Opinión

La historia de la democracia directa en Suiza es de larga data. Los ciudadanos tienen voz y voto, a través del referéndum, para aprobar (o no) los textos elaborados por las autoridades comunales, cantonales y confederales, y pueden proponer cambios constitucionales por medio de iniciativas populares. Además, toda modificación a la Constitución es sometida en automático al voto del pueblo.

El domingo pasado, los suizos votaron por dos cosas: el matrimonio igualitario, y una iniciativa de los jóvenes socialistas que proponía introducir un impuesto a las ganancias por dividendos, acciones y rentas, con el supuesto objetivo de reducir la desigualdad, buscando incrementar los impuestos en ganancias de capital en 1.5 comparado con los impuestos regulares. Los resultados fueron los soñados por cualquier liberal: 64% de aprobación para el matrimonio igualitario, y un rotundo 65% en contra de la iniciativa del partido socialista. 

Suiza ostenta el puesto #4 en términos de libertad económica en el mundo, y es un país bastante atractivo para las grandes fortunas. No en vano, muchos de los millonarios de otros países con políticas tributarias más restrictivas deciden poner su plata aquí. Es, además, uno de los países con menos pobreza en el mundo. Ante esta realidad, los suizos no consideraron que fuera necesario hacer una reforma tributaria, a pesar de que, seguro a la mayoría de los votantes les hubiera convenido en el corto pazo. 

Esta no es la primera vez que los suizos votan en contra de iniciativas que suenan muy atractivas, pero que técnicamente no son lo mejor para la economía. Casi todas las propuestas de los partidos de izquierda por modificar el sistema fiscal han fracasado en las últimas décadas. La introducción de un impuesto a las herencias, intentos de introducir impuestos a las ganancias de capital, y otras iniciativas de aumento de los impuestos a los más ricos, se vieron frustradas en el voto popular. Incluso, en el 2018, un 77% de los suizos votaron en contra de una iniciativa que planteaba que cada ciudadano adulto podría recibir una pensión de 2.250 euros solo por ser ciudadano suizo, porque la consideraron dañina para la economía. ¡Increíble!

Quienes se oponían a la llamada iniciativa “del 99%”, que no logró prosperar, sostienen que suiza ya cobra impuestos a las personas de manera escalonada, la desigualdad en suiza es una de las menores en el mundo (puesto 24 de 160 países, incluso en mejor posición que Alemania), y el sistema de seguridad social en el país europeo es suficiente para mitigar las desigualdades. Los números, tanto macroeconómicos como de la votación, terminaron dándoles la razón. 

*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.

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derechos, impuestos, Suiza

El controvertido tuit del premier Guido Bellido amenazando con expropiar Camisea confirma, obviamente, un perfil ideológico sobre el manejo de la economía que Perú Libre ya había esbozado en su plan de gobierno. En ese sentido, Bellido no ha dicho nada nuevo.

Lo llamativo, políticamente hablando, es que ocurre en medio de una circunstancia en la que el titular del MEF, Pedro Francke, había señalado explícitamente que no se iba a expropiar Camisea y el presidente Castillo, reunido con inversionistas extranjeros en su reciente periplo norteamericano, había asegurado que la economía se iba a manejar con sensatez y respetando el Estado de Derecho (como, luego del arrebato de Bellido, ha reiterado).

Ha sido una pataleta política de Vladimir Cerrón en la búsqueda de alcanzar un mayor protagonismo al interior del gabinete. La verdad es que solo tiene tres ministros: Bellido, el de Ambiente, Rubén Ramírez, y Dina Boluarte, pero quien viene mostrando crecientemente rasgos de independencia que la apartan del sector de origen cerronista. Vladimir Cerrón solo tiene, pues, dos alfiles entre los ministros y, claramente, quiere más, y quiere incordiar a los que más incómodos le resultan. Eso explica el exabrupto de Bellido sobre Camisea.

Y en ese sentido destacan los ataques a los titulares de Justicia y el MEF, Aníbal Torres y Pedro Francke, contra quienes cargan las tintas todos los periódicos truchos inventados con dineros oscuros para apoyar al régimen y en particular a Cerrón.

No es casual que en la última encuesta de IEP, aparezca Bellido con un nivel de desaprobación de 58% y de aprobación de apenas 33%, mientras que los ministros no cerronistas lo superan: el aranista Hernando Cevallos, de Salud, es aprobado por el 67%; el mendocista Pedro Francke, de Economía, por el 54% y el castillista Aníbal Torres, de Justicia, por el 49%.

