El extremismo de los resultados electorales ha despertado un gran temor al tener que escoger entre la líder de una de las organizaciones de mafia y corrupción más consolidada del país, y un dirigente sindical que promete un socialismo estatista. El temor a ambas propuestas (y a sus coincidencias) se ha manifestado a través de un conjunto de acusaciones entre los votantes según el extremo que consideran “el mal menor” como lo llamó Mario Vargas Llosa: que si se es delincuente, terruco, clasista, racista, ignorante, fanático, paternalista, vengativo, resentido, etc.
La pregunta de por qué la población peruana se ha descubierto en medio de estos extremos es muy obvia: al ladrón se le perdona cuando hace obra y al ladrón que roba al ladrón, se le deben muchos años de perdón. Keiko Fujimori, de liberar a su padre y gobernar con él, tendrá la mano dura necesaria, como en la década del 90 la tuvo Alberto, para “librarnos de la pobreza y el terrorismo”, sin importar (o todo lo contrario) la inversión en clientelajes y en las tajadas correspondientes a las grandes decisiones estatales. A la otra orilla, las estatizaciones y redistribución de la riqueza a través del Estado que propone tan simplificadamente Pedro Castillo pueden llevar a desbancar al país, pero estarán muy cerca de cumplir con la justicia popular reclamada por los pobres.
La pobreza es entonces la causa principal y ninguna otra la que nos ha llevado a este enfrentamiento. De acuerdo con el último Reporte técnico de Unicef sobre el impacto del COVID-19 en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú (2021), la población más afectada es la que se encuentra en la sierra rural, con un incremento de la pobreza al 44.5% y en la selva rural, con un incremento durante este periodo a 51.5%. Si comparamos con el 2019 la pobreza rural ha crecido cerca de un 14%. Y no sólo en el campo. En las zonas más pobres de Lima metropolitana, la pobreza ha alcanzado también el 44%.
Y por alguna razón, a esa pobreza se le sigue dando la espalda y se continúa estigmatizando las protestas y reacciones apelando a la ilegalidad. Un ejemplo fueron las huelgas y protestas del sector agrícola. Es cierto que el estado ha entregado una serie de bonos y de incentivos económicos, pero en las zonas rurales la crisis de la economía agrícola migratoria, el aislamiento, la reducción de los servicios públicos, primordialmente el de salud, y la caída del sistema escolar, han hecho retroceder a la población casi una década de avances.
Otro ejemplo es el de las invasiones de terrenos en Lima. Es cierto que entre setiembre del 2020 y enero de este año, el Congreso aprobó una populista normativa que amplía los plazos de la titulación de terrenos hasta el año 2026 y que por esa razón se favorecerá la ocupación ilegal y el tráfico de terrenos. Pero los casos que hemos visto en Lima, tanto en Chorrillos como en Villa El Salvador, nos muestran que dos de cada tres inquilinos han tenido problemas para pagar sus alquileres debido a la pandemia. Las personas que se resisten a ser desalojadas no cesan de repetir que no tienen, simple y llanamente, a dónde ir.
Y en medio de todo este escenario, ¿qué representantes del Estado peruano se han sentado a escuchar, a tomar decisiones y a plantear alternativas concretas a la población? ¿La policía y los funcionarios sectoriales? La justificación de que estamos bajo la tutela de un gobierno transitorio no sirve de nada ante la pobreza que, con los resultados electorales, ya no pudo ser más maquillada, silenciada, escondida.
Irónicamente, hoy invadido, Villa El Salvador reubicó 50 años atrás a un grupo de 350 familias desesperadas por contar con un lugar donde vivir que tomaron una zona de Pamplona con el interés comercial suficiente como para que la policía interviniera de manera violenta. Avergonzado, el Estado de la mano con la iglesia católica progresista de aquel entonces, llevó el año 1972 a las familias hacia una zona urbana planificada por profesionales, de tal forma que respondiera a la organización autogestionaria que se propuso como modelo a la población. El tener donde vivir no acabó con la pobreza, pero pudo con la dignidad. En 1987 Villa El Salvador ganó el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, entregado por ser “La práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y económicamente productiva”. Ahora viven en el distrito más de 420,000 personas.
Los terrenos urbanos en Lima sin duda cada vez son más escasos y lejanos, pero el Estado ¿simplemente los va a desalojar para combatir el tráfico de tierras? ¿Vamos a esconder que no tienen siquiera un lugar dónde dormir y dejaremos, como en las zonas rurales, que vean con un par de bonos al año cómo sobrevivir? Al menos en las comunidades más alejadas siempre hay un techo que ofrecer a la familia, esa que observa cómo sus niñas y niños han perdido ya dos años de formación escolar.
En este marco no es difícil imaginar por qué ambos candidatos se encuentran disputando la Presidencia de nuestro país.
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