En julio de 2019 la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones del Congreso de la República, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde, terminó su Informe Final, donde se analiza la problemática del abuso sexual contra menores, tras una investigación de los casos emblemáticos de violencia sexual en las escuelas públicas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), el Sodalicio de Vida Cristiana, el Colegio Héctor de Cárdenas y otros casos de relevancia como los abusos sexuales cometidos por dos sacerdotes católicos en Huamachuco (La Libertad) y por dos miembros de la Congregación Salesiana, el caso de la niña que sufrió abusos sistemáticos y prolongados en un local de la Iglesia Evangélica Bautista “Lirio de los Valles” en San Juan de Lurigancho (Lima) y el caso de la alumna de intercambio Mackenzie Severns, de nacionalidad estadounidense, que fue violada por un alumno del Colegio Markham.
El cierre del Congreso el 30 de septiembre de 2019 cortó las posibilidades de que el informe de la Comisión De Belaúnde fuera discutido en el Pleno y finalmente dado a conocer a la opinión pública. Alberto de Belaúnde fue reelegido en el nuevo Congreso, pero lamentablemente no se le presentó la oportunidad para que el informe fuera sometido a debate en el Pleno y publicado oficialmente.
La importancia de este informe en lo que respecta al caso Sodalicio es que las investigaciones fueron hechas por personas independientes y no contratadas por la institución, como ocurrió en el caso de los dos breves informes de febrero de 2017 elaborados por expertos extranjeros contratados por el Sodalicio (Kathleen McChesney, Monica Applewhite, Ian Elliott), quienes, además de no conocer adecuadamente la realidad de la sociedad peruana y del papel que cumple en ella la Iglesia católica junto con sus instituciones, se orientaron más hacia una estrategia de control de daños que favoreciera al Sodalicio, limpiándole la cara, en vez de atender adecuadamente las justas demandas de las víctimas.
La publicación del Informe De Belaúnde evidenciaría que el Sodalicio todavía tiene varias cuentas que saldar e incluiría datos relevantes para el desarrollo de la denuncia penal contra miembros y ex miembros del Sodalicio que fue formalizada mediante resolución el 20 de noviembre de 2017 por la Décimo Octava Fiscalía Penal de Lima. Allí se acusa a Luis Fernando Figari, Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels, Daniel Murguía, Ricardo Trenemann y Óscar Tokumura de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y del delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones psicológicas graves) en agravio de 14 personas, entre las cuales se cuentan José Enrique Escardó, Pedro Salinas, los hermanos Vicente y Martín López de Romaña, Óscar Osterling, Álvaro Urbina y yo mismo.
La publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados” de Pedro Salinas y Paola Ugaz en noviembre de 2015 fue solamente el disparo de partida para otros libros sobre el tema que aún están pendientes de ser publicados.
El psicoterapeuta y ex sodálite Gonzalo Cano Roncagliolo, quien, para optar al grado de magíster en la Pontifica Universidad Católica del Perú, presentó en el año 2014 una tesis con el tema “Del uso de la religión para la perversión: una mirada psicoanalítica al caso de Marcial Maciel”, ha preparado un libro que amplía las ideas de esta tesis y hace un análisis comparativo desde las ciencias psicológicas de los tres mayores abusadores de la Iglesia católica en Latinoamérica: Maciel, Karadima y Figari. Cano ya ha publicado una novela, “Sepulcros blanqueados”, donde recurre a la ficción para presentar una sociedad religiosa que es un calco del Sodalicio, a diferencia de la fallida novela “Y líbranos del mal” de Santiago Roncagliolo, primo hermano del anterior, que nos presenta una institución religiosa que se parece muy poco al Sodalicio real que conocimos quienes hemos sido víctimas de abusos en la institución.
Están también en lista de espera para ser publicados el testimonio autobiográfico de un ex sodálite así como mi propia historia personal, que no es solamente un relato autobiográfico sino una panorámica del Sodalicio desde adentro en las décadas de los 70 a los 90, sin centrarse en los abusos sexuales sino en el sistema mismo, que puede caracterizarse como secta destructiva.
Asimismo, también está el libro que ha anunciado Paola Ugaz sobre las finanzas del Sodalicio.
Las cuentas pendientes que tiene el Sodalicio son muchas. Su comisión de expertos internacionales habría contribuido a reducir a 67 el número de víctimas, en comparación con las más de cien víctimas —según fuentes confiables— que habría reconocido la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, convocada en noviembre de 2015 por el mismo Sodalicio e integrada por los abogados Manuel Sánchez Palacios y Rosario Fernández Figueroa, el obispo de Lurín Mons. Carlos García Camader, la psiquiatra Maita García Trovato y el periodista Miguel Humberto Aguirre, quienes rechazaron las remuneraciones ofrecidas por el Sodalicio a fin de mantener su independencia.
Además, el Sodalicio habría implementado muy pocas de las recomendaciones hechas por ambas comisiones, y mucho menos habría aplicado castigos contra los abusadores que siguen perteneciendo a la institución. Las reparaciones indemnizatorias otorgadas a las víctimas no se ajustaron a estándares internacionales de justicia, muchos menos tomaron en consideración que el Sodalicio tiene un patrimonio millonario que le da la capacidad para pagar indemnizaciones que realmente mitiguen los daños producidos. A esto hay que añadir que las reparaciones fueron concedidas previa firma de acuerdos de confidencialidad que vulneran el derecho de las víctimas a seguir buscando justicia. No conozco a ninguna víctima indemnizada por el Sodalicio que se haya sentido realmente agradecida a la institución por la manera en la que actuó.
Finalmente, el Sodalicio tiene cuentas pendientes conmigo, pues nunca me reconocieron como víctima, no obstante que la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación sí lo hizo, no obstante que el Ministerio Público me reconoce como agraviado en el delito de lesiones psicológicas graves, no obstante que viví más de 11 años en comunidades sodálites de consagrados y pasé por sufrimientos y abusos similares a los que padecieron Pedro Salinas y José Enrique Escardó, que estuvieron menos tiempo en esas comunidades y, sin embargo, sí fueron reconocidos como víctimas por el Sodalicio.
El Sodalicio también ha sido una cuña en mis relaciones familiares, pues mi hermano Erwin sigue perteneciendo a la institución y apenas me habla desde hace varios años; más aun, ha dado indicios de que no quiere que yo sepa en qué lugar del mundo se encuentra. El resquebrajamiento de los vínculos familiares se dio desde los 70, cuando mi madre aún vivía, y afecta hasta ahora a mi entorno familiar.
El Sodalicio, a través de la productora ICTYS (Instituto Cultural y Social) ha explotado comercialmente, desde la década de los 90, por lo menos 18 canciones de las cuales soy autor y compositor —tal como lo reconoce explícitamente ICTYS—, sin que yo haya cedido en ningún momento ningún derecho emanado de la propiedad intelectual de esas canciones y sin haber yo recibido nunca ningún céntimo por concepto de regalías.
El Sodalicio me ha quitado el sueño, me ha hecho despertar cada día con la conciencia obsesiva de ser un sobreviviente de un sistema sectario destructivo, ha envenenado y destruido muchas de mis amistades, me ha difamado como un ser desquiciado que sólo busca hacer daño a quienes quieren vivir una auténtica fe cristiana dentro de la Iglesia católica.
Pero aún me quedan la fe, producto de experiencias personales, y una esperanza indoblegable, que espera ver algún día al Sodalicio saldando sus cuentas pendientes.