Finalmente, caben algunas precisiones económicas. Camisea ya paga casi el 65% en impuestos. No es verdad que se lleve todo el inversionista privado. El Estado recibe ingentes recursos gracias al proyecto. Expropiarlo, dicho sea de paso, costaría alrededor de 30 mil millones de dólares que el Estado peruano, por exigencia constitucional, debería pagar antes de expropiar (un despropósito por donde se le mire) y, además, el “modelo” ecuatoriano o boliviano, en el que parece inspirarse Cerrón, ha sido un fracaso absoluto (Bolivia, por ejemplo, tenía, antes de la nacionalización de Evo Morales, 24 trillones de pies cúbicos de reservas de gas, el 2018 se habían desplomado a 10 trillones).

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Camisea, Guido bellido, Vladimir Cerrón

Juan Cadillo, Ministro de Educación, en la sesión del Consejo de Ministros del último 4 de agosto, compartió algunas “cifras de espanto” sobre su sector como consecuencia de la pandemia. ¿Acaso se refería a la cobertura de la educación a distancia brindada por las instituciones educativas públicas y privadas o al acceso a la misma de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar? ¿Acaso a los resultados de la medición del desarrollo de habilidades de los estudiantes para conducir su aprendizaje de manera autónoma o a la pérdida de aprendizajes? Difícil saberlo. 

Sin embargo, algunas cifras, contenidas en el Plan de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, de reciente emisión, ya no son de “espanto” sino de “terror”. Aquellas bosquejan apenas un escenario complejo e incierto de la Educación Básica en el país. Así, por ejemplo, poco más de 700 mil estudiantes de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial, entre el 2019 y el 2020, interrumpieron sus estudios o estuvieron en riesgo de hacerlo. 2,4 millones de estudiantes, que equivale al 69% del total de estudiantes en el sector público, de 4° de primaria a 5° de secundaria no tienen computadora con internet. A ello se suma, la afectación socioemocional de niños, niñas y adolescentes.  

Datos importantes pero insuficientes para tener una aproximación mucho más certera de la actual situación de la educación nacional y de los efectos de la pérdida de clases presenciales. En ese sentido, algunas estimaciones hechas por el Banco Mundial, en relación con tales efectos, son devastadoras. Así, para el caso peruano, señala que, luego del cierre de escuelas y colegios de 13 meses, “la proporción de estudiantes por debajo del nivel mínimo de rendimiento en la prueba PISA podría aumentar en por lo menos 22 puntos porcentuales”. Es más, ello implicaría que “los resultados nacionales de PISA en comprensión lectora serían inferiores a los obtenidos en PISA 2012”. O, para el caso chileno, en un escenario de cierre de escuelas y colegios durante todo un año académico, la pérdida de aprendizajes oscilaría de un 64% a un 95% dependiendo del quintil de ingresos. Es decir, los más pobres perderían más aprendizajes que aquellos que se encontrarían en mejores condiciones económicas. 

No tenemos investigaciones que permitan saber con meridiana claridad cuánto han perdido de aprendizajes los estudiantes durante el 2020 y el 2021. Tampoco conocemos, bajo las excepcionales circunstancias que les ha tocado vivir, cuánto han logrado en aprendizajes en el mismo lapso de tiempo. Ahora, que los niños, niñas y adolescentes han vuelto a clases semipresenciales, en más de 6,000 colegios públicos y privados y en varias regiones, es posible llevarlas a cabo. En las cuales, merecería una particular atención la evaluación de la  situación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes. Los hallazgos encontrados permitirían, es lo esperable, diseñar medidas que mitiguen, en el corto plazo, los efectos de la pérdida de aprendizajes y el impacto a nivel socioemocional padecido por los estudiantes;   y saber, en buena cuenta, qué es lo que está pasando y cuáles han sido sus consecuencias. La tarea está en manos del gobierno. Hacerla o no hacerla será un indicador de la importancia que le confiere a la misma.     

 

 

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Juan Cadillo, Ministerio de educación

Vaya escandalete que se ha armado esta semana por la decisión de desembarcar a nueve de los invitados de la lista anterior de delegados a la FIL Guadalajara. Los desembarcados son los escritores Karina Pacheco, Katya Adaui, Gabriela Wiener, Jorge Eslava, Renato Cisneros y Cromwell Jara, el crítico Marcel Velásquez, la historiadora Carmen Mc Evoy y la especialista Nelly Luna, que en agosto ya había desistido de participar.

