Opinión

[EMPRENDE] En las últimas décadas, desde finales del siglo pasado, el mundo ha cambiado sustantivamente, la economía global ha configurado un modo de vida que ha condicionado de distintas formas a las sociedades existentes en todas partes, las conductas y enfoques de convivencia se rigen por individualismos e historias que transcurren en tiempos reales y las particularidades que los pueblos generan, está entre los hermetismos culturales de algunas poblaciones o la aculturación total y disposición al cambio total. Clara realidad que la globalización ha permitido.

Estos fenómenos de cambio también se han trasladado al tema de las movilidades humanas y claro, las fronteras se han acortado, tanto internas como exteriores. Hace algunos años el considerar las migraciones internas como objeto de estudios era tener en cuenta la generación de redes sociales, aquellas redes que eran el componente más importante para el crecimiento, asentamiento y desarrollo de grupos humanos que se beneficiaban de un tipo de capitalización que significaba el posicionamiento en un mercado que era descubierto y los primeros emprendimientos utilizaban este tipo de estrategias. Esta estrategia generaba un impacto en la economía.  La red social vista como un instrumento de interacción con un claro objetivo: capitalizarse. Al acercarse los países con el traslado continuo de las personas a través de las fronteras y la movilidad continua que la coyuntura general obliga, las redes sociales tienen otro significado y siendo aún una estrategia, el objetivo de generar cambio es mucho más ambicioso, efectivo y global.

No es un secreto entonces que hoy en día, las redes sociales juegan un papel muy importante en casi el 80% de las personas, de alguna u otra forma, y por supuesto esto también esta impactando en la economía. Supongo que estas redes sociales le han dado un giro de 360 grados al manejo del mercado o marketing. Las redes sociales, ahora son más que una estrategia, más que una herramienta, las redes sociales son un aliado no solo para las empresas, sino también para los negocios y para los clientes, pues establece una firme conexión entre ellos. Considerar las redes de mayor impacto ahora es casi una obligación y creo que nadie puede estar ajeno a ello, no hay componente cultural que lo impida y el impacto en la economía está en el Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn y YouTube. La influencia es fuerte.

No podemos negar que la tecnología ahora tiene un rol dominante en la sociedad. La interacción social ha cambiado y es mediante las redes, lo que permite a las empresas poder vender, distribuir y promocionar sus productos o servicios; con mayor facilidad y sobretodo mayor alcance. Si bien es cierto un gran número de usuarios de las redes de las distintas plataformas, las usan para un tema personal, amical y familiar, estos mismos no son ajenos desde la experiencia diaria a utilizar estas mismas redes para comprar o vender algo. La capitalización va no de las redes humanas sino de las redes tecnológicas. Ojo con eso.

En estos momentos, podemos afirmar que la economía y las redes sociales van juntas, convirtiéndose ambas en un modo de vida en las personas en tanto empleados, emprendedores, amas de casa, en fin, de todo aquel que sea consumidor de algún producto, es decir, todos, se desenvuelven en clara aceptación de esta nueva forma de interacción. Muchos de nosotros deberíamos seguir esa corriente.

Entonces comencemos a considerar esta economía como una economía de redes donde se visualiza un sistema de producción, intercambio y consumo que está utilizando la tecnología en su modo más moderno y se nutre de la información y comunicando en red. Es decir, la economía tradicional ha cambiado, se ha transformado, ahora con el uso del internet la virtualidad genera y fortalece la producción, el intercambio y por ende el consumo. Sin duda, estas redes tecnológicas de información y comunicación han logrado la conexión de mercados y personas de manera más efectiva y algunas veces eficiente. Dando lugar a formas más simples y sencillas de intercambio de propiedad entre compradores y vendedores. Los costos, la inversión, los mercados, los proveedores y sobretodo los usuarios superan las limitaciones de los mercados en espacios físicos limitados.

Sin embargo, es importante hacer una precisión, debemos tomar en cuenta que no es lo mismo pensar en una economía digital que pensar en una economía de redes, pues la economía digital es un sistema de transacciones económicas puramente digitales; al comprar un producto por internet, por ejemplo. Otra cosa es cuando en una economía de redes las personas o las organizaciones transan económicamente pero el servicio es físico. Por ejemplo, los taxis por aplicativo. Clara diferencia que permite entender que en este mundo cambiante las opciones se siguen dando y las lecturas y aplicación de la sociedad aún sigue siendo importante. Este tema tiene para rato.

