Opinión

Que 400 mil peruanos se hayan ido del país el 2022 y que probablemente ese número crezca este año, es un síntoma claro del deterioro de las perspectivas económicas, sociales y políticas por el que transita nuestro país.

La mayoría de los que toman esa decisión son jóvenes. La propia encuesta última del IEP sobre el tema revela que en agosto del 2022, 36% quería irse y ahora ha crecido a 47% de ciudadanos, pero en el detalle etario, en la población entre 18 y 24 años, ese porcentaje de gente que quiere irse crece a 60%.

Muchos atribuyen este fenómeno a la llamada “generación cristal”, frágil e incapaz de soportar la mínima adversidad (después de todo, lo que estamos pasando ahora no es nada respecto de lo que se vivía en los 80s), pero esa sería una explicación muy superficial y prejuiciosa.

Una razón que influye mucho es el nivel de globalización existente hoy, que le permite a los jóvenes haber viajado o apreciar, vía las nuevas tecnologías informativas, la calidad de vida de otros países más desarrollados y su natural deseo de vivir su futuro en ese estatus y no en el deteriorado ambiente nacional (inclusive, el 44% del sector AB quiere emigrar y supuestamente, ese sector la pasa bien).

Lo que no se ve en el Perú es horizonte promisorio. Todo ha empeorado en los últimos cinco años. La salud, la educación, la economía, la política, la seguridad ciudadana, la corrupción, el urbanismo, etc. Y la clase política encargada de resolver esa pendiente es de última categoría, sin narrativa nacional motivante ni visión de futuro.

Y los pronósticos respecto de lo que se viene son pesimistas en todos los ámbitos. Y no hay un liderazgo político que les otorgue a los ciudadanos de a pie la esperanza de que de acá a cuando se produzcan las elecciones presidenciales, la cosa vaya a mejorar, sino todo lo contrario.

Lo que hoy predomina es el ánimo antiestablishment, un equivalente psicológico al mandarse a mudar. Y eso sucede porque no surgen personajes capaces de brindar optimismo ni confianza respecto de que con buenas decisiones gubernativas, el país puede mejorar y retomar la senda del crecimiento que lo caracterizó los últimos 25 años, antes de la crisis desatada en el 2016.

Es responsabilidad de los que pretenden gobernar este país, empezar desde ya su campaña y revertir este pesimismo cada vez más enraizado en los ciudadanos de a pie, particularmente entre los jóvenes.

 

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antiestablishment, Encuesta IEP, Exodo, liderazgo político

[EN EL PUNTO DE MIRA] Después de 23 años, ¿qué podemos decir de aquella narrativa y de dichas instituciones? Que si bien se avanzó en dar un entramado institucional al país, no se llegó a darle el reimpulso necesario para su fortalecimiento, como sí vimos en países como España y Chile. Con aciertos y errores, lograron dar reimpulsos significativos a las instituciones que encierran conflicto de intereses.

La descentralización. Si bien llevamos seis elecciones a nivel subnacional, no se ha llegado a fortalecer los mecanismos de fiscalización. Allí tenemos a César Álvarez, encarcelado por formar una mafia desde el gobierno regional en Áncash. También tenemos a Félix Moreno del Callao y Jorge Acurio de Cusco, ambos encarcelados. Debe darse una lucha frontal contra la corrupción e incentivos para una gestión transparente.

La ley de partidos. Si bien por primera vez en nuestra historia política contábamos con una ley que regule la actividad partidaria, esta necesita pensarse a raíz de los límites que ha tenido la participación de los candidatos independientes en las cuatro elecciones que han pasado. Financiamiento es una de ellos, transparencia en los mecanismos de democracia interna es otro, dejar los legalismos es un tercero, para saber si existe una real vida política de los partidos. Hay que dar paso protagónico a los órganos de control y fiscalización, como el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, con participación del Reniec.

El Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario. Estos dos órganos, que son las principales directrices de la descentralización, no han dado impulsos para repensar la formación de funcionarios y servidores públicos permanentes. Asimismo, no se ha pensado aún en una articulación macrorregional. Las mancomunidades son un buen avance porque se articulan proyectos macrorregionales, pero son apenas una pieza dentro del entramado mayor del rompecabezas de la descentralización. Vale decir, debe dejarse de ver como una secretaría para ser un órgano autónomo.

Por otro lado, desde la transición a la democracia, hay un tema aún no superado, aún no resuelto: el sentimiento del “anti”. Si en el siglo XX teníamos el antiaprismo como una especie de identidad política que unía tanto a la oligarquía como a los comunistas, militares e Iglesia para enfrentar al Apra; post-noventa tenemos (sumado al antiaprismo) al antifujimorismo, el cual aglutina a cierta parte de la derecha, a organizaciones socialdemócratas y a la izquierda.

¿Eso está bien? Claro que no lo está; en democracia debería prevalecer la tolerancia. Pero seamos realistas. Para poner dos ejemplos, ni en España postdictadura franquista, ni en Chile postdictadura pinochetista, el “anti” ha sido superado. De cuando en cuando, y generalmente en el marco de elecciones, este suele aparecer.