Se trata de nueve personalidades del mundo literario y cultural que han sido “desinvitadas” a la Feria de un total de sesenta. La nueva lista contiene 69 nombres. Es decir, que el ministro Gálvez logró su cometido de introducir 18 nombres nuevos, en su mayoría provenientes de provincias, según prometió al anunciar que revisaría la lista del ministro anterior, Alejandro Neyra, proclamada apresuradamente en los estertores del gobierno neoliberal de Sagasti, el 27 de julio último.

Ante el desembarco, una serie de los re-invitados decidieron declinar en solidaridad sobre todo con Karina Pacheco, Katya Adaui y Gabriela Wiener, supuestas representantes del feminismo local que incomoda al actual gobierno “machista y patriarcal”. (¿Será por eso que casi nadie puso la cara por los escritores varones bajados del avión?).

Sacando pechito, también “Renato Cisneros se solidarizó con sus compañeras [desembarcadas] y calificó la medida como como un maltrato lleno de torpeza y mezquindad por parte del ministro de cultura y el gobierno”, según dice en una entrevista el autor de Busco novia.

Por su lado, el periodista de La República Mirko Lauer apunta: “Pero la solución a la polémica no es el maltrato. Tampoco lo es introducir, o añadir, en el proceso de selección criterios que no son estrictamente literarios”, como si la lista anterior hubiera estado basada solamente en criterios literarios y no en la tradicional preferencia hacia la argolla del establishment culturoso limeño.

De este modo, y en contraste con esas lecturas, el autor disidente Rodolfo Ybarra afirma: “El caso más patético es el de escritores, hijitos de familias pudientes y/o criollos, que se han venido beneficiando todos estos años solo con el fin de apuntalar una especie de costra culturienta que clasista y racistamente invisibiliza a las provincias y le niega el paso a las nuevas generaciones”.

Asimismo, la actriz Andrea Patriau publicó en un tweet que: “Saltan todas las voces cuando tocan al establishment caserito del mincul. Pero cuando se denunciaron irregularidades en los concursos o asignaciones de dinero a dedo en las administraciones anteriores callaron en todos los idiomas. No llamen justicia a sus intereses personales”.

En efecto, “muches” de “les” renunciantes y denunciantes de la nueva lista son “les mismes” que firman comunicados contra el gobierno de Nicaragua y salen a defender al neoliberal y filogolpista Sergio Ramírez. Suelen ser Verolovers que han visto amenazada su entrada al Mincul y ahora pegan el grito en el cielo. Hasta “argolla minculera” los llama el periodista Gabriel Ruiz Ortega de Caretas, en tono coprolálico que no suscribimos. Sin embargo, una dramaturga renunciante calificó a los nuevos escritores de provincias como una sarta de “desconocidos”, en evidente expresión de clasismo y racismo limeñocéntrico, cuando en la nueva lista hay valiosos representantes de la literatura oral y escrita que simplemente no circulan en los medios de la capital. 

En suma, los testimonios de uno y otro lado abundan. Lo cierto es que el ministro Gálvez puso el dedo en la llaga, aunque quizá debió ser más radical y desembarcar a muchos otros y no solo a nueve de la primera lista, como lo propusimos en una columna pasada.

Que siga el circo. Lo cierto es que con las renuncias de algunos y no de otros que se quedaron en la segunda lista el “establishment” limeño comienza a resquebrajarse. Ya veremos hasta dónde llega la nueva política del Mincul bajo este gobierno de izquierda. Ojalá no decepcione.

 

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Ciro Gálvez, escritores peruanos, FIL Guadalajara

La izquierda cree que ha ganado la elección gracias a sus postulados ideológicos y que, por ende, puede desplegar a su antojo, sin ningún consenso de por medio con otras fuerzas políticas, cualquier acción pública. Por lo que se ve, estima que puede hacer lo que le venga en gana desde el poder.

El primer gran error es de interpretación. Castillo ganó gracias a la pandemia, que generó un estado de zozobra social, política y económica de tal envergadura (solo el drama de que exista un millón de deudos, podría explicar el desenlace), que facilitó la aparición de un candidato disruptivo, antiestablishment, que, además, no encontró un rival que siquiera se interesase en explotar ese perfil, como ocurrió con Keiko Fujimori, quien lo que hizo de bueno en la primera vuelta, lo tiró por la borda en la segunda por pura terquedad.

