Opinión

[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] Hace unos días se conoció el caso de una menor de 10 meses que fue violentada sexualmente por su progenitor y producto de este ataque, falleció. Su madre era una adolescente de 15 años. Es decir, habría salido en estado de gestación cuando tan solo tenía 14 años y no tenía la edad para brindar consentimiento alguno, por lo que se habría cometido una violación sexual en su agravio. Esta noticia ocasionó una gran indignación colectiva.

El agresor -pese a haber sido denunciado- se encontraba en libertad. Aunque la adolescente víctima tenía medidas de protección, estas no fueron cumplidas ni garantizadas por las autoridades peruanas. Tampoco se tuvo acceso al Kit de Emergencia[1] que cuenta con un grupo de medicamentos y pruebas para prevenir un embarazo forzado o Infecciones de Transmisión Sexual. Sucedió lo mismo con el acceso a un aborto terapéutico, legal desde 1924[2] para aquellos casos en donde haya un gran peligro para la vida y/o la salud de la mujer.

La violencia sexual en nuestro país es una de las grandes tragedias que tenemos. Cuando analizamos las cifras, estas son más que dolorosas. Parece inútil repetirlas, pero hoy más que nunca necesitamos la sensibilidad de la ciudadanía para exigir respuestas estatales reales y serias para la atención, sanción, prevención y erradicación de esta problemática. Recordemos que es obligación del estado garantizar una vida digna, lo que va en el marco del derecho que tenemos todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

En el 2022 se han registrado 25 909 (94,7%) casos de violencia sexual en agravio de mujeres. Hasta mayo del 2023, se tiene el registro de 11 085 casos de violencia sexual a mujeres, los que representan 94,5% del total de denuncias.

Así también, en el 2022 se registraron 11 080 casos de violaciones sexuales a mujeres y en el 2023, 4776 casos. En este tipo de violencia sexual, los registros visibilizan a las niñas, niños y adolescentes como los/as principales afectados/as, en lo que va del año se han cometido 3 297 violaciones sexuales, representando al 65,9% del total de denuncias.

Este crimen ha sido considerado por las instancias internacionales como una forma de tortura, así como lo es obligar a las mujeres a continuar con un embarazo producto de esta agresión: embarazos forzados. Diferentes Comités de derechos humanos han recomendado al país que se despenalice el aborto en casos de violación sexual, entendiéndolo como el estándar mínimo con el que se debería contar. Esta medida en parte representa una restitución de la dignidad a las víctimas y no perpetuar más su sufrimiento. Esto ha sido recogido en las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño, el Comité CEDAW, el Comité de los Derechos Humanos y recientemente en las recomendaciones del último Examen Periódico Universal hecho al Perú por otros estados.

En nuestro país vemos con indignación la recurrencia de la violencia sexual, pero es necesario apoyar acciones que realmente se orienten a lograr que este crimen sea erradicado y proteger a las víctimas.

Despenalizar el aborto en casos de violación sexual es una medida urgente, una deuda histórica del Estado con las mujeres y las niñas. Una medida que, al menos, ayudaría a no exponer a las víctimas  a la extensión de su sufrimiento, salvaguardando su vida y salud.

De otro lado, se necesita romper con la impunidad. Cada agresor impune es un peligro para otras niñas y mujeres. La falla de nuestro sistema de justicia para sancionar estos crímenes impacta directamente en el incremento de otras víctimas.

PREVENCIÓN: si bien queremos sanción, este ámbito es sumamente importante para que estos casos no se repitan, que ninguna otra niña/adolescente o mujer adulta se vea expuesta a esta tortura que daña su vida para siempre. Para prevenir este crimen resulta primordial la educación sexual integral en las escuelas, lamentablemente esta ha sido bloqueada por un congreso antiderechos que responde a intereses subalternos.

Estás medidas a largo plazo son impopulares, en la medida que no brindan soluciones inmediatas, pero sino empezamos a abordar el problema de forma seria y responsable seguiremos lamentando casos. La indignación sin acción no alcanza.