Dicho esto, ¿habrá reconciliación? Con los actores políticos que fueron afectados por el gobierno autoritario fujimorista, no lo creo. Muy difícil. Podrá haber acuerdos (o coincidencias) parlamentarias, pero seguirá prevaleciendo el antifujimorismo. Es más rentable políticamente, dado que la democracia también es competencia.

¿De dónde partimos, entonces, para la reconciliación? Mínimamente, del reconocimiento de la participación en elecciones. Desde el encuentro electoral (aunque hostil) con el fujimorismo, podría a largo plazo irse apaciguando el anti y el fujimorismo irse adecuando aún más a los marcos democráticos.

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Conflicto Político, corrupción, Evolución Política, Reconciliación, Transición democrática

[CIUDADANO DE A PIE] El 3 de septiembre último, en el diario “La República”, Augusto Álvarez Rodrich, connotado miembro de la élite cognitiva y rabioso defensor del modelo económico neoliberal, plasmado en la Constitución del 93, publicaba una nota titulada “Perú un país condenado a tener éxito”. Entre hilarantes ocurrencias, como aquella de que “hasta una patada en el culo te empuja hacia adelante”, AAR dejaba nítidamente traslucir las preocupaciones de los grupos de poder y sus adláteres: los nubarrones de una importante crisis económica, cuyos primeros efectos se dejan ya sentir en los hogares, se ciernen amenazantes y cogen al país con el pie cambiado de un gobierno y un Congreso absolutamente desprestigiados, sumidos en la más profunda mediocridad, y sin ninguna capacidad de liderazgo. Álvarez Rodrich y sus amigos saben perfectamente que las arengas de emprendedurismo barato y las odas a la sacrosanta estabilidad, necesaria a las inversiones privadas, pueden no bastar en esta ocasión para conjugar el peligro de un estallido social que pudiera llevarse por delante el “modelo”. La pesadilla de lo ocurrido en Chile en el 2019, paraíso hasta entonces del neoliberalismo, los persigue sin cesar y hablan de ello constantemente, como una forma de exorcizar sus más profundas animadversiones y temores.

En su célebre artículo “El fracaso de la II Internacional” de 1915, Lenin definía lo que a su entender eran las tres condiciones necesarias para el inicio de una revolución social, las mismas que podríamos enunciar resumidamente así: 1. Imposibilidad para las clases dominantes de mantener sin cambios las formas políticas de su dominación. 2. Aumento significativo de la pobreza de las clases dominadas. 3. Como resultante de lo anterior, una movilización social creciente que deviene en una “actuación histórica independiente”. Como Lenin mismo reconocía, esta “situación revolucionaria” no basta por sí sola para desencadenar una revolución social, como de hecho se verifica en las múltiples ocasiones en que estas tres condiciones se han hecho presentes en la historia de América Latina, sin que ningún cambio significativo se haya producido. A la vista de lo que viene ocurriendo en nuestro país, nos sentimos tentados de plantearnos la pregunta ¿se encuentra el Perú actualmente atravesando una situación potencialmente revolucionaria que pudiera conducir a un quiebre del statu quo y a importantes cambios en lo político, social y económico?

Primera condición: El neoliberalismo autoritario

A raíz de la gran crisis económica del 2008, surgió lo que William Davies y otros estudiosos han denominado neoliberalismo punitivo, neoliberalismo autoritario e incluso fascismo neoliberal o posfacismo. Este neoliberalismo, a diferencia del que se gestó en los años 70 y dominó a partir de los 80 durante tres décadas, ya no puede convencer ni crear consensos alrededor de sus prácticas de competitividad despiadada -que involucra todas las esferas de la actividad humana- elevada al rango de norma social justa y hasta ética. El neoliberalismo ha perdido, como consecuencia de la desigualdad, la desprotección y la precarización que genera su modelo de crecimiento y acumulación de riqueza, credibilidad y aceptación. Alrededor del mundo, desde Francia hasta Chile, los “perdedores” de la globalización de los mercados han sido protagonistas de violentos estallidos sociales que han puesto a la defensiva a las élites neoliberales, y lo propio podría ocurrir pronto en nuestro país. Pero, aunque una legión de autores anuncia periódicamente la caída inminente del capitalismo neoliberal, bajo el peso de sus propias contradicciones, esto no parece ocurrir aún, o quizás, como ha escrito Neil Smith, el neoliberalismo “ya está muerto, pero sigue siendo dominante” ya no sirviéndose de la racionalidad normativa y del consenso, sino como afirma Davies, de manera implacable con “valores y actitudes de castigo”. El argentino Matías Saidel ha descrito muy bien este neoliberalismo autoritario, en el que “los grupos dominantes ya no buscan neutralizar la resistencia a través de concesiones, sino que favorecen la exclusión de los grupos subordinados, mediante cambios en la legalidad que neutralizan los alcances de las instituciones democráticas y mediante prácticas que buscan marginalizar, disciplinar y controlar a los grupos disidentes”.