 

 

 

“Un partido nuevo” responde la gran mayoría de la ciudadanía, respecto de por quién votaría en una nueva elección congresal, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos publicada en Perú21.

Un 28% responde así, por un partido nuevo, 11% por Fuerza Popular, 6% por Perú Libre, 5% por Acción Popular (¡increíble!), 4% por Avanza País, 3% por Alianza por el Progreso, 3% por Renovación Popular, 3% por el Partido Morado, 2% por Somos Perú, 2% por Juntos por el Perú y 1% por Podemos.

La encuesta no lo plantea, pero no sería excesivo atribuir que semejantes resultados ocurrirían también si se preguntase por la elección presidencial. La gente está harta de la partidocracia vigente, aquella instalada principalmente en un Congreso absolutamente desprestigiado.

Es un mensaje para los actores políticos de centro y de derecha que pretenden encaramarse en el poder en las próximas elecciones. Los del statu quo, que se unan, para evitar la dispersión. Por el lado de la derecha, que vayan juntos Renovación Popular, Avanza País, el Apra y Fuerza Popular. Por el centro, que se alíen Alianza para el Progreso, Somos Perú, los morados y Podemos.

Y los nuevos partidos, liberales la mayoría de ellos (en este segmento del espectro ideológico), deberían repensar cuidadosamente si les corresponde ir como parte de un gran frente centroderechista o, más bien, ir por la libre. Por lo que señalan las encuestas, no les conviene en absoluto unirse al statu quo sino, más bien, marcar su propia agenda. Eventualmente, pueden unirse entre partidos nuevos (no se entendería que Rafael Belaunde no converse con Carlos Espá, por ejemplo, o inclusive con Jorge Nieto, tres precandidatos absolutamente nuevos como tales, si al final todos logran la inscripción, cosa que hasta el momento solo ha conseguido Libertad Popular).

A todos convendría que las elecciones fueran el 2026, porque les daría más tiempo para instalarse en el imaginario popular y adquirir cierta vigencia, y en general, ello ayudaría a fijar cierta estabilidad  política en la agitada vida nacional, pero lamentablemente, los errores del gobierno y del Congreso, contribuyen a pensar que puede llegar un momento de ruptura del orden establecido y forzar a elecciones adelantadas (escenario deseable si efectivamente nada cambia en los dos poderes del Estado). Los partidos nuevos, en todo caso, deben actuar también en función de ese eventual desenlace.

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Carlos Espá, centroderechista, IPSOS, Jorge Nieto, partidocracia, Rafael Belaunde

[TIEMPO DE MILLENIALS] El sábado se desarrolló la Marcha del Orgullo, y fue un éxito rotundo. Hace tiempo no se veía en Lima una marcha tan multitudinaria, después de unos años de apatía política, donde ni las marchas del «fraude», vacancia, o en protesta por la vacancia de Pedro Castillo tuvieron este poder de convocatoria en la capital.

La jornada se vivió como una verdadera celebración, llena de carros alegóricos, performances, y incluso conciertos en vivo de diversos artistas. Se pudo ver a muchas familias con niños participar en la marcha y celebrar el mes del orgullo, además de exigir avances en temas de derechos para los individuos de la comunidad.

No existe causa más liberal que la que aboga por que todos los ciudadanos de un país tengan igualdad ante la ley. Hoy, la comunidad LGTBQI+ en el Perú está muy lejos de gozar de dicha igualdad. Las parejas del mismo sexo en el Perú no pueden casarse, ni afiliar a su pareja como derechohabiente en su seguro de salud, tienen dificultades para dejar una herencia, abrir una cuenta en el banco, pedir un crédito hipotecario, entre otras cosas. Su proyecto de vida se encuentra totalmente limitado en nuestro país.

Lo más desesperanzador es que pasan los años, y las movilizaciones, pero no se ven avances en materia legislativa. El actual Congreso no ha podido ponerse de acuerdo ni siquiera para la ley de Unión Civil, ya ni hablar del matrimonio igualitario.

