Opinión

[EL DEDO EN LA LLAGA] Se trata de una figura alegórica y satírica que desfiló este año en el carnaval de Düsseldorf (Alemania) y que fue llevada a Roma, cruzando los Alpes, para protestar contra el abuso sexual eclesiástico, dentro del marco de las manifestaciones organizadas por ECA (Ending Clergy Abuse), una organización sin fines de lucro que agrupa a víctimas de la Iglesia católica, activistas y abogados, que exigen que la institución eclesial aplique de una vez una política de tolerancia cero frente a la plaga de los abusos y que buscan hacerla responsable de estos crímenes ante tribunales internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, las autoridades italianas obstaculizaron la protesta. El viernes 29 de septiembre el carro alegórico fue paseado por el centro de Roma, pero el conductor del vehículo que lo halaba fue detenido delante del Coliseo y multado por obstaculizar la vista a un monumento histórico. De regreso al hotel donde se alojaban los participantes de la reunión de ECA, hubo nuevamente un control policial y el carro terminó siendo escoltado por un automóvil patrullero hasta el hotel mismo.

Ricarda Hinz de la Fundación Giordano Bruno, mujer del artista Jacques Tilly —el cual diseñó y realizó la figura alegórica—, declaró a la prensa que la policía le había informado que había una prohibición general de llevar el carro a la ciudad. Por lo tanto, se frustró el plan de colocarla el día domingo 1° de octubre frente al Vaticano, muy cerca a la Plaza de San Pedro. Desde entonces la policía mantuvo el carro bajo observación, con un patrullero que lo acompañó hasta que hubo abandonado la ciudad de Roma, ante el malestar de los activistas de ECA que se hallaban en la ciudad para exigirle al Papa y a las autoridades vaticanas una política de tolerancia cero ante los graves abusos que han habido y que siguen habiendo en la Iglesia católica.

Las manifestaciones de protesta realizadas por ECA los días 27, 28 y 30 de septiembre en las inmediaciones del Castel Sant’Angelo no pudieron movilizarse hasta delante de la Plaza de San Pedro —lugar que pertenece ya al Estado Vaticano— debido a la vigilancia policial. Estábamos presentes algunos representantes de víctimas y sobrevivientes de abuso eclesiástico de países como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Italia, Eslovenia, Nueva Zelanda, India, Congo y Uganda, abarcando los cinco continentes. Y eso sin contar a los que participan de ECA, pero que lamentablemente no pudieron en esta ocasión viajar a Roma.

Matthias Katsch, sobreviviente de abusos ocurridos durante su juventud en el Colegio Canisio de Berlín, gestionado por los jesuitas, y fundador de la iniciativa Eckiger Tisch (Mesa Cuadrada), que agrupa a sobrevivientes de abusos de la Iglesia católica en Alemania, declaró: «Aparentemente, la policía italiana se propuso minimizar al máximo la visibilidad de esta protesta y permitir que el evento registrado tuviera lugar casi sin presencia de público». Contrariamente a los acuerdos tomados, no se les permitió realizar una marcha hacia el Vaticano. «Lamentablemente, la policía impidió que la figura llegara al lugar junto al Castel Sant’Angelo», concluyó Katsch refiriéndose al carro alegórico. Y el día 30 de septiembre los activistas tuvimos que sacarnos las camisetas con la inscripción “Zero Tolerance” tras nuestro evento al lado del Castel Sant’Angelo para no ser detenidos por la policía, pues portar esta vestimenta era considerado como una protesta ilegítima.

Se consideró esto como una restricción a la libertad de reunión y expresión. Y no les falta razón. Así lo he percibido yo mismo, que hace 39 años estuve en Roma participando del Jubileo de los Jóvenes de 1984, en mi calidad de miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, y estuve en una Plaza de San Pedro donde se podía circular libremente en la totalidad de su área. Esta vez había zonas restringidas y policías —e incluso soldados del ejército con armas de fuego en ristre—, ubicados en puntos estratégicos para mantener la seguridad y el orden. Y para asegurarse también de que protestas legítimas y pacíficas no enturbiaran la santa tranquilidad burguesa de una Iglesia que se asienta sobre la impunidad de sus jerarcas, clérigos y religiosos que han cometido o encubierto abusos. Ciertamente, hay excepciones, pero sólo confirman la regla.