En su libro “Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática en el Perú y América Latina”, Eduardo Dargent hace una descarnada descripción de las siempre latentes pulsiones antidemocráticas de nuestras élites de derecha, entendidas como tales aquellas que se oponen a políticas redistributivas de la riqueza y tienen al orden social como un valor fundamental. Según este autor, cuando nuestras élites se hacen con el poder, tienden a no respetar los mecanismos constitucionales y a promover nuevas reglas que las favorezcan, en detrimento del democrático equilibrio de poderes. Por su parte, Moisés Naím en su libro “La revancha de los poderosos”, habla de “Estados mafiosos” en los cuales desde el poder se busca destruir los pesos y contrapesos que los limitan y obligan a rendir cuentas. En un Estado mafioso, se despliegan estrategias que socavan la democracia, criminalizando la oposición mediante el recurso a teorías conspirativas (con una preferencia por las acusaciones de terrorismo, según el ensayista Pier Franco Pellizzetti), controlando el nombramiento de jueces, emitiendo “seudoleyes”, y lo que es más grave aún “transformando sutilmente el gobierno en una inmensa trama delictiva depredadora, cuyos beneficios llenan los bolsillos de los gobernantes y sus amigos”. En estos Estados, la meritocracia es un espejismo y la administración pública se convierte en una inmensa red delictiva. En esta destrucción del estado de derecho se conforma, según Paolo Flores d’Arcais, “una nueva triada financiera, mediática y gubernamental que favorece la legalización de la delincuencia del establishment”.

¿Estamos asistiendo en el Perú a lo que Sinesio López y Glatzer Tuesta han calificado como un cambio de régimen? ¿Sería este nuevo régimen una forma de dominación neoliberal autoritaria y mafiosa, o quizás la reedición de algo ya conocido? CONTINUAREMOS.

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Crisis económica, Estallido Social, Neoliberalismo

Resulta cuasi delirante la obsesión de cierto sector de la derecha con los llamados “caviares”, sector de la izquierda moderada, que cree en la democracia, pero que mantiene criterios económicos relativamente intervencionistas.

Es verdad que han aderezado su presencia política con ínfulas ideológicas y morales que los han tornado insoportables y fatuos, y es verdad también que han desarrollado una labor de infiltración de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial que los ha llevado a perseguir a sus adversarios ideológicos (el fujimorismo ha sido su principal objetivo).

Además, se consideran portaestandartes monopólicos de temas como el medio ambiente o los derechos humanos, haciendo mal uso de esa pretendida hegemonía ideológica en temas que son universales y no deberían formar parte de ninguna bandería.

Participaron aisladamente en todos los gobiernos, como los de Toledo, el propio García, Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, pero donde se achicharraron por defección moral fue durante el gobierno de Castillo, donde, a cambio de cuotas de poder, renunciaron a sus principios y se vendieron por migajas de puestos públicos o cargos estatales.

Merecen pues sanción política y ética. Todo su discurso de principismo moral superlativo se fue por el desague por su complacencia ante la terrible ineficiencia y corrupción comprobada del gobierno de Pedro Castillo, al que se sumaron sin ninguna prudencia ni distancia.

Pero de allí a considerarlos el objetivo político principal de destrucción y el enemigo mayor a derrotar, hay un abismo de diferencia que solo la frivolidad ideológica de cierta derecha puede explicar.

El gran peligro en el Perú de hoy no son los caviares sino la izquierda radical, disruptiva y autoritaria que asoma en el horizonte con posibilidades de triunfo electoral, ante la realidad sociológica del descontento popular y la terrible improvisación de los candidatos de derecha que van asomando en el panorama partidario.

Estamos en riesgo de perder el país, en el sentido de ver desaparecidos el modelo de economía de mercado y las formas democráticas. Y ese riesgo no lo comportan los llamados “caviares” sino la izquierda cerronista, leninista, extrema, antaurista, etc., a la que ahora en la derecha aplauden infantilmente porque ataca a los “caviares”, mostrando una absoluta falta de perspectiva y guiarse así por ojerizas ideológicas antes que por sentido de país.

 

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caviares, Elecciones, Fujimorismo, Peligros políticos

Lo que está pasando con la reforma universitaria es la mejor demostración de lo que sucede cuando un Parlamento sin legitimidad, sostenido por una alianza espúrea entre el fujimorismo, el acuñismo y el cerronismo, se desata las trenzas y empieza a gobernar el país.

La nueva Sunedu se ha convertido en mesa de partes. El mismo superintendente tuvo que admitir que este año 56 universidades han abierto 2.250 programas de pregrado y posgrado, sin la certeza de si cumplen con condiciones mínimas de calidad. Hasta el 2020, 38 universidades privadas y 27 públicas tuvieron que desmontar un total de 3.695 programas para lograr su licenciamiento. Esto porque no cumplían con condiciones básicas. Ahora tienen el libre albedrío para volver a abrirlas.