El 51% del país no es de izquierda y si votó por esa opción fue por las razones señaladas. Las encuestas siguen mostrando que el perfil ideológico mayoritario de la ciudadanía peruana es de centro y de derecha. Castillo no tiene, pues, el mandato social y político para zurrarse en los dos tercios del país y querer hacer, desde el poder, lo que el manual ideológico de Cerrón o del Movadef le sugiere.

Producto de esa arrogancia y soberbia, la historia le va a cobrar una factura grande a la izquierda. Es improbable que se perpetúe en el poder, sea legal o ilegalmente. Hay demasiada mediocridad y estupidez en el tinglado plurideológico del régimen (cerronismo, filosenderismo, caviarismo y demás perlas), como para atribuirles la habilidad de generar un respaldo popular masivo, que aplaste cualquier resistencia institucional, sobre todo de un Congreso opositor.

Se va a ir a los cinco años dejando un país sumido en una crisis política, social y económica gigantesca, que hará muy difícil que el electorado vuelva a inclinarse por una opción semejante. Así como el recuerdo de Susana Villarán y su pésima gestión hacen imposible que alguien de izquierda gane las elecciones ediles limeñas, pronto, el ingratísimo recuerdo del desastre de Castillo, alejará al ciudadano de a pie de cualquier alternativa semejante.

-La del estribo: qué placer encontrar publicaciones extraordinarias como Imaginario y memoria: 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú. Una historia escrita y gráfica de una institución significativa del devenir nacional en nuestra República y que ha sido capaz de sobrevivir a tragedias enormes. Bajo la coordinación general de Natalia Ames y Kristel Best, la coordinación editorial de Gracia Angulo, la edición general de María Luisa del Río y la edición gráfica de Cecilia Larrabure, el libro es de colección imperdible.

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Izquierda, Presidente Castillo

El domingo pasado, antes de que se difundiese un audio efectista de un estudiante de postgrado de la PUCP, denostando la institución por la convocatoria de un profesor a un seminario sobre el Conflicto Armado Interno, y no sobre El Terrorismo, antes de que la PUCP respondiese dicho audio de manera acertada en las redes sociales, y antes de que se cremasen los restos de Abimael Guzmán y se decidiese que nadie supiese donde se esparcirían sus cenizas; yo había señalado, en esta misma columna, que reivindicaba mi derecho de llamarle “era del terror” a aquellos tiempos y señalé que los restos del cabecilla de Sendero Luminoso debían esparcirse por los confines más remotos del planeta.

Deslindé, no obstante, con las posturas negacionistas de cierta derecha frente a la sistemática violación de derechos humanos por parte de las FFAA y policiales (30% de las víctimas) durante aquel periodo y clamé, una vez más, por la necesaria reconciliación entre estas y los sectores de la sociedad a los que dañara en tiempos caracterizados por el ataque de las bandas terroristas a la sociedad y el Estado. 

En general, en mis últimas columnas he intentado, con poco éxito (lo que es usual en sociedades polarizadas y de debates binarios como la nuestra) reiniciar la discusión sobre la reconciliación nacional que muchos creyeron terminada el día que se inauguró el LUM o pensaron que este, por sí solo, iba a encaminar, con el tiempo, de manera casi espontánea. Por eso el pronunciamiento-respuesta de la PUCP en las redes sociales, al desatinado audio difundido días antes es importante porque señala un punto de partida sustancial para la discusión. 

De hecho, lo más relevante del pronunciamiento PUCP es que ciñe el concepto “conflicto armado” a las categorías del Derecho Internacional Humanitario establecido por la ONU y categóricamente establece que esta denominación no equipara al Estado con los grupos terroristas, ni les otorga ningún estatuto particular de prisioneros de guerra, ni beneficio alguno. 

Al contrario, cierra señalando que “quienes pertenecen a grupos terroristas en un CAI no tienen inmunidad por combatir, ni derecho a combatir, ni privilegio o característica excepcional en el derecho internacional” lo que encaja bien con la necesidad de un esfuerzo para acercar las FFAA con los sectores civiles que esta afectó, para sanar las heridas de la sociedad, sin que los grupos terroristas tengan ninguna participación de estos procesos que considero imprescindibles. Las políticas que sugiero no sirven para olvidar, pero sí para llevar el recuerdo a lugares periféricos de la memoria histórica, en donde ya no le duelan a la colectividad, ni generen las controversias que hoy le siguen generando al tiempo presente. 