[1] De acuerdo a la Directiva Sanitaria N° 083/2019/DGIESP el “Kit para la Atención de Casos de Violencia contra la Mujer – Violencia Sexual” es un grupo de productos preestablecidos que deben ser entregados en la atención de un caso de violencia sexual y que tienen la finalidad de prevenir embarazos forzados.

[2] Artículo 119° del Código Penal: “No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”

 

*Nota realizada con la colaboración de Cecibel Jiménez

 

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Aborto, adolescencia, CEDAW, violencia sexual

La derecha tenía la oportunidad histórica precisa para replantearse su perspectiva e insertarse nuevamente en el imaginario ciudadano -como lo estuvo casi cerca de 20 años, desde los 90 en adelante, luego del colapso populista de los 80-, a partir de la debacle social, política, económica y moral del castillismo y de la izquierda en pleno que se sumó de comparsa del desastre.

De esa manera, podía asegurar un plazo de vigencia que se prolongase hasta las venideras elecciones presidenciales y permitía vislumbrar que en esa coyuntura, el país se inclinase por una opción capaz de sacarnos de la crisis política permanente y, adicionalmente, darle un renovado impulso a las reformas económicas e institucionales que el Perú demanda a gritos.

Nada de ello, sin embargo, ha ocurrido. La derecha, sobre todo en su expresión congresal, ha dilapidado rápidamente esa tremenda posibilidad de regeneración, ha caído en los peores vicios autoritarios y éticos y ha permitido que la izquierda retome presencia y dinamismo para colocarse nuevamente en el escenario de posibilidades electorales.

Hoy mismo, su tozudez e irresponsabilidad política ponen en riesgo que la nueva Mesa Directiva del Congreso siga siendo manejada por agrupaciones de centro o de derecha, y le brinda a la izquierda -que es minoría- la posibilidad de maniobrar en medio de los desaciertos de la derecha para aspirar a hacerse de un cargo que es crucial para los pronósticos de gobernabilidad del propio Ejecutivo (una presidencia del Congreso de izquierda sería un baldonazo para la estabilidad política del régimen).

Por lo visto, la situación tiene difícil remedio y poco puede esperarse de la derecha actualmente existente. No parece quedar otra esperanza, respecto del surgimiento de una derecha liberal y moderna, que aguardar la consolidación partidaria y electoral de las nuevas agrupaciones que están surgiendo en este lado del espectro ideológico nacional.

La derecha mercantilista, populista, conservadora y autoritaria ha demostrado, con apenas una cuota de poder, que carece de la sindéresis pertinente y, peor aún, de la voluntad reformista que la coyuntura exige. No hay en ella germen posible de mejora de la vida política, social y económica del país. Todo lo contrario, una mayor amplitud de su poder solo conllevaría atraso, conflicto e ingobernabilidad en una nación que ya anda lo suficientemente convulsionada como para echarle más combustible a la hoguera.

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castillismo, Congreso, Izquierda, la derecha, statu quo

[TIEMPO DE MILLENNIALS]  El embarazo adolescente en el Perú es un problema de salud pública que va en aumento y que el Estado parece no darle la importancia que amerita. En el 2022, 1,624 niñas y adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, superando las cifras de años anteriores (Fuente: Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea). En solo lo que va del 2023, ya hubo 364 nacimientos de madres entre 11 y 14 años. Las principales causas son violencia sexual, falta de educación sexual y desigualdad de género.

¿Qué está haciendo el Estado al respecto? Según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el presupuesto para prevenir el embarazo adolescente en Perú debería ser de entre S/ 55 y S/ 98 per cápita. Sin embargo, en promedio, las regiones manejan un presupuesto de S/ 9.3 por adolescente, muy por debajo de lo sugerido. Incluso existen regiones como Amazonas y Tacna donde se invierte tan solo S/ 0.70 por adolescente. Justamente en las regiones donde el presupuesto es menor, la taza de embarazo es mayor.