Terco en la estulticia, este Parlamento está desbocado. Quiere desaparecer el sistema judicial autónomo de pérdida de dominio, un mecanismo eficiente para combatir a la corrupción. Está en comisiones para su estudio. Pero lo que sí perpetró fue una salvajada como la de permitir absoluto libre albedrío en el uso de armas en legítima defensa; ahora se tendrá que esperar a que el juicio termine para detener al tirador. El Lejano Oeste traído a nuestras tierras.

Pero el Congreso, que según la última encuesta del IEP solo aprueba el 6%, sigue su marcha en la destrucción de la Junta Nacional de Justicia, sin importarle los argumentos jurídicos que ratifican que eso es una barbaridad sin fundamento. Si a la mayoría conservadora del Legislativo les irrita la composición ideológica de la JNJ pues que espere a que venza su plazo, que es el próximo año, y conforme allí una entidad más acorde a la composición parlamentaria novísima. Pero lo que se quiere hacer, inventando faltas graves donde, en el peor de los casos, solo hubo carencia de sindéresis (con el comunicado por Zoraida Ávalos), es un despropósito.

El odio a los llamados “caviares”, que comparten la derecha y la izquierda radical (véase reciente artículo de Vladimir Cerrón en el diario Expreso), podrá ser políticamente válido (aunque en el caso de Cerrón pasa más por sus desventuras judiciales, de las que acusa a los “caviares” que administran cuotas de poder en el Ministerio Público y el Poder Judicial), los está llevando a destrozar la separación de poderes. La referida encuesta del IEP ratifica ello. Un 64% está en desacuerdo con que el Congreso intervenga en el sistema nacional de justicia. El problema político de fondo es que a este Legislativo, ello ya no le importa. Ya perdió toda vergüenza y es capaz de las peores tropelías.

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Congreso, reformas políticas, Separación de poderes, Sistema judicial

[TIEMPO DE MILLENNIALS] La semana pasada la presidenta Dina Boluarte estuvo en Nueva York para participar en la 78ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su asistencia a este evento no solo dejó en evidencia la improvisación de nuestras autoridades, sino también lo aislados que estamos a nivel internacional.

Su presencia en este evento ha dejado mucho que desear por su limitada agenda y por sus intervenciones. Sobre su agenda, esta solo incluía una reunión con el presidente de Paraguay, mientras que otros jefes de Estado de la región sostuvieron reuniones con sus pares de otros países. O la cancillería falló en su rol, o no hay interés de otros mandatarios por reunirse con nuestra presidenta. Asimismo, sus discursos destacaron por las verdades a medias como cuando aseguró que había “devuelto la estabilidad y esperanza al país”.

Primero, desde diciembre del 2022, las manifestaciones en contra del gobierno se han venido dando recurrentemente en todo el país. Esto ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara varios informes en los que se señala que en el Perú se violan derechos humanos ya que hay 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Segundo, el Congreso aprobó que se realice una investigación sumaria a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, decisión que ha sido respaldada por Boluarte, y que ha llevado a que otros jefes de Estado se manifiesten en contra, ya que en el Perú no se está respetando la separación de poderes. Y tercero, desde Nueva York nuestra presidenta declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana para que las Fuerzas Armadas puedan prestar “apoyo” a la policía.

Entonces me pregunto, ¿de qué estabilidad y esperanza habla? Hace poco el BCRP declaró que el crecimiento del PBI en el 2023 será solo de 0.8%, creciendo por debajo del promedio de América Latina por segundo año consecutivo. Además, la inversión privada cayó -7.5% en el primer semestre del año. Cómo puede Dina Boluarte presentarse con un discurso con una narrativa tan falsa, al frente de otros presidentes, como si ninguno estuviera al tanto de lo que pasa en nuestro país.

El Perú no solo merece una mejor agenda, sino que quien nos gobierna esté a la altura del cargo. Pretender engañar a otros mandatarios es muy caradura, y también lo es el faltarle el respeto a nuestra prensa y ciudadanos peruanos. Según lo aprobado por el Congreso, la presidenta puede gobernar de manera remota cuando se ausente del país, por lo tanto, está obligada a responder preguntas sobre anuncios que haga en sus viajes al exterior. Cuando un medio peruano le preguntó en Nueva York por la declaratoria del estado de emergencia, su respuesta fue: “Los temas del Perú los hablamos en el Perú”. Sin comentarios. Lo único que me queda claro es que en nuestro país no hay estabilidad y menos esperanza con Dina Boluarte al mando.

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derechos humanos, Dina Boluarte, Esperanza, estabilidad, ONU, política peruana

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS]

Haya de la Torre en Cusco, 1963, la multitudinaria militancia aprista siempre lo acompañó

El 20 de septiembre de 1930 se fundó, en Lima, la sección peruana del APRA internacional, o el Partido Aprista Peruano, que, desde entonces, bajo el liderazgo de Víctor Raúl Haya de la Torre, sería protagonista de la política peruana durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI.

