (“te quiero felicitar por lo que has hecho, por haber traído a este tipo”). Es de hacer notar que recibir una felicitación en el Sodalicio era algo muy inusual. «Eso era como recibir una estrellita en la frente, porque habías hecho algo bien. No me di cuenta que había sido utilizado para traer a la víctima al matadero o, por lo menos, para que no siga hablando».
Según un testimonio, recién después de la muerte de Germán Doig en febrero de 2001, quien habría hecho esfuerzos para mantener a Daniels en el Sodalicio, es que se presenta vía libre para que el abusador pueda dejar la institución.
McKenzie, quien estuvo a cargo de la gestión, le escribió a Figari en una comunicación del 11 de septiembre de 2001, lo siguiente:
«Tengo la plena conciencia de que, dada la gravedad de los hechos, propiamente correspondería la separación, según los Arts. 65 y 66 de las Constituciones. Sin embargo, me permito sugerir que optando todavía más por el camino de la caridad, en nuestro proceder nos inclinemos más bien a conceder a este hermano el indulto de salida, de acuerdo al Art. 63 de las mencionadas Constituciones, en vistas al bien de la persona de cara al futuro».
McKenzie ha confirmado el contenido de esa comunicación y comentado al respecto:
«Por un lado, el psiquiatra que lo atendía determinó que el Sr. Daniels presentaba dificultades serias para la vida consagrada. También afirmó que el tiempo de retiro estricto lo había ayudado a tomar más conciencia de la gravedad de los abusos que cometió, y a mejorar su conciencia moral, y que el tratamiento recibido por tres años lo había ayudado a establecer ciertos límites a su conducta. Por otro lado, el Sr. Daniels mismo no se veía siguiendo una vida retirada como la que venía viviendo en el futuro. Él mismo solicitó dejar el Sodalicio».
Otro motivo para darle indulto de salida en vez de expulsarlo fue
«para respetar la confidencialidad de la identidad de las tres víctimas que yo había identificado, ya que estaba seguro que no hubieran querido que sus nombres se hicieran públicos si se tenía que explicar una eventual expulsión del Sr. Daniels. Además, me pareció que ese camino era mejor para tener un canal de comunicación con el Sr. Daniels luego de su salida, saber dónde se encontraba, y disminuir lo más posible el riesgo de que el Sr. Daniels volviera a abusar de alguna persona».
Lo que no sabemos es qué medidas se iban a tomar para cumplir esos objetivos y cómo se iba a controlar a Daniels para evitar que cometiera otros abusos una vez que ya no estuviera bajo la férula del Sodalicio y se hallara suelto en cancha, según el dicho popular.
McKenzie dijo no saber de ninguna víctima más de Daniels que las tres que él mismo admitiera, aunque, según un testigo ante la Comisión De Belaúnde, se llegó a identificar a una cuarta y a una quinta víctima. Entre ellas no estaba Álvaro Urbina.
En la denuncia contra Luis Fernando Figari, Germán Doig, Jeffery Daniels, Virgilio Levaggi y Daniel Murguía por abusos sexuales contra menores de edad, que presentó Alessandro Moroni en su calidad de Superior General del Sodalicio junto con su abogado Claudio Cajina el 17 de febrero de 2017 en el Ministerio Público, doce de los veinte casos allí consignados son atribuidos a Daniels. Éstos son los casos que logró identificar la comisión Elliott-McChesney-Applewhite de expertos internacionales convocada por el Sodalicio. Casi todos los casos incluidos en la denuncia ya habían prescrito, y Daniel Murguía ya había sido absuelto por el único caso que se le reconoce. A pesar de que la Fiscalía solicitó los nombres de las víctimas, fue en vano, pues según el abogado no había autorización de los agraviados para comunicar sus nombres. En fin, todo fue nada más y nada menos que un premeditado saludo a la bandera.
Los abusos de Jeffery Daniels habrían ocurrido entre 1991 y 1997, teniendo la víctima de menor edad sólo 10 años, mientras que la edad de las otras fluctuaba entre los 14 y los 17 años. En siete de los casos sólo hubo manoseo y tocamientos indebidos; en otro caso hubo sexo oral con intento de penetración anal; en otro, repetidas penetraciones anales; en otro, relaciones homosexuales varias veces por semana durante dos años; en otro, masturbación mutua con la víctima; el último caso es descrito de manera un poco más detallada: «Repetidamente Daniels trató de hacer que la víctima tocara sus genitales; Daniels hizo que la víctima lo observara a él y a un varón menor de
edad desnudos y jugando con sus penes; y se acercó a la víctima mientras se ponía su ropa interior después de una ducha y lo invitaba a unirse al “juego sexual” con otro menor». No se descarta la posibilidad de que hayan habido más víctimas, considerando que en enero de 2013 alguien que usaba el seudónimo de “La Ciudad te Habla” comentó en el blog Las Líneas Torcidas que Daniels había abusado de casi todos los integrantes de la agrupación mariana a la que él pertenecía.
Finalmente, Daniels obtuvo la dispensa de salida del Sodalicio y se mandó mudar a Estados Unidos para iniciar una vida nueva, aprovechando que, además de la nacionalidad peruana, tenía también la estadounidense. No fue expulsado del Sodalicio, aunque sus fechorías así lo ameritaban. Paradójicamente, el primer expulsado del Sodalicio en toda su historia, y de manera pública, sería Germán McKenzie, por motivos que aún no se han llegado a dilucidar.
NOTA: En mi anterior columna “Sodalicio: El caso Murguía” del 11 de diciembre de 2021 afirmo que Erwin Scheuch era oficialmente Superior de la comunidad sodálite Madre de la Fe y que se encontraba en Roma cuando Daniel Murguía fue detenido por la policía. Según información que me ha proporcionado Óscar Osterling, el Superior oficial de la comunidad Madre de la Fe era Javier Leturia, quien en ese momento se habría encontrado de gira con el conjunto musical Takillakkta, que él mismo dirigía. Asimismo, Osterling cree que Erwin Scheuch ya había regresado a Lima cuando estalló el escándalo