El acceso a anticonceptivos gratuitos también es otro problema, y cuya responsabilidad es del Estado. En las regiones más pobres, a menudo los centros de salud están desabastecidos y, en general, en el país, muchos de ellos no ofrecen métodos anticonceptivos de larga duración que son más idóneos para prevenir los embarazos. Recién hace menos de un año se incluyó en la lista de anticonceptivos gratuitos el dispositivo intrauterino (DIU) liberador de progestágeno, cuando desde años atrás se ofrece en otros países.

Otro problema es el Congreso y el Ejecutivo, que tienen a un gran sector de extrema derecha que pone en riesgo que muchas adolescentes accedan libremente a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y de calidad. Un ejemplo es el caso de la “píldora del día siguiente”. Recién en marzo de este año el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Salud distribuir de forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia en todos los centros de salud del Estado a nivel nacional. Previo a ello, ni siquiera los kits de violación incluían esta píldora, ya que un sector de nuestros gobernantes aducía que era abortiva. Asimismo, si bien el aborto terapéutico es legal, según un reporte de la UNFPA, más del 70% de los centros de salud desconocen la existencia de la guía técnica de aborto terapéutico.

Por último, la falta de acceso a la educación sexual integral (ESI) colabora a que el número de embarazos adolescentes vaya en aumento. Según la UNFPA, en el 2017 junto con la Defensoría del Pueblo, se supervisaron 91 establecimientos de salud diferenciados de atención integral a adolescentes, y en 23 de ellos no se les entregaba información sobre salud sexual y reproductiva si no iban acompañados por sus padres a pesar de que la norma señala que desde los 14 años los jóvenes pueden recibir información sobre métodos anticonceptivos sin estar acompañados de un adulto. El problema también está en los colegios ya que a pesar de que existen lineamientos aprobados por el Ministerio de Educación, la implementación de la EDI de calidad aún no se lleva a cabo de manera adecuada ya que no se asignan los recursos necesarios para la capacitación docente y, además, hay mucha controversia sobre lo que se debe enseñar.

Del 2021 al 2022 el embarazo adolescente creció en 22%. El Estado tiene todas las herramientas para abordar este tema, pero aun así no lo hace. Hay sectores que prefieren pasarse años debatiendo sobre la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, u agrupaciones como «con mis hijos no te metas» que se oponen a la ESI en los colegios, sin ponerse a pensar en el daño que su inacción les hace a miles de niñas y adolescentes en el Perú. No cabe en estos tiempos ser conservadores, la realidad es que el inicio de las relaciones sexuales se da en promedio entre los 16 y 19 años en Lima, y a los 12 años en la Sierra y Selva, y gritar «con mis hijos no te metas» se simplemente ser ajenos a esa realidad y darle la espalda a un trabajo de prevención que urge en el Perú.

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Defensoría del Pueblo, embarazo adolescente, Tribunal Constitucional, UNFPA

[EN LA ARENA] Qué controversial que el viceministro de interculturalidad, Juan Reátegui Silva, difundiera en las redes sociales su reunión con el grupo La Resistencia. Una violenta organización dedicada a atacar autoridades públicas defensoras de derechos humanos. Si un viceministerio publica una reunión de trabajo con una agrupación que tanto daño causa justo una semana antes de la Toma de Lima, ¿cómo no se va a interpretar como un acto amenazante de parte del actual gobierno? Controversial porque el viceministro es un reconocido funcionario de origen awajún con una vasta experiencia en la defensa de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y ha salido a justificar lo acaecido señalando que se había realizado en el marco de un programa contra el racismo.

Todos los medios le han recordado al viceministro las acciones violentas de La Resistencia, cargadas de odio y difamación. Queda la pregunta de cómo no puede haber sido consciente de ello un funcionario de tan alto rango que sabe que la próxima semana llegarán representantes y activistas de las regiones de otros pueblos originarios. No puede justificar que se trata de admitir a quienes piensan diferente, porque es una agrupación que ha cometido delitos. El reclamo va hacia la falta de un filtro en todas las instituciones estatales que impida que se realicen encuentros con personas y organizaciones dedicadas a dañar a nuestra población.