¿Qué decir que no se haya dicho para no caer en los lugares comunes de siempre? En esta reflexión planteamos que el APRA fue actor principal en la construcción de ciudadanía moderna y de la democracia peruanas durante el siglo XX. Imelda Vega Centeno (1985 y 1991) ha señalado que el APRA fue una religión popular y esta idea, paradójicamente, empata con el concepto de revolución de José Carlos Mariátegui, quien influenciado por el filósofo francés Georges Sorel, creía en el mito revolucionario. En tal sentido, la revolución debía tener una connotación mística, moral y religiosa al mismo tiempo, la que debía convertirse, a la hora de las grandes movilizaciones, en la inspiración que agitase a las masas hacia la conquista del poder. La antigua militancia aprista fue precisamente así.

En tal sentido, el APRA fue más allá de su ideología, la que hoy constituye un valioso aporte a la historia de las ideas políticas en América Latina, pues no existe otro corpus doctrinal tan completo y elaborado, que comenzó con la propuesta de un marxismo adaptado a la realidad latinoamericana (El Antimperialismo y el APRA (1928)). Luego, tras abjurar del marxismo en 1931, Haya adoptó posturas de democracia de izquierda, dentro del entorno socialdemócrata, adaptadas a las diferentes coyunturas mundiales, como la Segunda Guerra Mundial, cuando publica La Defensa Continental (1942) desde la clandestinidad, o durante su segundo exilio a Europa, en la década de los cincuenta, cuando publicó Mensaje de la Europa Nórdica, donde expresa su simpatía por el Estado de Bienestar (1956).

El Partido Aprista Peruano nació masivo. Las luchas políticas durante la década de 1920, en contra de la tiranía de Augusto B. Leguía, prepararon el terreno para la irrupción de las masas en la política y lo hicieron, mayoritariamente, a través del PAP. Aquí comienza a gestarse la modernidad política en el país, y los peruanos y peruanas de los estratos medios y bajos de la sociedad comienzan a hacer suyo el concepto de ciudadanía, de militancia política y a interiorizar los derechos fundamentales desde su lucha directa por alcanzar el poder, o en contra de él, cuando es cooptado por la dictadura, ya sea a través de la vía insurreccional, la huelga, el paro, la protesta, las grandes movilizaciones, etc.

Un tema descuidado dentro de la trayectoria del APRA es su vocación democrática y constitucionalista, nunca desmentida bajo el liderazgo de Víctor Raúl. El PAP fue objeto de 25 años de persecuciones políticas que, implicaron, al mismo tiempo, su lucha en contra del militarismo y su represiva alianza con la oligarquía cuya finalidad era convertirse en muro de contención contra la irrupción de las masas en la política. En este difícil escenario, el APRA busca la conquista de los derechos políticos, laborales, sociales y económicos.

Bandera indoamericana, emblema del APRA desde que Haya la presentó en México en 1924.

Esta lucha por los derechos ciudadanos y por la consolidación democrática en tiempos de dictaduras fue fundamental para mellar la cooptación institucional por parte de las instituciones castrenses y, en efecto, aunque con graves interrupciones, que se prolongaron hasta el periodo 1992 – 2000, permitió la paulatina apertura y consolidación de las formas democráticas en un país prácticamente secuestrado por el militarismo. En este proceso, se destacan dos momentos claves: el primero es el entendimiento con el oligarca Manuel Prado en 1956, entendimiento tan criticado por quienes, aún en esos tiempos, seguían esperando del PAP un partido marxista y revolucionario, y no un partido democrático y constitucionalista. El pacto con Prado, lejos de constituir ninguna traición, abrió las puestas a la democratización del Perú. No solo fue el PAP el que cedió, más cedió la oligarquía.

De este modo, desde el 28 de julio de 1956, tras las negociaciones de Ramiro Prialé y Rómulo Meneses (los únicos dirigentes apristas en libertad tras sufrir prisión durante el Ochenio de Manuel Odría) con Prado, este aprobó la amnistía política a cambió del voto aprista en los comicios de ese año. La amnistía política amplió notablemente la participación política e impulsó la eclosión de partidos políticos en el Perú, entre los que se cuentan Acción Popular, la Democracia Cristiana, El izquierdista Movimiento Social Progresista, el Partido Comunista del Perú, El Movimiento Democrático Pradista, el Partido Socialista del Perú y hasta la Unión Nacional Odriísta. No olvidemos que siete candidatos se presentaron a las elecciones de 1962, y a ninguno se le restringió su participación en dichas justas electorales, desgraciadamente amañadas, una vez más, por la intervención militar y su arraigada vocación por impedir el acceso del APRA al poder.