Durante la marcha, diversas personalidades políticas pertenecientes al progresismo se hicieron presentes e incluso salieron a hablar. Congresistas de izquierda como Ruth Luque, Susel Paredes, o la progresista Flor Pablo Medina. ¿Y los liberales? No se supo mucho de ellos.

A pesar de ser la igualdad ante la ley, y las libertades sociales tanto como las económicas banderas del liberalismo clásico, en el Perú los pocos liberales que hay les dejan el terreno vacío a las voces de izquierda, para que estas de adueñen de las libertades sociales. Así la derecha pierde la oportunidad de mostrar una cara moderna, que empatice con los jóvenes que buscan voces que apoyen causas como esta. Según la más reciente encuesta de Ipsos, el 44% de los jóvenes de entre 18 y 25% años apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo este el grupo etario donde más aceptación tiene dicha propuesta.

Ya vimos el sábado que la cantidad de gente que asistió a la Marcha del Orgullo no fue menor, e incluso logró movilizar más gente que la mayoría de las marchas convocadas por el conservadurismo. En regiones poco a poco el movimiento LGTBQI+ comienza a manifestarse. Y los liberales, ¿les van a regalar las causas de libertades sociales a la izquierda?

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Congreso, Flor Pablo Medina, IPSOS, LGTBQI+, Marcha del Orgullo, Pedro Castillo, Ruth Luque, Susel Paredes

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Hace poco, desde España, el primer ministro Alberto Otárola anunció el fin de la crisis y el ingreso del país a un “proceso de pacificación”. “En este momento no existe una sola marcha de protesta, ni un camino bloqueado”, sentenció enfático. Pero a qué “pacificación” se refiere. Usualmente, se la entiende como los esfuerzos de un gobierno para poner fin a los conflictos sociales. Lo que implica buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo con los adversarios que lo cuestionan con el objetivo de restablecer el orden y la estabilidad social.

Por el contrario, la “pacificación”, implementada por el gobierno, encubre acciones represivas y violaciones de los derechos humanos de cientos de ciudadanos que se movilizaron en su contra desde diciembre del año pasado. En lugar de buscar soluciones pacíficas y fomentar el diálogo, el gobierno recurrió a un uso desproporcionado de la fuerza pública como un instrumento para acallar a sus opositores. ¿No son acaso las detenciones arbitrarias como lo sucedido en el campus de la Universidad San Marcos o las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden estrategias que buscaron generar un clima de temor y desaliento, con el objetivo de desmovilizar y controlar a la población, limitando su participación en manifestaciones de protesta?

Esa “pacificación” se sirvió de un discurso que estigmatizaba a los manifestantes. El “terruqueo” fue la punta de lanza del mismo, el cual buscó desacreditarlos o “demonizarlos”, presentándolos como elementos violentistas y perturbadores del orden público o como integrantes de Sendero Luminoso. Además, como parte de esa narrativa, se sostuvo que las movilizaciones eran financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Pese a que la canciller Ana Gervasi señalara que el gobierno no cuenta con “ninguna evidencia” de que fuera así, hoy por hoy, el primer ministro Otárola sigue sosteniendo lo mismo. Con lo cual se trata de justificar, una vez más, la represión policial y militar sin mayor control.

Asimismo, tal “pacificación” es percibida por la ciudadanía como violatoria de los más elementales derechos humanos. Han transcurrido seis meses desde las primeras ejecuciones extrajudiciales cometidos y la investigación de las mismas no avanza con la celeridad que la situación requiere. No está de más mirarnos en el espejo europeo. Esta semana en Francia, un policía asesinó a un adolescente francés. De inmediato, sus conciudadanos se movilizaron en Paris y otras ciudades exigiendo justicia. El policía, una vez detenido, pidió perdón a la familia del menor ejecutado. El presidente Macron hizo lo mismo. A la fecha, las protestas continúan con tal grado de violencia muy pocas veces visto en lo que va del presente siglo. Cientos de manifestantes han sido detenidos y ningún otro ciudadano ha sido asesinado por la policía o el ejército.

