Keiko Fujimori y Pedro Castillo acaban de firmar un papel sin valor llamado «Proclama ciudadana: juramento por la democracia», que contiene una serie de «exigencias» —repito: sin valor— para el que vaya a ganar la elección este 6 de junio. Lo han firmado en un acto muy pomposo y «solemne» como dice el obispo promotor de este papel fútil, Pedro Barreto. Pero las líneas de esta proclama carecen de fundamento jurídico, abundan en imprecisiones y, sobre todo, humillan a nuestra constitución.
Como si jurar ante el Congreso no fuera suficiente, ahora resulta que el próximo presidente tiene que verse en la obligación de hacerlo —y previamente— ante un texto redactado por cualquier persona o grupo de «notables». Nada más vergonzoso y revelador de que vivimos todavía en un país donde aquellos notables ven a nuestras instituciones como adornos. Esos que se inventan proclamas no tienen ningún respeto por nuestras normas, en el fondo no las reconocen.
Dice, en una de las exigencias de esta «proclama», que el ganador de la presidencia «jura dejar el poder después del 28 de julio del 2026». ¿Acaso la propia constitución no es clara en que el periodo de gobierno es de cinco años?, ¿acaso la constitución no tiene candados para limitar los actos de un eventual dictador? O, vayamos al caso extremo de que nos encontremos con un próximo dictador: ¿acaso este tirano se pondrá a pensar, en el momento de tomar la decisión de perpetuarse, en que alguna vez firmó un papelito ante la cara de un cura y dos personas más y que por eso desistirá de sus deseos absolutistas? En ninguno de los dos casos, ese papel vacío firmado será tomado en cuenta. No seamos ingenuos. Así que esto es todo un show para que las ONG y los señorones moralistas que han escrito ese pseudodocumento se crean importantes.
«No buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección», también manda el papel que lleva los sellos de la Conferencia Episcopal Peruana y de tres ONG que jamás protestaron contra la tiranía del vacado e inhabilitado Martín Vizcarra cuando ocupó Palacio de Gobierno. Como si el límite lo pusiera una hoja con membrete de entidades privadas y no nuestra ley. O como si un dictador pensara primero en ir a las urnas para recién extender su mandato. No, un dictador se queda si quiere, ya lo ha dicho el virtual congresista electo de Perú libre, Guillermo Bermejo: «Si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos». ¡Qué tal!
Incluso la proclama de las ONG vendría a ser como un mandato al Congreso, ¿no es cierto? Al decir que el que resulte presidente no puede buscar ni intentar la reelección es ordenar a los parlamentarios a no legislar en los próximos cinco años una reforma que permita la reelección presidencial. ¿Por qué? porque lo dice la «proclama». Muy gracioso. Tan gracioso que hasta Gregorio Santos se ha burlado: «No existe marco jurídico que ampare esta «proclama». Si los respetables sacerdotes, pastores y funcionarios de ONG aspiran a participar en política, que formen partido, presenten candidato y programa de gobierno. Buscan con la proclama echar soga y lazo, luego aplicar garrote». Aunque con Santos discrepo siempre, con esta expresión suya coincido plenamente.
Hoy estamos en un escenario de segunda vuelta. Se supone que ya conocemos a los candidatos finalistas. Quienes han votado por Pedro Castillo sabrán que sus promesas son desactivar instituciones autónomas del Estado, prohibir las importaciones y que su ideología es comunista. Quienes dieron el voto a Keiko Fujimori saben que su plan de gobierno es totalmente opuesto al ideario de Cerrón-Castillo. Y en esos planes de gobierno debemos confiar, así como están, sin ediciones de última hora, o ¿acaso esos programas presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones al inicio de la campaña no son los verdaderos juramentos que ya hicieron Fuerza Popular y Perú Libre ante la ciudadanía? A estas alturas, ningún otro papel es garantía de nada.