El otro proceso democratizador en el que se destaca la participación aprista se produjo durante la transición democrática 1978 y 1979 y que dio a luz a la Constitución política de 1979. Los altos jerarcas de la segunda fase del gobierno militar querían una transición que rescatase la esencia de las reformas sociales aplicadas por el régimen a través de un proceso constituyente pero Acción Popular, con Fernando Belaúnde en el exilio, se negó a participar. Por ello, la única posibilidad de legitimar la asamblea en ciernes era la participación del APRA y su ya veterano líder aceptó sin dilación. Las elecciones a la constituyente de 1978 marcaron el inicio de una nueva era en la política peruana caracterizada por la multiplicidad de partidos políticos (de derecha, centroizquierda e izquierda marxista). Nunca en el Perú se había conformado un espectro político tan partidarizado y que representase todas las tendencias existentes. Desde entonces, hasta el 5 de abril de 1992, la participación política de la ciudadanía se canalizó a través de tres instituciones fundamentales, el partido, la central sindical y el sindicato (estos últimos ya venían haciéndolo al punto que tuvieron sus jornadas de gloria con los paros nacionales de 1977 que llevaron a Francisco Morales Bermúdez a comprender que la hora final del GRFA había llegado). Respecto del condicionamiento militar al proceso constituyente, en el discurso de instalación de la asamblea, Haya de la Torre exclamó con firmeza:

Esta Asamblea encarna el Poder Constituyente y el Poder Constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo. Como tal, no admite condicionamiento, limitaciones, ni parámetros. Ningún dictado extraño a su seno puede recortar sus potestades. Cuando el pueblo se reúne en Asamblea Constituyente, que es el primer Poder del Estado. Vuelve al origen de su ser político y es dueño de organizarse con la más irrestricta libertad, nadie puede fijarle temas, ni actitudes, como no sean sus propios integrantes por la expresión democrática del voto. No reconoce poderes por encima de ella misma, porque es fruto indiscutido y legítimo de la soberanía popular. (Haya de la Torre, 28 de julio de 1978)

Pero más allá de señalar aquellos momentos en los que el PAP obtuvo avances claros en la construcción de la democracia en el Perú, a través del trabajo y gestión de sus principales dirigentes, no podemos perder de vista el trabajo de las bases, de la militancia, de esos hombres y mujeres convertidos súbitamente en ciudadanos conscientes de sus derechos, tanto por la formación política doctrinal que recibían en el partido, tanto porque, dichos derechos, habían sido coaptados por el militarismo oligárquico, recibiendo a cambio de ello, la clandestinidad, el exilio, la persecución y la muerte.

En tal sentido, la actuación de la militancia aprista, absolutamente consciente del constitucionalismo, la democracia y justicia social que buscaba, en aquellos tiempos aciagos, a través de múltiples acciones, entre ellas el sabotaje al poder dictatorial, socavó el autoritarismo imperante, abrió el espacio, y generó las condiciones para la ampliación de la participación política, la consolidación del poder civil y la instauración de las libertades políticas y civiles, esto es la democracia.

Independientemente de los aspectos discutibles de su trayectoria, que de seguro son muchos considerando que la vigencia política de Haya de la Torre se prolongó por más de 60 años – y que incluye un innegable culto a la personalidad- en este aniversario del PAP queremos rescatar lo que, por mezquindad o negacionismo histórico, nadie rescata: La incontrastable lucha de una multitudinaria militancia consciente de sus derechos y dispuesta a sacrificarlo todo en busca de la libertad. Con la falta que hoy nos hacen auténticos partidos políticos conformados por militantes convencidos de que la lucha por la democracia es irrenunciable y que su consolidación institucional constituye la base para el desarrollo del país.

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Democracia en el Perú, Historia política del Perú, Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre

Muchos empresarios o líderes de opinión se han quedado tranquilos al conocer la última encuesta de Ipsos que refleja que un 21% del electorado se identifica con la derecha, un 48% con el centro y un menor 14% con la izquierda. Piensan que la mesa está servida y solo falta el candidato que enarbole correctamente las banderas centroderechistas para que se haga del poder en las próximas elecciones.

Craso error. Si uno analiza más en detalle la propia encuesta halla datos que apuntan, más bien, a una potencial aparición de un candidato radical, autoritario y disruptivo. En agosto del 2020, Ipsos hizo la misma pregunta de identidad ideológica y los resultados fueron muy parecidos y ya vimos cómo ganó las elecciones Pedro Castillo.

Así, preguntada la gente respecto del modelo económico establecido en la Constitución desde hace treinta años, apenas el 17% considera que ha sido un éxito, mientras que un grueso 67% lo considera un fracaso. Otra respuesta de graves connotaciones: el 90% de la población considera que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Finalmente, por si quedaban dudas del sustrato emocional ideológico de las mayorías, apenas el 8% de la ciudadanía está muy satisfecho o más bien satisfecho con la democracia. Como colofón, el 65% considera que el Perú está retrocediendo, el mayor pesimismo desde los 90 (por eso la masiva migración de peruanos al exterior).

Si después de analizar esta encuesta, hay algún candidato de centroderecha que considera que la situación se presenta propicia, es un político limitado y miope. Ni siquiera el sustrato moralmente conservador de las mayorías populares anima algún optimismo, ya que las izquierdas radicales en el Perú suelen ser moralmente antiliberales.