Por último, pareciera que la única paz que se ofrece desde el gobierno, resultado de su mentada “pacificación”, es “la paz de los cementerios”. Expresión que se condice con lo dicho por la presidenta Boluarte: “¿cuántas muertes más quieren?”. La paz social no será fruto de la violación de derechos humanos ni de la impunidad. Por el contrario, es el resultado de la prevención y sanción de los delitos cometidos, del respeto irrestricto de los derechos humanos y del fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y no de su degradación.

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Alberto Otárola, Ana Gervasi, Boluarte, España, Macron, pacificación, sendero luminoso

La última encuesta de Ipsos publicada en Perú21, a propósito de las posibilidades electorales de Keiko Fujimori, trae dos malas noticias: Keiko puede pasar a la segunda vuelta, y en ella perdería irremediablemente contra el probable candidato de izquierda antisistema que el país está incubando.

Un 11% señala que definitivamente votaría por ella. Es el núcleo duro del fujimorismo. Y un 13% que podría votar por ella. Con una buena campaña tiene un techo de 24% que la colocaría definitivamente en la justa definitoria, como ha sucedido en los últimos tres procesos electorales.

Pero, a la par, hay un 61% que señala que definitivamente no votaría por ella. Casi dos tercios del país. Al respecto, ya es hora de deshojar el análisis político. No parece que estemos ante un antifujimorismo histórico, que crece o se mantiene en el tiempo, a pesar de los 23 años transcurridos desde los finales del gobierno de su padre, sino ante el rechazo a una lideresa política de segundo orden que carece de empaque doctrinario, liderazgo y, sobre todo, reacciones e iniciativas audaces que partan las aguas cuando el país requeriría su voz de guía.

Hay, sin duda, el mentado antifujimorismo, pero en verdad corresponde a un sector minoritario de la izquierda y la derecha liberales. Lo que predomina es el antikeikismo, cuya raigambre no es esencial ni acrítica, sino que obedece a la desastrosa actuación política de la mandamás de Fuerza Popular en los últimos lustros, desde el gobierno de PPK hasta los entripados corruptos, mediocres y autoritarios que su bancada vigente exhibe sin vergüenza.

Y el problema político de fondo es que ese sector poblacional es el que va a volver a impedir que Keiko Fujimori gane la elección. Y ella, con su sola presencia electoral, le resta votos a otra opción de centroderecha o derecha monda y lironda, que definitivamente tendría una mejor performance en una segunda vuelta electoral y alzarse con el triunfo, asegurándole al país el retorno ideológico que reencamine la nación hacia mejores rumbos que los actuales.

Keiko Fujimori debe retirarse de la política. Su presencia es tóxica y tapona el surgimiento de una derecha liberal, moderna y republicana, además de darle combustible a una izquierda que sin el fujimorismo al frente probablemente deje de existir o se evapore hasta la insignificancia.

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Antifujimorismo, centroderecha, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, PPK

[EN EL PUNTO DE MIRA] En el país, sin duda alguna, la empresa brasileña Odebrecht creó una extensa red de corruptela al interior del Estado peruano. Una red que pasó por los gobiernos nacionales de Toledo y Humala, así como por los gobiernos de Jorge Acurio en Cusco y Félix Moreno en el Callao (todos implicados en actos de corrupción), así como en el de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima. Todo ello no hace más que reflejar lo que se sabe, que “el roba, pero hace obra” y “la ley del más vivo” están aceptados como estilo de vida en nuestra sociedad. No solo en la política y en la economía, también en nuestra sociedad.

De arriba a abajo, de señor a paje. Está en todos lados. Uno manejando un auto, por cualquier carretera del Perú, se da cuenta de las coimas que se suelen dar los conductores —de todas las clases sociales— a los policías de tránsito. Otro caso, en el Perú, la meritocracia funciona mal o casi no funciona. La preparación, ya sea en universidades nacionales o internacionales, muy pocas veces es valorada. Más sirve la argolla, los contactos o el arribismo. Solo así se puede avanzar como persona en una sociedad peruana tan falta de una integración social positiva.

El desorden formó un orden. Sirve poco el diálogo, escuchar al otro. La calle, como una selva de cemento, campea nuestro sentido común de existencia. El ciudadano y las reglas son un estorbo, o solo funcionan de vez en cuando. Lo normal es sacarle la vuelta a la ley y transgredir las normas sociales de convivencia. Es el triunfo del estado de naturaleza de Hegel, en plena era moderna.