Una semana antes de la Toma de Lima, todavía quedan rastros del miedo que sembró la Policía Nacional del Perú junto a grupos como este con la avenencia de la presidenta de la República, que no hizo nada para detenerlos. Los miles de limeñas y limeños que participaron de la espontánea marcha contra el Congreso en junio, y el apoteósico desfile de más de cincuenta mil personas el día de la Marcha por el Orgullo han sido señal de que nos estamos recuperando. Cabe sumar que tras los informes de Amnistía Internacional y las Naciones Unidas, la policía se ha sabido portar profesionalmente durante ambas manifestaciones. Cosa que no deja de indignar porque significa entonces que sí podrían haberse evitado las más de 70 personas asesinadas hace pocos meses atrás. El ímpetu por salir a marchar empieza a renacer.

Pero los rastros de aquel miedo los alimenta la prensa que continúa con la estrategia del terruqueo y los discursos de la presidenta, quien ya culpó a los protestantes de una próxima crisis económica, cuando han sido las masacres producidas por el Poder Ejecutivo y avaladas por el Congreso y el Poder Judicial, las que han dejado sin aliento a las fundaciones y organismos internacionales que evalúan la estabilidad política y económica de los países para las grandes inversiones internacionales.

Sea entonces por error o por amenaza, lo cierto es que el actual gobierno sólo destila desconfianza. Quiere que desconfiemos entre nosotros. Pero con su actuar lo que alimentan es la desconfianza entre nosotros y los tres poderes del Estado, tomados por mafias nacionales, siendo la principal, la fujimorista. Es contra estas redes de corrupción y clientelaje por las que nos levantaremos el 19 de julio. Por eso, en medio de tanta desconfianza, dar la contra a este gobierno también implica dar espacio a la solidaridad. Y así será. Como en enero, nos tocará dar la mano a nuestras hermanas y hermanos que vendrán a luchar con la esperanza de que podremos recuperar el mejor sentido de nuestra democracia, confiando en el adelanto de elecciones como el primer paso de una ardua tarea, la de cambiar nuestro sistema político. Es una asunto que se lo debemos a nuestra próxima generación, que tiene derecho a crecer dignamente.

 

 

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¿Cómo entender que el Ministerio de Cultura haya recibido ayer en la tarde, para dialogar sobre la democracia, la tolerancia y la paz social, a los integrantes del grupo violentista, protofascista y delictivo, denominado La Resistencia?

Este grupo se ha hecho conocido como autor de ataques virulentos contra determinados personajes de centro o de izquierda, inclusive de derecha liberal, con incursiones a los propios domicilios de las personas afectadas, profiriendo insultos, amenazas (el presidente del JNE fue amenazado de muerte), y en razón de ello, aunque un poco tarde, la Fiscalía les ha abierto investigación a sus promotores.

¿Cómo puede el ministerio encargado de velar por la diversidad cultural y la tolerancia, recibirlos, muy orondamente, y sentarse con ellos a dialogar, como supuestas víctimas de racismo? ¿Hay alguien caído del palto en el Mincul o estamos ante una estrategia premeditada en la que el gobierno, a través del citado ministerio, avala y promueve?

Luego de las duras críticas recibidas, el Mincul emitió anoche, tarde, un aguachento comunicado, en el que señala: “Es necesario enfatizar que rechazamos de forma enérgica todo tipo de violencia, venga de donde venga, de persona natural u organización, y reafirmamos que la cultura es una vía que nos debe unir como hermanos y hermanas”.

¿No consumen medios de comunicación en el Mincul? ¿No están enterados de que La Resistencia es un grupo violentista? ¿Acaso lo consideran un grupo cultural que organiza performances? Mañana entonces, como bien ha señalado con sarcasmo César Hildebrandt, que se reúna con el Tren de Aragua, organización mafiosa venezolana, que podría argüir que sufre de xenofobia. O que atienda al Movadef, organismo proveniente de Sendero Luminoso, bajo el pretexto de que es marginado legalmente por ser de origen andino.