Respecto de la denominación, mi posición es en realidad la misma, yo me siento más cómodo con la “era del terror”, pero en clase suelo decir “la era del terror o conflicto armado interno”. Debemos entender que el consenso en una sociedad no tiene que consistir en que todos denominemos las cosas de la misma forma. Esos fueron los viejos consensos del totalitarismo cuya herencia hoy reclaman ciertos populismos exacerbados que se han colocado, estratégicamente, en la periferia derecha de nuestra democracia. Al contrario, consenso es poder aceptar que, como sociedad, podemos llamar de dos maneras al mismo fenómeno, si ya hemos dejado claro que sus responsables son los terroristas y solo los terroristas. 

Es hora de recuperar el gran centro, entendido como el amplio espectro en el cual se desenvuelven las fuerzas democráticas, desde la derecha, bien entendida, hasta la izquierda sistémica, y solo hay centro, allí donde existen la voluntad del diálogo y de alcanzar consensos amplios y plurales. 

 

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Centro, Derecha, Izquierda, PUCP, sendero luminoso

¿Cabe la posibilidad de que las derechas peruanas se unan bajo un solo techo? Es casi imposible. A ello están abocados algunos tratando de crear una nueva agrupación partidaria. Las diferencias ideológicas no son pocas, sin embargo, y hacen difícil esa unión.

Lo que sí cabe, sin duda, es que los partidos de derecha con representación en el Congreso actúen de modo coordinado (Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular), cosa que ni siquiera ocurrió a la hora de presentar una lista común a la mesa directiva del Legislativo.

Pero es demasiado prematuro tratar de conformar una suerte de Frente Democrático con tamaña anticipación y sin saber siquiera, a ciencia cierta, qué rumbo político tomará el mediocre gobierno que hoy nos rige.

Claramente, si Castillo decide no seguir el camino de la moderación programática, mantiene su alianza con Cerrón y el Movadef, y además hace cuestión de Estado el despliegue de una Asamblea Constituyente, la unidad ya no solo será imperativa sino que deberá incorporar no solo a la derecha sino también al centro. Ya estaríamos en otro escenario.

Debe quedar claro, no obstante, que el problema no es de demanda política. Según todas las encuestas, el país sigue siendo de centroderecha mayoritariamente, salvo las zonas andinas, y si Castillo está sentado en Palacio es por el voto antikeikista, antifujimorista y antiestablishment que la pandemia atizó. Aún así, si López Aliaga renunciaba a su candidatura, como sugerimos en plena segunda vuelta (debido a su gran cantidad de anticuerpos, en la definición electoral perdía de todas maneras), quien pasaba a la segunda vuelta era De Soto, no Keiko, y no sería Castillo el Presidente de la República.

Lo que se requiere es mejorar la oferta. Botar al elenco estable y plantear nuevos nombres. Desde el centro a la derecha conservadora hay rostros frescos que podrían renovar el ambiente. Dimos algunos en una reciente columna. Los reiteramos y agregamos otros: en el centro, Salvador del Solar, Flor Pablo, Marianella Ledesma, Jorge Nieto, Alberto de Belaunde, Richard Acuña, Carolina Lizárraga; en la derecha, Roque Benavides, Carlos Añaños, Enrique Ghersi, Norma Yarrow, Carla García, Úrsula Letona, Patricia Chirinos.

Cinco años de izquierda mediocre e incompetente, como parece tendremos, menguará la posibilidad de candidatos como Antauro Humala o Indira Huillca, que son los que se asoman en ese segmento ideológico. El 2026, si no antes, será ocasión de la centroderecha de recuperar el país y volverlo a enrumbar a la senda del desarrollo y la democracia plena.

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Derecha, Presidente Castillo

Debido a la emergencia sanitaria, en Mayo del 2020, se abrió la primera UCI de la provincia de Leoncio Prado en el Hospital de Tingo María (HTM). Para la población fue un respiro dado que, debido al colapso de las UCIs a nivel nacional, encontrar una cama mediante una referencia, era prácticamente imposible. 