El grado de descontento con el statu quo es de tal envergadura que cualquier candidato que sea identificado con aquel, partirá con una inmensa carga negativa de parte de la ciudadanía. Particularmente, cualquier candidato que defienda el modelo económico, la Constitución del 93 y las libertades económicas proinversión y proempresa.

Se vienen tiempos políticos difíciles. El periodo Castillo-Boluarte no es solo un bache temporal que luego será superado y que volveremos a la “normalidad”. Todo apunta a que la cosa va para peor.

La del estribo: agenda teatral nutrida: hoy en la noche Un monstruo viene a verme; domingo 1, Esperanza, domingo 8, Metamorfosis, luego viaje a ver teatro todos los días en Buenos Aires, y retoma de agenda limeña el domingo 29, con El hombre que corrompió a una ciudad. Buen teatro en Lima. Vayan a verlo.

 

 

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Descontento político, Elecciones, Encuesta Ipsos, Izquierdas radicales

[EL DEDO EN LA LLAGA] Según el mexicano Eduardo Verástegui, productor de la película “Sound of Freedom” (Alejandro Monteverde, 2023) —en la cual él mismo tiene un breve rol—, el Papa Francisco le habría dado su apoyo a la película. Así lo manifestó el 27 de agosto en un post en la red social X (antes Twitter), adjuntando un par de fotos de él con el Papa Francisco, en plan Dina Boluarte en la sesión de la ONU en Nueva York:

«Gracias, Santo Padre, por sus oraciones, gracias por haber pedido a Dios por el proyecto @SOFMovie2023 [Sound of Freedom]. En 2015, le comenté en una reunión al @Pontifex que rezara por esa intención. Hoy, la película ya está en cines y el movimiento contra la trata avanza en muchos países. Sin dudas, la oración ha tenido mucho que ver con esto.

Acabamos de tener una audiencia privada en el Vaticano con el papa Francisco donde volvimos a dialogar sobre esto, en el marco de la reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos (ICLN), una red que busca conectar a una nueva generación de líderes que promueven y defienden desde cargos públicos la vida, la familia y las libertades fundamentales.

#JuntosSomosMásFuertes. Y con esa fortaleza, estoy seguro de que vamos a terminar con el tráfico humano. Los niños de Dios no están a la venta».

No es la primera vez que alguien vinculado al mundo del cine trata de manipular la figura del Papa para promocionar una película. Lo hicieron los representantes de Icon Productions cuando afirmaron que en diciembre de 2003 el Papa Juan Pablo II había visto la película “The Passion of the Christ” (Mel Gibson) y había dicho «Es como fue», lo cual nunca fue confirmado oficialmente y tampoco tenía ninguna relevancia, considerando que en caso de ser cierto que el Pontífice hubiera hecho este comentario, habría sido realizado en el ámbito privado y, por lo tanto, sería sólo su opinión personal. Aún así, ACI Prensa, la agencia de noticias fundada por el Sodalicio y representante de Icon Productions para la promoción del film en América Latina, no tuvo ningún reparo en repetir continuamente este bulo como un respaldarazo oficial del Papa a la película, lo cual fue desmentido por el entonces portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls.

En el caso de Eduardo Verástegui, él es la única fuente que menciona este supuesto apoyo del Papa Francisco a la película “Sound of Freedom”, por lo cual podemos suponer, ante la ausencia de cualquier declaración oficial del Vaticano al respecto, que se trata de una manipulación.

¿Por qué tanto interés en conseguir un apoyo de la Iglesia católica para un thriller de acción que no se diferencia sustancialmente de otros filmes similares producidos por la industria cinematográfica? Quizás la respuesta esté en que tanto Verástegui como el director de la película, Alejandro Monteverde, y el protagonista, Jim Caviezel —quien interpretara a Jesús en “The Passion of the Christ”—, son católicos comprometidos, dentro del espectro derechista conservador que se define a sí mismo como pro-vida y pro-familia.

El dúo Verástegui-Monteverde ya habían colaborado en “Bella” (2006), alegato filmíco anti-aborto que obtuvo el Premio del Público en el Festival de Toronto, y en “Little Boy” (2015), historia de un niño de ocho años, cuyo padre ha sido enviado a combatir a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El niño, apodado “Little Boy” por tener problemas de crecimiento, tendrá que aprender que la fe mueve montañas para traer a su padre sano y salvo de la guerra. El problema está en que “Little Boy” también es el nombre de la bomba atómica que fue arrojada sobre Hiroshima, y será este atroz acontecimiento el que sea presentado simbólicamente como cumplimiento de los rezos del niño, de modo que su padre pueda regresar del frente. Un final ambiguo y manipulador, como lo es todo el film, que intenta ser una prédica sentimental y manipuladora de pretendidos valores católicos. Como es moneda corriente en los pro-vida, sólo la vida de algunos vale, lo cual justificaría la muerte de muchos otros, aunque eso ocurra debido a la explosión de la bomba atómica en Hiroshima.