O el viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui, anfitrión de la cita, es sacado del cargo de inmediato, o se pondría de relieve que el gobierno de Dina Boluarte ve con buenos ojos las acciones delictivas de estos grupos que arremeten contra periodistas, autoridades, jueces, intelectuales y políticos, que tienen en común, la mayoría de ellos, un cierto perfil crítico del régimen.

 

 

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Dina Boluarte, Juan Reátegui, MINCUL, tren de aragua

[EN EL PUNTO DE MIRA] Fue muy gratificante, porque salieron excelentes reflexiones sobre el tema. Había escrito, hace algunos meses para la opinión pública, una propuesta de partido político para estos tiempos en los que –aparte de la clásica organización territorial (bases) y funcional (sindicatos, colegios profesionales, entre otros)– se tomara en cuenta también a la organización virtual, así como al trabajo de los colectivos para que complementen el trabajo político que debe realizar toda organización que tenga como fin llegar al gobierno y formar ciudadanos.

Pero, en un tiempo como el que vivimos, el cual es catalogado ahora como la posverdad, donde el titular de un periódico importa más que el contenido y donde los grandes relatos se han fragmentado, ¿qué rol cumpliría un partido político para representar demandas sociales aún insatisfechas?

Esta pregunta nos invita a pensar el sentido que le debemos otorgar a la acción política. Teniendo el contexto mencionado líneas arriba, es importante apostar por un partido ‘light’, que esté entre el gran relato y el fragmento. Vale decir, que tenga como fundamento no el gran programa de transformación de la sociedad, sino algo parecido a un manual de autosuperación personal, pero en colectivo. Porque, hoy por hoy, la gente no quiere racionalizar el cambio en abstracto, quiere expresar el cambio social desde su autosuperación.

Actualmente, los partidos políticos han perdido la capacidad de aglutinar emociones a favor. Lo que podemos apreciar -por ahora- son sentimientos antipartidos. Esto se debe -en parte- a esa capacidad de burocratizar las ideas políticas. En un mundo donde la forma cómo lo dices tiene mucha más importancia que el propio contenido, se debe emocionalizar palabras políticas claves.

¿Qué quiero decir con esto? Se me viene a la cabeza el spot publicitario “Chile, la alegría ya viene”, de la campaña de la ahora Concertación chilena con el que ganó el plebiscito para saber si Pinochet seguía gobernando o no.

Hace tiempo que los partidos han dejado de apelar a valores universales positivos, como la alegría y el amor. Repensémoslo nuevamente.

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La tesis del fraude electoral, presuntamente cometido en las elecciones del 2021, le ha hecho mucho daño a la convivencia democrática del país. Sustentada en el argumento de que el voto rural andino era amañado, su énfasis solo horadaba la ya alicaída confianza de ese enorme bolsón poblacional en las bondades del statu quo. La tesis del fraude reafirmaba su disidencia.

Hoy el Congreso vuelve a la carga con la misma monserga, al pretender tirarse abajo el tinglado institucional electoral (JNE, ONPE y Reniec), con argumentos jurídicos falaces que, en verdad, se remontan a la peregrina y disparatada hipótesis de que si no fuera por sus autoridades, Keiko Fujimori habría sido electa presidenta constitucional.

No hay un solo informe técnico que avale semejante especulación y los propios voceros del fraude (entre los que lamentablemente participó, en un inicio, hasta Mario Vargas Llosa) fueron silenciándose conforme se comprobaba la insuficiencia de pruebas y el carácter endeble de sus hipótesis.

Hay, como es obvio, una mayoría congresal compuesta por congresistas de derecha e izquierda que parecen dispuestos a unirse para causas pueriles como la reseñada. Sorprende, por cierto, que Perú Libre y sus desagregados se sumen eventualmente a la pretensión de descabezar los organismos electorales, habiendo sido ellos los legítimos ganadores de la jornada electoral que llevó a Pedro Castillo a Palacio. Pero en los vericuetos del poder parecen estar ocurriendo sortilegios que solo parecen factibles de desentrañarse si se entiende que el Congreso se ha convertido en un mercadillo de tomas y dacas, sin signo ideológico de por medio ni visión democrática detrás.