Parafraseando al Pablo Escobar de la serie de Netflix, el Perú —como sociedad— no piensa como un país rico, sino como un pobre con plata. Lo importante —cuando uno adquiere dinero— es la camioneta, la exhibición, el derroche, mas no la formación humanista o el conocimiento y el ahorro. Me atrevo a decir que la mentalidad capitalista es muy reducida en el país. Existen empresarios y aspirantes a empresarios mercantilistas. No arriesgan. Siempre quieren ir a lo seguro. Y lo más seguro —por lo general— es hacer negocios con el Estado o en el rubro de servicios. No hay pierde en ello.

A esta situación psicológica por la que pasa el país hay que combatirla con políticas efectivas de educación. Mal que bien, este sigue siendo en la mentalidad colectiva nacional un camino seguro para una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades.

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Félix Moreno, humala, Jorge Acurio, Netflix, Susana Villarán, Toledo

De por sí es grave que el gobierno esté empeñado en convertir a la parte informativa del canal del Estado, en una sucursal del área de prensa de Palacio de Gobierno, es decir una caja de resonancia y de apoyo mediático a las labores del Ejecutivo y, en particular, de la presidenta de la República.

Lo más preocupante, sin embargo, es que pone de manifiesto un grosero error de interpretación de los orígenes de la crisis política por la que el régimen transita. ¿Cree que con noticias positivas del canal estatal o cobertura amplia de sus actividades mejorará sus niveles de aprobación? ¿Es esa la lógica que anima al entorno de asesores palaciegos, creer que está allí la madre del problema?

Bastaría, según estos “inteligentes” asesores, con asegurarse una mirada positiva y amplia de las actividades del gobierno, y la puesta de soslayo de sus errores, para que poco a poco Dina Boluarte vaya subiendo en las encuestas y mejorando su performance ante la opinión pública.

Ello, lo que revela, es que no están entendiendo nada de la lógica política que lleva a que Boluarte tenga, según la última encuesta del IEP, la mayor desaprobación desde que inició su gobierno, o que la mayoría piense que su gestión es peor que la de Castillo (lo cual no es cierto, pero así lo percibe la ciudadanía).

Mientras el gobierno no tome cartas en el asunto en el tema pendiente de los muertos de diciembre y enero y mientras, a la vez, no emprenda agresivamente políticas públicas reformistas o audaces, la población percibirá que es un gobierno mediocre, pasivo, inerte, además derechizado y traidor de sus orígenes.

Ello pesa infinitamente más que la labor independiente de uno o dos reporteros o editores del canal del Estado, despedidos intempestivamente en las últimas semanas por haberse atrevido a mostrar cierta neutralidad respecto de los andares del gobierno. El Ejecutivo puede tener el canal estatal sometido al ciento por ciento y no va a subir ni una décima en sus tasas de aprobación.

Ensimismado, al parecer, en la guerra ya no tan sorda entre el premier Alberto Otárola y el hermanísimo de la presidenta, este gobierno no da pie con bola a la hora de tener un diagnóstico correcto de las causas de la crisis política que lo agobia.

 

 

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Alberto Otárola, Castillo, Dina Boluarte, IEP

¿Cómo va a ser viable un país cuya tasa de anemia en niños de 6 a 35 meses es de 42.4%? Peor aun sabiendo las consecuencias irreversibles que ello conlleva -cuando deriva en desnutrición crónica- para el desarrollo motriz y neuronal de los afectados por este gravísimo problema.

María Elena Ugáz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano de Unicef, ha declarado a El Comercio: “La Organización Mundial de la Salud determina que si la prevalencia nacional o local de anemia es mayor al 40% se considera un problema de salud pública severo”. Superamos, como se aprecia, esa tasa.

Puno y Ucayali son las regiones más afectadas, con 67.2% y 65.8%, respectivamente, pero en 19 regiones del país se registra un aumento de las tasas de anemia, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI. La situación es de espanto y amerita una acción política urgente e inmediata del gobierno central y los gobiernos locales. Debería ser parte esencial de la gestión gubernativa en todos los niveles. La presidenta Boluarte debe tomar cartas directas en el asunto.