Técnicamente, los filmes dirigidos por Alejandro Monteverde tienen una buena edición y una factura visual impecable. Pero eso no basta para hacer un buen film. Por eso mismo, lo que se quiere resaltar en “Sound of Freedom” es que se trata de una obra que ayuda a tomar conciencia sobre una grave problemática: el tráfico de niños con fines sexuales. No dudo de que es un problema que hay que tomar en serio, pero ¿era ésta la mejor manera de hacerlo, a través de una cinta que enfoca el tema desde una perspectiva religiosa y se queda en la superficie del problema en aras de mostrar la heroicidad de su protagonista y su fe inquebrantable e insobornable?

Hay que precisar que no se trata de la primera película aque aborda el tema. Basta una búsqueda en Google para descubrir que no sólo hay varios documentales al respecto, sino también películas donde el tráfico sexual de niños y de jóvenes forma parte importante de la trama. Por mencionar sólo algunos ejemplos, están “Trade” (Marco Kreuzpaintner, 2007), “The Whistleblower” (Larysa Kondracki, 2010) y “I Am All the Girls” (Donovan Marsh, 2021) entre las más conocidas. Mención especial merece “Evelyn” (2011), primer largometraje de la española Isabel de Ocampo con la participación protagónica de la peruana Cindy Díaz, que cuenta la historia de una joven provinciana que es reclutada en el Perú mediante engaños y es llevada a España para ser introducida en una red de prostitución. Pero la película más popular que ha tocado el tema ha sido “Rambo: Last Blood” (Adrian Grunberg, 2019), donde el veterano de la guerra de Vietnam interpretado por Sylvester Stallone tiene que cruzar la frontera para ir a rescatar a su ahijada menor de edad, que ha sido secuestrada por un cartel mexicano que se dedica al tráfico de personas para ofrecer servicios de prostitución.

“Sound of Freedom”, aunque se base en hechos reales, parece —sobre todo en su segunda parte— una pálida y descafeinada variación de la última entrega de Rambo, pero –a diferencia de ésta— con escenas aptas para familias con hijos adolescentes, y con final feliz. No pasa de ser un thriller mediocre de buena factura, que busca ser presentado como un alegato para empujar a la gente a tomar medidas con el fin de acabar con el tráfico sexual de menores de edad. Pero la única medida que los productores y actores del film recomiendan es ver el film y ayudar a que otros lo vean. Nada más. Y a decir verdad, si lo que se quiere es crear conciencia del problema, eso se podría conseguir con documentales y filmes menos ligeros y más serios que esta película de propaganda cristiana conservadora.

Por otra parte, la realidad les ha estallado en la cara a los productores del film debido a noticias recientes referentes al personaje que inspiró la película: Tim Ballard, fundador de Operation Underground Railroad (OUR), entidad privada sin fines de lucro que tiene como objetivo rescatar a víctimas del tráfico sexual. El 18 de septiembre de este año el portal digital de noticias VICE News publicó una investigación que atestiguaba que Ballard había cometido abusos sexuales en perjuicio de por lo menos siete mujeres, que debían asumir la función de esposas suyas en misiones encubiertas destinadas a rescatar víctimas. Así informaba el diario online Infobae en una nota del 19 de septiembre:

«Se alega que Ballard insistía en que las mujeres compartieran alojamiento e, incluso, la ducha con él. El argumento era que debían convencer por completo a los traficantes de su relación marital.

En una revelación aún más oscura, se informó que Ballard envió fotografías de sí mismo en ropa interior a una mujer. A otra, le preguntó explícitamente hasta qué extremo estaba dispuesta a ir para “salvar niños”.

Si bien el número confirmado de víctimas asciende a siete, el informe sugiere que el número real podría ser más alto, ya que sólo se han considerado a las empleadas de OUR y no a voluntarias o contratistas. Al respecto, una fuente afirma tener conocimiento de al menos un incidente que involucra a una voluntaria».

Éste fue el motivo por el cual a inicios de este año se expulsó a Ballard de la misma organización que él había creado.

De este modo, por esos azares del destino, “Sound of Freedom” termina convirtiéndose en la exaltación hagiográfica de un abusador sexual. Y en eso debe tener experiencia el mismo Eduardo Verástegui, quien a través del sacerdote Juan Gabriel Guerra, integrante de los Legionarios de Cristo, llegó a conocer personalmente al P. Marcial Maciel, quien se ha convertido en un paradigma de pederasta y abusador sexual en la Iglesia católica. Nunca se le ha escuchado a Verástegui condenar los abusos del P. Maciel, mucho menos los abusos sexuales en la Iglesia católica. Con el film que él ha producido parece querer decirnos que ese tipo de abusos los cometen principalmente personas que no tienen nada que ver con la fe cristiana y que viven en países remotos de América Latina. Y que hay héroes cristianos animados por su fe que rescatarán a las víctimas de ese flagelo. Sabemos que eso no es cierto, por lo menos en la Iglesia católica, pues quienes se han puesto del lado de las víctimas han tenido que sufrir maltratos, difamación y agravios.

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