Es hora de esperar que la nueva Mesa Directiva logre asentarse en las instancias de los partidos democráticos -aquellos que se opusieron al despropósito de Castillo- y que, a su vez, entienda que no es hora de venganzas menudas ni de ajustes imaginarios de cuentas, sino de construir una agenda legislativa reformista que saque al Legislativo del hoyo de descrédito en el que se encuentra.

Un Parlamento con 91% de desaprobación, es decir, absoluta carencia de representación, debería entender que su tarea, para remontar esas cifras, no pasa por abusar de su poder sino por ajustar las clavijas del desmadre moral que se despliega al interior de su recinto y por trazar una línea de acciones de largo plazo que pongan a este poder del Estado a la altura del bicentenario.

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A la luz del desastre social ocasionado en las naciones europeas respecto de los procesos migratorios acontecidos en sus lares (particularmente de población de origen africano y recientemente del Medio Oriente), que ha sido nuevamente puesto en evidencia con los descontrolados estallidos de violencia en Paris luego de un incidente policial, no se puede dejar de reconocer la sabiduría esencial de nuestro país para acoger este tipo de procesos.

En Francia, la colusión del racismo derechista con el buenismo izquierdista, terminaron por construir inmensos ghettos urbanos, de contingentes poblacionales auxiliados por la beneficencia, pero marginados del orden establecido, materia prima propicia para la marginalidad permanente (pobreza, delincuencia, disidencia). Y lo mismo sucede en Gran Bretaña, Países Bajos (acaba de renunciar su primer ministro por un desatino migratorio), países escandinavos, Alemania en menor medida, etc.

El Perú ha recibido un influjo masivo de casi millón y medio de venezolanos, y si bien ha cometido errores en el proceso (no extender inmediato permiso de trabajo a nuestros compatriotas venezolanos o no cribar legalmente a los que cruzaban nuestras fronteras), no ha ocurrido acá lo que en Europa.

La población venezolana está desperdigada por todo el territorio nacional, en su mayoría trabaja honestamente, se ha adaptado perfectamente -cuando tiene sus papeles en regla- y, salvo excepciones delictivas muy minoritarias, no ha generado un problema social y político. Por el contrario, ha generado un enorme beneficio económico al Perú, ya que, además, no se cometió el error de destinar recursos fiscales a “ayudar” a los migrantes y condenarlos a una pobreza inducida.

El Perú, en ese sentido, goza de una tradición histórica que ha sabido acoger fenómenos de migración, aunque algunas de ellas hayan sido originalmente procesos de esclavitud (población afro y oriental), y paulatinamente se va tomando consciencia de la necesidad de una mayor equidad social respecto de estas minorías que, en buena medida, forman parte del paisaje demográfico nacional sin ninguna fricción particular.

La del estribo: muy recomendable el documental El dorado, que describe la proliferación de locales queer en los años 20, en la Berlín anterior al ascenso de los nazis, reflejando la atmósfera de libertades y modernidades que luego el totalitarismo aplastó. Un documental que no deja de ser una alerta de lo que puede ocurrir si predominan en el planeta las fuerzas ultraconservadoras que han venido creciendo en las últimas décadas. Va en Netflix y también con su proveedor favorito.

 

 

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[EL DEDO EN LA LLAGA]  Se trataba de comunidades que generaron caminos de participación de los laicos en la vida de la Iglesia católica a través de movimientos eclesiales, convocando a miles de fieles que veían en ellos nuevas formas de expresar su fe de manera vital y comprometida. Todo ello bajo el amparo del Papa Juan Pablo II, que llegó a decir que “los movimientos eclesiales representan uno de los frutos más significativos de la primavera de la Iglesia”.