Son tres los caminos a seguir. Primero, retomar la senda del crecimiento económico, la mejor fórmula para combatir la pobreza, altamente correlacionada con los indicadores de anemia. Segundo, establecer políticas de salud pública que vinculen varios sectores para compeler a los jefes o jefas de hogares a proporcionar una dosis de hierro mínima a los infantes. Tercero, instruir al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Midis, para que también vincule la gran cantidad de programas sociales que alberga, al cumplimiento de ciertas tareas vinculadas a la mejor alimentación de la población en emergencia crítica (que es casi la mitad de la población nacional en la edad comprometida).

Condenar a las nuevas generaciones a minusvalías en aspectos de desarrollo psicomotriz y neuronal, equivale a tramar una red de ciudadanos de segunda clase, sin las condiciones equivalentes a quienes han tenido la fortuna de gozar de una buena alimentación infantil.

Y predispone a la democracia peruana al consecuente voto disfuncional, desinformado, lo que es peor, desinteresado de la política y de los grandes debates públicos, construyendo una masa crítica dada a los extremos polarizados, de rápida y acrítica asimilación.

La del estribo: en la cada vez más prolífica cartelera teatral limeña, se pone en escena Salomé, de Oscar Wilde, obra que causara un escándalo desde su estreno por su punzante cuestionamiento a los parámetros del conservadurismo. Dirigida por Jean Pierre Gamarra, y con la actuación de Amaranta Kun, Leonardo Torres, Mónica Sánchez, Fernando Luque, Alonso Cano, entre otros, va en el Británico, hasta el domingo 6 de agosto. Entradas en Joinnus.

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Alonso Cano, Amaranta Kun, Dina Boluarte, Fernando Luque, INEI, Leonardo Torres, María Elena Ugáz, Midis, Mónica Sánchez, OMS, Unicef

El gobierno ha dado dos pasos significativos en la última semana, que ojalá revelen un cambio de rumbo político y económico. Uno, la declaración del premier Otárola, en el sentido de tomar distancia del Congreso presentando acciones de inconstitucionalidad respecto de un paquete de normas aprobadas en el recinto legislativo. Dos, el anuncio del destrabe del proyecto Chavimochic, un gol económico que podría ser un parteaguas respecto de una política más agresiva pro inversión privada.

Lo primero es esencial al Ejecutivo. Su mímesis con un Legislativo aún más desprestigiado que el gobierno central, no hacía más que agregarle a las propias, antipatías ajenas (según la última encuesta del IEP el Congreso tiene 91% de desaprobación y apenas 6% de aprobación). Es riesgoso tomar distancia crítica, porque la mayoría congresal fácilmente puede retomar aires vacadores si percibe que tiene al frente a un poder adverso, pero si desde Palacio administran con habilidad y muñeca estas eventuales divergencias, la sangre no tendría por qué llegar al río.

Hay una clara vocación de aferrarse al cargo por parte de los congresistas y eso debe ser aprovechado por el Ejecutivo. Va a ser muy extremo que se animen en el Parlamento a vacar a Boluarte, a sabiendas de que una transición congresal provocaría un desmadre social equivalente al que ocasionó el ascenso de Merino y provocó su corta duración. Les conviene que Boluarte se quede y nada se mueva y, en esa medida, el Ejecutivo tiene margen de acción para marcar su propia ruta aun a costa de esporádicos choques con el poder de la plaza Bolívar.

La segunda noticia es más relevante en términos estructurales, porque sacar adelante un megaproyecto como Chavimochic implica una señal positiva al mercado inversor, más allá de la propia dinámica capitalista que el proyecto en sí generará (ojalá nomás no lo terminen destinando tan solo a grandes grupos económicos) y ello, sumado a otros logros que se puedan conseguir pronto (Majes-Siguas, San Gabán, etc.), podría hacer que la inversión privada empiece a recuperar confianza y retorne a la dinámica pre Castillo y se logre así remontar los biafranos niveles de crecimiento que se estiman y que tanto impacto generan en la generación de empleo y en las tasas de pobreza (según estudio de Macroconsult, para este año se prevé que la pobreza aumente a 28.4%; el 2022 fue de 27.5% y el 2021 25.9%).

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