Un miembro de ECA ya le había entregado con anterioridad al cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, un escrito elaborado por expertos en derecho canónico con el proyecto de tolerancia cero, que exige cambios en la ley de la Iglesia, a fin de que los clérigos, miembros de institutos de vida consagrada y personal pastoral que cometan abusos sexuales sean retirados definitivamente de toda función pastoral, debiendo los clérigos ser reducidos al estado laical; los miembros de institutos de vida consagrada, expulsados de la institución a la que pertenecen; el personal pastoral, prohibido de ejercer ninguna función pastoral dentro de la Iglesia. Lo mismo se debería aplicar a obispos y autoridades eclesiásticas que encubran estos crímenes. También se debe informar a las víctimas y a sus familiares de los procesos canónicos en contra de los abusadores, así como garantizarles el acceso a las actas y documentación de su proceso, entre otras cosas.

El cardenal Hollerich, relator general del Sínodo que se ha iniciado este 4 de octubre en el Estado Vaticano y considerado por algunos como posible sucesor de Francisco en el pontificado, había prometido entregarle este documento al Papa Francisco el 18 de septiembre. Sin embargo, el 27 de septiembre dos miembros de ECA que se encontraban teniendo una sesión grabada de Zoom sentados a la mesa de un café en una calle romana tuvieron una encuentro fortuito con el cardenal Hollerich. La conversación quedó grabada. El cardenal no había cumplido lo prometido y tenía planeado entregar el documento al Papa recién en diciembre de este año. Por otra parte, señaló que la tolerancia cero era por el momento inaplicable, pues a los obispos sólo se les podía reemplazar de a pocos. Además, el Papa poco podía hacer pues estaba rodeado de gente de la Curia que le decía lo que tenía que hacer. Ante la insistencia de los activistas de ECA en lo importante que era que el Papa tuviera conocimiento de ese proyecto antes de iniciarse el Sínodo, pues seguían ocurriendo abusos en la actualidad, Hollerich replicó que no tenía a la mano copia del proyecto, pues lo había dejado en Luxemburgo. De modo que el 29 de septiembre, ECA le hizo llegar una nueva copia para ver si esta vez cumplía con lo prometido. Sin muchas esperanzas de que eso ocurra, digamos.

Mientras tanto, el sistema sigue estando estructurado —o improvisado— para obstaculizar las denuncias de abusos. En las oficinas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica difícilmente aceptan una denuncia entregada personalmente, pues hay que seguir los procedimientos establecidos —no explicitados por escrito en ningún manual ni guía—, que es presentar la denuncia ante las autoridades eclesiásticas locales, llámese tribunal diocesano o superior general del instituto de vida consagrada. Las víctimas no pueden hacer un seguimiento de la denuncia, pues las autoridades competentes —célebres por su incompetencia— no informan a los afectados, los cuales no cuentan con ninguna garantía de que su denuncia esté siendo procesada o de que la documentación se haya enviado al Vaticano. Las investigaciones no contemplan hablar con las víctimas para que precisen detalles de sus testimonios, pero sí se habla con los abusadores y se presta fe a sus versiones. Y, finalmente, si algo se hace, ello sólo ocurre cuando las víctimas denuncian ante la justicia civil o cuando el caso se ha hecho público a través de la prensa. Si al final hay una sentencia, ésta suele ser muy benigna con los abusadores, permitiéndoles que sigan ejerciendo funciones pastorales.

Por eso mismo, las exigencias de ECA no se dirigen sólo a la Iglesia católica. El 3 y el 4 de octubre abogados representantes de las víctimas y otros activistas de ECA estuvieron en Ginebra (Suiza) en la Organización de Naciones Unidas para desarrollar conversaciones que sienten las bases para poder llevar al Estado Vaticano ante tribunales internacionales. Pues los abusos sexuales de menores y personas vulnerables podrían calificar como tortura, y también genocidio, si se comprueba que se trata de una práctica sistemática de la Iglesia católica que se da a nivel global.

Hasta entonces, parecería que existe en la Iglesia católica una norma tácita que contradice lo que la institución dice de la fachada para afuera: “Prohibido denunciar abusos”.

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