Pero esa primavera no ha durado mucho. Era sólo una ilusión que se ha convertido en un invierno durísimo, manifiesto en el descrédito que actualmente tiene la Iglesia católica y en la enorme cantidad de católicos que le están dando la espalda. Solamente en Alemania en el año 2022 más de medio millón de fieles se han salido oficialmente de la Iglesia católica.

Entre los motivos están que la Iglesia no tiene un papel relevante en la sociedad moderna y sus exigencias morales ya no están a la altura de los tiempos, e incluso las declaraciones de algunos de sus representantes son muy controvertidas, pues van a contramarcha de imperativos éticos aceptados por la mayoría en la sociedad.

Otro motivo es la resistencia conservadora a reformas necesarias, a fin de que la Iglesia se adapte a los cambios históricos de la sociedad moderna. Entre las cuestiones que siguen abiertas está el trato hacia los homosexuales y personas de orientación sexual diversa, el rol de la mujer, el divorcio, el aborto y el celibato. Son temas que deberían ser sometidos a debate para implementar reformas, pero muchos representantes de la Iglesia se niegan a dialogar sobre esos temas, encerrándose fanáticamente en posiciones retrógadas y reaccionarias.

Más peso tienen las omisiones de las autoridades eclesiásticas, sobre todo ante el escándalo de los abusos, que ha llevado a una pérdida masiva de confianza en la institución. No obstante todas las declaraciones públicas de querer implementar una política de tolerancia cero y de aplicar medidas consecuentes ante los abusos que salen a la luz, ¿quién querría seguir perteneciendo a una Iglesia donde la mayoría de sus representantes han protegido y siguen protegiendo a los abusadores, obstaculizan las investigaciones de los hechos y maltratan a las víctimas, sin ofrecerles una reparación proporcional a los daños sufridos, o incluso negándoles todo tipo de apoyo y estigmatizándolas como “enemigos de la Iglesia”?

Y existe, por último, un motivo económico que sólo tiene cierto peso en Alemania, pues la pertenencia oficial a la Iglesia va unida a un impuesto que sirve para el mantenimiento de la institución. Y si la necesidad de algo más de dinero se topa con la pertenencia a una Iglesia con la cual uno ya no se siente identificado, la consecuencia lógica para muchos es solicitar la baja de su membresía a la Iglesia católica y destinar el dinero ahorrado a mejores fines.

Todos estos motivos pueden ser aducidos incluso por creyentes que siguen manteniendo su fe y espiritualidad, pero no desean contribuir con una Iglesia que en varios aspectos le da la espalda a los seres humanos y a una moral humanista. Y aún compartiendo estas motivaciones, hay católicos que por razones personales relacionadas con experiencias de fe o con su compromiso con el Pueblo de Dios, optan por seguir perteneciendo a la Iglesia, aunque hayan perdido la confianza en las autoridades eclesiásticas. Como yo, por ejemplo.

La decadencia ha alcanzado no sólo a aquellas instituciones eclesiásticas tradicionales que viven de sus glorias pasadas, sino también a aquellas recientes y novedosas que prometían un tiempo de renovación. Aquellas que se subieron al carro de la “nueva evangelización”, que profetizaban “un nuevo Pentecostés” para luchar contra la “cultura de muerte”, y que terminaron siendo obras de manipuladores de conciencia, abusadores espirituales y psicológicos que en muchos casos llegaron incluso a abusar sexualmente de sus seguidores.

Céline Hoyeau, periodista y directora de la sección de religión del prestigioso diario católico francés “La Croix”, publicó en el año 2021 el libro “La trahison des péres” (“La traición de los padres”), una investigación periodística sobre las nuevas comunidades eclesiásticas que florecieron en Francia. A semejanza del Sodalicio, que apareció en el contexto de la crisis eclesial posterior al Concilio Vaticano II, la inmensa mayoría de las nuevas comunidades y movimientos surgieron como una respuesta ante la secularización en marcha —que conllevaba una pérdida de influencia de la Iglesia en la sociedad—, la sangría de miembros que sufrieron las congregaciones y órdenes religiosas tradicionales, la inmensa cantidad de curas que colgaron los hábitos, la falta de vocaciones y, sobre todo, el cuestionamiento de algunas doctrinas y enseñanzas del Magisterio de la Iglesia por no estar en consonancia con los avances científicos y culturales, mucho menos con la conciencia moral de los nuevos tiempos.