Yo llegué a Tingo María en agosto del año pasado, cuando la primera ola ya estaba en descenso. El primer lugar donde trabajé fue EsSalud. Recuerdo que una noche un paciente se descompensó: necesitaba cama UCI. Yo, que era nueva y aún no conocía por completo el sistema, pensé en lo que para mí era lo más obvio: trasladarlo a la UCI del HTM, que queda a solo 5 minutos y que en ese entonces tenía camas disponibles. Cuando traté de coordinar la referencia, me explicaron que no podía llevarlo allí porque no había convenio (de hecho, no hay convenio hasta el día de hoy) y que coordine por medio de mi jefe para que sea llevado hacia el EsSalud de Pucallpa (a 5 horas) o el de Huánuco (a 2 horas y media). 

El Hospital de Tingo María sí recibió pacientes de EsSalud durante la primera ola. Cuando empecé a trabajar allí en septiembre, había dos de sus asegurados que llevaban poco más de un mes en la UCI. Farmacia les otorgaba todos los medicamentos y la atención era cubierta al 100%. Lamentablemente siempre hay gastos que la familia debe asumir, pero que gran parte de estos los cubriera el hospital, era un alivio. 

¿Qué pasó después? EsSalud no reconoció los gastos efectuados por la atención a sus asegurados, por lo que actualmente, tienen una deuda con nosotros de más de 300 mil soles, dinero que nos serviría para comprar más medicamentos e insumos para atender a los pacientes. Dado este enorme perjuicio a los asegurados al SIS, el hospital se vio obligado a no cubrir los gastos de los asegurados a EsSalud, por lo que, desde agosto del año pasado, de hospitalizarse, deben hacerlo como pacientes particulares.

Durante la segunda ola, recibimos varios pacientes de EsSalud. Nuestra forma de amortiguar sus gastos fue entregándoles las recetas para que recogieran los medicamentos en su seguro; sin embargo, a los meses, EsSalud decidió negar esta alternativa a sus asegurados. Eso no fue todo, también dejó de cubrir el traslado en ambulancia desde el seguro hacia nuestro hospital, ya que para venir donde nosotros, el paciente debía solicitar alta voluntaria. Claro que algunos doctores optaron por autorizar las salidas de la ambulancia por un sentido de humanidad, pero lo hicieron bajo el riesgo de recibir un llamado de atención. 

Pero este no es un tema exclusivo de costos si no también, de tiempo. En caso de fracaso respiratorio, los minutos son valiosos. Cada minuto que al cuerpo le falta oxígeno, el daño pulmonar se exacerba y entra en un círculo vicioso que solo conduce al deterioro progresivo. Yo considero que trasladar a un paciente por carretera, ya sea a 2 o 5 horas, teniendo un lugar a solo 5 minutos, es un riesgo innecesario, ya que no solo es el tiempo, si no también los cambios de altura y las carreteras accidentadas las que empeoran la situación. 

Lo irónico de todo esto es que nosotros, los trabajadores de salud, estamos asegurados a EsSalud. Si uno de nosotros se enfermase y necesitase una cama UCI, tendría que esperar su referencia o, en todo caso, cubrir todos sus gastos en el HTM. 

Los asegurados a EsSalud están abandonados en Tingo María. No conozco el caso de otras provincias, pero basado en lo que he vivido, creo que lo más conveniente sería que el gobierno central asegure los convenios entre estas dos entidades a nivel nacional, así como el que tenemos actualmente con el seguro de las fuerzas armadas y el de la policía.  

Nunca me pareció justo que habiendo una UCI en su ciudad, el tingalés asegurado a EsSalud tuviese que esperar a ser trasladado a otra; es aquí que me parece preciso citar lo que la hija de un paciente me dijo entre lágrimas «doctora, él es de los primeros que habitaron la ciudad, no es justo que no pueda ser atendido aquí, en el lugar al que le dedicó su vida». No está de más recordar que hay una directiva sanitaria que determina que, en caso de desenlace desfavorable, el cadáver no puede regresar a la ciudad. 

Soy de las personas que cree que el sistema de salud debería ser uno solo pero también soy consciente de que integrar los sistemas de salud que ya tenemos tomará años. Al menos, por ahora, podrían comenzar por asegurar los convenios en provincias, no solo por el COVID, si no en general, porque en sí los profesionales y equipamientos son escasos como para darse el lujo de dividirlos en dos entidades diferentes. 