Ante eso, las nuevas comunidades ofrecían una fidelidad y obediencia absoluta al Papa, una defensa irrestricta de las doctrinas y valores de la Iglesia católica —dentro de una ideología ultraconservadora que se creía ya superada por el Concilio Vaticano II-, vocaciones numerosas al sacerdocio y a la vida consagrada y, sobre todo, multitudes de jóvenes que seguían fervorosos a líderes religiosos que se proclamaban a sí mismos como fundadores inspirados por el Espíritu Santo, portavoces de Dios mismo, elegidos para renovar la Iglesia y —cómo no— cambiar el mundo a través de una nueva evangelización.

¿Cuáles son los casos más sonados que reseña Céline Hoyeau en su libro?

El P. Marie-Dominique Philippe (1912-2006), fundador de la Comunidad de San Juan, abusó de por lo menos quince jóvenes mujeres en el marco del sacramento de la confesión y de la dirección espiritual, justificando sus deslices ante las víctimas como actos espirituales dentro del “amor de amistad”.

Su hermano, el P. Thomas Philippe (1905-1993), co-fundador junto con el laico Jean Vanier de las comunidades de El Arca, también abuso de mujeres aprovechando la dirección espiritual y justificando sus actos con explicaciones místicas.

El mismo Jean Vanier (1928-2019) abusó de la confianza de mujeres en el acompañamiento espiritual y aprovechó su influencia para implicarlas en relaciones sexuales. Además de estos hechos, que recién fueron conocidos después de su muerte, protegió y encubrió a su padre espiritual, el P. Thomas Philippe.

Gérard Croissant (1949- ), conocido como Ephraïm, fundador de la Comunidad de las Bienaventuranzas —presente en el Perú en la Parroquia Madre de Dios de la Urbanización San Juan Macias (El Callao)— abusó espiritual y sexualmente de mujeres integrantes de su comunidad, lo que ocasionó que en el año 2007 la Iglesia lo suspendiera del diaconado y en el año 2008 lo separara oficialmente de la comunidad que había fundado.

Olivier Fenoy, fundador de la Oficina de Cultura de Cluny —que también tiene representación en Quebec (Canadá) y en Santiago de Chile— fue acusado de diversas prácticas de abuso sexual (besos forzados, masturbación, sexo oral, penetración, dependiendo del “progreso” en el compromiso semi-monástico de sus seguidores), además de desviaciones sectarias y ejercicio de un poder absoluto.

El P. Georges Finet (1898-1990), fundador de los Foyers de Charité (Hogares de Caridad), abusó sexualmente de varones menores de edad y muchachas de entre 10 y 14 años de edad, haciendo preguntas insistentes sobre sexualidad en la confesión y tocando las partes íntimas de sus víctimas.

Y sigue la lista de fundadores —incluyendo algunas pocas fundadores— responsables de diversos excesos, siempre abusos espirituales y de poder, con frecuencia abusos sexuales, y también abusos económicos, laborales y sociales, hasta llegar a un número de poco más de veinte fundadores sólo en Francia.

Se comprueba así que el del Sodalicio de Vida Cristiana no es un caso aislado, sino parte de una tendencia que se repite a nivel mundial según el mismo esquema: un fundador que se cree guiado por el Espíritu Santo, que promete el oro y el moro a sus seguidores y a la Iglesia, consigue la protección de las autoridades eclesiásticas que se hacen la vista gorda y no controlan debidamente por miedo a “ahogar el Espíritu”, y al final termina abusando de su poder espiritual hasta los límites de lo indecible. Y a decir verdad, el ocaso de los fundadores puede significar el ocaso de la Iglesia católica tal como la conocemos.

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