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Covid-19, ESSALUD, seguro social, Tingo María, UCI

Cuando en agosto de 2015 visité Washington D.C., la capital de los Estados Unidos de América, quedé sorprendido ante el paisaje que se presentaba a mi vista en el centro de la ciudad. Grandes espacios vacíos ocupados por parques y monumentos grandiosos para eternizar a los personajes y las hazañas de la nación estadounidense: el obelisco en homenaje a George Washington, la estatua de Abraham Lincoln en un edificio que parece un templo griego, los monumentos a los veteranos de la Segunda Mundial, de la Guerra de Corea y de la Guerra de Vietnam, la imponente estatua en piedra blanca de Martin Luther King, el monumento a Franklin Delano Roosevelt. Un poco apartado, a orillas del Potomac, se encuentra el monumento a Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la nación norteamericana, pero entendida como conformada sólo por blancos, por supuesto, pues Jefferson tuvo más de 600 esclavos y, siendo el tercer presidente de los Estados Unidos, esbozó una Ley de Traslado Forzoso de los Indios con el fin de que las poblaciones originarias abandonaran sus propias culturas, religiones y estilos de vida a favor de la cultura occidental europea, la religión cristiana y un estilo de vida agrícola sedentario. Aplicada durante el gobierno de Andrew Jackson a partir de 1830, legalizó en la práctica el genocidio indígena y propició expropiaciones de tierras, masacres y otros abusos.

Espacios vacíos, una arquitectura que exalta la idea de patria y el nacionalismo, elevación de personas de carne y hueso al glorioso Olimpo de los dioses de la historia, todo ello me hacía recordar la imponente arquitectura nazi de la cual todavía quedan rezagos en Berlín, Múnich y Núremberg. O en los dibujos y maquetas de arquitectos que hipotecaron su alma al Führer.

Porque si bien Estados Unidos combatió el fascismo encarnado en el nacionalsocialismo de Hitler y en el gobierno de Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, también es cierto que asumió varias de sus formas, que aún persisten en la cultura del país del Norte: su militarismo, su nacionalismo exacerbado, su miedo irracional al enemigo ficticio que es el “comunismo”, su tolerancia hacia las armas y la justicia por mano propia, su condescendencia colectiva con grupos de extrema derecha incluyendo neonazis. Y si bien existe el contrapeso de instituciones democráticas sólidas, los elementos mencionados siguen presentes en el inconsciente colectivo de grandes sectores de la población. Y han sido alimentados durante décadas por la literatura popular de superhéroes y el cine.

La figura de Superman apareció por primera vez en 1933 en la revista Science Fiction en el cuento “The Reign of the Super-Man”, escrito por Jerry Siegel y Joe Shuster, hijos de inmigrantes judíos. En ese relato —inspirado en la entonces popular figura del superhombre de Friedrich Nietzsche, asumida luego por Hitler en su ideario doctrinal— Superman es un hombre común y corriente que adquiere poderes telepáticos y se convierte en un ser malvado que quiere dominar el mundo. Es así que Superman nace como un villano con características fascistas, pero después sus autores decidieron convertirlo en un superhéroe de anatomía hercúlea, poderes supranaturales, traje circense, origen planetario y doble identidad, a fin de identificarlo de alguna manera con el hombre de la calle. Pero este superhéroe no deja los modales fascistas: cree saber mejor que nadie cuál es la verdad, combate el crimen de manera extrajudicial y toma la justicia por su propia mano, salvar a la humanidad es para él antes que nada salvar a la población anglosajona de los Estados Unidos, no ha sido elegido democráticamente por nadie para la tarea que está cumpliendo, se erige él mismo en salvador de la especie humana con métodos que nadie puede cuestionar, pues él mismo es incuestionable y es bueno por definición.

Por más que la historia posterior de los diversos superhéroes se haya hecho más compleja, sobre todo con la humanización de los mismos bajo el sello de Marvel, nunca se han podido sacar de encima este esquema fascista, al menos en sus trazos generales. Téngase en cuenta que se trata de seres de fantasía, entre los cuales Batman, aún careciendo de superpoderes, tiene un rasgo irreal que lo identifica sobremanera como un producto de la imaginación: es un millonario que nunca ha cometido un delito. Y como miembro de su clase, defenderá siempre a los bancos y al sistema político y económico que lo sustenta. Por regla general, no existen los superhéroes críticos del sistema que asuman la defensa de quienes se ven perjudicados por él.

El fascismo cinematográfico hollywoodense también tiene una larga data, pero encuentra impulso importante con un clásico del cine policial, “Dirty Harry” (Don Siegel, 1971) —o, como se le conoce en español, “Harry el Sucio”—. Este este film Clint Eastwood —quien se define actualmente como libertario, apoyó al Partido Republicano y decía de sí mismo que era izquierdista en lo social y derechista en lo económico— encarna al inspector Callahan, que tiene métodos discutibles para combatir el crimen, incluyendo la manipulación psicológica, la extorsión, la tortura e incluso la ejecución del criminal por propia mano, y que justifica la violencia argumentando que el poder judicial es incapaz de castigar adecuadamente el crimen. El trasfondo fascista y el cinismo de esta cinta no serían obstáculo para la aparición de películas con un esquema parecido, entre las cuales destaca “El vengador anónimo” (“Death Wish”, Michael Winner, 1974), donde esta vez un civil, el arquitecto Paul Kersey interpretado por Charles Bronson, decide tomar la justicia por sus manos debido a la inoperancia del aparato policial ante la violación y asesinato de su mujer y su hija.

Seguirían los filmes de acción de los 80 con actores como Sylvester Stallone, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude van Damme, Steven Seagal, propagadores de un fascismo a la americana en películas policiales y bélicas, y que encontraría uno de sus puntos culminantes en “Duro de matar” (“Die Hard,” John McTiernan, 1988), donde el protagonista ya no es tan duro, cínico e implacable como los anteriores, sino más bien un hombre común y corriente, conservador y pro-familia, que se ve envuelto en una inesperada situación de violencia y se ve casi forzado por las circunstancias a repartir golpes y balas para eliminar a los malos, para gusto y satisfacción de la platea.

No me extraña que este tipo de películas hayan estado entre las que más le gustaban a un fascista como Luis Fernando Figari, quien después de disfrutarlas nos enviaba los videocassettes de VHS con el P. José Antonio Eguren a la comunidad de La Aurora (Miraflores), quien también las disfrutaba imitando el traqueteo de las metralletas con sus labios cuando Schwarzenegger disparaba a mansalva en películas como “Comando” (“Commando”, Mark L. Lester, 1985) o “Depredador” (“Predator”, John McTiernan, 1987).

Querámoslo o no, esta narrativa fascista que no se denomina como tal pero que hemos consumido, y muchos seguimos consumiendo, ha sido como un humus inconsciente en el cual han germinado en algunos brotes de extremismo derechista. Esto no es nuevo en la azarosa historia del Perú. Incluso hemos tenido un presidente abiertamente fascista, el coronel Luis Sánchez Cerro —asesinado el 30 de abril de 1933 por un militante aprista—, fundador del Partido Unión Revolucionaria, el cual, como buen fascista, era populista, militarista, se oponía al liberalismo y al comunismo, y también a la inmigración china y japonesa. Simpatizantes del fascismo italiano y del franquismo —el fascismo español— fueron José de la Riva-Agüero y Osma y otros pensadores vinculados a la Acción Católica.

Todas estas tendencias que se ven plasmadas actualmente en partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País y en sus simpatizantes encierran un peligro totalitario que constituye una amenaza para la frágil democracia peruana. No obstante que muchos integrantes de esas agrupaciones políticas hacen suyo el lema tan querido por Mussolini de “Dios, Patria y Familia”, esta consigna que suena bien a los oídos piadosos tiene un reverso oscuro, pues implica la negación de derechos para quienes consideran que la religión no debe inmiscuirse en la cosa política y que el Estado debe permanecer laico, para quienes ellos no consideran como parte de la patria y por lo tanto deben ser marginados —entre ellos, los que no comulgan con su ideología conservadora, los pueblos indígenas y los inmigrantes extranjeros—, para quienes forman familias diversas a la familia tradicional o tienen identidades de género distintas a las tradicionales.

Las reuniones que han tenido entre el 22 y el 23 de septiembre representantes de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular con representantes del partido español Vox, a fin de conformar un fuente ultraderechista que busque derrocar a todo gobierno de izquierda en la región —englobados bajo el rótulo descalificador de “comunismo”— nos muestra que el fascismo sigue siendo una amenaza para la estabilidad democrática en el Perú. Y que para muchos se ha convertido en una forma normal de pensar la realidad.

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Fascismo, política peruana
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